La iniciativa forma parte del proyecto “Fortalecimiento del monitoreo de la transparencia de organismos del Estado y de las capacidades periodísticas para solicitudes de acceso a información pública” que lleva adelante CAINFO con financiamiento de UNESCO y cuya coordinación está a cargo de Daniel Lema, Carolina Molla y Pilar  Teijeiro.

El taller contará con una instancia de formación a cargo de los abogados Nicolás  Brener e Iván Luzardo quienes brindarán herramientas para preparar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la información pública. Además, se compartirá información acerca del trabajo de acompañamiento que se realiza desde CAINFO ante casos que se acude ante la justicia.

Durante el encuentro, está prevista una instancia de intercambio entre colegas que tendrá como disparador la presentación de dos experiencias a nivel nacional Se trabajará en conjunto para identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas.

El taller está dirigido a periodistas en ejercicio. Es gratuito y tiene previsto cubrir los costes de transporte desde cualquier punto del país. Además, se otorgará certificado de participación. Los cupos son limitados y es posible solicitar viáticos para pasaje y alojamiento.

El plazo para presentar postulaciones culminará el 24 de julio de 2022 a través del siguiente formulario: INSCRIPCIONES. 

• ¿Cuándo? Sábado 27 de julio entre las 9 a 13 horas
• ¿Dónde? – Centro Universitario Regional del Este. Av. Cachimba del Rey entre Bvar. Artigas y Av. Aparicio Saravia. Ciudad de Maldonado.
• Requisito: Ser periodista en ejercicio en Uruguay.
• Formulario de inscripción

 Más información: info@cainfo.org.uy
CAINFO –  José Enrique Rodó 1712 – Montevideo 

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La actividad se llevará a cabo en UNESCO-Edificio Mercosur (Dr. Luis Piera 1992), en horario de 9:30 a 13:15. La apertura estará a cargo del secretario del Consejo Directivo de CAinfo, José Imaz, acompañado por Rafael Sanseviero (FESUR) y Mariana Mas (OSJI) .

La jornada contará con la participación del relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza.

La actividad tiene por objetivo analizar el estado de situación del derecho de acceso a la información pública en el país, reflexionar sobre los avances y los desafíos planteados,  así como promover la discusión de posibles mejoras al marco regulatorio dirigidas a fortalecer el ejercicio de este derecho por parte de la sociedad en su conjunto.

Además de la participación del Relator Especial, el evento contará con la presencia de invitados internacionales, legisladores y del Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Dr. Gabriel Delpiazzo.

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Día: Lunes 8 de diciembre de 2014.

Hora: 10 y 30.

Lugar: 18 de julio 965 – 1er. Piso (sede de Federación Rural), Montevideo.

El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería (URUGUAY LIBRE) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) convocan una conferencia de prensa para informar de la sentencia del Tribunal de Apelaciones adoptada el viernes último que no hizo lugar al recurso del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y ratificó el fallo de 1ra. Instancia que ordenó entregar a Víctor Bacchetta la información solicitada sobre el proyecto de Aratirí.

El pasado 4 de noviembre iniciamos, al amparo de la Ley 18.381, una acción de acceso ante el Juzgado en lo Civil de 2do. Turno. El Juez Alejandro Martínez de las Heras falló el 10 de noviembre haciendo lugar a la acción y ordenando al MIEM entregar la información en un plazo de 15 días a partir de esa fecha. Sin embargo, el MIEM apeló esta decisión, por lo que la acción pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to Turno, que ahora dictó su sentencia.

Paralelamente al proceso en la Justicia, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), órgano autónomo creado por la Ley 18.381 para vigilar su aplicación, se pronunció el pasado 27 de noviembre confirmando la pertinencia del acceso solicitado por Bacchetta y que, al no haber respondido a favor ni en contra de la petición, el MIEM configuró el “silencio positivo” previsto en la ley que obliga al organismo demandado a brindar la información requerida.

En la conferencia de prensa informaremos de la resolución del Tribunal y evaluaremos las implicaciones de esta decisión para el futuro de los proyectos de inversión planteados en el país desde el ángulo de las evaluaciones ambientales, la transparencia de los procedimientos de la administración pública y la participación de la sociedad en las decisiones que le atañen.

Fuente Imagen: plus.google.com

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El premio a la Transparencia se instituyó a través de un decreto del Poder Ejecutivo y es entregado anualmente por la Presidencia de la República, la Unidad de Acceso a la Información Pública y AGESIC, a los organismos públicos estatales o no (sujetos obligados por la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública), que se destaquen a nivel nacional con las mejores experiencias y/o innovaciones relativas a la transparencia.

El premio pretende fomentar el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas como dos componentes esenciales de un gobierno democrático; además de reconocer el acceso a la información pública como un derecho fundamental de las personas.

Intervención urbana sobre Acceso a la Información Pública

El viernes 17 de octubre a las 12:30 hs. la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) realizará la primera intervención urbana en Plaza Independencia, en el marco del lanzamiento de la campaña sobre información Pública “El derecho es tuyo, el beneficio es de todos”.

Los objetivos de la campaña son sensibilizar y capacitar sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública como elemento que contribuye a la transparencia y a la construcción de ciudadanía.

De esta manera, y tras 6 años desde la promulgación de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública y la creación de la Unidad, el propósito es continuar avanzando en la consolidación de una cultura de transparencia y de acceso a la información pública, a través de acciones dirigidas a los ciudadanos, que promuevan este derecho.

Ley de acceso a la Información Pública:

La Ley 18.381de Derecho de Acceso a la Información Pública promueve la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, estatal o no, y garantiza el derecho de las personas a acceder a esta información.

Información pública es toda la que se genera o está en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones establecidas por la ley. Por lo tanto, toda la información que se encuentre en posesión de los organismos públicos puede ser solicitada a estos  de forma gratuita y se debe recibir una respuesta completa, veraz y adecuada en el plazo marcado por la ley de 20 días hábiles.

A través de una solicitud de acceso a la información pública o de la información publicada en los sitios web de los organismos, se contribuye con un mayor control y participación ciudadana y con la rendición de cuentas y transparencia de la gestión por parte de los organismos públicos

En caso de lluvia, se posterga para el lunes 20 de octubre a la misma hora.

Fuente Imagen: www.cecyteh.edu.mx

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La reforma que cuenta con media sanción consolida una nueva excepción al derecho fundamental de acceso a la información, permitiendo a los organismos públicos declarar reservada toda información que pueda “afectar un procedimiento de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva siempre que el otorgamiento del acceso a la información sea susceptible de favorecer presiones sobre la formación de la voluntad del órgano respectivo”. También introduce la posibilidad de declarar reservada información al momento de solicitarla. Crea además un régimen especial para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en régimen de libre competencia que impide a la Unidad de Acceso a la Información (UAIP) ordenar la desclasificación de la información por estos reservada.

Si se concretara la sanción definitiva de estas modificaciones aprobadas con el voto de la bancada del gobierno en Diputados, se colocaría al país al borde de incurrir en responsabilidad internacional, puesto que las mismas violentan un conjunto muy importante de normas, principios y estándares internacionales consolidados en el derecho internacional y por los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. A saber:

– La reforma ahora a estudio de la Cámara de Senadores violenta el principio de no regresividad que orienta la protección de los derechos humanos, en tanto consolida una rebaja en la tutela normativa anterior del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública, comprometiendo así la plena efectividad de toda la ley y en definitiva, del propio derecho.

Las modificaciones introducidas a la LAIP violentan asimismo el principio de máxima divulgación con fuerte tradición en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos (CADH) dispone en su art. 13 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, comprendiendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. En el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión estableciendo en el número 4º que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”. Asimismo, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” (Corte IDH, Claude Reyes. vs. Chile, 2006, Párr. 92).

– La reforma planteada violenta los límites al derecho a la información pública que resultan admisibles conforme el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo a lo preceptuado por el numeral 2° de esta norma, los límites tolerables deben estar dirigidos a asegurar “a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Ninguna de estas causales taxativas resultan reflejadas ni otorgan fundamento a las modificaciones introducidas por el Art. 36 de la Rendición de Cuentas a consideración ahora del Senado.

Finalmente pero no por ello menos trascendente, las modificaciones introducidas a la ley 18.381 resultan también de acuerdo al derecho interno de Uruguay claramente inconstitucionales desde el punto de vista formal y sustancial. Esto por cuanto, de acuerdo a lo que han señalado distintos expertos del país, el mecanismo de la Rendición de Cuentas no resulta la vía formal adecuada para introducir este tipo de reformas, tal como se desprende de los Art. 214 y 216 de la Constitución Nacional. Por otra parte, las modificaciones resultan arbitrarias en cuanto no responden a una “razón de interés general” que habilite válidamente la imposición de un límite admisible al derecho fundamental en juego (Art. 7, 29, 72, 82 y 332). En definitiva, la laxitud de la redacción dada a la nueva excepción al acceso a la información pública introducida por el Art. 36 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas con media sanción, no se ajusta en modo alguno a las disposiciones constitucionales y convencionales que preceptúan un régimen legal y estricto de excepciones para este derecho. Del mismo modo, la modificación introducida al mecanismo de clasificación de información, por el cual se le otorga a los organismos públicos la potestad de establecer una reserva en el momento en que reciba una solicitud de datos, resulta también una grave regresión respecto al estándar anterior que preveía que dicho mecanismo debía aplicarse al generarse la información o en forma previa para el caso de los documentos anteriores a la entrada en vigor de la ley.

Por último no queremos dejar de mencionar nuestra preocupación por las consecuencias que, la eventual sanción definitiva del paquete de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo, podría significar en cuanto al debilitamiento del órgano de control de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública.

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Coalición por una Comunicación Democrática

comunicaciondemocraticauy@gmail.com

http://comunicaciondemocratica.blogspot.com/

face: coalicion.comunicaciondemocratica

Reuniones: Sede APU, San José 1330

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La Primera Conferencia Regional de Datos Abiertos comenzó este miércoles 26 en Montevideo con la presencia de expertos internacionales -representantes de W3C Brasil, Banco Mundial, Red Gealc, CEPAL, Omydiar y DATA- y de los anfitriones uruguayos, prosecretario de Presidencia de la República, Dr. Diego Cánepa y el director ejecutivo de AGESIC, Ing. José Clastornik.

Clastornik dio la bienvenida y señaló que “los datos abiertos están en el ADN de AGESIC” y los antecedentes están plasmados en la Agenda Digital 2011, 2015: la interoperabilidad, la transparencia, la participación. El aumento de las iniciativas sobre datos abiertos habla del papel que juegan en una sociedad del conocimiento más inclusiva. “La discusión sobre datos abiertos tiene que ser sobre cómo cambiamos la cultura, es importante generar ámbitos como éste porque va a ser crítico en los próximos años”.

Cánepa comentó que “la Ley de Acceso a la Información Pública generó un cambio respecto al gobierno abierto y la sociedad de la información”. Dijo que existe una tendencia global hacia la transparencia, accountability y participación de la sociedad civil organizada.

“Nosotros estamos convencidos que uno de los errores más importantes es creer que el secreto nos protege y es exactamente al revés: ataca la esencia de la legitimidad del sistema”.

Cánepa explicó que la gente se empieza a sentir parte del Estado. “La gente tiene que creer que este es el mejor sistema”.

Comentó que AGESIC es un organismo nuevo que parece que “hace 3 décadas que existe” por todo lo que ha hecho. “Esta conferencia es una oportunidad de aprender cómo han avanzado en temas que Uruguay también quiere avanzar. “Uruguay no quiere perder su capacidad de aprendizaje”. “Lo más importante es que hay un compromiso político. Podría ser más fácil no generar estas instancias, queremos decir cosas y actuar en consecuencia”.“El Compromiso del Estado es estar más cerca de la gente; el poder se transfiere cuando se transfiere el conocimiento, cuando no se basa en la opacidad y en el secreto”, concluyó.

La conferencia continúa mañana en el Radisson Hotel. Están presentes periodistas extranjeros que utilizan los datos abiertos para realizar informes interactivos para sus respectivos medios.

Más información en http://confdatosabiertos.uy

Descargue la agenda del evento.

http://confdatosabiertos.uy/inicio/programa/agenda

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Participarán del evento el Prosecretario de la Presidencia de la República Dr. Diego Cánepa, el Director Ejecutivo de AGESIC Ing. José Clastornik y el Presidente del Consejo Ejecutivo de la UAIP Gabriel Delpiazzo.

Este premio -que se instituyó a través de un decreto del Poder Ejecutivo- es entregado a los organismos públicos estatales y no estatales, que se destacan en experiencias e innovaciones relativas a la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas. El propósito del premio consiste en identificar, reconocer y difundir a nivel nacional dichas mejoras generando una cultura de la transparencia por parte de los organismos y de los ciudadanos.

Participan del premio, todos los organismos sujetos al cumplimiento de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública que hayan presentado proyectos finalizados, que se encuentran en curso o que están en etapa de planificación. En la edición 2012- primera edición del premio- se presentaron 14 proyectos y 10 organismos.

Esta iniciativa se enmarca en una política de Gobierno Abierto, con acciones direccionadas a la promoción de la trasparencia y la participación ciudadana directa en los asuntos públicos, así como también en el combate a la corrupción.

Las categorías premiadas son:

• Transparencia activa: premia las acciones encaminadas a transparentar la gestión pública mediante la divulgación de información oficial por parte de las instituciones públicas de modo proactivo, a través de su sitio web.

• Transparencia pasiva: este rubro tiene como objetivo propiciar las iniciativas que mejoren el proceso de gestión de las solicitudes de acceso, tales como mejora en la documentación y la información interna, revisión y rediseño de procesos, la clasificación de la información, entre otras.

• Cultura de la transparencia: este rubro tiene como objetivo promover acciones tomadas en pos de un cambio cultural que permita la transparencia, tanto organizacional hacia el interior de las instituciones obligadas por la Ley de Acceso, como con relación a la sociedad en su conjunto.

• Archivos: este rubro tiene como objetivo fomentar las buenas prácticas tendientes a la conservación y disponibilidad de los activos de información.

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El texto es de autoría de la Dra. Laura Nahabetián Brunet, la que se destaca entre otras cosas como: Magister en Ciencias de la Legislación y Gobernanza Política. Diplomada en Teoría Política y Gestión Pública, en Relaciones Internacionales y Desarrollo Político Latinoamericano y en Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Consultada acerca de los motivos que la llevaron a escribir el libro , la autora dijo que la inspiró el tema porque “el acceso a la información pública es un elemento sustancial de los esfuerzos destinados a la reducción de la corrupción, el incremento de la responsabilidad gubernamental en la acción pública y a la construcción y fortalecimiento de confianzas en la particular relación ciudadano-gobierno”.

Señaló como fundamental “establecer que el derecho del ciudadano a ser informado corresponde la obligación de la Administración de informar con absoluta veracidad.”

Remarcó que “si bien no se trata de un tema novedoso, sí lo son el debate que se ha instalado en la comunidad latinoamericana y europea sobre el tema. Destacó como “avances” las disposiciones de algunos países en referencia a incluir normas claras sobre la apertura de archivos y la atención de solicitudes de información efectuadas por cualquier persona.

La obra se desarrolla en 12 capítulos que tienen como eje central la actuación de la administración, la transparencia, la rendición de cuentas y el análisis de los desafíos sobre el tema. El prólogo está escrito por el Lic. José Raúl Vaquero Pulido, Presidente de la Fundación Ciencias de la Documentación de España.

Departamento de Relaciones con la Comunidad: e-mail prensacss@parlamento.gub.uy

Tel: (0598  2) 924 95 72 Telefax: 401 61 51

Web del Parlamento: www.parlamento.gub.uy

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