Compartimos el punto de vista de Uruguay Libre de Megaminería que señala que el gobierno insiste en nuevos emprendimientos mineros cuando todavía no existe un contrato con Aratirí.

Tras el nuevo fracaso de la firma de un contrato de inversión con Aratirí, por la imposibilidad de la minera de cumplir con las condiciones básicas para concederle la explotación del hierro de Valentines, el gobierno nacional mantiene la expectativa en estos proyectos que implican, sin mínimas contrapartidas, altísimos riesgos para la integridad del territorio nacional.

“Si no está la autorización ambiental no se firma ningún contrato. La Ley de Minería de Gran Porte es clara en ese sentido: tiene que estar la autorización”, dijo la ministra de Industria, Carolina Cosse. Sin embargo, informaciones de la prensa revelaron que el Poder Ejecutivo admitió hasta último momento la posibilidad de eludir ese requisito para firmar el contrato con Aratirí y no era el único aspecto legal pendiente para concederle a la minera la explotación solicitada.

Como proyecto de minería de gran porte, la empresa debe fijar la fecha y los plazos para el inicio y la realización de la actividad extractiva, presentar un plan de negocio viable y, como garantía del cumplimiento del contrato, efectuar un depósito del 5% de la inversión comprometida, unos 150 millones de dólares estadounidenses, si nos atenemos a los anuncios de Aratirí.

El gobierno nacional no ha querido admitir que el proyecto de Aratirí es inviable económicamente porque fue concebido para una coyuntura de alza excepcional del precio del hierro que ya pasó.

Desde hace más de un año, Aratirí no paga la servidumbre minera o el canon a los propietarios de los campos afectados por sus actividades. Ahora se suma el conflicto porque no cumple tampoco con el pago del despido a un personal que mantuvo casi cuatro años en el Seguro de Paro, cuando el plazo para los trabajadores de cualquier actividad son seis meses.

Uruguay Libre se solidariza con los trabajadores de Aratirí despedidos, que son víctimas no solo de la empresa sino también de las políticas de un gobierno que se desentiende de la generación de empleo genuino, de calidad y duradero, y la sustituye por falsas expectativas de ocupación en actividades meramente extractivas e inversiones extranjeras de carácter especulativo.

Es impensable que una empresa que prometió inversiones de miles de millones de dólares y que pretende firmar un contrato con el Estado, pero que no cumple con sus obligaciones más elementales, pueda ofrecer las mínimas garantías, y no solo económicas, necesarias para que se le conceda la explotación del yacimiento de Valentines.

Es preocupante que la ministra de Industria no haya hecho ninguna referencia a estos aspectos y no puede ser un simple olvido. En una entrevista de prensa, Cosse admitió que están evaluando la posibilidad de eximir del pago del canon a la empresa Orosur que explota el yacimiento de oro en Minas de Corrales. Sería regalar simplemente a un privado el patrimonio nacional.

La preocupación se refuerza cuando el mismo ministerio se ha resistido a cumplir con decisiones de la Justicia para transparentar a la población sus procedimientos y, acompañado por Aratirí, ha dilatado desde hace un año un fallo inapelable que le obliga a entregar esa información.

Hemos demostrado, y nadie ha rebatido hasta hoy, que el proyecto de Aratirí no es viable, no dejaría beneficios económicos al país, no generaría desarrollo y solo crearía una limitada oferta de trabajo altamente insalubre y por menos de 15 años, dejando grandes pasivos ambientales.

La reciente catástrofe de un proyecto más chico en Brasil muestra los peligros a que se expondría Uruguay. El derrame de Samarco provocó la muerte de unas 25 personas y sepultó a un poblado de 600 personas a 2,8 kilómetros del dique. El lodo mató flora y fauna en un área equivalente a medio Uruguay. En 15 días, el lodo recorrió 650 kilómetros de los ríos Piracicaba y Doce hasta llegar al Océano Atlántico, destruyendo la vida a su paso y causando la suspensión del suministro de agua potable en decenas de poblados, afectando a unas 250 mil personas.

Uruguay Libre propone prohibir la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional por ser inapropiada para las características, las dimensiones y la preservación de nuestros bienes naturales, que hoy generan riqueza de forma sustentable. Por estas razones, hoy más que nunca, seguiremos recogiendo firmas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo quien decida si quiere o no estos proyectos de desarrollo en el país.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA

26 de noviembre de 2015.