LOS ESTUDIANTES TENEMOS OPINION.

 ¿QUE PROPONE LA NUEVA LEY DE EDUCACION?

 ¿EL PRESUPUESTO PLANTEADO SE CORRESPONDE CON LAS REIVINDICACIONES HISTORICAS?

INTRODUCCIÓN

 El proceso de debate y elaboración de una nueva ley de educación se encuentra hoy en su etapa definitoria, con el ingreso al parlamento del anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Desde hace años, distintos actores de la educación planteamos la necesidad de impulsar un nuevo proyecto educativo para nuestro país, y en este sentido, señalamos la importancia de sustituir la ley de educación vigente, promulgada en el año 1985, como ley de emergencia. Esta, al final de la dictadura, sustituyó a la conocida como “ley Sanguinetti”, aprobada en 1973, y mantiene sus postulados básicos.

Es necesario para comprender la historia de las transformaciones de la legislación educativa en el Uruguay, atender el contexto en que éstas se realizan. La ley N°14101 del año 1973 se elabora y aprueba en medio de una escalada represiva y en vísperas de un golpe de estado. Dicha normativa, fuertemente autoritaria, avanza en el sentido de aumentar el centralismo a través de la creación del CONAE (actual CODICEN) y socava la autonomía de la educación a favor del control político por parte del gobierno autoritario de la época, planteando un modelo donde la educación se transforma cada vez más en herramienta de dominación. La ley N°15739 de 1985, que sustituye a la anterior, mantiene la injerencia del poder político en el gobierno de la educación, marco de posibilidad para el ingreso de las reformas neoliberales de los organismos multilaterales de crédito.

En el año 2005, el gobierno planteó la iniciativa de modificar la ley de educación vigente. Para quienes planteamos la necesidad de su modificación desde hace años, esta iniciativa abrió la posibilidad de impulsar un conjunto de transformaciones que permitan superar la crisis que vive nuestra educación pública.

En primera instancia, desde el gobierno se planteó la creación de una “comisión de notables”, que elaborara las bases para una nueva ley de educación. Esta modalidad de debate fue rechazada por el conjunto de gremios y sindicatos, ya que excluía a los actores involucrados en la educación de la discusión de la nueva ley.

En este contexto, propusimos que la modalidad de debate elegida, promoviera la más amplia participación y recogiera propuestas de todos los actores vinculados a la educación.

Frente a estos planteos, se conformó la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE), que propuso una metodología de debate basada en la convocatoria a asambleas territoriales. Fue así que durante el año 2006 tuvo lugar un proceso de participación social en torno a la situación del sistema educativo nacional y su transformación. Durante el mismo participaron más de veinte mil personas a lo largo y ancho del país, se realizaron más de setecientas asambleas territoriales y se aportaron más de cuatrocientos documentos, en donde se manifestaron una heterogeneidad de propuestas y opiniones del más amplio espectro.

Como corolario de este proceso, se realizó a fines de 2006 el primer Congreso Nacional de Educación (CNE) “Maestro Julio Castro”, donde participaron más de mil doscientos delegados, de los cuales el 62,5% representaban a asambleas territoriales y el 37,5% a distintos sectores y organizaciones.

Durante el congreso se debatió, se reflexionó y se resolvió, ejercicio demostrativo de la capacidad de la sociedad para asumir con compromiso la construcción de su propio destino. Pero este compromiso de todos los participantes del debate y el congreso, así como la experiencia democrática desarrollada, se ven enfrentadas hoy al desconocimiento del Poder Ejecutivo de las principales resoluciones del CNE a la hora de elaborar el anteproyecto de ley. Es fundamental recordar que uno de los objetivos esenciales del congreso era funcionar “como instancia de elaboración de bases para la nueva ley de educación”. Sin embargo, con las resoluciones a la vista, lo emanado del CNE fue tomado por el MEC simplemente como un insumo y no como el resultado del proceso de debate, y en temas importantes consagra posiciones que en el congreso fueron minoritarias y rechazadas.

Como se ve, la etapa de discusión parlamentaria que se avecina, es el final de un largo proceso, en el que el movimiento estudiantil ha participado con conciencia de su relevancia histórica. El momento de las definiciones también nos encontrará movilizados por la conquista de nuestras históricas reivindicaciones.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FRENTE AL DEBATE DE LA LEY DE EDUCACIÓN

            El debate sobre la nueva ley de educación, no es más que una parte del debate sobre el proyecto educativo que pretendemos impulsar. El proyecto educativo que promovemos se orienta hacia la construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de la formación de sujetos críticos y cuestionadores del orden social vigente. Se entiende a la educación como una potencial herramienta de transformación social, a través del desarrollo de un nuevo paradigma de producción, distribución y uso de los saberes, revalorizando la dimensión democratizadora y solidaria del conocimiento. En este sentido, nuestro planteo se contrapone al de quienes entienden a la educación como mercancía y le atribuyen el objetivo de generar las competencias que demanda el mercado de trabajo.

            Por lo tanto, al discutir una ley de educación, lo hacemos en clave de fines y principios de la misma. Sabemos que no será una ley la que solucione todos los problemas que vive nuestra educación pública, pero sí será una condición de posibilidad para el desarrollo de alternativas y soluciones a éstos, desde una perspectiva transformadora y emancipatoria.

            Lo antes dicho implica la necesidad de plantearse la organización y el gobierno de la educación a partir de un modelo que garantice la participación de los actores populares en la planificación, gestión y evaluación de la educación, y que consagre a la vez la autonomía respecto al Poder Ejecutivo, a fin de que la misma no esté sujeta a la volatilidad de los cambios de gobierno y de resguardar la soberanía del proyecto educativo, eliminando la injerencia de los organismos multilaterales de crédito en las políticas educativas. Es por esto, que los principios fundamentales y estructurantes de la nueva ley de educación deben ser la autonomía y el cogobierno del sistema educativo público.

El modelo autonómico y cogobernado que proponemos debe garantizar desde su estructura la posibilidad de que los actores involucrados en la educación se apropien de los procesos de toma de decisiones, para lo cual será necesario también generar una cultura de organización y participación democrática de los órdenes en el gobierno de la misma, que será la que permita hacer efectivas las transformaciones que nuestra educación demanda. Es decir, plantear el cogobierno implica sustituir la designación por parte del poder político de las autoridades educativas por la elección de las mismas por parte de los órdenes que la componen, pero también y esencialmente, implica democratizar los procesos de toma de decisiones, involucrando en ellos a todos los actores.

            Los promotores del modelo de gobierno de la educación actualmente vigente, que condena a la educación a los vaivenes electorales e impide establecer un proyecto de largo plazo para la misma, suelen acusarnos de ambicionar poder y de querer aislar a la educación de los otros aspectos de la vida social, confundiendo autonomía con autarquía. Rechazamos ese intento por reducir la discusión a una disputa por espacios de poder: nuestro planteo se trata de un intento por asociar fines y medios para el desarrollo de nuestro proyecto educativo, apoyados en una perspectiva axiológica comprometida con la igualdad social de los seres humanos, con la sociedad que queremos construir y con un relacionamiento de nuevo tipo entre educación y sociedad.

LOS EJES DE NUESTRA CRÍTICA AL ANTEPROYECTO DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

            Como ya hemos mencionado, el anteproyecto de ley presentado por el MEC y aprobado por el Consejo de Ministros, desconoce las principales resoluciones del CNE. Analizando el proceso de discusión y elaboración que precedió el ingreso al Parlamento de este anteproyecto, observamos que existen modificaciones entre la primera versión aparecida en setiembre de 2007 y la versión final. La movilización y la reivindicación del cumplimiento de las resoluciones del CNE, obligaron al MEC a contemplar algunos de los aspectos emanados del congreso, fundamentalmente en lo que tiene que ver con fines y principios de la educación.

Si bien el proyecto oficial incorpora el concepto de educación como bien social público y derecho humano inalienable, y atribuye a la misma fines y funciones que se podrían suscribir sin grandes contradicciones, es notorio que al momento de plantear la organización y el gobierno del sistema educativo se percibe una disociación entre fines y medios que debe problematizarse.

El carácter público de la educación es la única garantía para la integración de la diversidad social, en tanto constituye un espacio de naturaleza inclusiva y no excluyente como por naturaleza lo es el espacio privado: una educación pública de calidad es una herramienta insustituible para la lucha contra la reproducción de la pobreza y la desigualdad social. Es por esto, que planteamos la necesidad de excluir al sector privado de cualquier organismo con atribuciones de gobierno, distribución de fondos o elaboración de políticas educativas.

Es en este sentido que marcamos la contradicción que implica en el anteproyecto del MEC, definir por un lado a la educación como un bien social público, y por otro fortalecer la presencia de las empresas privadas de educación en el gobierno de la misma.

En lo que tiene que ver con el gobierno de la educación, se desconoce la resolución del CNE de consagrar el principio de cogobierno y se lo sustituye por el de participación. Este cambio, inhibe la potencialidad instituyente y democratizadora de la práctica del cogobierno, pues la participación, tal como la plantea el anteproyecto, es sólo de docentes y siempre en minoría respecto de las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo. El gobierno mixto de la educación que prevé el anteproyecto, reserva en todos los casos la mayoría para las autoridades designadas, transformando la participación en testimonial.

Pero no sólo la autonomía de los entes de enseñanza se ve limitada al no consagrarse el cogobierno de la educación pública. La autonomía del sistema educativo, formalmente consagrada por la Constitución, se ve  lesionada, al incrementarse la injerencia del MEC en el gobierno del sistema educativo. Esto se percibe en el aumento de potestades del MEC en relación a la elaboración de la política educativa nacional y a la coordinación del Sistema Nacional de Educación. Además, se observa una transposición de funciones hacia la órbita del MEC, en temas fundamentales como la educación de la primera infancia, los programas de alfabetización y de educación para personas jóvenes y adultas, la educación no formal, la educación en derechos humanos y la educación física.

Un capítulo aparte merece la creación del Instituto de Evaluación Educativa. Si bien se entiende que es fundamental el control social de las políticas que se desarrollen en todo el Sistema Nacional de Educación Pública, se plantea que la evaluación institucional no puede desconocer el carácter autónomo de los entes de enseñanza. El concepto de calidad educativa y la evaluación de la misma, deben surgir de un debate social en torno a los fines y funciones atribuidos por el conjunto de la sociedad al sistema educativo  y el cumplimiento de los mismos. La elaboración de indicadores que evalúen la calidad del sistema, no puede plantearse como una tarea de técnicos ni como una práctica neutral.

            Por todo lo dicho, queda claro que la educación se ve enfrentada a una contradicción que pone de un lado un proyecto educativo transformador y aliado a los intereses populares y del otro un proyecto que permite la continuidad de un modelo neoliberal de educación. Como estudiantes organizados no estamos dispuestos a resignarnos a perder una oportunidad histórica de recuperar la educación pública al servicio del pueblo ni a permitir que se ignore el compromiso de las miles de personas que apostaron a la transformación democrática de la educación a través de su participación.

LA BASE MATERIAL DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO:

MAYOR PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

            El proyecto educativo que impulsamos no podrá realizarse únicamente sobre la base de las modificaciones en el factor normativo – institucional que planteamos anteriormente. Para su realización, será imprescindible dotar de mayores recursos al sistema educativo público, y el CNE se manifestó al respecto declarando que “la educación debe ser concebida como una política de Estado y como tal el presupuesto que a ella se le asigne no debe ser menor al 6% del PBI y crecer sustancialmente hasta estar en correspondencia con el proyecto de país que pretendemos construir”.

            El escaso presupuesto que se ha destinado a la educación pública durante años ha sido uno de los factores determinantes de la situación infraestructural, logística y salarial que atraviesa toda la enseñanza pública, impidiendo el desarrollo de una educación de calidad y para todos. Las limitantes económicas han conducido a que incluso un fenómeno positivo como el aumento exponencial de la matrícula en algunos niveles educativos, se convierta en un verdadero problema, debido a la incapacidad infraestructural del sistema de evitar la superpoblación de estudiantes por aula.

            La realización efectiva de la educación como un bien social público, tiene como condición necesaria la materialización del principio de gratuidad, redimensionándolo para asegurar la universalización del acceso y la permanencia en el sistema educativo. En tal sentido, debe ponerse principal atención a la concreción de condiciones para su efectividad, como es por ejemplo la extensión del boleto estudiantil gratuito, el apoyo económico, las políticas de alojamiento y vivienda para estudiantes que deben trasladarse lejos de su lugar de origen, la distribución gratuita de publicaciones, entre otras iniciativas.

            Por estas razones, cuando se dice que los recursos destinados a la educación en esta rendición de cuentas superan ampliamente los destinados en el pasado, planteamos que éstos siguen sin cubrir las necesidades actuales.

            En este sentido, es fundamental aclarar de qué se habla cuando se dice que en esta rendición de cuentas se alcanza el 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación. Hasta ahora, el presupuesto educativo se calculaba considerando los recursos destinados básicamente a la ANEP y la UdelaR. Sin embargo, y con el propósito de alcanzar el 4,5% del PBI para la educación a través de argucias contables, se han considerado parte del presupuesto educativo rubros tales como: la educación militar y policial, la oficina de Educación del MEC, Ciencia y Tecnología del MEC, el Fondo de Solidaridad Universitario, el Fondo de Reconversión Laboral, el Plan Ceibal, el INAU, los centros CAIF, el Instituto Pasteur, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, los aportes de los trabajadores de la ANEP al FONASA, los aumentos de las Asignaciones Familiares para los estudiantes de enseñanza media, etc. No se cuestiona con esto la necesidad de destinar partidas a estos rubros, e incluso es cierto que dentro de ellos hay algunos que tienen que ver con lo educativo, pero hay que dejar en claro que la forma de llevar el presupuesto educativo al 4,5% del PBI ha sido incorporar en él rubros que nunca antes se habían considerado.

            El factor presupuestal y la configuración institucional de la educación, no son sino dos caras de una misma moneda: constituyen las condiciones de realización de un proyecto educativo popular, que tenga como principal finalidad la formación de sujetos críticos, reflexivos, autónomos y comprometidos con la solidaridad y la igualdad social, a través de un proceso integral de formación que potencie la diversidad de los talentos y virtudes de los seres humanos para la realización de una buena humanidad.

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 POR UNA LEY QUE CONSAGRE LA AUTONOMÍA Y EL COGOBIERNO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 POR MAYOR PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

CEIPA – FEUU – CEM – CEEM.