Uruguay es uno de los países más envejecidos de América Latina. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en base al Censo 2023, la población uruguaya de 65 o más años pasó de representar el 13% del total al 16% entre 1996 y 2023 en un total de 3.499.451 personas, mientras que la de 35-64 años, de 33% a 38%, y las proyecciones indican que esta tendencia se profundizará en las próximas décadas.

Por ejemplo, en Colonia, el 18% de su población total (135.797 habitantes, según Censo 2023) tiene 65 años o más.

En Maldonado, el guarismo es del 14% de su población total (212.954 habitantes, según Censo 2023) tiene 65 años o más.

En Canelones, el 15% de sus habitantes (608.960), ocupan esa franja etárea.

En Rivera, su población actual es de 109.299 y un 14% tienen 65 o más años.

Y así podríamos seguir con cada uno de los departamentos.

Pero, una pregunta central y esencial es: ¿qué hacemos con nuestros adultos mayores, con nuestros “viejos” que han dado mucho por la construcción del país y, sobre todo, forjado familias y comunidades?

Crudamente ¿pasan a ser poco menos que desecho o transformamos esa realidad, con todo lo bueno que tiene en una oportunidad de crecimiento, y ante todo, esperanza?

Un nuevo paradigma

Este fenómeno, lejos de ser únicamente un reto para el sistema de salud y la seguridad social, abre la puerta a un nuevo paradigma económico y social: la Economía Plateada.

El desafío demográfico

El aumento de la longevidad se traduce en desafíos concretos: sostenibilidad del sistema previsional, necesidad de más servicios de salud especializados, urbanismo adaptado, y políticas públicas que integren a una población que vive más años pero también demanda calidad de vida. En Uruguay, el debate sobre el futuro de las jubilaciones y la presión sobre el gasto social es central. Sin embargo, quedarse solo en la mirada de “carga” sería un error.

La oportunidad de la Economía Plateada

La Economía Plateada (Silver Economy) es un concepto que refiere al conjunto de actividades económicas, productos y servicios destinados a personas mayores. En países europeos y asiáticos ya representa un motor de crecimiento. En Uruguay, este mercado está en ciernes: turismo accesible, viviendas adaptadas, tecnología para el cuidado, educación continua, propuestas culturales y deportivas inclusivas.

Las personas mayores no son únicamente beneficiarios pasivos, sino consumidores activos con capacidad de decisión, experiencia acumulada y ganas de seguir participando. Un país que logre ver a este segmento como un capital social y económico tendrá ventajas frente a aquellos que lo asuman solo como un problema.

Innovación y cultura del envejecimiento activo

En Montevideo y en varias ciudades del interior ya surgen iniciativas de innovación: plataformas digitales para acompañamiento domiciliario, startups que diseñan soluciones tecnológicas para la salud, y programas intergeneracionales que conectan a adultos mayores con jóvenes a través de la educación y la cultura. Todo esto forma parte de una visión donde la longevidad se entiende como activo social.

Un cambio de mirada

El Uruguay que envejece necesita un cambio de narrativa: pasar de ver el envejecimiento como sinónimo de dependencia, a comprenderlo como una etapa diversa, con potencial y derechos. La Economía Plateada no solo mueve mercados, también inspira políticas públicas inclusivas, fomenta la innovación y fortalece la cohesión social.

En un país donde la longevidad es una realidad incuestionable, la pregunta no es si estamos preparados para el envejecimiento, sino cómo convertirlo en motor de desarrollo y bienestar colectivo.

The post El Uruguay que envejece: desafíos y oportunidades de una sociedad longeva appeared first on Sociedad Uruguaya.

adultos mayores dejan de ser un objetivo sanitario para la DIGESNIS y la JUNASA. La Discriminación por edad en la Salud.

Ante la Resolución de la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud (DIGESNIS – Ministerio de Salud Pública) del 19 de febrero de 2014, a ejecutarse en el presente ejercicio, la cual implica un proceso de cesación y eliminación de la META TRES (adultos mayores), referida a prestaciones y metas asistenciales hacia los adultos mayores y la transferencia de los recursos financieros que se preveían para estimular el cumplimiento de dicha meta hacia otros objetivos sanitarios:

CONSIDERANDO:

(1) Que la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría (SUGG) y el Departamento de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina, han insistido reiteradamente en lo inadecuado del modelo asistencial vigente y su necesaria transformación hacia otro más apropiado e integral que solucione en un entorno de calidad los problemas de salud de nuestros mayores,

(2) Que existe un modelo propuesto, el cual fuera aprobado por el MSP y por el Programa Prioritario Nacional del Adulto Mayor y que a la fecha no ha sido derogado ni cambiado,

(3) Que las prestaciones obligatorias y las metas prestacionales son un instrumento de cambio para asegurar el derecho de nuestros mayores a una atención geriátrica integral especializada articulada con los distintos niveles asistenciales.

(4) Que las metas prestacionales son un instrumento y estimulo económico a los prestadores sanitarios en el cambio de modelo

(5) Que la transferencia de esos estímulos económicos hacia la creación de cargos de alta dedicación en otras especialidades y la eliminación de la Meta 3 supone en lo sustancial que los adultos mayores dejan de ser una población objetivo prioritaria en esta materia y serán la única población para la cual no se desarrolla ninguna meta prestacional,

La SUGG y el Departamento de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina declaran:

1. Su más absoluto rechazo a tal medida por considerarla inapropiada, inconveniente, perjudicial y sumamente discriminatoria hacia los usuarios adultos mayores,

2. Lamentan esta medida, que constituye un importante retroceso en el proceso de mejora de la calidad de la atención hacia nuestros mayores y señalan que es la única meta asistencial vinculada a una población de usuarios que se suprime,

3. Reiteran la necesidad de introducir cambios y un sistema de atención que asegure el derecho de esta poblacional a recibir una asistencia apropiada y geriátrica integral, como se establece en el texto del Programa del Adulto Mayor vigente, y en las prioridades que se señalan en el marco legal vigente para el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)

4. Alertan que medidas y retrocesos de este tipo no solo redundarán en peores resultados en salud, sino en que los prestadores no tengan exigencia ni estímulo alguno para desarrollar servicios amigables y de calidad para esta población,

5. Destacan que el FONASA ya transfiere a los prestadores sanitarios un pago mayor mediante un valor más elevado de la cápita por cada usuario mayor de 65 años,

6. Convocan a las organizaciones sociales representativas de los Jubilados y Pensionistas y a las organizaciones de usuarios a expresarse sobre el asunto, a la defensa de los derechos de nuestros adultos mayores y a la defensa contra la discriminación por edad en la salud y en las metas prestacionales,

7. Exhortan al MSP, considerando su tradicional sensibilidad ante estos temas, a que se revea y deje sin efecto esta medida propuesta por la DIGESNIS,

8. Reafirman su constante compromiso con la mejora continua de la calidad de atención y calidad de vida de nuestros adultos mayores, especialmente de quienes son más vulnerables y su constante vigilia hacia cualquier expresión de discriminación por edad o viejismo, en todos los ámbitos, incluyendo las políticas sanitarias.

Montevideo, 27 de marzo de 2014

Sociedad Uruguay de Gerontología y Geriatría

Departamento de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina.

Fuente Imagen: puli-cundinamarca.gov.co

The post La SUGG y el Departamento de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina cuestionan “Discriminación por edad en la Salud” appeared first on Sociedad Uruguaya.

15 de JUNIO DE 2013: “DÍA DE LA TOMA DE CONCIENCIA

SOBRE EL MALTRATO HACIA LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES”

…ASEGURAR DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES: UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COLECTIVA…

Cada año reflexionamos sobre la situación de nuestros adultos mayores abusados o maltratados. Se trata de 25.000 uruguayos adultos mayores que padecen alguna forma de abuso – maltrato (negligencia en los cuidados – abandono, maltrato físico, psicológico, económico, sexual).

La Universidad de la República, la Facultad de Medicina y especialmente el Departamento de Geriatría, en el marco del ejercicio de su responsabilidad social, entienden necesario aportar a esa reflexión y proponer medidas concretas. Ratificamos desde ya la Declaración del Consejo Consultivo de los Adultos Mayores que integramos como institución académica, según prevé la norma. Entendemos necesario puntualizar algunos aspectos.

Carecemos de registros o estadísticas oficiales y los sistemas de detección e información no consideran a esta población de riesgo. Se trata de un grave problema mayor de salud pública y políticas sociales, sub diagnosticado y que raramente deriva en alguna medida cautelar y protección de derechos.

Si la violencia sobre los niños y las mujeres ingresa tardíamente en la agenda Institucional y de profesiones de la salud y la justicia, la violencia sobre nuestros mayores llega mucho más tarde, existe escasa preparación en el sistema socio sanitario, de seguridad y judicial, acerca de cómo abordarla. Esta carencia que es preciso reconocer y corregir, junto a vacíos legales y respuestas institucionales escasas, establecen la necesidad imperiosa de mejoras en múltiples niveles. El Departamento de Geriatría está comprometido en aportar en todos estos aspectos.

Destacamos a continuación algunos aspectos que entendemos necesario corregir o innovar en cuanto a legislación, educación y formación sobre el tema y realizamos propuestas al respecto:

(1) El abuso del adulto mayor no forma parte de la curricula de formación de los recursos humanos universitarios de la salud y/o ciencias sociales, o de sistemas de seguridad o del Poder Judicial, salvo excepciones, lo que muchas veces redunda en re victimización de los mayores agredidos y muy mala resolución de situaciones. (Ejemplo: el mayor victima culmina institucionalizado y el victimario se queda en la casa del o la abusada).

(2) Existen vacíos legales que podrían favorecer ciertas formas de abuso, a saber:

• La norma vigente restringe la violencia al ámbito doméstico y deja fuera la violencia en el ámbito institucional. 

• El Código Civil, si bien ampararía el reclamo de pensión alimenticia de los padres hacia hijos, requiere o supone que el solicitante adulto mayor deba manifestarlo y promoverlo. Distinto a los niños, donde la Justicia actúa en principio asumiendo la necesidad de protección a los menores, como población vulnerable. Cabe preguntarse cómo un adulto mayor con deterioro cognitivo, abusado y temeroso podría reclamar este derecho. Se podría introducir cambios legales mediante los cuales en estas situaciones se asuma preceptivamente la misma conducta que con los menores. 

• Existe un Código del Niño, que protege la vulnerabilidad en esta etapa del ciclo vital, pero no existe un Código del Adulto Mayor, que proteja a los vulnerables de esta edad. Especialmente si se tiene en cuenta que encima de los 85 años o 90 años solo el 10% estaría en condiciones cognitivas indemnes y con capacidad de defender sus derechos. 

(4)Podría establecerse en la legislación de nuestro país algún sistema, de oficio, de “Hipoteca Revertida”, (como ya existe en otros contextos), para el caso de mayores con propiedades, abandonados por hijos y herederos, donde el Estado se hace cargo de cuidarles y de oficio hipoteca todo bien del mayor víctima. De este modo los familiares, al momento de recibir la herencia deberán abonar previamente los gastos de manutención y de la atención, los que han sido compartidos con la sociedad a través de impuestos. En Uruguay, igual que muchos países, 80% de los adultos mayores son propietarios de su vivienda, razón que fundamentaría una legislación que contemple este mecanismo como un instrumento más para protección ante situaciones de abuso patrimonial.

(5) En el caso de Préstamos a jubilados y pensionistas institucionalizados: Proponemos establecer recaudos y normas de que si se solicitan préstamos de o para personas que residen en hogares de ancianos, residenciales ,” casas de salud” o centros geriátricos, se establecen unas condiciones, a saber:

(a) Que existan controles previos sobre la capacidad objetiva de consentir. La misma se podría recabar mediante evaluación médica, la que debería tener carácter de declaración jurada, con las responsabilidades legales que ello implica para el profesional evaluador.

(b)Ejecutar y controlar la Obligación de Instituciones que alojan adultos mayores de enviar al Ministerio de Salud Pública (MSP),organismo que debe ejercer a la fecha la rectoría, las listas de usuarios/residentes alojados (Ficha de registro Mínimo de Datos de los Alojados), consignando aquellos que padecen deterioro cognitivo, como se prevé en el Decreto Ley Reglamentario 320/99.

(c) Introducir en la reglamentación vigente que regula estas instituciones, de forma preceptiva la obligatoriedad de denuncia ante la Justicia de cualquier institucionalización igual o mayor a 6 meses, estableciendo penas relevantes ante la omisión en esta denuncia.

(d) Establecer en el marco legal vigente la obligación de apoderados , y especialmente si son los propietarios y/o directores técnicos de residencias y hogares, de rendir ante el organismo de contralor y la Justicia, sobre ingresos y gastos efectuados para asistir al adulto mayor, con los ingresos de que son apoderados, como ya realizan directores de Instituciones Públicas.

(e) Establecer un número máximo de poderes por apoderado a controlar por parte del Banco de Previsión Social- Instituto de la Seguridad Social.

(f) Adaptar – modificar la legislación y normas existentes, estableciendo un orden de prelación diferente al vigente en las retenciones de haberes jubilatorios y pensiones por préstamos a jubilados y pensionistas institucionalizados, de forma de situar en primer término la satisfacción de necesidades de atención y cuidados del propio adulto mayor, luego las retenciones judiciales y finalmente las retenciones con destino al pago a entidades financieras públicas o privadas con las que el adulto mayor y/o sus apoderados adquieran préstamos.

Finalmente sugerimos a las autoridades, a legisladores y decisores, a Ministros, así como a las Divisiones Jurídicas de Ministerios y organismos del Estado, a efectores sanitarios y apoyos sociales implicados en esta problemática, a promover los cambios necesarios en el plano legal e instrumental, todos ellos factibles en nuestra realidad, necesarios para mejorar el abordaje de este problema.

…ASEGURAR DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES:

UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COLECTIVA…

Departamento y Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina

Universidad de la República.

The post 15 de Junio: “Día de la toma de conciencia sobre el maltrato hacia las personas adultas mayores” appeared first on Sociedad Uruguaya.