Tras cuatro años de investigación, el Ministerio de Industria decidió archivar la denuncia presentada por el Grupo Medios y Sociedad vinculada a la compra de un grupo de 11 emisoras uruguayas de radio por parte del empresario mexicano Ángel González, en violación a las normas uruguayas que previenen la concentración de medios.

El 28 de Junio de 2012 el Ministerio de Industria, Energía y Minería, actuando en su nombre el subsecretario Edgardo Ortuño, dictó una resolución en la que se exhiben conclusiones contradictorias entre la Asesoría Jurídica del MIEM y el Fiscal de Gobierno de 2do. turno, Miguel Toma.

La Asesoría Jurídica del MIEM concluye sobre «la existencia de indicios favorables a la existencia de un conjunto económico entre las empresas denunciadas, lo que constituiría una violación a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 734/978», por lo que «aconseja dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de la titularidad de las emisoras involucradas».

Sin embargo, antes de pronunciarse, el MIEM envío el expediente al Fiscal de Gobierno de 2do. turno (Miguel Toma) que se apartó del criterio de la Asesoría Jurídica del MIEM. Toma indicó que es «imposible que progrese la denuncia de existencia de conjunto económico dada la carencia legal que lo habilite en sede administrativa». Sugiere que la investigación de conjunto económico es «cuestión a ser dirimida en el ámbito judicial».

En virtud de esta contradicción, el MIEM resolvió «proceder a la clausura y archivo de estas actuaciones, sin perjuicio».

Ante esta situación, el Grupo Medios y Sociedad (GMS) solicita al Poder Ejecutivo que proceda a enviar estos antecedentes a la Justicia competente, en vista de las contradicciones existentes entre los servicios jurídicos del MIEM y el Fiscal de Gobierno. Sería grave para el futuro de la radiodifusión que se consolide un grupo económico que funciona en base a testaferros y es propiedad de un magnate de los medios que es extranjero, en violación de las leyes de radiodifusión nacionales. Por otra parte, sin perjuicio de no compartir que la inexistencia de la figura del «grupo económico» en la legislación administrativa -algo que es un principio general del derecho- impide continuar con el expediente, entendemos que enviar el caso a la Justicia es un camino que otorga garantías a todos los involucrados.

En paralelo, el GMS impugnará en vía administrativa la resolución adoptada por el MIEM, dado que existen en el expediente pruebas suficientes de que existe un grupo económico y varias de las emisoras ni siquiera son administradas por el titular formal de las mismas, configurándose en ese caso la violación de la legislación nacional.

Fuente Imagen: grupoacir.com.mx