La mención se encuentra en un Informe elaborado por el sindicato en donde alude a la “Inclusión financiera y modernización del sistema de pagos”.
En ese sentido, AEBU, que solicitó una entrevista a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, expresa que “la inclusión financiera es una contribución directa a una política de inclusión social más amplia, orientada a reducir las desigualdades existentes, combatir la pobreza y mejorar los niveles de vida de la sociedad».
«Esto implica garantizar el acceso a productos financieros en entidades reguladas, que ofrezcan mayor seguridad y se ajusten a las necesidades de los individuos, empresas e instituciones, a costos razonables y de forma eficiente y saludable. Además, los procesos de inclusión financiera vienen acompañados de la modernización del sistema de pagos, que diversifica la oferta de medios de pago y de empresas, generando una mayor competencia y menores costos para los usuarios», añaden.
Al mismo tiempo, «estos desarrollos brindan oportunidades para una mayor formalización y fiscalización de la economía, y son instrumentos adicionales para el Estado en la oportunidad de fortalecer políticas públicas focalizadas».
Según el sindicato «algunos cambios realizados por el actual gobierno del programa de inclusión financiera vigente a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) implicaron importantes retrocesos, tanto a nivel del acceso de la población a productos básicos, en especial la población más vulnerable, como también en materia de formalización, transparencia y modernización de la economía uruguaya. La LUC dispuso la posibilidad del pago en efectivo de sueldos, honorarios profesionales y de los pagos del Estado; también permitió que los comercios puedan diferenciar el precio de los productos de acuerdo al medio de pago que se utilice; y por último, permitió el uso de sumas de dinero en efectivo más elevadas, facilitando el manejo de fondos de origen ilícito, a la vez que flexibilizó algunos de los controles al lavado de activos que estaban vigentes».
Estiman que «en el contexto actual resulta necesario seguir avanzando sobre la idea de una política de Estado que permita alcanzar una inclusión financiera real, que trascienda el acceso a los productos financieros básicos. Es importante que los usuarios, tanto individuos como empresas, logren acceder a productos seguros, que se adapten a sus necesidades y los puedan utilizar de manera saludable. Además, la modernización del sistema de pagos que acompaña estos procesos, impulsada con la introducción de tecnología de forma cada vez más intensiva, permite una mayor competencia dada la diversidad de medios de pago».
«Estas innovaciones, correctamente direccionadas, pueden conducir a menores costos de las transacciones, particularmente importantes para los pequeños y medianos comerciantes».
AEBU señala que «procesos como la multiadquirencia, la implementación del sistema de pagos rápido, la banca abierta y similares, así como las discusiones sobre sus implementaciones, están transformando el sistema de pagos de la economía. Es imprescindible que estos procesos se logren equilibrando los costos y beneficios para todos los actores. El poder económico desigual que hay entre un sello a nivel internacional y un comercio que opera con el sistema de pagos, por ejemplo, es muy importante».
Por ello el rol del regulador es fundamental. «Las discusiones sobre topes en las tasas de intercambio, la eficiencia entre la gestión pública o privada de los sistemas y la variabilidad de los aranceles que les cobran a los adquirientes, son cruciales para lograr un equilibrio justo».
Para el sindicato bancario «es necesario reorientar los procesos de innovación, con un mayor énfasis en la mejora de la calidad de los servicios desde la perspectiva de los usuarios, y no solamente con el objetivo de reducir costos mediante la in[1]corporación de tecnología, ya que esto termina transfiriendo costos y riesgos a los usuarios, y en muchos casos empeorando la calidad de los demás servicios no automatizables».