no-al-abortoCompartimos el pronunciamiento de Movidos por la Vida.

Montevideo, 17 de octubre de 2016.

En el día de hoy se cumplen 4 años desde que el Parlamento legalizó el aborto en el Uruguay. Aún nos acordamos de aquella jornada fría y oscura que rondaba la capital, y no solo literalmente hablando. Esa decisión aprobada por tan estrecho margen constituyó un golpe muy fuerte contra el Uruguay democrático, inclusivo y solidario en el que, como jóvenes, deseamos crecer y dejar a las próximas generaciones.

Efectivamente, para nosotros significó que el Estado uruguayo reconociera y promoviera oficialmente como legítima una práctica que desconoce el valor inherente de cada individuo. Con la legalización del aborto, para el derecho positivo ya no somos valiosos por nuestra mera existencia, por ser simplemente humanos, sino que ahora nuestro valor depende de los afectos que despertemos o la utilidad que prestemos a terceros. Si tenemos la suerte de haber sido hijos planificados, nuestra Vida probablemente será respetada; pero si somos concebidos en el seno de una familia en dificultades o si constituimos un embarazo inesperado, corremos altas chances de ser eliminados, descartados, de quedar a la vera del camino sin tener siquiera la posibilidad de ver la luz del sol. Cosificaron al ser humano, le dieron un golpe de gracia a los Derechos Humanos y al derecho esencial sobre el que se asientan todos los demás: el Derecho a la Vida. Y no solo eso: en nombre de los derechos de la mujer, no defendieron a la mujer ni su Dignidad. La dejaron tan sola como siempre y sin atacar ni una de las causas que la llevan a pensar en el aborto como el camino a recorrer, con problemas que permanecerán incambiados aunque concrete esa idea, con problemas que se verán incrementados por lo que significa para una mujer elegir ese camino. Dejaron a la maternidad tan vulnerable como siempre, sin la debida protección que merece, en un contexto social que tienta a la mujer a recurrir al aborto porque le dificulta proseguir con su embarazo sin que la echen de la casa, sin que la echen del trabajo, sin poder seguir estudiando, sin saber qué le va a dar de comer a su hijo, y encima con pésimos sistemas de adopción.

Del mismo modo, despierta una gran tristeza recordar los argumentos por los que se hizo legal esta práctica: decían que se hacían 33.000 abortos clandestinos por año, que morían mujeres por este procedimiento, que un cambio legislativo no iba a inducir al aborto… Y, en realidad, resulta que entre 2008 y 2011, con aborto ilegal, no había muerto ninguna mujer por esta causa; que ya murieron dos en contexto de aborto legal; que el aborto clandestino no terminó; que la cantidad de abortos en la legalidad, según estimaciones, no superó en mucho los 10.000 anuales; que se ha ido incrementando notoriamente su cantidad año tras año; que casi la totalidad de las mamás que consultan para abortar, ratifican su voluntad y no eligen otra alternativa. Y así vemos que aquellos argumentos son todos demostrados falsos. Y fuimos permeables al lobby político desatado directa e indirectamente por actores y organismos internacionales, que presionaron y financiaron campañas para que se legalizara el aborto en nuestro país. Lo triste, en definitiva, es constatar que, además de ser éticamente inaceptable, Uruguay no necesitaba esta ley, más aún con nuestra baja natalidad y una de las tasas más bajas de mortalidad materna del continente, consolidada desde hace décadas.

Dados los antecedentes que tenía el Presidente Tabaré Vázquez en la materia, veíamos con cierta expectativa las medidas que pudiera tomar el nuevo Poder Ejecutivo que asumió en marzo de 2015. Sin embargo, ya ha pasado un tiempo y la situación es igual o peor que antes: no solo se continúa promoviendo el aborto por todos los lugares imaginables y especialmente entre los más jóvenes, sino que se ha entrado en un secretismo oficial por el que no conocemos ninguna información referida a los resultados de esta ley desde principios de 2015, cumpliéndose próximamente dos años sin transparencia en la materia.

Pero a pesar de esta triste situación, deseamos hacer llegar a través de estas líneas el siguiente sentir a la opinión pública y a las autoridades nacionales:

  • Pueden pasar los años pero la convicción no cambia ni la injusticia nos acostumbra: seguiremos bregando para que Uruguay cumpla con su deber de respetar el Derecho a la Vida de todo individuo desde la concepción, lo que implica un cambio legislativo urgente, antes que se nos vayan más uruguayos y uruguayas con el Estado como corresponsable.
  • Necesitamos construir un sistema de protección social de la maternidad, que abrace a cada madre en situación de dificultad para que pueda salir adelante con su hijo y que ubique en el centro de las preocupaciones y de las políticas públicas a la mujer embarazada o recientemente madre para poder terminar con los costos injustos que tiene la maternidad en nuestro país.
  • Por los motivos antedichos, no deseamos la situación actual, pero tampoco deseamos volver a la situación anterior al 17 de octubre de 2012, donde el aborto no era legal pero tampoco existía un sistema que protegiera a la mujer embarazada:

queremos progresar, llegar a una situación superadora de ambos escenarios donde se proteja simultáneamente el Derecho a la Vida y la maternidad, y confiamos plenamente en el diálogo para ello.

  • Nos comprometemos a trabajar codo a codo con las autoridades para el bien del país y nos ponemos a su disposición para comenzar una ronda de conversaciones, aportar nuestra experiencia en el acompañamiento a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y estudiar la posibilidad de diseñar, desarrollar e implementar nuevas políticas públicas en la materia.
  • Nuestra política es: acompañar, no descartar. Por ello, asumimos nuestra responsabilidad de seguir trabajando desde la sociedad civil, atacando las causas del aborto, educando, protegiendo y empoderando a la mujer embarazada para que salga adelante con su hijo y se desarrolle familiar y personalmente, y así construir un Uruguay más inclusivo y solidario. La experiencia nos indica que se puede; falta el compromiso colectivo del Estado.