Forman parte de toda comunidad pero los tiempos modernos, y los cambios en el ecosistema comercial y en la propia estructuración del sistema de salud le han llevado a ir perdiendo cada vez más fuerza: las Farmacias.
A tal punto es la actual situación que “en los últimos dos años han cerrado ochenta farmacias” y cuando años atrás pasaban por sus locales el 80% de sus recetas médicas, hoy, se ha disminuido sensiblemente -y en forma más que preocupante para ellos- al 30%.
El pasado viernes 26 una delegación del Centro de Farmacias del Uruguay (CFU) integrada por su Presidente Enrique Padial, y el doctor Pablo Durán, de la Asociación de Farmacias del Interior (AFI) conformada por las licenciadas Ivone Moreno y Andrea Bechoa, y por la Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines (CUFA), por parte de Gonzalo Miranda y Nelson Gagliardi asistieron a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes que analiza el estudio del Presupuesto Nacional.
Y estos fueron algunos de sus conceptos:
Pablo Durán: “Por definición legal, la farmacia es el establecimiento que principalmente tiene bajo su cometido la dispensación del medicamento. Por eso venimos aquí con mucha alegría y también con mucha expectativa porque, cada cinco años, en las leyes de presupuesto o en las leyes de rendición de cuentas, cuando nos convoca el tema que hoy nos hace venir, que es el de intentar modificar un sistema arreglado, un sistema de autorización de habilitaciones de farmacia que tiene casi 40 años, un sistema que en todas las modificaciones, tanto cuando ellas fueron en vía administrativa, las regulaciones, como cuando fueron por vía legislativa, siempre los actores sociales fuimos parte de la temática en cuestión, se nos escuchó, se nos permitió aportar, se nos permitió disentir, y fuimos parte al final de la solución legislativa. Por algo este sistema arrancó en el año 86, luego fue modificado en 2003 por la ley con nuestra participación y de otros actores sociales también; después fue reglamentado en el año 2013 y siempre con la intervención y la participación de la farmacia, porque además así lo mandata el artículo 27 del Decreto n.o 801 del 86, que establece la existencia de una comisión plurisubjetiva, integrada por el Ministerio de Salud Pública, la Asociación de Química y Farmacias del Uruguay, el Centro de Farmacias del Uruguay, la Asociación de Farmacias del Interior, la Facultad de Química, que tiene como competencias expresas tratar la reglamentación o la modificación de la normativa que regula nada más ni nada menos que la actividad farmacéutica y todo lo que obviamente ella implica. Entonces nos llama poderosamente la atención que se haga, o que se pretenda en este proyecto, hacer un cambio de algo que es el corazón de la actividad farmacéutica sin habernos escuchado. Acá estamos, reitero, todas las gremiales farmacéuticas que tenemos -si hablamos del tiempo que estamos en esta temática- mucho para aportar.
Se vuelve a reiterar un proyecto de regulación, que es el mismo que se pretendió aplicar en el gobierno pasado, y que este solemne Parlamento excluyó por entender que no era materia para una norma de rendición de cuentas o presupuestal. ¡Vaya si creemos que hay mucho para mejorar del tema farmacéutico!, partiendo de la premisa de que hay miles y miles de expedientes en Salud Pública que llevan años, que hacen que farmacias hayan pedido traslados y estén de manera irregular porque Salud Pública no tiene los recursos humanos ni materiales para hacerse cargo de esos expedientes.
La farmacia es un eslabón integrante de la cadena de salud. Siempre ha estado al servicio de Salud Pública, que ejerce la policía administrativa. La prueba más fiel y acabada de eso es lo que pasó en la pandemia cuando el Ministerio de Salud Pública le pidió a la farmacia comunitaria que, de manera excepcional y transitoria, mientras estuviera la Declaración de Estado de Emergencia Sanitaria, fuera una de las instituciones que hiciera los test de covid. La farmacia fue elegida. ¿Por qué? Porque tiene el personal más capacitado; porque tiene la red mejor redistribuida a lo largo y a lo ancho del país, precisamente por el sistema, que está regulado, de densidad de población y distancia entre las farmacias; porque tiene un director técnico, que es el responsable del cumplimiento de las prestaciones de seguridad ambiental y laboral para los operarios. La farmacia fue un actor importantísimo para colaborar en uno de los momentos más cruentos que indudablemente tuvo el país, producto de esa pandemia, con la Administración Pública. Por eso celebramos que en este proyecto de rendición se pretenda ampliar el ámbito de aplicación de la actividad de la farmacia y que se agregue: «También podrá hacer aquellas actividades que establezca la reglamentación destinadas a garantizar la salud de la población, las que deberán ser autorizadas por Salud Pública». O sea, Salud Pública nos tiene en cuenta, y nos complace que eso sea así. Lo que no nos complace es que se pretenda modificar un sistema de distancia que tiene 40 años, cambiando la densidad de población de 5.000 a 3.000 sin un fundamento técnico. ¿Por qué 3.000? ¿Por qué 5.000 no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Tenemos problemas para cuantificar o determinar en una localidad, en una villa o en una ciudad cómo se determina esa densidad de población? Pues bien, sentémonos a trabajar en una comisión y fijemos una reglamentación, como ocurrió cuando había discusiones sobre cómo se medía la distancia entre una farmacia y otra, de las que participaban los agrimensores; incluso, algunos de ellos te cambiaban la puerta para que llegaras al metraje que podías. Un día, Salud Pública nos sentó en una mesa y reglamentó cómo se mide la distancia entre una farmacia y otra, para evitar esas especulaciones. Por supuesto que estamos abiertos a contribuir a mejorar en todo lo que ayude a brindar mayor seguridad y certeza jurídica, ya sea en la determinación de la densidad, la categorización de una ciudad o de una zona. Sabemos que a Salud Pública le preocupa. De hecho, fue planteada en este ámbito como una preocupación. Sin embargo, el proyecto de normativa que aquí nos convoca no contiene una sola palabra al respecto. O sea que el tema va a seguir generando la misma problemática.
La farmacia está hoy en un momento muy complicado. Tradicionalmente, la farmacia tenía el 80 % de la receta médica, porque como decíamos recién, por ley, el Decreto-Ley n.o 15.703, la farmacia es el establecimiento destinado principalmente a la dispensación del medicamento, y las otras opciones son, obviamente, las farmacias mutuales. Hoy en día, la farmacia mutual, producto de la receta electrónica, deja cautivo al usuario, le quita la libertad de poder ir al prestador que quiera y ha alterado de manera impactante esta proporción, dejando únicamente el 30 % del medicamento en la farmacia. Lamentablemente, hoy en día, la farmacia subsiste en base a actividades complementarias y no por lo que saben hacer ni por aquello para lo que se entrenan. Hay que tener en cuenta que el idóneo en farmacia debe tener cinco años de experiencia detrás de un mostrador, supervisado, controlado y capacitado permanentemente por la directora técnica, la química responsable de todos los aspectos de la farmacia, conforme a la Ley n.o 15.703. Entonces, creemos que algo está pasando. En los últimos dos años han cerrado ochenta farmacias. Si no se solucionan los aspectos estructurales con respecto al medicamento, eso va a seguir sucediendo. Nos preocupa la posibilidad de que se habiliten nuevas farmacias sin que esté presente el interés sanitario, que debería ser lo que motive alguna excepción por parte del Ministerio de Salud Pública. El hecho de que se prevea que para la habilitación de nuevas farmacias hay que tener en cuenta el interés de determinadas actividades comerciales e industriales nos genera mucho temor. Nos preocupa que para abrir una farmacia, como lo promueve este proyecto sobre el que venimos hoy a dar nuestras visiones, se termine priorizando el interés comercial o industrial. Yo puedo entender que se debe priorizar el interés sanitario; que se debe velar por aquellas zonas donde hay poca accesibilidad a la farmacia. Por eso, la norma que está vigente es sabia: en aquellas localidades donde no haya dos establecimientos, no hay que cumplir distancia alguna, porque se habilita y se fomenta que pueda haber nuevas habilitaciones. Bueno, esto nos preocupa también, porque no hay una razón técnica que sustente estos cambios. El único cambio que se plantea es la rebaja de la densidad de población y no se explica por qué. Se agregan ventanas que todos sabemos que luego son muy difíciles de controlar porque, en definitiva, se termina en la discrecionalidad. Y si algo quiso el sistema reglado que tiene las autorizaciones de farmacias y la regulación de las distancias es evitar la discrecionalidad y cumplir la requisitoria legal. Entonces, nosotros queremos que la requisitoria legal sea la que determine los requisitos que se deben cumplir para la autorización o el traslado de una farmacia y que no se deje a la discrecionalidad de la autoridad competente; la podremos entender, reitero, cuando el centro de la cuestión sea el interés sanitario, pero ¡definámoslo! Tampoco puede ser por discrecionalidad. Creemos enfáticamente, lo digo con mucho respeto y mucha tranquilidad, que hay cosas para cambiar, por supuesto. ¿Que tenemos mucho para aportar? Por supuesto, pero creemos que no es en una ley de esta manera, en un proyecto de ley presupuestal a espaldas de los actores sociales y eludiendo cuarenta años de tradición. El Uruguay es un país de tradiciones. Por algo la norma creó esta comisión y por algo en todos los cambios significativos de la normativa esta comisión fue convocada; la última vez, en el 2013, cuando se dio la última reglamentación. Queremos que nos convoquen, queremos trabajar con el Ministerio, pero queremos promover algo que no implique la extinción de la farmacia. Sinceramente, si no se solucionan los aspectos estructurales que hemos visto, tememos que una apertura de este tipo sea el fin de la farmacia comunitaria, una institución que es señora de la convivencia de todos nosotros, de nuestra infancia. La farmacia es una institución respetable porque representa el conocimiento, porque representa la capacitación. No voy a hablar del mercado gris que hay con respecto a los medicamentos, que todos los que estamos conocemos, que es el otro gran coadyuvador de una situación de la farmacia impactantemente mala como la que digo. Hay ferias donde se venden blister por unidad, e incluso, con los medicamentos al rayo del sol. Mientras tanto hablamos de un Ministerio de Salud Pública ante el que denunciamos estas situaciones, pero que no tiene capacidad humana para poder ir a ver lo que todos los días sabemos que está pasando en las ferias. En una época, las gremiales farmacéuticas contribuíamos con el Ministerio de Salud Pública, dotándolo de recursos materiales, de nafta, de vehículos para salir a inspeccionar y tratar de achicar esto que ya es una industria. Ya no es el comercio hormiga; acá hay un impacto por los volúmenes, que son drásticos. Entonces, hay mucho para trabajar en la farmacia comunitaria. Tenemos un expertise que está al servicio del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero tenemos que defender aquello en lo que nos va la vida, y este proyecto de ley puede ser muy nocivo para la farmacia.
PADIAL (Enrique). Nos llama, sí, la atención que este artículo 385 es exactamente igual al que se había redactado en la Rendición de Cuentas anterior y, como bien lo expresaba el doctor Durán, acá estamos el 100 % de la farmacias. O sea, a ninguno de nosotros nos interesa, porque esa posibilidad de bajar la densidad de población de 5.000 a 3.000 habitantes habilitaría la apertura en todo el país de más de 150 o 180 farmacias que, evidentemente, no vamos a ser las pequeñas pymes que trabajamos a nivel familiar y con gente que nos ayuda en el quehacer diario, sino que da la posibilidad de entrada a algún grupo económico más fuerte que se posicione en determinado lugar y que eso implique que se cierren un montón de farmacias que no vamos a poder competir de la misma manera. Hoy por hoy, venimos a trasladar eso: la pérdida de dispensación de medicamentos que año a año se va dando. Hoy estamos en un 25 % de unidades del total del medicamento que circula en el Uruguay y, lamentablemente, todo eso lleva a que cada vez se empieza a crear un cuello de botella a nivel económico en cada una de las farmacias y eso lleva a lo que el doctor Durán trasladaba, que es el cierre de esa cantidad de farmacias, que aparte es real, porque se puede constatar con números; hablamos de que ya no aportan al BPS, que no aportan a DGI porque son comercios que se extinguieron por no tener posibilidad de seguir funcionando comercialmente. Cuando se habla de localidades en que no hay farmacias, nosotros nunca estuvimos en contra de eso, al contrario. Nosotros en el Centro de Farmacias tenemos una farmacia que se abrió en Cerrillos, localidad que tiene 411 habitantes. Ustedes imagínense esa farmacia, el esfuerzo que tiene que hacer para sobrevivir, porque aparte tiene que estar peleando contra el mercado gris y contra medicación que viene de otros centros de salud del entorno. Esa farmacia incluso, por lo que decía el doctor Durán de los atrasos que normalmente se dan con respecto a Salud Pública, demoró dos años en poder tener la habilitación para que se pudiera abrir, en un lugar donde no entorpecía a nadie y, al contrario, era un riesgo económico que estaba asumiendo para darle un servicio a 411 personas. En cuanto a los datos para entregar, podemos hacer la evaluación para hacerle entrega a toda esa documentación. Además, tenemos una cosa pequeña más para agregar, que se refiere al tema de algo por lo que venimos bregando desde hace muchos años, que es la famosa RDN, la Receta Digital Nacional, por la cual, hoy por hoy, el usuario, todos nosotros -porque somos usuarios de algún lado-, quedamos rehenes del lugar de donde se prescribe esa receta. Esta receta nunca llega al verdadero propietario de la receta, que es el paciente, y el paciente queda rehén de ese sistema y tiene que retirar la medicación ahí, no le dan la opción de elegir por comodidad, por economía, por simpatía o, muchas veces, por tener el medicamento que es realmente el que le prescribe el médico y no uno que es una copia cuyo su efecto no es el mismo para él y, a veces, en presentaciones completamente diferentes en cantidad a la que nosotros dispensamos.
Pablo Durán: Quiero hacer dos reflexiones. La primera, si hay lugares que tienen más de 5.000 habitantes perfectamente se pueden habilitar, porque el sistema no está cerrado, no es que no se puede habilitar ninguna farmacia. Para habilitarse deben cumplirse dos requisitos: el de distancia entre una y otra, y la densidad de población. Lo que pasa que cuando uno viene acá, un lugar tan solemne, quiere decir tantas cosas que capaz que no dice o no se centra en lo fundamental. Nosotros creemos en el interés sanitario, que es por lo que usted está bregando, y si hay situaciones en las que tenemos que tener excepciones, por supuesto que las queremos acompañar, no discrecionalmente. Por eso hablaba hoy del interés sanitario, pero el interés sanitario no es el interés de una industria que quiera colocarse o de un comercio, como dice el proyecto de ley. Entonces, perfectamente podemos trabajar, y por eso dijimos que queremos trabajar fuera de este ámbito para lograr una verdadera solución integral que analice todos los aspectos que tiene algo tan delicado y complejo como es la autorización de una farmacia, y entendemos que Salud Pública también, como el que tiene la competencia en materia de salud debe tener ciertas competencias que se las deba reservar, pero eso no es discrecionalidad. Por lo tanto, cuenten con la farmacia, como dije hoy, para abrir los ámbitos que están previstos en la norma para discutir todos estos temas. Creemos que hay mucho para mejorar y otras cosas más, pero no con este proyecto.