El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño pidió en el Senado la reincorporación del artículo que apuesta a la regulación de la caza, iniciativa que en Diputados había sido quitado y derivado a Comisión.
El planteo fue efectuado el pasado miércoles 5 de noviembre en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, ocasión en que la delegación del MA estuvo integrada por el Ministro, profesor Edgardo Ortuño; Directora General, doctora Alejandra Varela; Directora Nacional de Aguas, la ingeniera Teresa Sastre; el Director Nacional de Dinacea, el ingeniero Alejandro Nario; la Directora Nacional de Dinabise licenciada Estela Delgado; la Gerenta de Financiero Contable, contadora Lorena Laceró; la Gerenta de Dinacc, ingeniera química Andrea Denigris; la Gerenta de Dinacea, ingeniera química Marisol Mallo; los Adscriptos al Ministro, Romina Machado y Agustín Araigas y la Secretaria del Ministro, Soledad Olivera.
MINISTRO. A continuación, comentaremos el artículo 471 del proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo. Los señores senadores no lo encontrarán en el repartido porque fue suprimido o enviado a comisión por la Cámara de Representes. Entrando en el último capítulo, que es el de las solicitudes a esta cámara y a esta comisión, nos gustaría pedir su reincorporación y su aprobación, ya que reviste una importancia particular en el impulso de una política muy necesaria para el país y que tiene que ver con la regulación de la caza. Queremos promover el impulso de la caza responsable y mejorar la gestión, con controles y con un relacionamiento fluido y regulado con los cientos, o miles –me animaría a decir–, de uruguayos que se dedican a esta actividad. Hemos entablado un ámbito de diálogo y de trabajo con la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay y hemos coincidido –nos congratulamos por la contundencia con la que nos plantearon la coincidencia con nosotros– en la necesidad de regular la actividad para promover la caza responsable en el país. Nos pusimos de acuerdo en una hoja de ruta para actualizar la normativa relativa a la caza, ya que tanto quienes la gestionamos como los ciudadanos que utilizan y ejercen los derechos establecidos por esa normativa, coincidimos en que es dispersa –hay numerosos decretos–, por momentos contradictoria, y que genera algunos vacíos legales.
Por lo tanto, debe actualizarse y modernizarse con una perspectiva más integral, para que podamos cumplir con los lineamientos de la política pública que el Gobierno, el Estado, ha establecido al respecto, pero que también permita a los cazadores simplificar los trámites de acceso a los permisos de caza y a los permisos de los propietarios de los campos donde se pretende cazar que –como ustedes saben– es condición sine qua non, por lo que requiere la intervención y regulación estatales. Todo esto se facilitaría, entre otras medidas, con la creación de un registro nacional de cazadores.
Unificar la normativa
En ese ámbito de trabajo conjunto, naturalmente, acordamos también intercambiar puntos de vista sobre este marco normativo disperso con un objetivo que para mí es muy importante: unificar la normativa de caza, y ojalá podamos concretar la aprobación de un decreto único que regule el sector que tome en cuenta los planteos que está haciendo la Administración y las necesidades que están expresando los cazadores.
En ese contexto, hoy muchas de las cuestiones ‒diría que la inmensa mayoría‒ serán objeto de regulación mediante ese decreto, que nos comprometimos a no firmar sin antes estudiarlo con los distintos actores involucrados, que vale decir que son los cazadores y las organizaciones que velan por el cuidado del ambiente y la protección de nuestra fauna, que tienen planteos muy proactivos sobre estos temas. No obstante, de acuerdo con los informes legales que tenemos –y que compartimos–, algunas cuestiones requieren disposición legislativa.
Registro
En tal sentido, uno de los puntos en los que encontramos coincidencias, que significaría un instrumento importante y positivo en esa nueva regulación y mejoraría la gestión de la caza en el país, es en el establecimiento de un registro que, entre otras cosas, permita – como nos decían los propios cazadores– separar la paja del trigo, identificando claramente quiénes quieren desarrollar la actividad con una lógica responsable y, por lo tanto, sujeto a regulación –como lo vienen haciendo con el régimen actual–, de quienes, lamentablemente, desarrollan prácticas de caza ilegales que, por supuesto, debemos combatir y eliminar. Huelga aclarar que quienes practican la actividad en forma responsable están comprometidos a hacerlo. Entonces, proponemos la reincorporación del artículo que originalmente fue remitido como 471. Y como estos ámbitos de intercambio parlamentario y social, además de exponer acuerdos y muchas veces diferencias, nos permiten mejorar las normas, proponemos una modificación que no llegó a considerarse en la Cámara de Representantes y que creo que puede ser la llave del consenso para la aprobación del artículo, en la medida en que se criticaba, se planteaba como duda, como objeción o como preocupación, que esto podría estar encareciendo la actividad de la caza por el cobro de una tasa que hoy los cazadores pagan para obtener los permisos.
Por lo tanto, presentamos una redacción que clarifica y explicita lo que manifestamos –y que hoy reiteramos–: la voluntad del Poder Ejecutivo no es recaudar más ni cobrarles más a los cazadores, sino, simplemente, sustituir el régimen que tenemos actualmente –que es bastante anárquico y desordenado– por otro nuevo, en el marco de este registro, que facilite tanto a la Administración como a quienes gestionan, tramitan y pagan los permisos de caza poder obtenerlos. Entonces, le agregamos un párrafo que no estaba en el artículo remitido por el Poder Ejecutivo, que dice que una vez implementado el registro al que refiere este artículo, la tasa prevista en el inciso anterior sustituirá la establecida en el artículo 275 de la Ley n.º 16736, de 5 de enero de 1996, que es la fecha desde que los cazadores pagan esta tasa. Esa es la que pagan actualmente, que nosotros no planteamos modificar sino simplemente, en el marco de este nuevo régimen de gestión, que los cazadores se inscriban en el registro que estamos planteando. En suma, el objetivo es la creación de este registro obligatorio de cazadores a cargo del Ministerio de Ambiente, con fines de habilitación, con el objetivo de modernizar y de facilitar el control de la caza, y fomentar prácticas responsables y legales.
Con esto esperamos obtener como resultado, la disminución de la casa ilegal, el fortalecimiento de la fiscalización y la mejor gestión de la fauna silvestre.
Sobre este tema, que es sensible e importante, porque hablamos del cuidado de la naturaleza, de nuestros ecosistemas, de nuestra fauna, le solicitaría al señor presidente autorización para ceder el uso de la palabra a la doctora Estela Delgado, directora de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
DELGADO. Como señaló el señor ministro, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, desde que asumimos la dirección viene desarrollando una revisión de la normativa de caza que está dispersa en distintas leyes y decretos. Muchos de ellos entran en contradicciones y eso genera inconvenientes, tanto en el control, como en la regulación de la caza. Incluso alguno de los decretos y las leyes no cuentan con los insumos técnicos básicos que permitan decidir sobre el uso, la extracción de determinada cantidad de individuos y cómo afectaría la viabilidad de esas poblaciones, tal como hace la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos cuando tiene que autorizar permisos de pesca. Una de las cuestiones que tenemos entre manos es empezar a tener esas líneas temporales de información biológica que permitan establecer, no solo cuáles son las especies habilitadas para cazar, sino los lugares y los cupos que es otra característica fundamental. Dentro de los decretos que hoy son habilitantes, se encuentra el Decreto n.º 138/022 que eliminó, por ejemplo, la presentación por escrito del consentimiento del propietario de donde se realiza la caza y eso ha generado grandes conflictos y dificultades a la hora de la regulación. Incluso, ha habido denuncias de propietarios de predios que han manifestado que no otorgaron el permiso correspondiente y también hubo denuncias de los propios funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, una dirección con la que el Ministerio de Ambiente y, en particular, la Dinabise trabaja muy estrechamente para la inspección y regulación de esta actividad.
Abigeato y caza furtiva
Por otra parte, el Decreto n.º 198/024 habilita la caza libre de jabalí como especie exótica invasora y que ésta se realice en el horario nocturno. De la forma en que está reglamentada esta práctica –no nos oponemos a la caza nocturna, pero sí apostamos al mejoramiento de esta reglamentación– ha generado grandes dificultades y problemas de seguridad a nivel rural, como es el aumento del abigeato y la caza furtiva.
Caza deportiva
Por otra parte, no existe una planificación real de la caza deportiva que tiene que ver, justamente, con los territorios donde se realiza y lleva a cabo. Hasta la fecha, más del 58 % de los padrones otorgados en los permisos de caza se encuentran en sitios de alta importancia para la conservación; el 12 % de los padrones autorizados en el 2024 para caza deportiva se encuentran en áreas de alta prioridad para su conservación, etcétera. Podría seguir enumerando distintos porcentajes que afectan a la biodiversidad e incluso a lo que estamos intentando proteger a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estamos planteando una revisión integral de todos estos decretos en un trabajo conjunto, como decía el ministro, donde ya hemos iniciado conversaciones con la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, con la Asociación de Pro Fauna Cinegética del Uruguay, también con asociaciones sociales como Coendu y también con la Dirección Nacional de Seguridad Rural que son de gran apoyo en el territorio.
En este marco de revisión integrada, pero también de diálogo con los distintos actores involucrados, es que estamos proponiendo este registro de cazadores –sería el primer paso– que va a ser diseñado y acordado con los actores involucrados en una serie de talleres que ellos mismos han decidido que será la modalidad para intercambiar sobre estos aspectos.
Como mencionaba el ministro, ésta no es una tasa nueva, sino una modificación o sustitución de los permisos de caza actuales e, incluso, también se mantienen los montos y el rango de los mismos.
MINISTRO. Como decíamos, con esta solicitud a la comisión de reincorporar el artículo, con el agregado de ese inciso final, se despeja una de las objeciones a la iniciativa que tenía que ver con el aumento de los costos que tienen que afrontar los cazadores. Otra de las objeciones que se planteó en el trámite, dentro y fuera del Parlamento, tenía que ver con la restricción o la afectación que este artículo podría suponer en lo que tiene que ver con la disponibilidad de armamentos que tienen los cazadores. Esta es otra incertidumbre o inquietud que queremos despejar claramente al proponer la reincorporación del artículo al presupuesto.
Además, queremos compartir con la comisión y, a través de la versión taquigráfica, con todos los actores vinculados a la temática, que hemos hablado en una reunión bilateral de los equipos del Ministerio de Ambiente con los del Ministerio del Interior y su ministro, Negro, y reafirmamos que este artículo no busca ni tiene como objetivo la reducción o afectación de las armas utilizadas para la caza en el régimen actual, por lo que creemos que, por toda la fundamentación aportada, sería positivo que la Ley de Presupuesto reincorporara este artículo y lo aprobara.
