Nicolás OliveraSegún la información con la que cuenta del diputado Nicolás Olivera (Partido Nacional), en la Planta de ALUR PAYSANDÚ se habrían abonado por “error” a un proveedor la suma de U$S 100.000 dólares americanos, cuando en realidad ALUR debía $ 100.000 pesos uruguayos.

CITACIÓN A COMISIÓN

Con carácter urgente el parlamentario Nicolás Olivera (Alianza Nacional) solicitó la convocatoria del Directorio de ANCAP a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes a fin de tomar conocimiento directo de las circunstancias que dieron lugar a esta situación irregular, así como también, analizar los procedimientos de selección de personal que se han llevan cabo en ALUR, ante la información de que se han producido ciertas irregularidades en la forma de ingreso y la gestión de los recursos humanos.

La gravedad del caso, habría determinado el cese del Gerente de la Planta de ALUR SA, así como de otros jerarcas de la empresa subsidiaria de ANCAP.

En tal sentido, consideró imprescindible la comparecencia de las autoridades de ALUR ante la Cámara de Representantes a fin de que puedan brindar las explicaciones del caso, sobre todo cuando este tipo de “errores” se cometen con financiamiento de dineros públicos.

La deficiencia de los controles, así como la presunta existencia de móviles políticos para la designación de personal, hacen necesario – expresó el Diputado Nicolás Olivera –  recorrer esta instancia para conocer la real situación de la empresa, sobre todo cuando se han comprobado duplicación de pagos, irregularidades en las contrataciones, manejo arbitrario de la política de recursos humanos, entre otros elementos.  Es imperioso – reafirmó –  que las autoridades aporten datos sobre la existencia de casos similares, indicando a cuánto ascienden los pagos irregulares, a quién se le efectuaron, qué acciones se han adoptado en tal sentido y cómo se va a obtener el reintegro de las sumas indebidamente abonadas.

A estos efectos, el legislador señaló también, que es importante acceder a la información que permita saber con cuántos funcionarios cuenta la Planta de Paysandú, cómo ingresaron, que procedimientos de selección se ha realizado, las remuneraciones, etc.

FALTA DE CONTROLES

El diputado Nicolás Olivera manifestó que esta situación pone en evidencia un claro déficit del control en el manejo y la gestión de las llamadas empresas subsidiarias del Estado, que si bien son financiadas con dineros públicos, se rigen por el derecho privado y están por fuera de los controles, como por ejemplo los que lleva adelante el Tribunal de Cuentas.

A estos efectos recordó que desde el 2016 se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Internos de la CRR su propuesta para generar dentro del ámbito de la Cámara de Representantes, una Comisión Especial que tenga por finalidad legislar, informar y asesorar en gestión del patrimonio público, con el objeto de dotar al sistema de mecanismos de control efectivos.

En la misma línea señaló que el control parlamentario muchas veces pierde efectividad ante la falta de respuesta a los pedidos de informes, recordando que aún se mantiene pendiente de respuesta un pedido de informes cursado originalmente en agosto de 2016 relativo a la gestión de recursos humanos en la Planta de ALUR SA de Paysandú, a fin de conocer los procedimientos de ingreso de personal, altas, bajas, remuneraciones, etc.