El juez Luis Chales decidió procesar este lunes 11 de setiembre a seis ex militares y dos ex policías por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, como solicitó la fiscal Mirtha Guianze. El dictamen de la fiscalía sostenía que «existen elementos suficientes para atribuir a los imputados asociación para delinquir y reiterados delitos de privación de libertad».

La defensa de los militares presentó escritos bastante largos, por lo que se dilató el proceso. Según fuentes judiciales, el fallo estaba previsto para primera hora de la jornada. No fue sino hasta las cinco de la tarde que se conoció la resolución del magistrado.

Los procesados, todos retirados de las filas, son los coroneles Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, el teniente coronel José Nino Gavazzo, el capitán Luis Maurente, y el capitán dado de baja por el ejército, Ricardo Arab, y los policías retirados Ricardo Medina y José Sande. Está prófugo el coronel retirado Manuel Cordero en Brasil.

Los acusados habían llegado a sede judicial alrededor de las 7:30 horas. A las puertas de los juzgados se congregó durante todo el día un grupo de manifestantes a la espera de la resolución del magistrado, por lo que el Ministerio del Interior instaló un vallado de seguridad. Al caer la tarde, cuando los ex militares salieron esposados del recinto les fue propinada una lluvia de huevos acompañada por un bullicio de los militantes de distintas organizaciones sociales.

La investigación se centró en las desapariciones de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, Alberto Mechoso, León Durarte, Gerardo Gatti y del militante tupamaro Washington Barrios, quienes habrían pasado por el centro de detención bonaerense Automotores Orletti.

Las mismas fueron excluidas por el gobierno de la Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Uruguay durante la dictadura, aunque no incluyó los delitos con móviles económicos.