Compartimos la columna de opinión del legislador nacionalista Jaime Mario Trobo, publicado el viernes 21 de setiembre en el semanario Patria www.patria.com.uy bajo el título “El Triunfo de las Firmas”.

“Habrá plebiscito por seguridad conjuntamente con la próxima elección nacional. La Corte Electoral finalizó la verificación de las firmas necesarias para la convocatoria, lejos aún de concluir la verificación de la totalidad presentadas. Los ciudadanos demandantes fueron muchos más de los requeridos y esto se explica por la importancia del tema y la sensibilidad que despierta.

Este hecho puede ser analizado desde dos dimensiones. Una, la de las reformas y allí esta un tratamiento diferente a la minoridad infractora, tanto en lo referido al derecho penal como en lo relativo a la custodia y rehabilitación de los infractores. Otra las consecuencias y resultados que la campaña de recolección de firmas ha disparado y las acciones que el gobierno se ha visto obligado a tomar frente a la demanda ciudadana.

Para el alcance de las reformas propuestas habrá tiempo para su discusión pública, que esperamos que se desarrolle seriamente, sin que se deslicen argumentos perversos que algunos han anunciado, como los de hacer aparecer a quienes compartimos acuerdo con ellas estamos en contra de los jóvenes y los estigmatizando. Muchos somos padres de jóvenes, que queremos y respetamos y ello no nos impide asumir una realidad en nuestra sociedad muy diferente a la de hace 60 o 70 años en relación a la madurez de los individuos.

Pero haciendo hincapié en la segunda dimensión, en la de las cosas que han ocurrido desde los históricos planteos sobre la necesidad de modificar la óptica legal e institucional en relación a los adolescentes infractores, es bueno pasar revista.

La cuestión de la imputabilidad, planteada en la década de los ochenta por el ex Senador Dardo Ortiz y sostenida por sucesivas propuestas legislativas que se frustraron por el desinterés de mayorías que no la compartían, llegó para quedarse y aún sus mas férreos opositores, en el Frente Amplio y el propio Partido Colorado influido este último por las concepciones defendidas por la Dra. Adela Reta, hoy la reconocen. El Frente Amplio cuando se discute el tema argumenta que los menores de 18 años ya son imputables, porque son responsables según la legislación especial que los ampara. El Partido Colorado hoy se muestra definitivamente adherido a la histórica propuesta de Ortiz.

La cuestión de la permanencia de los antecedentes de las violaciones a la legislación penal juvenil, también es aceptada, aunque con matices, que a nuestro juicio no hacen al fondo sino que terminan permitiendo posicionamientos y perfiles aparentemente diferentes.

La cuestión de la creación de un régimen especial de custodia, contención y rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley penal, originariamente lanzado por el Diputado Martin Sturla, también por los años ochenta, está generalmente admitido, ha sido creado un organismo especial hoy dependiente de INAU en cuya creación se prevé la sanción de una ley que le provea de autonomía absoluta.

Podemos decir que la recolección de firmas para una reforma constitucional, relacionada con estos temas, ha actuado como gatillo para que se muevan muchas cosas, y aún desde los sectores mas lejanos a lo que se propone ha habido reacciones en su dirección.

También la administración, el gobierno a través del Ministerio del Interior, se vio impulsado a tomar medidas alineadas con la respuesta a la honda preocupación ciudadana por la inseguridad. Los que nos clasificaban como autoritarios y reaccionarios porque elogiábamos resultados como los logrados en Nueva York en aplicación de la “tolerancia cero” se asesoran con técnicos y políticos cercanos a ese proyecto.

El gobierno ha contado en estos períodos con el mayor presupuesto dispuesto en décadas para la seguridad, y para ello hemos contribuido con nuestro apoyo y nuestros votos, al contrario de lo que hacía el Frente Amplio cuando estaba en la oposición, que calificaba iniciativas de ese tipo a una supuesta vocación represora.

El gobierno ha contado con la mejor voluntad de la oposición para el análisis de soluciones a la inseguridad, y no hemos escatimado interés ni ideas a ese dialogo, lo que se manifiesta claramente en el documento de todos los partidos han convenido al inicio de esta administración.

En fin, las firmas vinieron a acelerar algunas cosas, vinieron a despertar la modorra gubernativa sobre la importancia del asunto de la minoridad infractora, pero también a ratificar la gran angustia ciudadana en relación a la inseguridad. Por ello han triunfado”.