El Convenio Iberoamericano es un instrumento que recoge los principios tradicionalmente sustentados por Uruguay, como el de igualdad de trato, territorialidad, respeto  de los derechos adquiridos y en curso de adquisición, totalización y pago de pasividades por el sistema de prorrata temporis.

En la práctica el Convenio alcanza a los riesgos de invalidez, vejez, sobrevivencia, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (art. 3).

Asimismo, el Convenio prevé que dos o más Estados Parte podrán ampliar entre sí, el ámbito de aplicación material del Convenio (art. 3.5).

Comprende a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de cualquiera de los Estados Parte, así como a sus familiares, beneficiarios y derechohabientes. Esto supone un ensanchamiento de lo que suele ser el ámbito de aplicación de este tipo de Convenios, en la medida en que alcanzará a personas que hayan estado sujetas a la legislación de cualquiera de los Estados ratificantes, sin necesidad de negociar y celebrar acuerdos bilaterales con cada uno de los Estados.

Los beneficios que el Convenio reconoce serán de aplicación para todos los Estados Parte, sin perjuicio de que, en la medida en que existan normas más favorables en otros instrumentos multilaterales o bilaterales, serán aplicables las mismas, en virtud de que el Convenio no deroga los Acuerdos existentes entre los Estados Parte, consagrando a texto expreso la aplicación de la condición más favorable para el beneficiario (art. 8).

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