Las denominadas “ciudades inteligentes” son modelos urbanos que incorporan tecnología, conectividad y análisis de datos para mejorar la calidad de vida de las personas, optimizar los servicios públicos y hacer más eficiente el funcionamiento de las ciudades. A través de sensores, inteligencia artificial, plataformas digitales y sistemas automatizados, estas ciudades buscan gestionar de mejor manera aspectos como el tránsito, la seguridad, el consumo energético, el transporte público, la recolección de residuos y el cuidado ambiental.

El concepto de ciudad inteligente no se limita únicamente a la tecnología. También implica una nueva forma de planificación urbana centrada en la sostenibilidad, la inclusión y la participación ciudadana. En ese marco, muchas ciudades del mundo están impulsando proyectos vinculados a energías renovables, movilidad eléctrica, edificios eficientes y digitalización de trámites y servicios.

Entre los países que más han avanzado en este modelo se encuentran Singapur, considerado uno de los principales referentes mundiales por su integración tecnológica urbana; Corea del Sur, con desarrollos como Songdo; Japón, que promueve ciudades sustentables y resilientes; y varios países europeos como España, Países Bajos y Dinamarca, donde se aplican políticas vinculadas al transporte inteligente, eficiencia energética y planificación urbana ecológica.

En América Latina también comienzan a consolidarse iniciativas de este tipo en ciudades de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, especialmente en proyectos vinculados a digitalización de servicios, movilidad y sostenibilidad urbana.

Proyecto de Ley

En Uruguay, el diputado Luis Repetto (Partido Colorado) presentó un proyecto de ley que impulsa la promoción y desarrollo de las denominadas Ciudades Inteligentes.

“Queremos presentar ante el parlamento de la República, más que un proyecto de ley, un propósito, una firme intención para promover e impulsar desde esta casa de las ideas y de la acción, de lo que somos capaces como nación para superarnos y apuntar a la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expresa Repetto.

A su entender “nuestro país puede hacerlo, así como lo hacen los países que están a la vanguardia mundial en cuanto a desarrollo integral y bienestar, con comunidades urbanas ordenadas, eficientes, seguras, en donde sus ciudadanos conviven en armonía y en paz. Si hace 100 años fuimos un país modelo y ejemplo en el mundo entero, podemos ser nuevamente ese país del sur de América al que el mundo entero admiraba, demos un salto cualitativo que es más que posible”.

Para el parlamentario por Canelones “es esta una ardua y trabajosa empresa para la cual todos en esta sala estamos preparados, tanto en compromiso como en acción. Por esta casa pasaron cientos de hombres y mujeres de la más diversa ideología política, que con sus coincidencias y discrepancias construyeron este gran país, se arriesgaron y animaron a grandes cosas que hoy todos nosotros disfrutamos”.

Repetto sostiene que “hoy es nuestro tiempo, hoy le debemos a nuestro pueblo todo el esfuerzo, toda nuestra voluntad, nuestras mejores ideas, nuestro coraje para emprender, pero sobretodo le debemos mostrar y demostrar, que somos capaces de unirnos tras un gran objetivo, que somos capaces de entendernos para sacar adelante aquellos proyectos que son superadores y que trascienden a nuestras ricas y diversas ideologías, que muy por encima de ellas está lo esencial de una sociedad, porque el centro de nuestro esfuerzo tiene que estar siempre enfocado en mejorar la calidad de vida de toda nuestra comunidad. ¿Quién, si no el parlamento de la República? ¿Quién, sino este cuerpo representativo en el que nuestros conciudadanos depositaron todos sus sueños y esperanzas puede emprender tal desafío con coraje y convicción? Hagamos algo superador, ya es hora”.

Fundamentos y diagnóstico

Considera que “la evolución de las tecnologías de la información y la necesidad de construir ciudades más inclusivas, sostenibles, eficientes y resilientes demanda una transformación estructural en la planificación urbana”.

El concepto de ‘ciudad inteligente’ -estima- “implica la integración de tecnologías digitales, gestión sostenible, participación ciudadana y políticas públicas orientadas al bienestar general”.

Objeto y propuesta normativa

El presente proyecto “establece un marco legal para la creación, desarrollo y promoción de ciudades inteligentes en todo el territorio nacional, mediante políticas públicas, inversiones tecnológicas, marcos regulatorios e incentivos”.

Viabilidad y oportunidad

Para Repetto “el país cuenta con capacidades técnicas, institucionales y académicas para impulsar el desarrollo de estas ciudades. Existen experiencias exitosas en ciudades desarrolladas en todo el mundo que pueden ser replicadas y escaladas a nuestras ciudades. En este sentido, hemos identificado ciudades que reúnen las condiciones necesarias para iniciar el proceso y valorar resultados”. Por tanto, “todas las capitales departamentales tienen núcleos urbanos bien delimitados, poblaciones numerosas y espacios públicos bien identificados con potencial de transformación en forma rápida y eficaz, entre otras características, que se ajustan a esta iniciativa”. Por otro lado -sostiene el legislador del PC- y a modo de ejemplo, “hay otras ciudades de importancia estratégica en la zona metropolitana que pueden ser tomadas como plan piloto, a saber: Pando, Atlántida, San jacinto, Suárez, entre otras, en el Departamento de Canelones, que por sus características resultan idóneas para impulsar este proyecto de implantación y medición de resultados”.

Impacto previsto

Generación de empleo, modernización urbana, eficiencia energética, reducción de emisiones, fortalecimiento del vinculo entre ciudadanía y Estado, acceso equitativo a servicios digitales, mejora en la movilidad, segundad y promoción de identidad y pertenencia ciudadana, con foco en la inclusión integral, destaca. Compatibilidad constitucional y normativa

Asimismo, “esta ley es compatible con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por Uruguay (agenda 2030) en materia de desarrollo sostenible, derechos humanos, equidad, justicia social y medio ambiente”.

En Uruguay, “la Constitución es clara al establecer que el Estado tiene la obligación de proteger y promover la segundad y el bienestar de quienes vivimos en el país. No se trata solo de un compromiso político o moral, sino de un mandato constitucional que atraviesa varios artículos de nuestra Carta Magna”.

Según Repetto, “a modo de ejemplo citaremos algunos artículos de nuestra constitución que están en línea con el espíritu de este proyecto de ley, en tanto hacen a la calidad de vida de los ciudadanos.

Artículo 7º: Establece que todas las personas tienen derecho a que se les proteja en su vida, su libertad, su trabajo, su seguridad y su propiedad. Por tanto, el Estado debe actuar siempre para cuidar a los ciudadanos, no solo frente al delito, sino garantizando condiciones dignas para vivir.

Artículo 44: El Estado tiene que tomar decisiones para mejorar la salud y el bienestar físico, moral y social de la población, por otro lado, deja en claro, que cuando una persona no cuenta con los recursos, el Estado tiene que asistir de forma gratuita. Reflexionando sobre este artículo, diremos que no alcanza con proveer un refugio transitorio, asistencia económica, alimentación y servicios de salud, lo deseable consiste generar herramientas que impulsen al individuo a la superación, desde su esfuerzo personal, para mejorar su calidad de vida y con ello contribuir al bienestar general.

Artículo 45: Todos tenemos derecho a una vivienda digna, y que el Estado debe ayudar a que eso sea posible.

Artículo 53: Establece que el trabajo debe estar protegido por la ley y que el Estado debe crear oportunidades para que la gente pueda ganarse la vida. En este sentido, este proyecto de ley, tiene entre sus cometidos, impulsar la generación de trabajo, oportunidades y prosperidad, con una mirada en el largo plazo.

Casos de éxito en el mundo

Por último, concluye Repetto, “se destaca que este proyecto puso su mirada en experiencias de casos de éxito a nivel mundial como los que se describen a continuación”.

Y expone:

“Las ciudades inteligentes, o smart cities, representan modelos exitosos de desarrollo urbano, al integrar tecnología para mejorar la calidad de vida, optimizar recursos y gestionar de forma eficiente los servicios públicos. Zúrich (Suiza), Oslo (Noruega) y Canberra (Australia) son ejemplos destacados que lideran los rankings globales gracias a su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el bienestar ciudadano.

Estos casos muestran los beneficios concretos del modelo de ciudad inteligente:

• Integración tecnológica, mediante sensores, redes de Internet de las cosas (loT, sensores, cámaras, medidores, electrodomésticos, vehículos, etc.), aplicación de Inteligencia Artificial y plataformas de datos para una gestión en tiempo real y toma de decisiones informadas con resultados, eficientes y eficaces.
• Sostenibilidad ambiental, con movilidad eléctrica, energías renovables, gestión de residuos sustentable y una reducción significativa de la huella de carbono.
• Mejora de la calidad de vida, al optimizar servicios, fomentar la participación ciudadana y ofrecer espacios públicos seguros y accesibles. Lo que garantiza una inclusión social integral.
• Desarrollo económico, generando innovación, atracción de inversiones, recursos financieros, humanos y materiales, y consecuentemente nuevas oportunidades laborales.
• Disminución del delito, con el consecuente aumento de la seguridad pública y el consecuente aumento de la confianza de la población en el accionar del Estado. Estas ciudades reflejan cómo el uso estratégico de la tecnología puede transformar los entornos urbanos en espacios más eficientes, inclusivos y resilientes, donde las personas quieren estar, desarrollarse y tener una mejor calidad de vida.

El proyecto pasó a estudio de la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes.

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La iniciativa corresponde al diputado Gabriel Gianoli (Partido Nacional).

El texto: “Se solicita al Poder Ejecutivo considere la reducción de la tasa de IVA a los edulcorantes utilizados por pacientes diabéticos y en dietas de pacientes con pre diabetes; llevándolos a la tasa del 10%, la misma que el azúcar; generando así un alivio económico para aquellas personas que por su enfermedad deben optar por esta alternativa”.

En la exposición de motivos, Gianoli manifestó que “de las recomendaciones dietéticas más importantes que se hacen a los pacientes diabéticos es la de evitar el consumo excesivo de azúcar. Los edulcorantes han mejorado la calidad de vida de muchas personas con diabetes; e incluso son recomendados en el tratamiento de la dieta en personas con pre diabetes”.

En nuestro país “el azúcar cuenta con una tasa de IVA del 10% debido a que integra la canasta básica, la diferencia de impuesto entre ambos productos genera discriminación a las personas que padecen esta enfermedad ya que la sustitución de azúcar es por razones de salud”.

Según Gianoli “es nuestra intención plantear a las autoridades del MEF una minuta de comunicación referida a llevar el IVA de los edulcorantes a la misma tasa del 10%, elemento que generará un alivio económico para aquellos pacientes diabéticos que deben buscar una alternativa”.

*Se trata de un proyecto de resolución en lugar de un proyecto de ley por tratarse de una modificación tributaria, cuya única potestad corresponde al Poder Ejecutivo.

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La rebaja del costo del Estado redunda, como un principio teórico, en un beneficio para el conjunto de la población, en la medida, que el propio Estado disminuye su afán recaudador para cumplir sus fines.

Cuando esa rebaja del costo del Estado se aplica a comercios y pequeñas empresas, implica un mayor desarrollo y la eventualidad de mayor empleo.

Días atrás, el senador Sergio Botana (Partido Nacional) presentó un proyecto de ley por el cual se propone eliminar la tarifa comercial de OSE para las Pymes que incluyan pequeños comercios, pequeñas empresas de servicios y pequeñas industrias.

“La OSE no tiene que hacer ninguna inversión especial, no tiene que asegurar ningún volumen de agua especial, por lo tanto, son abastecimientos idénticos a la de todas las casas de familia”, afirmó Botana.

Por tanto, agregó el legislador de Alianza País, como consecuencia “la OSE cobra una tarifa desmedida, atentando contra toda posibilidad del trabajo de la gente”.

La iniciativa

Artículo 1. El cargo fijo y el cargo variable que componen la tarifa del servicio de agua potable para comercios minoristas de bienes y servicios, con consumo mensual de hasta 30 m3, no podrá estar por encima del valor aplicado a los usuarios residenciales, cuando ambos tienen igual diámetro de medidor, igual tipo de conexión y reciben la misma disponibilidad del servicio.

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Fuente Imagen: Parlamento.

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La actividad estará a cargo de Nahuel González Frugoni, especialista en algoritmos y datos, quien abordará cómo estas herramientas inciden en la construcción de percepciones, su potencial para amplificar y manipular discursos, y su impacto en la difusión de contenidos de odio y antisemitismo en redes sociales.

Como parte central de la propuesta, se realizará una demostración en vivo, que permitirá observar en tiempo real cómo operan estos mecanismos y de qué manera pueden modificar la percepción colectiva.

El encuentro tiene como objetivo brindar a los asistentes herramientas concretas para identificar, analizar y comprender estas dinámicas en el entorno digital contemporáneo.

El resultado: salir con herramientas concretas para leer el mundo digital con otros ojos. Menos ingenuos. Más críticos.

Martes 5 de mayo. 19:00 horas.
Anexo del Palacio Legislativo, Sala 17.
Actividad gratuita con inscripción previa obligatoria (cupos limitados).

Link de inscripción: https://forms.gle/uVeuCVdFyFuJdorN7

Sobre el expositor

Nahuel González Frugoni es Co-Director de BILAT y miembro del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Ha realizado estudios en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en áreas vinculadas a algoritmos simples y cuánticos así como en finanzas cuantitativas. Forma parte del grupo de investigación en finanzas cuantitativas y algoritmos de RCB capital markets. Su formación es en matemáticas puras en la UDELAR

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 La apertura del encuentro contará con la participación del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, el director de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, Ernesto Fernández, la directora de Derechos Humanos, Nilia Viscardi, y de la especialista del Programa para Educación de Unesco, Zelmira May.

En esta oportunidad, se presentará un audiovisual de la campaña y se proyectarán piezas audiovisuales producidas a instancias de la campaña.

El encuentro contempla además la intervención de estudiantes participantes en el proceso de construcción de la iniciativa, quienes reflexionarán sobre su experiencia.

Por su parte, Matías Ponce de Unesco, destacará el aporte de los jóvenes a la construcción de la convivencia y la promoción de la participación.

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“Nadie en nuestros países mira a las fronteras como un espacio de oportunidades, por lo cual, deberíamos concentrar los fondos estos del FOCEM en el beneficio de ese espacio transfronterizo y en fortalecer nuestro cordón transfronterizo entre los países que es lo mismo que fortalecer nuestra convivencia”, afirmó en su ponencia en el Parlamento del MERCOSUR, el senador del Partido Nacional.

En su exposición el legislador de Alianza País manifestó que “el FOCEM ha sido un programa que los que conocemos las fronteras de nuestros países y que hemos disfrutado de la obra pública, de la inversión en materia de carreteras, de puentes, de líneas eléctricas, de proyectos de conversoras de energía, etcétera, , nosotros sabemos el valor que tiene este programa”.

“Por lo cual, debemos, alentar la negociación de un nuevo tramo del programa, en el año 2025 se debió haber empezado y que deberíamos los países más beneficiados, tener la disposición. Que la participación de los países que ponen más plata, es decir, Brasil y la Argentina, sea mayor a las que hoy les corresponde, cuando hagan los proyectos en frontera”, estimó.

Fundamentó que “las fronteras son el espacio en donde reina a ilegalidad, donde reina la incertidumbre, donde reina la desazón, donde nadie en nuestros países mira a la frontera como un espacio de oportunidades”.

A su entender “hemos visto con estas platas, cosas que no tienen nada que ver con el fortalecimiento común de nuestros países, programas para que cobren consultores, cosas que no son las que se pensaron cuando se diseñó este mecanismo».

Fuente Imagen: Parlamento del Mercosur.

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En esta edición, el Premio rinde homenaje a dos figuras fundamentales del arte uruguayo: Clemente Padín (1939-2025) y Ernesto Vila (1936–2025), cuyas trayectorias marcaron de forma decisiva el desarrollo de las artes visuales contemporáneas en Uruguay, desde lenguajes experimentales, conceptuales y profundamente comprometidos con su tiempo.

Esta convocatoria, dirigida a artistas de todo el país —individuales o colectivos—, mantiene su vocación histórica de visibilizar la diversidad de prácticas artísticas contemporáneas, sin restricciones de lenguajes ni enfoques. Pero además, introduce un hito sin precedentes en la historia del Premio; por primera vez, las y los artistas seleccionados recibirán un apoyo económico para la producción y el montaje de sus obras, consolidando una política pública que reconoce no solo el resultado, sino también el proceso creativo.

En concreto, se otorgarán hasta 30 contribuciones de $40.000 destinadas a acompañar la realización de las obras seleccionadas, fortaleciendo las condiciones materiales de producción y ampliando las posibilidades de experimentación artística.

Un premio que crece en alcance y sentido

El 62.º Premio Nacional reafirma su estructura de reconocimientos con los tradicionales Premios Adquisición MEC, por un total de $950.000, distribuidos en Gran Premio, Primer, Segundo y Tercer Premio. A ello se suma el Premio de Pintura Julio Alpuy, otorgado por la Fundación homónima, por un monto de $150.000.

Las obras seleccionadas integrarán una exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), instancia clave para la visibilidad pública y la evaluación final por parte del jurado.

Curaduría y experiencia expositiva

En línea con el fortalecimiento conceptual del Premio, esta edición incorpora una dimensión curatorial específica a cargo de Fernando López Lage, quien desarrollará la propuesta expográfica y de mediación. La curaduría buscará trascender la lógica de exhibición acumulativa, proponiendo relaciones, diálogos y recorridos entre las obras, así como estrategias de mediación que amplíen el acceso y la experiencia de los públicos.

Sobre el jurado

El jurado estará integrado por:

Andrea Filkenstein (Uruguay)
Diego Focaccio (Uruguay)
Hélio Menezes (Brasil)

Su trabajo se desarrollará en dos etapas: selección de hasta 30 obras y posterior adjudicación de premios.

Participación

Podrán participar artistas individuales y colectivos, personas uruguayas —naturales o legales— y personas extranjeras con residencia legal definitiva en el país, mayores de 18 años.

La inscripción y los plazos, que varían según la modalidad y la categoría, están definidos en las bases de la convocatoria

Consultas 

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente a las 13 h del 8 de julio de 2026.

Bases – premiosnacionales@mec.gub.uy

Soporte informático – culturaenlinea@mec.gub.uy

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El evento se propone ser un espacio de intercambio académico y técnico para investigadores, profesionales, tomadores de decisión, activistas y personas con experiencia vivida, dedicados al abordaje de la situación de calle a nivel regional y global.

Para ello, se invita a participar de este encuentro a través del formato de presentaciones de resultados de estudios, investigaciones aplicadas, sistematizaciones de experiencias de intervención, políticas públicas u otros temas de interés en situación de calle, tesis de pregrado y posgrado, u otros tipos de trabajos que contribuyan a la reflexión sobre la situación de calle en América Latina.

Líneas temáticas para salas y presentaciones

1. Aportes teóricos y metodológicos sobre la situación de calle.
2. Análisis comparados en ciudades y países latinoamericanos.
3. Políticas públicas para personas en situación de calle.
4. Experiencias de intervención desde la academia.
5. Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.
6. Migración y situación de calle.
7. Cambios urbanos, territorialidades y movilidades.
8. Mujeres en situación de calle
9. Género y diversidades en situación de calle
10. Niñez y juventud en situación de calle.
11. Envejecimiento y situación de calle.
12. Salud y situación de calle.
13. Muerte y violencias en contextos de situación de calle.
14. Narrativas y experiencias de personas en situación de calle.

Las postulaciones se realizan a través del sitio web de la Conferencia (clic aquí).

Acceder a la convocatoria (clic aquí)

Situación en Uruguay

A nivel mundial el fenómeno de las personas que viven en situación de calle y el sinhogarimo, crece. Uruguay no es la excepción.

El ministro Civila (MIDES) ha puntualizado: «Una persona que ingresa al sistema un día no es necesariamente una persona que está en situación de calle hoy; es una persona que pudo haber necesitado esa respuesta porque la desalojaron de la vivienda, porque tuvo un problema intrafamiliar y no tenía otro lugar a donde ir, porque un trabajador zafral necesitó una respuesta particular durante un corto período; eso se da y se da mucho en el sistema. Entonces, cuando hablamos de las 13.500 personas no estamos hablando de personas en situación de intemperie, y tampoco estamos hablando en todos los casos de personas que han permanecido en el sistema por un largo tiempo; hay personas que han permanecido poco tiempo. Hay 13.500 que atiende el sistema y 8.500 las plazas disponibles -aprovecho para responder la pregunta-, que no están siempre completas todas, y que incluye centros de contingencia, de emergencia y respuestas veinticuatro horas de distinto tipo. Siempre estamos hablando de plazas con alojamiento. Entre esas 8.500, que necesitan una respuesta del Estado permanente para no estar a la intemperie, y las 13.500 que atiende el sistema, esa brecha, en parte, explica la situación de intemperie No quiere decir que las personas no hayan entrado al sistema alguna vez, pero si nosotros hoy quisiéramos dimensionar el problema a partir de los datos que tenemos, debemos tomar en cuenta esta brecha que existe entre las atenciones y la gente que efectivamente puede permanecer allí.

Pagos atrasados

En medio de esta dinámica, y luego de anunciarse con bombos y platillos lo que promueven como una mejora en la estrategia a esta temática, y cuando ya ingresamos a las temperaturas ambientales bajas, una situación más que llamativa: el atraso de las partidas del Mides dirigidas a las ONGs que trabajan en territorio con distintos dispositivos -por ejemplo, refugios- que tienen como consecuencia el atraso en los salarios de los trabajadores que cumplen con tan importante función social. «El Mides no paga» y «Quien cuida a los que cuidan» son algunas de las consignas que se han levantado desde estos colectivos.

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La actividad se realizará el viernes 24 de abril, a hora 11:30,  en el Club Rampla de Risso, ubicado en en la calle 13 esq. Calle 7, de esa localidad. Participarán, el presidente de Mevir, Andrés Lima, autoridades departamentales y locales.

Mediante este acto, las familias pasarán a ser titulares de sus viviendas luego de haber cumplido con sus derechos y obligaciones como participantes de Mevir.

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