La diputada Bertha Sanseverino (Frente Amplio – FLS – AU – 2121) destacó la aprobación del proyecto “Reserva de mercado estatal de bienes y servicios alimenticios a la producción agropecuaria familiar y pesca artesanal”.

La Cámara de Diputados -por unanimidad- aprobó el proyecto de ley relativo a “Reserva de mercado estatal de bienes y servicios alimenticios ala producción agropecuaria familiar y pesca artesanal”.

Ello en un año muy especial: la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.

¿Por qué dicha celebración?

Porque la Agricultura Familiar es una solución al hambre y la pobreza rural en América Latina y el Caribe, reduciendo la inseguridad alimentaria y propiciando el cuidado de la biodiversidad y el manejo sostenible delos recursos naturales.

Porque es una forma de organizar la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la acuacultura y el pastoreo, administrada y operada por una familia y que depende predominantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como de hombres.

Deseo realizar una mención a un material de divulgación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que en 10 puntos sintetiza el valor económico, ecológico, social y cultural de la agricultura familiar:

1- genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola;

2- provee entre el 27 y el 67% del total de la producción alimentaria;

3- fomenta la equidad de género;

4- representa más del 80% de las explotaciones agrícolas;

5- contribuye al desarrollo equilibrado de los territorios;

6- permite el arraigo de las familias al medio rural;

7- crea redes de protección social;

8- favorece la preservación de especies vegetales y animales;

9- potencia la creación de polos de desarrollo económico y redes de comercialización;

10- contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Es importante resaltar el rol de los parlamentarios integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe que surgió en 2009 – del cual Uruguay forma parte- como una respuesta a la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo la incidencia en la construcción de marcos normativos adecuados para la erradicación del hambre. La región ha experimentado un importante proceso de institucionalización y desarrollo de políticas públicas referida a esta temática.

En el mismo sentido, también es digno de resaltar la aprobación por parte del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), de la ley marco de derecho ala alimentación, seguridad y soberanía alimentaria y la ley marco de alimentación escolar que se constituyen en un referente para reforzar la inclusión de este derecho en las legislaciones nacionales de los países de la región.

Con respecto a Uruguay, compartimos el informe elevado por el Poder Ejecutivo. Uruguay presenta un claro proceso de centralización y urbanización de la población. Según el último censo de 2011, la población total alcanza los 3.286.314 habitantes, de los cuales sólo 175.613 viven en el medio rural, representando el 5,34% del total. Para intentar revertir esta situación, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se han venido realizando distintos esfuerzos. Existen importantes antecedentes como el Programa Uruguay Rural, el Programa Ganadero y Proyecto Producción Responsable, y la creación de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) en el año 2008, intentado con distintas herramientas cambiar esta realidad.

En Uruguay, según los datos del Registro de Productores Familiares de la DGDR (MGAP), existen 21.421 registros, lo que involucra unas 67.073 personas. De este total de establecimientos familiares la gran mayoría están especializados en ganadería de carne y lana (57,5%), el 17,9% se especializan en el rubro hortícola, un 13,2% son lecheros, un 2,5%se dedican a la cría de cerdos y aves y un

4,1 % en Fruti y Horticultura.

¿Cuál es la importancia del proyecto de ley que hoy aprobamos en el pleno de nuestra Cámara de Diputados?

Crea un régimen de compras estatales de bienes alimenticios provenientes de productores familiares agropecuarios y pescadores artesanales.

Su objetivo:

Mejorar los precios que recibe la producción familiar por su producción, ya que en muchos casos la intermediación en la comercialización se lleva gran parte del margen.

Apoyar a contrarrestar la concentración de la tierra.

Apoyar a contrarrestar la emigración campo-ciudad con la concerniente pérdida de mano de obra calificada.

Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del país.

Posibilitar una mejor planificación de la producción, sobre todo en algunos rubros, como el hortícola, en el que muchas veces se planea la producción teniendo en cuenta lo que se pagó de buena manera el año anterior, sin saber con certeza que va a suceder en el siguiente período.

Desde la responsabilidad del Estado, con la aplicación de la presente ley, se podría alcanzar mejores precios, ya que como es conocido, la excesiva centralización de las compras puede hacer que un producto recorra innecesariamente muchos kilómetros y haga aumentar su precio final.

Para concluir, nos sentimos muy felices de aprobar un muy buen proyecto de ley que contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de nuestros productores familiares que redundará en un beneficio general a toda la sociedad. El mismo pasa a la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva.