El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) solicitó al canciller Luis Almagro que Uruguay no acompañe en la OEA una serie de recortes a las competencias y atribuciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que propuso Ecuador y que otros países permitieron que se introdujeran en una propuesta de reforma de la CIDH que está a estudio de todos los Estados miembros de la OEA.
De prosperar la propuesta, la Relatoría no podrá realizar en adelante su tradicional «informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en la región» -y solo podría disponer de algunos párrafos dentro del informe global de la CIDH-; no podrá recibir fondos provenientes de donaciones de países y organizaciones que trabajan en el mundo por la libertad de expresión; y estaría sujeta a un «código de conducta».
La Relatoría para la Libertad de Expresión, actualmente a cargo de la abogada colombiana Catalina Botero, ha sido una institución clave en las últimas dos décadas para denunciar las violaciones a la libertad de expresión y el acceso a la información pública en distintos países de la región. Del mismo modo ha promovido estándares y cambios legislativos para remover los obstáculos a las libertades básicas y ha promovido decenas de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que involucraron e involucran a periodistas, dirigentes políticos, sindicales, indígenas, etc, y ciudadanos en general, que han sido asesinados, penalizados y/o perseguidos por ejercer su derecho a expresarse.
CAinfo y decenas de organizaciones de América Latina emitieron un comunicado (que adjuntamos) conjunto y realizan gestiones ante sus respectivas Cancillerías para evitar que esta reforma comprometa una herramienta de defensa de los derechos humanos que es patrimonio de todos los pueblos de la región.