SEÑOR CARDOSO (don Germán). Señor Presidente: vamos a comenzar por donde se ha terminado: me parece que se hace imprescindible analizar brevemente cómo han venido ocurriendo los hechos y, a partir de allí, sacar las conclusiones de cómo se ha actuado y con qué grado de profesionalidad desde el Poder Ejecutivo y la Cancillería.

A esta situación de firmar imperiosamente un acuerdo de intercambio de información tributaria con la Argentina hemos llegado en determinadas circunstancias.

En abril del año 2009 trascendió la noticia de que la OCDE nos había colocado en la lista negra: cabe recordarlo y señalarlo. El entonces Ministro de Economía y Finanzas del Gobierno de Tabaré Vázquez, Álvaro García, anunció que Uruguay se comprometía a cumplir con las normas de transparencia e intercambio de informaciones en materia fiscal de la OCDE y, dos días después, se pasa a la lista gris.

Cuando asume el actual Gobierno, la actual Administración, esas eran las circunstancias, y por la ineptitud ‑a mi juicio‑ de la conducción de nuestra Cancillería es que llegamos al tan recordado episodio vinculado con el ex Presidente francés Nicolás Sarkozy. Eso fue el 4 de noviembre de 2011. Equivocado Sarkozy, en el fondo y en la forma, acusó a nuestro país de paraíso fiscal, basado en un informe elevado al G20. Ese documento ‑Transparencia Impositiva 2011‑ había sido elaborado por el Foro Mundial de Transparencia e Intercambio de Información impositiva de la OCDE y se publicó el 26 de octubre de 2011. Al día siguiente, en un cable de AFP recogido por la prensa uruguaya se daba la noticia de que a los paraísos fiscales anteriores se agregarían tres: Vanuatu, Brunei y el Uruguay.

Señor Presidente, creo que cabe formularse la pregunta: ¿no se enteró la Cancillería uruguaya, a través de sus representantes diplomáticos en el exterior, que incluir a Uruguay en la lista de paraísos fiscales estaba en la agenda de la reunión de ese Foro? El Foro del 2011 comenzaba el 25 de octubre de ese año. Y, luego, ¿la Cancillería no se enteró del informe publicado y divulgado el 26 de octubre de 2011? Y si estaba en conocimiento, ¿qué hizo al más alto nivel la Cancillería uruguaya en esos ocho días que transcurrieron hasta que ese informe empezara a ser tratado por el G20, el 3 de noviembre de 2011?

Me pregunto, cuando acá se viene a decir que la Cancillería actuó con estricta profesionalidad, ¿a la Cancillería no se le ocurrió que era oportuno que el Presidente Mujica hablase con sus pares de Brasil y de Argentina para plantear la situación, o que tal vez hablara con Ángela Merkel o con las autoridades de la Unión Europea, a las cuales el Presidente estaba visitando en ese momento? Nada de eso se hizo.

Entonces, me pregunto: ¿eso es actuar con profesionalidad y dinamismo desde la Cancillería? Creo que es no cumplir ni siquiera con los roles primarios inherentes a su función. Sinceramente, es no actuar a la altura de las circunstancias.

Cuando la OCDE lanza ese reproche, recogido por Sarkozy, ¿a quién le sirve? Esa es la pregunta que debemos hacernos y analizar en el plenario en la noche de hoy: ¿a quién le sirvió el reproche lanzado por Sarkozy en su momento?

El siempre locuaz y nunca oportuno Canciller argentino Timerman declaró que la Presidenta Cristina Fernández afirmó en la reunión de los países del G20 que todas las guaridas fiscales tienen que ser eliminadas. Eso fue lo que conceptualizó Timerman: Uruguay, guarida fiscal. Aparentemente, por aquellos tiempos esa confesión de Timerman a texto expreso de palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le alcanzó a nuestro Presidente, ni a nuestro Canciller ni a la señora Senadora Lucía Topolansky, que en su momento acusaron a la oposición de que solo por sospechar o dejar trascender la posibilidad de que Sarkozy actuaba expresamente a pedido del Gobierno argentino estaba haciendo un sabotaje contra el Gobierno nacional. Eso fue lo que pasó en el transcurso de todo este tiempo y que creemos que no podemos dejar de analizar ni pasar por alto.

El Presidente francés en aquel momento se expresó como vocero del G20, como anfitrión de la reunión. En consecuencia, el G20 fue responsable y, en su momento, se debió haber pedido explicaciones a sus miembros por parte de nuestra Cancillería. ¿Se hizo? ¡No! ¿Eso es actuar con profesionalidad? Me parece que es estar absolutamente omiso en las responsabilidades que un Canciller debe tener en el ejercicio de sus funciones en la defensa del interés nacional.

Cuando se dan este tipo de situaciones, durante todo este tiempo en que una y otra vez el Gobierno uruguayo y la Cancillería se han llamado a silencio y no han pedido una sola explicación al daño que el Gobierno argentino ha buscado e intentado provocar a los intereses nacionales sin medir la más mínima consecuencia, yo arribo a la conclusión de que desde nuestro Gobierno existe un miedo reverencial a pedir algún tipo de explicaciones o realizar protestas ante el Gobierno argentino.

Con posterioridad a estos sucesos que he relatado se realizaron gestiones, se firmaron varios acuerdos más, Uruguay salió de la lista gris y, de acuerdo con lo que informó el Ministerio de Economía y Finanzas hace poco tiempo, el avance del país a juicio del Foro Global de Transparencia le permite el pasaje a la llamada Fase II. Mientras tanto, el 23 de abril de 2012, el Acuerdo de Intercambio Tributario con Argentina se firma, y es lo que hoy ha venido para obtener ratificación parlamentaria y estamos discutiendo en el plenario de esta Cámara.

Creo que la pregunta que nos debemos hacer es por qué aprobar el Acuerdo, por qué lo aprobamos como país, por qué lo aprueba la mayoría parlamentaria que tiene el Frente Amplio con legítimo derecho en este Parlamento. Se pretendió hacernos creer que se firmó por presiones, pero que ellas coinciden totalmente con la conveniencia de Uruguay. En el Parlamento, en las distintas Comisiones tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, el Ministro Lorenzo habló de opacidad para referirse a las políticas anteriores en materia de inversiones con el secreto bancario, la falta de intercambio de información tributaria, etcétera. Ahora bien, señor Presidente y señores colegas: si fuera así, si fuera cierta la reflexión que hizo el señor Ministro Lorenzo y era inconveniente la política aplicada con anterioridad, bueno, el Frente Amplio asumió el Gobierno en 2005 en este país y el Ministro de Economía y Finanzas era el actual Vicepresidente de la República, contador Astori. Entonces, ¿por qué esperaron a que aparecieran las presiones y no tomaron las medidas antes de que nos las impusieran los de afuera? ¿Tuvieron que pasar cinco años para dar por buena la fundamentación que vino a exponer al Parlamento el Ministro Lorenzo, siete años después que gobierna el Frente Amplio y siendo que el Ministro de Economía y Finanzas durante todo el período anterior fuera el actual Vicepresidente de la República, líder político del sector del actual Ministro de Economía y Finanzas, Frente Líber Seregni?

Creo que se debe simplemente a que esto no es así, señor Presidente. Este Acuerdo lo vamos a aprobar nada más que por la presión de Argentina. La presunta exigencia de la OCDE proviene de un organismo del cual el Uruguay no forma parte ni tiene compromisos, ni siquiera obligación jurídica alguna que hayamos asumido.

Entonces, resulta realmente llamativo que un Gobierno del Frente Amplio ceda a las presiones de organismos internacionales, y nada más ni nada menos que al club de los ricos. ¡Nada más ni nada menos, el Gobierno del Frente Amplio está cediendo a presiones de un organismo internacional que es el club de los ricos y al que en otros tiempos, desde esta misma bancada que hoy vota el Acuerdo, perfectamente se lo podría tildar como brazo del imperialismo!

Todas las amenazas con el cuco de la OCDE que maneja el Gobierno se limitan a las instituciones de ese organismo, no tienen absolutamente ninguna repercusión en organismo internacional alguno del cual Uruguay sea miembro, como la Organización Mundial del Comercio, la OEA, el BID, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Uruguay pasa oficialmente a la Fase II en la reunión del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal en Materia Tributaria, realizado el 26 y 27 de octubre. Perfectamente podríamos haber dilatado el tiempo para reflexionar, para explicar los motivos y las inconveniencias de firmar un Tratado de Información Tributaria con Argentina en las actuales circunstancias, y por qué sí hacerlo con Brasil, pues coincido plenamente con el señor Diputado Posada en que se trata de un tema de estrategia país y de estrategia nacional. Perfectamente pueden estar dadas las condiciones para contraer un idéntico compromiso con Brasil pero no con Argentina en este momento.

Cuando aquí se dice y se fundamenta que uno de los logros fundamentales de este Acuerdo, según nuestro Gobierno, es la no retroactividad, quiero señalar que algunos de los expertos que vinieron al Parlamento dijeron ‑de esta manera o con otras palabras‑ que esto es una falacia, porque el ar­tículo 4.1 expresa que los pedidos de información se aplicarán «a todos los Impuestos nacionales vigentes establecidos por las Partes». Por ejemplo, si un argentino tiene una inversión en Uruguay anterior al Acuerdo, y después la sigue teniendo, la AFIP le puede preguntar cómo obtuvo el dinero de esa inversión. Eso es retroactividad.

Por otra parte, voceros de la Dirección General Impositiva argentina han expresado que no les interesa la no retroactividad porque aplicarán su legislación interna. Lo están diciendo los voceros de la AFIP en Argentina; lo están diciendo quienes serán los encargados de controlar a sus conciudadanos dentro del territorio argentino. ¡Cómo creerles! ¡Cómo ser tan inocentes y decir aquí que no va a haber retroactividad cuando los principales funcionarios argentinos jerárquicos que serán los encargados de requerir la información investigando a las personas en cumplimiento de este Acuerdo, están diciendo que no les interesa el compromiso que se contraiga a través del intercambio de información, porque van a aplicar el orden jurídico argentino vigente internamente!

Señor Presidente: el Tratado de Intercambio de Información Tributaria firmado por Argentina es una renuncia más de nuestro Gobierno ante Argentina. Quiero decir con claridad que han habido opiniones diversas, todas muy respetadas de personas que no pertenecen a ninguna colectividad, o por lo menos no militan activamente, de personas pertenecientes al Gobierno y también de la oposición. Pertenezco a un departamento en el cual particularmente este Tratado de Intercambio de Información Tributaria va a impactar más dañinamente que en el resto de Uruguay. No tengo la más mínima duda. Este Tratado de Intercambio de Información Tributaria va a atentar contra el trabajo de los uruguayos y, en particular, de los maldonadenses.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Este Tratado de Intercambio de Información Tributaria ya ha generado miedo y temor y ha retraído las inversiones. Ha hecho que caigan las transacciones inmobiliarias en toda la zona costera del Uruguay. Un ex Ministro de Economía y Finanzas no perteneciente a mi partido, el doctor Ignacio de Posadas, manifestó que con este Tratado Uruguay se pegaba un tiro en un pie; y yo con mucha preocupación agregaría que, sin lugar a dudas, el rebote de esa bala va a impactar en el corazón del departamento de Maldonado. Que quede claro que no estamos hablando de mafiosos ni de traficantes, porque esas personas van a otros lugares. Estamos hablando de nuestros vecinos, de nuestros visitantes de todos los veranos, de quienes han convertido a Punta del Este en un balneario de nivel internacional. Se trata de extranjeros que han encontrado en nuestro país y en nuestro departamento un lugar para vivir con tranquilidad y para invertir con tranquilidad; históricamente, Uruguay les ha dado garantías.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Señor Diputado: ha expirado el tiempo de que disponía.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Muchas gracias.

Contestando alusión:

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señor Presidente: lamento profundamente que el entrevero que señala el señor Diputado Pérez González exista a nivel del Gobierno Departamental de Maldonado.

El señor Diputado Pérez González me preguntaba de dónde saqué los datos.

SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- La Mesa pide por favor que no se aludan, señores Diputados.

Puede continuar el señor Diputado Germán Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Con total honestidad, señor Presidente, le contesto que saqué estos datos de la Intendencia de Maldonado, del señor Intendente Óscar de los Santos, a quien creo que el señor Diputado Pérez González conoce. Aparentemente, hay un problema de intercambio de información.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Señor Presidente: voy a responder la pregunta que se me ha requerido a texto expreso: «Desde el anuncio de su negociación, el convenio fiscal generó incertidumbre en el mercado inmobiliario […].- En el último año Maldonado vivió el período de mayor inversión inmobiliaria de su historia, con unos 723.000 metros cuadrados gestionados» ‑que no significa realizados: son metros cuadrados gestionados frente a la Intendencia y pedidos de permiso, que no es lo mismo que construidos, pero igualmente es bueno reconocerlo‑ «para realizar obras y operaciones por unos US$ 2.000 millones.- Pero esa expansión inmobiliaria se desaceleró al iniciarse este año, según datos de la comuna fernandina: entre enero-abril cayó 30,5% el área solicitada para edificar, en relación a igual lapso de 2011». Estamos hablando de la Intendencia de Maldonado.

Pero digo más, señor Presidente.

En la misma línea de lo que estoy diciendo, «el asesor de la Dirección General de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Ramón de Isequilla» ‑funcionario contratado de particular confianza del Intendente Óscar de los Santos, «proyectó […] en un seminario organizado por la Universidad ORT que las operaciones del mercado de viviendas en Punta del Este este año rondarán los US$ 1.470 millones, lo que significaría una caída de alrededor de 26% frente al año anterior».

No sé si al señor Diputado le quedó claro de dónde son mis fuentes; imagino que él tendrá una información mucho más fluida, si así la requiere, con el señor Intendente y con su asesor en el departamento de Maldonado.

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Larrañaga ratificó en Sala el miércoles 7 de noviembre que no vota la iniciativa oficialista que finalmente fue aprobada en el Senado en el día de ayer, miércoles “Nos parece que no es la oportunidad ni el tiempo de aprobar este tema, (…) se apura en demasía al Parlamento (…) y en el fondo del asunto podemos estar asistiendo a la implementación de un “gran hermano” tributario, que puede tener consecuencias y perjuicios insospechables para nuestro país”.

Expresó que “la aprobación de este Acuerdo es inconveniente para el país, la norma que respeta un principio elemental y fundamental de certeza y de seguridad jurídica para los países intervinientes, no está plenamente consagrada. Si el Estado requirente solicita dicha información, en caso de que los activos no hayan sido declarados en su jurisdicción previamente, el fisco de este último país podrá cuestionar el origen de dicha renta, imputándole los impuestos no abonados en el momento de la adquisición del bien en el Estado requerido”.

Los Principios:

“La forma en que se nos quiere imponer esto por parte de la comunidad internacional es algo verdaderamente inaceptable” y aludió a que a tanto los Estados Unidos y su ley FATCA, de la cual viene advirtiendo hace 2 años, como la Zona Euro “están atados de pies y manos y quieren hacernos pagar a nosotros los despilfarros que ellos cometieron”. “Cuando nos prestan a nosotros, nos imponen condiciones, pero cuando se presta a sí mismo flexibiliza sus estatutos. Es el reino del revés y de la hipocresía”.

Desconfianza:

Afirmó que “más allá de que no se confiese, pocos integrantes de este Senado confían hoy en lo que puedan terminar haciendo o dejando de hacer las autoridades de la República Argentina”.

“Desde el mes de octubre de 2011 ese país ha aplicado o aplica veinticinco medidas de cepo cambiario para evitar la salida de divisas, afectando progresivamente la obtención de moneda extranjera en varios niveles. Esto, señor Presidente, va a golpear al Uruguay y, en particular, al turismo. No nos parece que este sea el momento adecuado para considerar un Acuerdo de esta naturaleza, máxime cuando se está por comenzar a transar una temporada estival que tiene una repercusión económica gravitante para el país”.

“El Gobierno argentino no va a respetar en lo más mínimo las cláusulas de salvaguarda ni de retroactividad, y no hay garantía alguna de que no persiga de cualquier manera a los argentinos que han invertido en nuestro país. Entendemos que a un Gobierno que en algunas ocasiones no ha respetado la ley, ni acuerdos con nuestro país en los últimos años, no se le puede facilitar un instrumento de estas características”.

Prudencia:

“No es tiempo para improvisar ni para innovar. La economía uruguaya comienza a mostrar algunos signos –que nadie quiere ni desea– que nos pueden preocupar. Este año vamos a estar en el entorno del 4% de crecimiento, y hay que tener cuidado con esas condiciones que pueden hacer vulnerables las inversiones en nuestro país”.

“Me parece que no hay motivos para cambiar ahora y que no teníamos la necesidad de traer este Acuerdo al Plenario en este momento. Podría haber quedado para el año que viene, y el país cumplía con los estándares internacionales argumentando que el Acuerdo tenía curso parlamentario”.

Consideró que Uruguay debe ser la garantía jurídica de la región y que es preocupante que le abramos la puerta a la más agresiva ferocidad fiscal. “Tenemos que ser cuidadosos al extremo en la defensa del interés nacional, y por eso no vamos a votar este Acuerdo tributario con la República Argentina. El futuro de muchas inversiones está en juego”.

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