El tema estuvo sobre la mesa en la reunión de la Comisión de Hacienda del pasado miércoles 15 de abril.

“Tengo una serie de valoraciones, de dudas, de objeciones, de preocupaciones con relación a este proyecto y me interesaría en ese sentido no solo colaborar, sino solicitar alguna instancia de consulta, que me parece pertinente porque es un tema particularmente delicado. Creo que la idea es que venga el Ministerio de Economía, según leí en el semanario Búsqueda. Tal vez, cuando venga el Ministerio de Economía nos pueda hablar de todo, es decir, nos pueda hablar de este proyecto y de la capitalización del BIRF”, expresó el diputado Pablo Abdala (Partido Nacional).

Desde el oficialista, Julieta Sierra (FA) indicó que “nosotros, como bancada oficialista, estamos en conversación con el Ministerio de Economía Finanzas para buscar una fecha en la que puedan comparecer. Le trasladamos la misma intención de que en mayo comience a discutirse el proyecto. Entiendo que desde la Presidencia de la Comisión, desde la Mesa, se podrán iniciar las conversaciones formales pertinentes para que comparezca el Ministerio de Economía y Finanzas el próximo mes. También quiero dejar constancia de que nuestra intención -entendiendo que esta es una Cámara que no tiene mayorías, pero no solo por eso- es discutir este proyecto con la seriedad que amerita y también buscar los acuerdos para que en los puntos que tengamos en común lleguemos, en lo posible, a un consenso”.

Fundamento de la iniciativa

En la exposición de motivos, los legisladores del Frente Amplio manifiestan lo siguiente:

“Es inminente tratar la situación de los deudores de bajos recursos que se ven afectados de forma dramática por los intereses, multas y recargos practicados por diferentes instituciones financieras y también por algunos comerciantes, así como las formas abusivas de los mecanismos de cobro de los referidos créditos. En efecto, en Uruguay notamos la problemática de los créditos otorgados a personas de bajos recursos que terminan en montos absurdos e imposibles de pagar debido a las altas tasas de interés previstas y la forma de imputar los pagos efectuados por los deudores. Todo ello deriva en dramas sociales y familiares con pérdidas del poco patrimonio logrado con muchos años de sacrificio y prácticamente la calificación de “parias” de los deudores que al figurar en el clearing se ven imposibilitados hasta de arrendar inmuebles para vivienda. Es decir que, el alto nivel de endeudamiento que habilitan las referidas instituciones con un fuerte crecimiento en los créditos al consumo implica un alto costo financiero promedio de ese esquema de financiamiento y resulta generalmente excesivo para los individuos que los reciben, generando elevados niveles de endeudamiento en miles de personas con escaso patrimonio. Y no sólo esto, sino que, además, en muchas ocasiones los créditos se tercerizan con empresas de recuperación de activos que aplican mecanismos abusivos para el cobro de los créditos, llegando incluso a situaciones de acoso de los deudores y abuso de la desinformación de los mismos.

Actualmente cerca de 1.000.000 de uruguayos se encuentran en el clearing, arrojando un reciente estudio del Banco Central del Uruguay que 290.000 personas tienen la peor calificación crediticia en la Central de Riesgos Crediticios y además se encuentran registrados como incumplidores en el clearing.

Lo cierto es que la gran mayoría de uruguayos sin activo, que solo cuentan con su salario, se encuentran acorralados y muchas veces embargados ante el incumplimiento en el pago de sus obligaciones. Ante esta realidad, es imperiosa la creación de instrumentos procesales y administrativos eficaces tanto para el deudor, que enfrenta esta situación de sobreendeudamiento que no le permite honrar sus obligaciones, como para el acreedor que no logra recuperar su crédito.

Tasas e intereses

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta un proyecto de ley que consta de cinco Capítulos: El Capítulo I) que modifica algunas normas relacionadas con el cálculo de las tasas medias y los topes máximos de interés, así como de la información a brindar a los tomadores de crédito; el Capítulo II) que crea de un proceso reservado al deudor de créditos al consumo (excluyendo a deudores de créditos con garantía real) que sea de bajos recursos o ingresos menores a determinados montos con el fin de lograr una reestructuración de las deudas de esa persona; y el Capítulo III) que establece medidas de protección de los deudores en las operaciones crediticias en general.

En el Capítulo I) se modifican diversos artículos de la Ley Nº 18.212, de 5 de diciembre de 2007 (Intereses y usura) con la finalidad de actualizar el marco normativo vigente, garantizando una mayor protección de los consumidores financieros, asegurando la transparencia en las operaciones de crédito y brindando herramientas efectivas para la prevención del abuso en la aplicación de intereses compensatorios y moratorios. También se incorporan varios artículos dirigidos a resolver ambigüedades en el texto legal. En primer lugar, se redefine el alcance de las operaciones comprendidas en la Ley, incluyendo expresamente las operaciones de crédito o asimiladas realizadas tanto por personas físicas como jurídicas, estableciendo parámetros claros respecto a las operaciones de cumplimiento instantáneo y continuado (Artículo 1º).

En relación con los tipos de interés (Artículo 2º), se establece que solo podrán aplicarse intereses compensatorios o de mora debidamente pactados y se precisa que el interés de mora se aplicará únicamente sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas, prohibiéndose su aplicación sobre el saldo total de la deuda. En cuanto a la base de cálculo (Artículo 3º), se aclara que no se podrán liquidar intereses sobre capitales cancelados anticipadamente, debiendo recalcularse la deuda para que el deudor abone intereses únicamente sobre los saldos efectivamente adeudados. Asimismo, se incorpora un nuevo artículo (Artículo 4º) que precisa el criterio para la imputación de pagos parciales, priorizando la cancelación de las compras más antiguas en el mes del cargo, evitando la generación indebida de intereses. En lo que respecta a los saldos impagos (Artículo 5º), se dispone que los pagos realizados dentro de las 48 horas posteriores al vencimiento no generarán intereses de mora, considerándose abonados en término. Se introduce una modificación relevante en el tratamiento de los retiros de efectivo mediante tarjeta de crédito (Artículo 6º), los cuales devengarán intereses desde la fecha de la operación, unificando criterios en torno al devengamiento de intereses.

Intereses usurarios

En relación con los intereses usurarios (Artículo 7º), se faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar las condiciones en las que algunas cláusulas penales podrán ser excluidas del cálculo de usura en contratos de compraventa de inmuebles, otorgando mayor claridad en la determinación de dichos intereses.

Respecto a los topes máximos de interés (Artículo 8º), se establece un criterio uniforme del 35% sobre la tasa media de interés publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU), con diferenciación para créditos de nómina y operaciones ordinarias.

Este artículo dispone que a partir de la norma para calcular la tasa máxima aplicable a los créditos al consumo en los que el acreedor no tiene posibilidad de efectuar retenciones sobre los haberes del deudor, uno de los parámetros a tomar en cuenta será la tasa media ponderada de los créditos en los que el acreedor sí cuenta con facultades legales y contractuales para efectuar retenciones de este tipo. Además, este artículo reduce el margen a aplicar sobre las tasas medias para determinar los tipos máximos de interés, a la vez que simplifica la estructura de franjas sobre las cuales se calculan estos máximos.

El artículo 9º precisa la metodología para la determinación de las tasas medias de interés, facultando al BCU para excluir operaciones que distorsionen el mercado, mientras que el artículo 10 establece la obligación del BCU y de la Unidad Defensa del Consumidor de publicar trimestralmente comparativos de tasas de interés y otros aspectos relevantes para promover la transparencia financiera. En cuanto a la información sobre la tasa de interés efectiva (Artículo 11), se dispone que toda oferta o publicidad de operaciones de crédito deberá incluir la tasa efectiva anual, el monto total a pagar y las penalidades por incumplimiento, asegurando así un acceso claro y completo a la información financiera para los consumidores. Se derogan determinados literales de los artículos 14 y 15 de la ley original (Artículo 12), armonizando el régimen de operaciones de crédito tanto para instituciones financieras como para proveedores de bienes y servicios.

En relación con los pequeños créditos (Artículo 13), se establece un plazo de 24 meses para la caducidad de los intereses moratorios, a la vez que eleva el umbral de aplicabilidad de esta norma y permite que la caducidad de la generación de intereses moratorios opere aún en caso de que se inicien acciones judiciales, garantizando la protección del consumidor en operaciones de menor monto.

El artículo 14 redefine la autoridad de aplicación, asignando competencias específicas al Banco Central del Uruguay y a la Unidad Defensa del Consumidor, asegurando así un marco de supervisión adecuado y diferenciado según el tipo de operación crediticia.

Finalmente, los artículos 15 y 16 refuerzan los derechos del fiador y establecen plazos para el cumplimiento de las nuevas disposiciones por parte de las autoridades de aplicación, respectivamente, mientras que el artículo 17 sustituye la denominación del Área de Defensa del Consumidor por la de Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas.

Audiencia administrativa

En el Capítulo II) se crea un proceso único precedido de una audiencia administrativa que busca dotar de mayores herramientas al deudor de forma que pueda reestructurar su deuda y salir de la situación de ahogo en la que se encuentra.

El artículo 18 regula la creación de un proceso judicial para reestructurar los pasivos de las personas físicas originados en créditos al consumo sin garantía real, hayan sido objeto de ejecución o no, el que deberá ser precedido obligatoriamente de un procedimiento conciliatorio en el ámbito administrativo.

El artículo 19 regula la legitimación para iniciar el proceso indicado que pueden acceder al mismo las persona que: a) no sean titulares de inmuebles o el que tengan consista exclusivamente en un bien destinado a su vivienda o la de su familia con un valor que no supere Ul 700.000; b) no sean titulares de bienes muebles que tengan un valor superior a Ul 75.000; y c) perciban ingresos anuales líquidos, entendiendo por tales los nominales menos los descuentos legales, menores o ¡guales a la suma de Ul 150.000. Los artículos 20 a 25 regulan la audiencia administrativa de conciliación previa al proceso judicial teniendo como objetivo que el deudor acceda a información completa en relación a las deudas que tiene a fin de evitar abusos por parte de los prestamistas y buscar un acuerdo satisfactorio que sea de cumplimiento posible entre deudor y acreedores. Esta audiencia puede concluir con un acuerdo de reestructuración de deudas total o parcial o sin un acuerdo de partes.

Asimismo, se prevé la realización de audiencias por videoconferencias de forma de facilitar la actuación de la Unidad de Defensa del Consumidor, se regulan las comunicaciones y se prevé que el acuerdo de reestructuración será título ejecutivo. En caso que no se hubiera logrado arribar a un acuerdo total o parcial respecto de las deudas, el deudor podrá -dentro del plazo de seis meses de la audiencia administrativa- iniciar un proceso judicial de reestructura de deudas que se encuentra regulado en los artículos 26 a 29 del proyecto presentado.

El artículo 27 regula el inicio del proceso de reestructuración con una demanda que contendrá los antecedentes administrativos y un plan de pagos presentado por el deudor. Dicha demanda deberá notificarse a los acreedores denunciados con un plazo de 30 días para su contestación. Vencidos los plazos o contestada la demanda, la Sede citará a audiencia dentro del plazo de 45 días, a fin de que el deudor pueda negociar con sus acreedores y obtener las conformidades requeridas para lograr un acuerdo de reestructuración. En la referida audiencia se evaluará el plan de pagos presentado por el deudor y se buscará obtener las mayorías necesarias para la aprobación de la reestructuración judicial de la deuda (mayoría de acreedores que representen % del activo denunciado). En caso de no aprobarse la propuesta del deudor, el Juez podrá formular una nueva propuesta, la cual podrá incluir tanto extensiones de plazo como reducción de intereses o quitas de capital, teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor y la eventual responsabilidad en que hayan incurrido el o los acreedores en el otorgamiento del crédito.

La propuesta judicial deberá ser aprobada por el deudor y por acreedores que representen al menos la mitad del pasivo denunciado. Si se obtienen las mayorías anteriormente mencionadas se labrará acta con el “Acuerdo judicial de reestructuración de pasivos de personas físicas”, homologándose el mismo. Este acuerdo constituye título de ejecución. Si pasadas las etapas anteriores no se hubiera logrado arribar a un acuerdo que permita un Acuerdo Judicial de Reestructuración, el juez dictará por única vez y únicamente en caso de deudas cuyo capital o precio inicial fuese inferior al equivalente a 50.000 Ul, una sentencia de “Reestructuración Judicial Forzosa” (artículo 29) conteniendo lo que a criterio del Juez resulte de factible cumplimiento por el deudor, así como una declaración sobre la actuación culpable o de buena fe de las partes, y podrá ser más o menos gravosa para el deudor que el plan de pagos propuesto por el deudor al inicio del – 26 – proceso y que la propuesta judicial referida en el artículo precedente. Asimismo, la sentencia no podrá implicar el pago de cuotas que superen el 30% de los ingresos líquidos del deudor. El deudor no podrá entablar un nuevo procedimiento de reestructuración de deudas hasta tanto hayan transcurrido dos años contados desde el cumplimiento total de los acuerdos de pago o de la sentencia (artículo 31).

Por otro lado, se establece en el artículo 30 los casos en que se presume actuación culpable del acreedor (no proporciona la información relativa al crédito, se desarrollen prácticas abusivas o cuando las cuotas del crédito otorgado superen el 50% del sueldo del deudor) y en el artículo 32 se crea un Registro de Reestructuración de Pasivos de Personas Físicas Endeudadas).

En el Capítulo III) se busca incorporar medidas generales para la protección de los deudores en operaciones crediticias que apuntan en cierta medida a resolver el problema de fondo en lo que refiere a las deudas en Uruguay. Es así que en el artículo 33 del proyecto presentado se prohíben determinadas prácticas abusivas por parte de las empresas dadoras de créditos como ser, entre otros: a) la violación a la intimidad de la persona; b) el uso de información errónea o engañosa para cobrar cifras que no correspondan o para mantener vigente una deuda que, de haberse ejecutado judicialmente, hubiera podido ser declarada como prescripta o hubiera caducado la acción para ello; c) el uso de amenazas, intimidación, maltrato u ofensas; d) el envío de documentos que aparenten ser emanados de una autoridad administrativa o judicial; y e) las llamadas constantes y a horarios inapropiados. La realización de estas prácticas dará lugar a sanciones administrativas. Por su parte el artículo 34 establece la obligación de comunicar a los deudores en los casos tercerización de gestión de créditos morosos, con o sin cesión de la titularidad de los mismos.

Los artículos 35 y 36 apuntan a la creación de equipos de trabajo a fin de asesorar a los deudores en la reestructuración de las deudas y a brindar cursos de educación financiera. Finalmente, el Capítulo IV) contiene las disposiciones finales relativas a la aplicación supletoria del CGP cuando corresponda, implementación, aplicación y vigencia.

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La elección de una propiedad en esta zona requiere evaluar múltiples factores: ubicación, tipo de construcción, servicios disponibles y potencial de valorización. Considerá revisar casas en venta en Punta del Este para explorar las opciones actuales del mercado que se ajusten a tus necesidades específicas.

Zonas residenciales más valoradas del mercado

La Barra ha ganado popularidad en los últimos años entre quienes buscan una combinación perfecta entre lujo y estilo de vida bohemio, con hermosas playas, galerías de arte, boutiques de diseño y una animada vida nocturna. Esta zona atrae a una clientela joven y cosmopolita que valora la autenticidad junto con las comodidades modernas.

Playa Mansa, con sus aguas calmadas y su ambiente sereno, es ideal para quienes desean disfrutar de la playa en un entorno más relajado. Las casas en Punta del Este ubicadas en San Rafael destacan por su tranquilidad, grandes jardines y cercanía con centros comerciales, supermercados y playas, convirtiéndolo en un sitio ideal para adquirir una propiedad.

Beverly Hills es uno de los barrios más exclusivos de Punta del Este, caracterizado por mansiones imponentes rodeadas de jardines exuberantes y árboles añosos. Este barrio es totalmente residencial y está cerca de Punta del Este y de Maldonado, muy bien ubicado, a cinco cuadras del Punta Shopping y a cinco cuadras del St. Clare’s College.

Demanda internacional y perfil de compradores

Entre el 50% y el 55% de las operaciones de compra de viviendas en Maldonado corresponden a compradores argentinos, los uruguayos representan entre el 25% y el 35%, mientras que el resto se reparte entre inversores de otros países de la región y algunos capitales extra regionales. Esta composición refleja el atractivo internacional del destino.

Argentina sigue siendo el país con mayor cantidad de compradores, son inversores que eligen Punta del Este como resguardo de valor, segunda residencia o activo para renta. Las inversiones de argentinos en Punta del Este crecieron un 450% en el último año, consolidando la tendencia de diversificación patrimonial.

En la mayoría de los casos, los inversores argentinos prefieren apartamentos en lugar de casas, ya que estas últimas requieren más mantenimiento. Además, suelen optar por propiedades construidas bajo la ley de Vivienda Promovida, especialmente en zonas bien ubicadas y con diversos servicios cercanos.

Factores que impulsan la inversión inmobiliaria

El mercado inmobiliario de Punta del Este ha demostrado una notable resiliencia y un crecimiento sostenido desde 2022, consolidándose como un destino de inversión de primer orden en la región, con una apreciación de los valores por metro cuadrado en dólares significativa, impulsada por una robusta demanda y un dinámico sector de nuevas construcciones.

Uruguay se destaca por su estabilidad política y económica, su seguridad jurídica y un sistema fiscal favorable para quienes compran propiedades. Además, todas las operaciones se realizan en dólares, lo que brinda protección ante la inflación y volatilidad regional. Este marco legal ofrece previsibilidad a largo plazo.

Las propiedades en Punta del Este ubicadas en zonas como Punta Ballena ofrecen impresionantes vistas al mar y una belleza natural única, con propiedades de alto nivel diseñadas por arquitectos reconocidos internacionalmente. El constante aumento del valor de las propiedades en zonas como Playa Brava y Playa Mansa tienen una revalorización sostenida debido a la limitada disponibilidad de terrenos.

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Temporada alta versus baja: oportunidades estratégicas

Después de las elecciones de octubre, se retomaron las consultas para el verano. Todo lo premium ya se reservó: las propiedades frente al mar y las casas con pileta están prácticamente completas para las fiestas y enero. La temporada alta concentra la mayor demanda de alquileres temporarios.

Durante la temporada alta, que abarca los meses de verano, muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, optan por alquilar apartamentos, casas o incluso residencias de lujo para estancias cortas. Este fenómeno ha generado un mercado dinámico, donde las propiedades bien ubicadas, cercanas a la playa o en zonas exclusivas como La Barra o José Ignacio, tienen una gran rotación y permiten obtener altos ingresos en períodos relativamente cortos.

Sin embargo, aunque los ingresos por alquiler suelen ser altos durante la temporada alta, uno de los desafíos del mercado inmobiliario en Punta del Este es la baja demanda fuera de esos meses. Durante el invierno, muchos propietarios enfrentan dificultades para alquilar sus propiedades, lo que puede impactar la rentabilidad anual. Sin embargo, la llegada de eventos internacionales, congresos y el creciente interés por el turismo durante todo el año están ayudando a mitigar este efecto estacional.

Ventajas de comprar fuera de temporada

Comprar fuera de temporada puede ofrecer mejores condiciones de negociación, pero es importante analizar las proyecciones de valorización y la demanda en temporadas altas para evaluar el potencial de retorno de inversión. Los meses de menor actividad turística permiten procesos de compra más tranquilos y negociaciones más flexibles.

La desestacionalización del mercado inmobiliario en Punta del Este representa una evolución fundamental que mitiga el riesgo de inversión históricamente asociado a la dependencia de temporadas turísticas breves. Al extender la demanda de propiedades y servicios a lo largo de todo el año, se abren nuevas oportunidades para alquileres anuales y se genera una demanda más estable de infraestructura y servicios, lo que confiere mayor predictibilidad y menor volatilidad al mercado.

El auge del trabajo remoto y la llegada de residentes anuales impulsaron la demanda de viviendas con buenas conexiones, servicios y eficiencia energética. Los desarrollos más modernos incorporan domótica y diseño sustentable, adaptándose al nuevo perfil de comprador.

Aspectos clave antes de concretar la compra

Ubicación y accesibilidad

Punta del Este abarca diversas zonas, cada una con características y ventajas particulares. Por ejemplo, propiedades frente a la Playa Brava ofrecen vistas al mar y un ambiente dinámico, ideal para quienes disfrutan de la actividad turística. Por otro lado, la Playa Mansa es conocida por su tranquilidad, perfecta para familias o quienes buscan un entorno más relajado.

La proximidad a servicios esenciales, colegios, centros de salud y áreas comerciales influye directamente en la valorización de la propiedad. Evaluá la conectividad con rutas principales y la distancia al aeropuerto internacional de Laguna del Sauce para facilitar el acceso durante todo el año.

Documentación y aspectos legales

Verificá que la propiedad cuente con toda la documentación en regla: certificado de tradición, planos aprobados, permisos de construcción y situación fiscal actualizada. Trabajar con profesionales matriculados garantiza transparencia en el proceso de compra y evita inconvenientes futuros.

Verificá siempre el estado legal del inmueble y el historial del desarrollador. Además, contar con asesoría legal y financiera local te ayudará a maximizar la rentabilidad y minimizar riesgos. La inversión en asesoramiento profesional representa seguridad a largo plazo.

Rentabilidad y proyección

Los tickets de inversión más frecuentes se ubican entre USD 200.000 y 400.000, con rentabilidades en el entorno del 5–6% anual combinando alquiler anual y renta de temporada. Analizá el potencial de ingresos por alquiler tanto en temporada alta como en períodos de menor demanda.

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El retorno promedio alcanza un 7,7% anual en dólares en proyectos de Vivienda Promovida, que ofrecen beneficios fiscales adicionales. Considerá el equilibrio entre precio de compra, gastos de mantenimiento y potencial de valorización para evaluar la viabilidad de tu inversión.

Invertir en casas en venta en Punta del Este representa una oportunidad sólida en un mercado que combina estabilidad, crecimiento sostenido y demanda internacional constante. Las zonas residenciales ofrecen opciones para diferentes perfiles: desde familias que buscan residencia permanente hasta inversores que priorizan rentabilidad por alquiler.

La diversificación del mercado, con proyectos que van desde desarrollos de lujo hasta opciones más accesibles bajo Vivienda Promovida, amplía las posibilidades de acceso. Evaluá cuidadosamente la ubicación, documentación legal y potencial de retorno antes de concretar tu compra. Trabajar con inmobiliarias profesionales y matriculadas garantiza un proceso transparente y seguro, maximizando las oportunidades en este mercado dinámico que continúa consolidándose como referente regional en inversión inmobiliaria de calidad.

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El Sindicato Médico del Uruguay condena ambos hechos y expresa su solidaridad con las personas afectadas y con sus equipos.

Quienes cuidan a la población de nuestro país también merecen ser cuidados. Eso no es una frase hecha, sino una condición básica para que el sistema de salud funcione. Un médico o médica que trabaja bajo amenaza, con miedo o con la secuela física y emocional de una agresión, no puede ejercer con la plenitud que su paciente necesita. La violencia contra los profesionales de la salud no es solo un problema laboral. Es un problema de salud pública.

Nuestro sindicato no está ajeno al aumento de la incidencia de estos graves episodios. Fundamos e integramos desde su creación la COMSEPAE (Comisión Multiinstitucional para la Seguridad del Personal de Atención Extrahospitalaria), un ámbito interinstitucional para prevenir la violencia y mejorar los protocolos de respuesta. Lo ocurrido en las últimas horas demuestra que ese trabajo no puede detenerse.

En este contexto, el SMU reclama a las autoridades competentes su accionar inmediato, la habilitación de espacios para la elaboración de protocolos de actuación claros, así como la capacitación para los equipos de salud. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a no normalizar estos hechos. La seguridad de quienes nos cuidan es una responsabilidad de todos y todas.

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Será en las instalaciones del LATU.

La primera gran feria de turismo del Uruguay para planificar y comprar próximas vacaciones y paseos, con propuestas de Uruguay y del exterior + Travel Sale.

Programa Completo en: 

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Los fondos donados este año serán destinados a sostener y fortalecer tres programas clave que la organización desarrolla en el barrio: meriendas recreativas, cocina y huertas comunitarias y familiares. Según explicó la presidenta de la ONG, Romina Marrero, el apoyo de HFF ayuda no solo a la continuidad de estas iniciativas, sino también a mejorar la calidad nutricional de los alimentos que se ofrecen semanalmente.

“Antes las meriendas eran básicamente galletitas y cocoa; hoy los niños reciben alimentos más nutritivos tanto en las actividades que se realizan en nuestras instalaciones como durante sus campamentos”, señaló Marrero, al destacar uno de los cambios más visibles que trajo la alianza. Actualmente, alrededor de 40 niños de entre 6 y 12 años participan cada lunes de las meriendas recreativas, un espacio que combina juegos, actividades lúdicas y una merienda compartida junto a voluntarios.

Además, la donación contribuye al programa de cocina, que funciona los martes por la mañana y reúne a unas 15 mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Allí elaboran recetas que luego integran un recetario colectivo y reciben capacitación que les permite rendir la prueba de manipulación de alimentos, abriendo una puerta concreta a la inserción laboral. “La idea es que no sea solo aprender a cocinar, sino también aprender una herramienta que les permita generar ingresos”, explicó Marrero.

El tercer eje de trabajo es el proyecto “Hogar y Huerta”, que actualmente involucra a 22 familias. A través de este programa, las familias reciben cajones, tierra y semillas para desarrollar huertas tanto en la sede como en sus propios hogares, con seguimiento durante todo el año. Los alimentos cosechados se incorporan luego al programa de cocina y al consumo familiar, promoviendo hábitos más saludables y el acceso a alimentos frescos.

Una alianza que comenzó en 2019

La colaboración entre HFF y la ONG Por los Niños Uruguayos se inició en 2019, año en el que se inauguró la primera Casa Herbalife en Uruguay, un hito que marcó el comienzo del apoyo sistemático a los programas de la organización. Desde entonces, la alianza permitió transformar propuestas alimentarias básicas en proyectos integrales, con enfoque nutricional, educativo y comunitario.

“El apoyo de HFF fue un antes y un después. Nos permitió profesionalizar lo que ya hacíamos y pensar proyectos a largo plazo”, afirmó Sebastián Más, integrante de la comisión directiva de la ONG. “Gracias a ese respaldo, las meriendas dejaron de ser solo una respuesta a la urgencia y pasaron a ser más saludables, y a largo plazo, una herramienta educativa”, agregó.

La historia del “vagón”

Por los Niños Uruguayos nació en 2002, en plena crisis económica y social del país. Fue fundada por dos maestras del barrio Carrasco Norte, Mercedes Greco y Mari Próspero, con el objetivo de acompañar a niños que estaban fuera del sistema educativo o presentaban rezago escolar. Poco tiempo después, la organización obtuvo un antiguo vagón ferroviario donado por AFE, que fue trasladado al barrio y se convirtió en su sede y en un símbolo identitario.

“El vagón representa movimiento, ponerse en camino”, explicó Más. “Para los niños, aprender dentro de un vagón tiene algo mágico, y eso también forma parte del proyecto educativo”. Con el paso de los años, la ONG amplió su trabajo a programas de alfabetización para adultos, talleres de cocina, huertas y emprendimientos productivos, siempre con una fuerte participación comunitaria.

El contexto global del apoyo de Herbalife

La donación realizada en Uruguay se inscribe en una estrategia global de la Herbalife Family Foundation (HFF), que en 2025 otorgó 5 millones de dólares en contribuciones del programa Casa Herbalife a 165 organizaciones sin fines de lucro en 60 países y territorios. Estos aportes son posibles gracias a los distribuidores y empleados de Herbalife, cuya dedicación permite a HFF apoyar programas sostenibles y liderados localmente que fortalecen comunidades y mejoran vidas. Se espera que esta financiación beneficie a más de 200 mil niños en todo el mundo.

Desde su creación en 1994, HFF ha contribuido con más de 60 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro en más de 60 países, entre ellas instituciones educativas, hospitales, orfanatos y organizaciones comunitarias, ayudando a garantizar que los niños y las familias tengan acceso a alimentos nutritivos, educación y los recursos necesarios para crecer y desarrollarse plenamente. s en situación de vulnerabilidad.

En ese marco, la experiencia de Por los Niños Uruguayos se suma a una red internacional de iniciativas que buscan brindar y apoyar a una nutrición de calidad y generar oportunidades sostenibles, demostrando cómo una alianza local puede formar parte de un impacto global.

Acerca de Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) es una compañía, comunidad y plataforma de salud y bienestar que ofrece productos de nutrición y una oportunidad de negocio atractiva para Distribuidores Independientes desde 1980. La Compañía ofrece productos de calidad con respaldo científico a consumidores en más de 90 mercados, disponibles a través de la red de Distribuidores Independientes, que son emprendedores que ofrecen acompañamiento personalizado y una comunidad de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más activo y saludable.

Para más información, o si están interesados en adquirir los productos, así como en conocer más sobre la oportunidad de negocio independiente que ofrece Herbalife, pueden visitar la página www.herbalife.com

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Sobre el colectivo Cincuentones
El colectivo se constituyó para agrupar a los trabajadores afectados por la normativa que modificó el régimen previsional en Uruguay a partir de 1996 (Ley N.º 16.713) y que luego, mediante la Ley 19.590, se les permitió volver al sistema BPS, pero con una detracción del 10 % en la asignación inicial de jubilación. El principio que anima su reclamo es la igualdad de trato para quienes realizan iguales aportes al sistema previsional.

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Viernes 10 de Abril a la hora 11:00 en la Antesala de la Cámara de Representantes.

Organiza Diputado Felipe Schipani (Partido Colorado).

Ahora bien, a nivel general, ¿cómo podríamos definir la “Justicia Terapeútica?

La justicia terapéutica es un enfoque interdisciplinario que analiza el impacto de las normas, procedimientos y actuaciones judiciales en el bienestar emocional y psicológico de las personas. Busca humanizar el derecho, actuando como un agente terapéutico que prioriza la rehabilitación y la reinserción sobre el mero castigo, especialmente en casos de adicciones y salud mental.

Características y objetivos clave:

Enfoque en adicciones y salud mental: Aplica alternativas al encarcelamiento para delitos menores vinculados al consumo de sustancias o problemas de salud, tales como los Tribunales de Drogas.

Cambio de paradigma: Pasa de una justicia punitiva a una justicia restaurativa y colaborativa que busca «curar» y reintegrar.

Equipos interdisciplinarios: Fomenta la colaboración entre jueces, fiscales, abogados y profesionales de la salud, incluyendo la figura del «theralegal».

Impacto psicológico: Considera la actuación judicial (por ejemplo, el trato del juez) como una herramienta que puede tener efectos terapéuticos o antiterapéuticos.

Origen y aplicación:

Surgió en la década de los 90, inicialmente centrada en la salud mental y luego expandida a otras áreas, siendo clave su implementación en México (desde 2009) y con avances en Colombia, Argentina y otros países de Latinoamérica.

Implica una supervisión judicial continua del tratamiento del infractor.

El objetivo final es lograr acuerdos y soluciones que promuevan el bienestar de la comunidad, reduzcan la reincidencia y humanicen la interacción dentro del proceso judicial.

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Compartimos invitación a la reunión informativa sobre cooperativismo de vivienda a realizarse en Fray Marcos.

Se trata de una instancia abierta orientada a brindar información sobre la modalidad de cooperativas de vivienda, sus características generales y el proceso de conformación.

Jueves 9 de abril a las 19:00 horas.

Club Social Centenario (Calle Lavalleja s/n – Fray Marcos)

La jornada incluirá presentaciones institucionales y un espacio de intercambio con las personas interesadas.

La actividad se realiza en el marco del Programa de Desarrollo Territorial de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP).

Organizan: Municipio de Fray Marcos y CUDECOOP a través de la Mesa Intercooperativa de Florida.

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