Carballo definió a la IA como “una revolución tecnológica por su creación multimedia que parecía única del ser humano” y reflexionó sobre las oportunidades y desafíos vinculadas a los derechos de autor y al uso de publicaciones y obras para su entrenamiento y funcionamiento. 

Asimismo, el parlamentario describió tres aspectos esenciales de la iniciativa: el uso de las obras protegidas debe contar con previa autorización de los autores; cuando exista provecho comercial de las obras debe existir una justa compensación al creador e incorporar mecanismos de transparencia. 

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Durazno fue una de las ciudades seleccionadas para integrar este programa, que tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de las nuevas generaciones frente a los desafíos del cambio climático, brindando recursos para transformar ideas en acciones concretas con impacto en la comunidad.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 24 años residentes en la ciudad de Durazno, quienes deberán presentar sus propuestas en equipos de al menos tres integrantes. Cada grupo contará con el patrocinio de una institución con personería jurídica, como centros educativos, clubes, organizaciones sociales, cooperativas, fundaciones o asociaciones civiles, sin que los participantes deban pertenecer necesariamente a dicha institución.

Los proyectos seleccionados podrán acceder a un financiamiento de entre 1.000 y 5.000 dólares estadounidenses, destinado a llevar adelante iniciativas que contribuyan al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible.

Las propuestas podrán abordar una amplia variedad de temáticas, entre ellas educación ambiental, gestión y valorización de residuos, economía circular, forestación y recuperación de espacios públicos, protección de la biodiversidad, eficiencia energética, uso responsable del agua, producción sostenible, movilidad sustentable, adaptación al cambio climático, innovación tecnológica con impacto ambiental y campañas de sensibilización y participación comunitaria.

Con este programa, el Gobierno de Durazno busca promover el liderazgo juvenil, incentivar la participación ciudadana y apoyar soluciones innovadoras desarrolladas por jóvenes que contribuyan a construir una ciudad más sostenible y resiliente, fortaleciendo además el trabajo conjunto entre las juventudes, las instituciones y el gobierno departamental.

En los próximos días se dará a conocer el cronograma de actividades, las bases de la convocatoria y los mecanismos de postulación para quienes deseen participar de esta iniciativa.

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Se presenta en este capítulo la distribución geográfica de los vínculos laborales a nivel de departamento donde se cumplen las funciones. Disponer de información de los recursos humanos con que cuenta el Estado a nivel territorial es importante para desarrollar e implementar las políticas públicas. Se cuenta con la información geográfica del 99,6% de los vínculos laborales.

En el departamento de Montevideo, exceptuando la categoría “itinerantes”, -que incluye a aquellos vínculos que prestan funciones en más de un departamento (ej. cuadrillas de AFE, coordinadores regionales)— y los vínculos en que el organismo no clasificó el departamento, se concentra casi la mitad de los vínculos laborales con el Estado (49,0%).

Los restantes vínculos se distribuyen en el interior del país, y sólo un 0,1% cumple funciones en el exterior.

En cuanto a la distribución según naturaleza del vínculo.

Al analizar la distribución de los vínculos según agrupación temática de organismos por departamento, se observa que en los 19 departamentos el grupo con mayor proporción de vínculos es Educación, Cultura y Deportes (varía entre 31% y 52%). En segundo lugar, se encuentra el grupo compuesto por “otros organismos” (incluidos Defensa, Industria, Energía y Minería y Comunicaciones entre otros) oscilando entre 13% y 32% según el departamento. Mientras que el grupo Gobiernos Departamentales oscila entre un 6% y 30%, Salud Pública lo hace entre un 7 y 18% y Seguridad tiene un peso relativo entre 5% y 16%.

La relación entre la proporción de habitantes de cada departamento y la proporción de vínculos laborales con el Estado no es lineal, sin embargo, los seis departamentos con mayor población (Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Colonia y Paysandú) son también los que tienen más proporción de vínculos laborales y los dos con menor población (Flores y Treinta y Tres) son los que tienen menor cantidad de vínculos con el Estado. Montevideo concentra el 37,2% de la población del país y el 49,0% de los vínculos laborales con el Estado. La cantidad total de vínculos laborales con el Estado en relación con la población total varía en los distintos departamentos entre un 5,1% (Canelones) y un 11,8% (Montevideo). Se debe tener en cuenta que aquí se están considerando solamente los vínculos que han sido clasificados por departamento por los respectivos organismos (98,9%), no se consideran quienes están sin clasificar, en el exterior ni aquellos que fueron informados como “itinerantes”.

Peso del empleo público

Si se analiza el peso del empleo público (teniendo en cuenta que se están comparando vínculos laborales con el Estado) en relación con la población ocupada, los departamentos con mayor peso del empleo público a diciembre de 2025 son Treinta y Tres (25,9%), Río Negro (22,9%), Durazno (22,6%), Montevideo (22,1%) y Flores (21,6%). Le siguen, Rocha (20,5%) y Lavalleja con (20,4%). En el otro extremo, los departamentos con menor proporción de vínculos laborales con el Estado en relación con su población ocupada son Canelones (10,0%), Maldonado (12,5%) y San José (14,1%)

DISTRIBUCIÓN DE VÍNCULOS EN MUNICIPIOS

Como forma de contribuir al conocimiento del proceso de descentralización territorial y las capacidades institucionales del tercer nivel de gobierno se relevan los vínculos de las intendencias departamentales discriminados por municipio. Durante este periodo se crearon nuevos municipios distribuidos de la siguiente manera: Canelones sumó dos nuevas alcaldías, al igual que las intendencias de Colonia, Lavalleja y Paysandú. Por su parte, los departamentos de Cerro Largo, Soriano y Tacuarembó incorporaron un municipio cada uno. El 18,63% del total de los vínculos de las intendencias departamentales cumple funciones en el ámbito municipal. Las Intendencias que tienen un mayor porcentaje de sus vínculos en municipios son Río Negro (33,56%), Artigas (33,11%), Soriano (27,49), Canelones (26,52%), y Maldonado (25,22%). Las que tienen menos son Rivera (3,35%), seguida por Lavalleja (4,38%), Salto (5,51%) y Florida (7,08%).

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Durante su intervención, destacó que garantizar el acceso a la vivienda implica también reconocer el derecho al hábitat, al arraigo y a la identidad de las comunidades, y anunció avances en distintas iniciativas que el ministerio impulsa junto a la Intendencia de Montevideo para las familias desalojadas de los conventillos Medio Mundo y Ansina durante la dictadura.

«Hablar de justicia reparatoria es reconocer que el acceso a la vivienda en nuestro país tiene una historia desigual, que las comunidades afrodescendientes han sido históricamente postergadas en el acceso a la tierra, a la vivienda digna y a la ciudad, y que el Estado tiene una responsabilidad activa para reparar esa desigualdad», afirmó la ministra.

En ese sentido, recordó el desalojo forzoso de las familias de los conventillos Medio Mundo y Ansina, en Barrio Sur y Palermo, durante la última dictadura, y señaló que ese episodio representó mucho más que la pérdida de una vivienda.

«Vivienda no es solamente una unidad habitacional; es el hábitat, es también todo lo que la rodea: el barrio, las redes vecinales, la identidad cultural y simbólica que una comunidad construye en un territorio. Eso fue precisamente lo que significó el desalojo de Medio Mundo y Ansina. A estas familias no solo se les quitó una casa, se les arrancó un barrio con el que tenían una identidad profundamente arraigada», expresó.

Paseyro sostuvo que las políticas de vivienda deben contemplar esa dimensión integral del hábitat y afirmó que la justicia reparatoria no puede limitarse a brindar una solución habitacional.

«No alcanza con dar una solución habitacional en cualquier lugar. Hay que pensar en el entorno, en el barrio, en lo simbólico y en lo identitario», subrayó.

La ministra indicó que ese enfoque forma parte del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029, que incorpora la equidad como uno de sus lineamientos centrales. También es parte del trabajo que desarrolla el ministerio para avanzar en el cumplimiento de la Ley N.º 19.122.

Durante su exposición también anunció avances en las acciones que el Ministerio de Vivienda impulsa junto al colectivo Volver a mi Barrio, integrado por familias afectadas por los desalojos de Ansina y Medio Mundo y por la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya.

En ese marco, informó que el ministerio y la Intendencia de Montevideo trabajan en un convenio que permitirá otorgar subsidios de alquiler para 12 familias, con una inversión de 7 millones de pesos.

Además, anunció una inversión de 40 millones de pesos para la refacción de dos padrones y la construcción de viviendas en un tercer padrón municipal en Barrio Sur, con el objetivo de que las familias puedan volver al barrio del que fueron desplazadas.

«Queremos acompañar con hechos concretos desde nuestra competencia», sostuvo.

Paseyro también adelantó que el ministerio trabajará junto a otras instituciones para transformar el predio de la exfábrica Martínez Reina —donde muchas de esas familias fueron alojadas bajo control militar tras el desalojo— en un sitio de memoria.

«Implica transformar un lugar que fue sinónimo de control y desarraigo en un lugar de reconocimiento. Es una deuda simbólica que tenemos pendiente y desde el ministerio vamos a trabajar para dar respuesta a esta demanda», señaló.

Al finalizar su intervención, la ministra remarcó que estas iniciativas forman parte de una política pública permanente.

«Estas son políticas de Estado, no acciones aisladas. El Mes de la Afrodescendencia es una oportunidad para visibilizar y compartir estos compromisos, pero desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial queremos explicitar que la justicia reparatoria es un compromiso permanente y que vamos a seguir rindiendo cuentas en cada espacio que corresponda», concluyó.

Por su parte, el director de Vivienda, Milton Machado, destacó la importancia de este anuncio, sobre todo teniendo en cuenta que julio es el Mes de la Afrodescendencia.

“Se está trabajando con la Intendencia de Montevideo, y con el Ministerio de Desarrollo Social para realizar un convenio para brindar subsidios para habitar esa zona”, indicó Machado.

Del total de los 47 millones de pesos, $40 millones se utilizarán para reparar y construir viviendas nuevas en predios de la Intendencia de Montevideo, mientras que los restantes $7 millones serán destinados a subsidios para esta población.

“Creo que es una contribución importante respecto a las políticas de vivienda y a favorecer a este sector de la población que hace mucho tiempo está esperando”, sostuvo el director de Vivienda.

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Para dar cumplimiento al art. 105 de la Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020, la Oficina Nacional del Servicio Civil solicita la información correspondiente al ingreso de las personas víctimas de delitos violentos. Todos los organismos obligados remitieron la información completa. Los datos revelan un total de 1.442 vacantes provistas, con dos ingresos de personas víctimas de delitos violentos. Las personas ingresadas son dos mujeres, ambas en la franja etaria comprendida entre 20 y 29 años. Si tenemos en cuenta aquellos organismos que ocuparon vacantes suficientes para al menos realizar un ingreso, alcanzar el cupo del 2% de las vacantes a ser cubiertas en el año hubiera representado el ingreso de 25 personas víctimas de delitos violentos. Fueron 56 los organismos (17 organismos del Estado y 39 Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatal) cuyas vacantes provistas no fueron suficientes para realizar ingresos de personas con víctimas de delitos violentos en 2025, por lo tanto, se considera que cumplen con el art. 105 de la Ley Nº 19.889. En lo referente a las convocatorias a concurso publicadas en Uruguay Concursa, durante el año 2025 hubo 4 llamados para cuatro puestos para esta cuota.

Perfil de la población víctima de delitos violentos en Uruguay.

Si bien no se encontraron investigaciones sobre el perfil de las víctimas de delitos violentos en Uruguay específicas para este caso, existen una serie de estudios que analizan la composición de los/as beneficiarios/as que recibieron la prestación ofrecida por el Banco de Previsión Social denominada «Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos». A los efectos del art. 105 de la Ley Nº 19.889 se considerarán víctimas de delitos violentos, al cónyuge o concubino de la víctima fallecida en ocasión del delito de homicidio intencional, los hijos legítimos, naturales y adoptivos de ambos sexos de la víctima fallecida en ocasión del delito de homicidio intencional siempre y cuando vivieran con la víctima y dependieran económicamente de la misma o tengan carencia de ingresos suficientes para su congrua y decente sustentación, el o los padres que tuviesen la tenencia, cuando la víctima sea un menor de edad siempre y cuando los hijos vivieran con el o los padres y dependieran económicamente de los mismos, las víctimas de violación, secuestro, lesiones gravísimas y trata de personas.

La Ec. Samira Hajjoul, en su informe sobre “Pensiones por delitos violentos” realizado en junio de 2017, menciona la predominancia de beneficiarias mujeres; entre los años 2013 y 2016 la cantidad promedio de mujeres beneficiarias fue de 76%, mientras que el promedio de hombres fue de 24%. En la evolución de la cantidad de beneficiarios por sexo entre estos años observa que el aumento en la cantidad total de beneficiarios fue de 45,3% respecto a 2013. Al 31 de diciembre de 2025, el Banco de Previsión Social indica que en promedio 325 personas cobraron pensiones para víctimas de delitos violentos (Ley Nº 19.039).

Información sobre ingresos

En este capítulo se presenta la información correspondiente al relevamiento del ingreso de personas víctimas de delitos violentos en todos los Incisos pertenecientes al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatal durante el año 2025, al amparo de lo dispuesto por el Art. 105 de la Ley Nº 19.889 de 9 de julio de 2020 y su Decreto reglamentario 106/021 de 13 de abril de 2021. Todos los organismos obligados por la normativa (todos los Incisos pertenecientes al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatal) enviaron la información correspondiente.

Los datos revelan que ingresaron dos personas víctimas de delitos violentos durante el año 2025, lo que representa un 0,18% del total de vacantes provistas en el año en los organismos obligados.

Según los datos informados las vacantes provistas en el año fueron 1.442. Alcanzar el 2% de las vacantes provistas para dar cumplimiento al cupo establecido por el art. 105 de la Ley Nº 19.889 hubiese representado el ingreso de 25 personas.

Las personas ingresadas son dos mujeres, en la franja etaria comprendida entre 20 y 29 años. Ambas se desempeñan en el Ministerio del Interior con tareas ejecutivas, mediante un contrato eventual (Decreto 165/021). En el relevamiento realizado se consulta sobre la cantidad de llamados a concurso realizados, la cantidad de puestos y la cantidad de convocatorias que contemplaron la cuota para el ingreso de personas víctimas de delitos violentos durante el año 2025.

Se registraron 4 llamados llamados a víctimas de delitos violentos en los gestionados por Uruguay Concursa para el año 2025, todos del Ministerio del Interior. Según la cantidad de puestos de los llamados gestionados y publicados en Uruguay Concursa se debió realizar 2 ingresos de personas víctimas de delitos violentos en el Ministerio de Defensa Nacional, 3 en el Ministerio del Interior y 1 en el Poder Legislativo.

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Los conceptos fueron realizados el pasado miércoles 24 en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes al exponer el organismo sobre la CANCELACIÓN DE ADEUDOS CON EL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL.

A modo de resumen, dijo Pardo “lo que nosotros siempre destacamos son dos conceptos grandes. Uno de ellos tiene que ver con el régimen por el que en general se cancela adeudos con los institutos previsionales, no solo con el BPS. Me refiero al Código Tributario, la Ley n.º 14306. Ese es el régimen general y permanente”.

Pero, a veces, indicó la jerarca “en función de la evolución económica o el contexto se requieren leyes especiales de regularización de adeudos que brinden instrumentos que faciliten la regularización, por ejemplo, a posteriori de un evento como pudo haber sido la pandemia. Esto en general no es así solo en el BPS, sino en todos los institutos previsionales. Como ustedes tienen allí en los antecedentes, el BPS tiene muchas leyes de regularización anteriores, y esto es con el mismo criterio. Igualmente, si uno mira los números de morosidad del BPS, advierte que han bajado en el tiempo; eso lo tienen en la presentación”.

En el último año, en 2025, el coeficiente de morosidad fue de 2,5 %, de los más bajos del período, por lo cual ustedes me podrían preguntar por qué la necesidad de esta ley. Básicamente, hay dos motivos”.

Al respecto, agregó: “El primero tiene que ver con que en función de cómo evolucionan los índices, a veces el Código Tributario es caro en relación a que uno pueda tener alguna deuda para regularizar. El otro tema -el principal- es que posterior a 2021 no hay ninguna ley especial de regularización y, por lo tanto, la norma que rige es el Código Tributario”.

En el Código Tributario, sostuvo Pardo “si uno tiene una pequeña empresa con dependientes, por ejemplo, los aportes de los dependientes no se pueden financiar, hay que pagarlos al contado. Y este es uno de los motivos por los cuales es importante tener siempre un instrumento de ley de regularización de adeudos, porque el tema de pagar al contado dificulta en general a las empresas que obviamente después que regularizan tienen que pagar lo que convinieron pagar y, además, la obligación corriente si es que siguen activas”.

“Equilibrio”

Asimismo, “lo otro importante a destacar es lo siguiente. Nosotros tenemos unas trescientas cuarenta mil empresas activas, de las cuales el 93% paga puntualmente sus obligaciones. Esto es bien importante porque las leyes de regularización de adeudos, además de brindar facilidades de pago para aquellos que quieran y puedan ponerse al día porque por un evento puntual se atrasaron, siempre tienen atención en cuidar los incentivos correctos en el sentido de no sobrecompensar a las personas que están atrasadas en función de las que pagaron al día”.

Por ello, “las leyes de regularización siempre cuidan ese equilibrio, en particular, además -esto yo siempre lo aclaro aunque parezca de Perogrullo- en lo que refiere a las deudas previsionales, porque esto no es como una deuda con un banco comercial. Muchas veces se trata de deudas de aportes de dependientes -no solo los aportes patronales o los de las personas que no tienen empleados-, y esos aportes dan lugar a beneficios, obviamente la jubilación, pero también otro tipo de beneficios porque estar afiliado a la Seguridad Social, aunque no tenga una financiación particular asignada, da lugar a seguro por desempleo, subsidio por enfermedad, etcétera”. Entonces, “no es como con un banco comercial, que dice: ‘Bueno, yo te debo 500.000, te pago 400.000 y quedamos a mano’. Siempre las leyes de regularización de adeudos prevén la conservación de los derechos y, obviamente, el pago que correspondía según la normativa vigente. Y eso tiene que ver con que en general la regularización de aportes personales de empleados dependientes es en condiciones más estrictas que lo que puede ser la financiación de los aportes patronales”.

Dicho esto, Pardo señaló: ¿cuáles son las virtudes que tiene esta ley y que entendemos que es bien necesaria? Desde ya les agradecemos muchísimo la celeridad con la que han atendido el tema, en particular en todo el cuerpo legislativo, pero también ustedes, porque realmente desde el año pasado estamos teniendo muchas demandas de los barrios, de las localidades del interior, de gente preocupada porque alguna solución de esta salga y haya una posibilidad de regularizar. Les comento que incluso no son solo empresas comerciales, como uno las puede pensar. Nosotros tenemos muchísimas asociaciones civiles involucradas”.

Al respecto “miro a la diputada porque en Cerro Chato tenemos un hogar de ancianos gestionado por la comunidad que está superpreocupado por conseguir una facilidad de pago y por ver si puede regularizar su situación porque cambió la comisión directiva, que obviamente era sin fines de lucro, y se encontraron con un problema viejo de adeudos y atrasos -están pagando la obligación corriente-, y quieren ponerse al día. Obviamente, esto, además de que ellos tienen interés, es sumamente importante por el fin que cumplen, porque allí, de nuevo, hay aportes de dependientes, de personas que cuidan a otras personas”.

Facilidades

Para la Presidenta del BPS “esta es una forma de mostrar cuál es la celeridad o la importancia de esta ley, y agradecerles nuevamente el tratamiento expeditivo que le han dado. ¿Cuál es la facilidad que tiene esta ley en relación a otras anteriores? Como ustedes ven allí en la presentación, nosotros tenemos hoy vigente una serie de normas. Históricamente las leyes de regularización de adeudos en el Banco de Previsión Social cubren hasta la fecha en que la ley se aprueba, pero siempre abarcan algunos períodos limitados en el tiempo de la deuda. Entonces, si, por ejemplo, nosotros miramos la diapositiva que dice ‘Antecedentes normativos’, vemos que tenemos la Ley n.º 19632, que hoy todavía está vigente; la Ley n.º 19942 y el artículo 11 de la Ley n.º 17963”.

Instrumentación

Puntualizó que “si hoy una empresa tiene deuda desde el año 1996 y se presenta al BPS, lo que nosotros tenemos que hacer es calcularle Código Tributario por los períodos en que no hay leyes especiales y, a cada uno de estos períodos, aplicarle la ley que corresponde. Esto suma, además, alguna dificultad, porque al ser leyes distintas puede pasar que la propia ley, en su normativa, tenga, por ejemplo, una cuota mínima. Entonces, esto va sumando costos adicionales. ¿Cuál es la idea con esta ley? Si bien se mantiene la posibilidad más conveniente para la empresa, que es lo que está en el artículo 11, es decir, si a la empresa le sirve más, existe el tema de tener que calcular por cada ley”.

Por ello “lla idea es que esta ley va a cubrir, hasta su fecha de promulgación, todas las deudas desde el año 1996 para acá. Entonces, eso facilita la conformación de un flujo de cuotas en mejores condiciones, que facilitan ponerse al día y regularizar.

La idea, de nuevo, es que esta ley, también como las anteriores, cubre hasta la fecha en que se aprueba, por lo cual, las deudas posteriores -y esto es lo otro importante para destacar- van a volver a estar por Código Tributario, salvo que estemos en la hipótesis del artículo en donde se cubre o se da la prerrogativa al Banco de Previsión Social, en el caso de empresas unipersonales que no tengan dependientes, de poder aplicar este mismo régimen en el futuro. Es la única posibilidad que queda abierta”.

“Pero siempre recordemos que las leyes de regularización especiales cubren deudas hasta la fecha en que se aprueban. Dicho esto, nosotros también pusimos en la presentación los resultados de las leyes anteriores para que ustedes vieran un poco cuál era la adhesión de las personas”, indicó Pardo.

Recordó que “nosotros tuvimos dos antecedentes recientes: el del año 2018 y el del año 2021-, en particular en el año 2021, es que hay un pico importante de regularizaciones o de pagos en el año en que sale la ley. Después hay una cierta cadencia de pagos o de convenios adicionales en los dos años posteriores, y luego ya aparece un flujo más normal, que es lo que uno podría esperar. Si nosotros analizamos los antecedentes normativos, esta ley trata de recoger lo mejor de cada uno, en términos de que se recoge aquello que ha ido dando resultado en el pasado de las leyes anteriores”.

En lo que refiere a la regularización de aportes personales de dependientes, “no hay innovación; es muy similar a los antecedentes que ya tenemos. Sí se prevé alguna cuestión más beneficiosa para los aportes patronales y de no dependientes. En la última diapositiva, se ve una comparación de lo previsto para los tres públicos o agregados que uno podría identificar en esta ley. Acá destacamos que hoy tenemos unas 4.200 empresas activas con deuda en el Banco de Previsión Social”.

De estas, dijo Pardo “el 91 % son micro y pequeñas empresas; o sea, hasta diecinueve dependientes. Esas son las que tendrían -la razón es, básicamente, el número de dependientes y el tamaño de la empresa- condiciones más favorables, en particular en términos de no tener cuota mínima y de estar eximidas del requisito de tener los tres pagos corrientes al día; y podrían, eventualmente, por el tipo de regularización que se plantea, acceder más fácilmente. De nuevo, recordemos que por el tamaño de estas empresas y considerando que, por su número de dependientes, estamos hablando de comercios chicos, importa mucho que el flujo de deuda que se contrae sea sostenible porque tienen que seguir pagando la obligación corriente. Luego, tenemos el resto de las empresas activas, que en realidad son el 9 %; son unas trescientas y pocas empresas”.

Dejó en claro que “muchas de ellas ya hoy pagan la obligación corriente, pero lo que están queriendo regularizar con esta ley es una deuda vieja. Y luego tenemos el resto de las empresas que tienen deuda con BPS y que no están activas, que son en el entorno de unas treinta y siete mil. Ese es el total de empresas con deuda, de las cuales cuatro mil doscientas están activas. Acá también corresponde aclarar que lo bueno que tienen estas leyes es que configuran un incentivo para quienes eventualmente hoy no están en el marco de regularización, y que también es una posibilidad de que se regularicen a través de esta ley de regularización de adeudos. Eso, obviamente, como es una cuestión más de evasión y no de morosidad, no está dentro del 5,2 % que decimos nosotros que es la morosidad del Banco, porque eso se calcula sobre lo que uno sabe que tiene que cobrar. Allí, lo que en general uno ve en estos casos es que muchas empresas se acercan a regularizar cuando existe una ley de facilidades de pago”.

La jerarca manifestó que “la mayoría, si ustedes lo ven por forma societaria, son empresas unipersonales. La idea es que si uno las mira por monto de deuda y por antigüedad de la deuda, también esta ley estaría abarcando a un gran número de empresas que, si bien representa un monto menor en términos de deuda, son bastantes las empresas que podrían regularizar, porque en general lo que se considera es que a menor antigüedad de la deuda, mayor probabilidad de regularización. Esto está asociado también con los intereses y los recargos que uno tiene cuando debe más. En principio, esto es todo lo que nosotros tenemos como detalle inicial”.

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Desde el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) advirtieron que muchas personas podrían estar perdiendo devoluciones, deducciones o créditos fiscales simplemente por confirmar la declaración sin verificar que toda la información esté correctamente reflejada.

Según el calendario de DGI, el plazo para presentar la declaración se extenderá desde el 29 de junio hasta el 31 de agosto.

«Muchas personas creen que la declaración jurada solo corresponde a empresas, pero también puede alcanzar a trabajadores dependientes, independientes, sean profesionales o no, y a personas físicas que obtienen determinadas rentas de capital”.

Desde el CCEAU señalaron que, “si bien las declaraciones cuentan con información precargada, las personas deberían asesorarse con un profesional en ciencias económicas, el cual cumple un rol clave para asegurar un cumplimiento correcto, evitar errores y no perder beneficios o deducciones a los que el contribuyente puede tener derecho”.

También desde el Colegio explicaron que hay personas que, aunque no estén obligadas a presentar la declaración, igualmente deberían revisar su situación, “ya que podrían tener derecho a una devolución o a computar beneficios que no siempre quedan plenamente reflejados en la información precargada», indicaron.

Según el Colegio, hay tres principales beneficios que los contribuyentes suelen perder por desconocimiento.

•⁠  ⁠Crédito por alquiler de vivienda permanente: quienes alquilaron una vivienda permanente durante 2025 pueden acceder, si cumplen las condiciones legales, a un crédito fiscal equivalente al 8% del alquiler anual pagado durante el año.

•⁠  ⁠Deducciones por hijos o personas a cargo: pueden computarse deducciones por hijos menores, hijos con discapacidad y otras personas a cargo. Para el ejercicio 2025, la deducción por hijo menor de edad equivale a 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales, mientras que para hijos con discapacidad asciende a 40 BPC anuales.

•⁠  ⁠Préstamos hipotecarios para vivienda: también pueden corresponder beneficios vinculados a cuotas de préstamos hipotecarios para vivienda única y permanente, cooperativas de vivienda y otros programas habitacionales.

“Los tres casos que deberían revisarse especialmente son el crédito fiscal por alquiler de vivienda permanente; las deducciones por hijos menores, hijos con discapacidad o personas a cargo; y las cuotas de préstamos hipotecarios, cooperativas de vivienda u otras situaciones vinculadas a vivienda única y permanente”, indicó la institución.

Desde el Colegio remarcaron que la información precargada es una herramienta útil, pero que no sustituye la revisión individual de cada situación.

“La principal recomendación es no confirmar automáticamente la declaración jurada con información precargada sin realizar una revisión previa”, señalaron, ya que “cada contribuyente puede tener situaciones particulares que inciden en la liquidación final del impuesto”.

En ese sentido, destacaron el papel de los profesionales en ciencias económicas, cuyo trabajo “brinda respaldo técnico, mayor seguridad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y permite verificar que se consideren correctamente los derechos, créditos y deducciones previstos por la normativa”.

“El CCEAU destaca que cumplir no es solamente presentar una declaración: es hacerlo en forma correcta, informada y responsable”, aseguran.

Para finalizar, el CCEAU recuerda que sus contadores afiliados cuentan con el respaldo de una institución comprometida con la actualización técnica, la capacitación continua y el ejercicio ético de la profesión, brindando a la ciudadanía una referencia de confianza al momento de buscar asesoramiento.

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Esta entrega forma parte de un proyecto mayor que significará una inversión de 20 millones de dólares y que alcanzará a más de 870 hogares y un total de 1.840 personas e incluye obras de infraestructura urbana, la construcción de más de 174 viviendas, mejoramiento de hogares existentes, acompañamiento comunitario, obras vinculadas a vialidad, saneamiento, red de agua potable, red eléctrica, mejoramiento habitacional y viviendas de realojo. Las obras fueron desarrolladas en conjunto con la Intendencia de Maldonado.

Durante la entrega estuvieron presentes la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el intendente de Maldonado, Miguel Abella; el director nacional de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci; el director de Vivienda de la IDM, Alejandro Lussich; el coordinador del Programa Mejoramiento de Barrios, Martín Delgado; autoridades locales y departamentales.

En su intervención, la ministra manifestó su alegría por estar entregando esas viviendas luego de un trabajo que comenzó en el período anterior y que se continuó durante este Gobierno junto con la Intendencia.

“Cuando asumimos nos comprometimos, entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, a agilizar el proceso para que esto sucediera. Y aquí estamos hoy entregando estas viviendas que es una restitución de derechos”, indicó la jerarca.

Destacó que el proceso es parte de una política de Estado que viene desarrollándose en el departamento desde hace muchos años y que ha posibilitado regularizar otros asentamientos a lo largo de estos años.

“Gobierno tras gobierno entendemos que esto es un derecho y que hay que continuar y seguir trabajando juntos, tanto el gobierno nacional, el gobierno departamental como el gobierno municipal”, aseguró la ministra y dijo que en este proceso, lo más importante es poner en el centro a la comunidad. “Cuando se da un proceso de regularización, tenemos la necesidad de fortalecer a la comunidad, de trabajar con la comunidad. Para este Ministerio y para este gobierno nacional, la gente está en el centro, y así nos van a encontrar en lo que queda de este proceso de regularización y de relocalización de Los Eucaliptus”. En cuanto a la inversión, indicó que el proyecto implicará un total de 20 millones de dólares.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, destacó que se trata de una entrega parcial de viviendas y que el plan incluye una mayor cantidad de soluciones habitacionales para los vecinos del barrio. “Agradecemos a los vecinos por la espera y que sepan entender que a veces hay algún contratiempo, pero que se está cumpliendo con lo que se había acordado”, sostuvo Abella.

En tanto, el coordinador del PMB, Martín Delgado, dijo que las obras que se están desarrollando en el lugar buscan que Los Eucaliptus pase a tener las mismas condiciones que otros barrios, como saneamiento, alumbrado, viviendas en condiciones y con instalaciones eléctricas adecuadas.

El objetivo, dijo, es continuar ampliando las obras y transformar el barrio. “El sentido de todo esto es cumplir derechos. Acá nuestro trabajo no es hacer un favor o dar una mano. Nosotros desde el ministerio estamos obligados a cumplir con la misión de hacer llegar los derechos. Trabajar en Los Eucaliptus es una obligación y un privilegio, porque vamos a poder completar este importante desafío. Hoy entregamos viviendas, pero sabemos que las viviendas son parte de la transformación de un barrio, y ese barrio es el que, junto con un gran equipo, hacen que las obras se concreten y que el acompañamiento social y el desarrollo comunitario sea posible”.

Por último el director de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, destacó el hecho de que pese al cambio de gobierno, las obras en el barrio continuaran como estaban previstas. “Es una señal de seriedad, de madurez de todo el sistema político del país, que mantiene las cosas que deben hacerse para el beneficio de toda la población”, sostuvo.

Según explicaron desde el MVOT, el proceso de entrega de las viviendas se viene realizando de forma gradual, en etapas. En el mes de marzo se entregaron las primeras 8. Esta modalidad, de acuerdo al ministerio, permite ordenar la operativa, acompañar de forma más cercana a las familias y fortalecer el proceso de apropiación del nuevo hogar.

En esa línea, el MVOT lleva adelante un proceso de acompañamiento social territorial sostenido, orientado a fortalecer la integración social y urbana del barrio. Es así que se han desarrollado instancias de acompañamiento a las familias involucradas en los procesos de realojo, atención de situaciones de vulnerabilidad social, orientación para el acceso a prestaciones y servicios, así como acciones de mediación y fortalecimiento de la convivencia barrial.

Asimismo, se han impulsado actividades comunitarias y espacios colectivos que buscan promover la participación de vecinos y vecinas, fortalecer las redes comunitarias y generar procesos de apropiación del territorio y de las mejoras urbanas realizadas.

Fuente Imagen: Mvot.

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La actividad, titulada “IA para la gestión pública: gobiernos locales que innovan y empresas que impactan”, se realizó en el Museo de Artes Visuales de Florida (MAVEA) y reunió a los intendentes de Durazno, Felipe Algorta; de Flores, Diego Irazabal; y la secretaria general de la Intendencia de Canelones, Sandra Safores, así como especialistas y representantes de empresas tecnológicas.

El encuentro fue organizado por la Intendencia de Florida, la Red de Innovación Local (RIL) y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, en el marco del Programa Ciudades por la Inteligencia Artificial Responsable (CIIAR Uruguay).

La participación de Enciso en esta jornada se da pocos días después de haber formado parte de una actividad internacional sobre innovación y nuevas tecnologías realizada en Buenos Aires, donde se abordaron experiencias de transformación digital y modernización de la gestión pública en distintos gobiernos de la región.

Durante la apertura del evento, el intendente expuso sobre el papel que puede cumplir la inteligencia artificial para mejorar los servicios que brindan los gobiernos departamentales y hacer más eficiente la gestión pública. En ese sentido, destacó la importancia de incorporar la inteligencia artificial en la gestión de los gobiernos departamentales, tanto para optimizar los procesos internos como para mejorar la atención y los servicios que se brindan a la ciudadanía.

El jefe comunal señaló que la inteligencia artificial debe ocupar un lugar relevante en la agenda de los gobiernos, permitiendo avanzar en herramientas que contribuyan a una mejor gestión, mediante el uso de estadísticas, paneles de control y sistemas de monitoreo que faciliten la toma de decisiones.

“Es un tema que no debe estar ausente en los gobiernos departamentales. En esta oportunidad, el objetivo fue poner el tema en la agenda y hablar de los instrumentos necesarios para una mejor gestión en lo interno, en las aplicaciones de las estadísticas, de la mejora de los paneles de control de la gestión, y lo más importante, el nexo de simplificarle al ciudadano un montón de trámites que hoy con la inteligencia artificial estamos ya poniéndolo en práctica con una experiencia piloto”, indicó Enciso.

En ese sentido, indicó que la Intendencia de Florida ya trabaja en diversas iniciativas vinculadas a la digitalización de procesos, como los expedientes electrónicos, los permisos de construcción en línea y otras gestiones que actualmente pueden realizarse a través de plataformas digitales.

Enciso destacó, además, que el gobierno departamental viene desarrollando experiencias vinculadas al centro de monitoreo y cámaras de vigilancia, así como nuevas herramientas estadísticas y de gestión, y señaló que la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial permitirá fortalecer estos procesos, haciendo más ágiles, eficientes y accesibles los servicios para la población.

Durante la actividad, el intendente integró el panel “Gobiernos Locales que Innovan”, junto a los intendentes de Flores y Durazno y la secretaria general de la Intendencia de Canelones. Allí compartieron experiencias y desafíos vinculados a la incorporación de nuevas tecnologías en la administración pública.

La segunda parte de la jornada estuvo enfocada en el aporte de las empresas tecnológicas al sector público. Participaron Carolina Esteves, directora de Neuratek; Pablo Richeri, CTO de IUGO; y Fabio Viera, director de AG Consultores, quienes presentaron ejemplos y oportunidades para aplicar herramientas innovadoras en la gestión estatal.

La actividad buscó generar un espacio de intercambio entre gobiernos y empresas para analizar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar los servicios públicos, optimizar procesos y acercar soluciones concretas a la ciudadanía.

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