El monto total de las operaciones fue superior a los 117 millones de dólares, con un precio promedio de USD 149 /ha/año, encontrando un descenso del 3,5% con respecto al precio medio de los contratos inscriptos en el año 2022.

Los precios medios de las rentas para Ganadería, Agrícola-Ganadero y Agricultura de secano fueron de USD 82, USD 155 y USD 323 /ha/año respectivamente.

Los departamentos con más superficie arrendada fueron, por su orden, Artigas, Salto y Soriano; sumando un área de 224.993 hectáreas (29% del arrendamiento del año) constituyendo el 32% del monto total.

La información de base es proporcionada por la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura, en el marco del acuerdo interinstitucional vigente con DIEA y comprende el registro de todas las operaciones concretadas de 10 o más hectáreas durante el año analizado.

El pasado año 2023 se realizaron 2.515 contratos de arrendamientos, lo que implicó una disminución del 8% respecto al año anterior. Por su parte, la superficie arrendada alcanzó las 787 mil hectáreas, 17% menos si lo comparamos con el año 2022.

El monto total de las operaciones fue superior a los 117 millones de dólares, con un precio promedio de USD 149 /ha/año, encontrando un descenso del 3,5% con respecto al precio medio de los contratos inscriptos en el año 2022.

En el segundo semestre (julio – diciembre) se celebraron 1.365 contratos, involucrando 422 mil hectáreas y algo más de 60 millones de dólares; con un precio promedio de USD 144 /ha/año.

POR DESTINO

Se evidenció un ajuste a la baja del precio de las rentas que demandaron más superficie (Ganadería, Agrícola-Ganadero y Agricultura de secano) mientras que la renta arrocera, arrocera – ganadera y lechera aumentaron su precio promedio en comparación con el ejercicio anterior.

Los precios medios de las rentas para Ganadería, Agrícola-Ganadero y Agricultura de secano fueron de USD 82, USD 155 y USD 323 /ha/año respectivamente.

Estos rubros acumularon casi 714 mil hectáreas por un monto de USD 105 millones, representando el 90% del monto total transado en el periodo.

En comparación con el año 2022, aumentó el área arrendada para los destinos agrícola, Ganadero – Arrocero y Forestal. Por su relevancia, los campos para Ganadería involucraron el 48% de la superficie para el año – encontrando una disminución de 24% en referencia al ejercicio anterior – con una variación del valor medio de USD 86 por hectárea a los USD 82 por hectárea alcanzados en el 2023. Para facilitar la visualización de la superficie arrendada, se confeccionó un “mapa de calor” asociado a los centroides de los padrones arrendados en el año. Destacando focos vinculados exclusivamente a la agricultura en Soriano y Rocha; rentas agrícolas y agrícolas-ganaderas para el departamento de Paysandú; arrendamientos ganaderos en Artigas y Salto y Arrocero – ganadero en Cerro Largo.

POR DEPARTAMENTO. Los departamentos con más superficie arrendada fueron, por su orden, Artigas, Salto y Soriano; sumando un área de 224.993 hectáreas (29% del arrendamiento del año) constituyendo el 32% del monto total.

Soriano, Colonia y Río Negro fueron los departamentos con los registros de mayor precio medio de renta (USD 312, USD 261 y USD 235 por hectárea en su orden). En el otro extremo, los contratos que se acordaron a menores valores correspondieron al departamento de Tacuarembó con un promedio de USD 85/ha/año seguido por Rivera que arrojó un precio promedio de USD 86/ha/año. Con el propósito de mejorar la información desagregada a nivel departamental, se confeccionó un análisis de valores medios de renta para los principales rubros agropecuarios.

POR PRECIO UNITARIO. Los precios de los arrendamientos presentan una amplia variación, sin perjuicio de ello el mayor número de operaciones y de superficie arrendada se observó en el tramo entre USD 50 y USD 100 /ha/año (asociado al destino ganadero) que acumuló algo más de 285 mil hectáreas, lo que equivale al 36% del total arrendado en el 2023. En el extremo superior de la escala con operaciones por más de USD 300 por hectárea, encontramos una disminución en el número de operaciones de 546 a 409 asociado a una baja del 18% en la superficie operada (de 116.761 a 96.185 hectáreas).

POR PLAZOS (AÑOS). El mayor número de operaciones se vinculó con los contratos a dos años, que concentraron algo más de 191 mil hectáreas. Analizando la comparación interanual se desprende que, bajo la superficie comercializada para todos los plazos contractuales; los contratos de mediano plazo (entre 4 y 5 años) fueron los que ajustaron en menor proporción pasando de 248 mil a casi 196 mil hectáreas. Estos últimos fueron los que obtuvieron el precio medio más bajo USD 129/ha/año, con una marcada participación de la renta ganadera seguida de las rentas agrícolas-ganaderas, representando el 52% y 29% respectivamente del área arrendada para dicho plazo.

ANÁLISIS ANUAL (PERÍODO ENERO 2000 – DICIEMBRE 2021). La serie “Precio de la Tierra” elaborada con la metodología actual tiene 24 años ininterrumpidos de difusión (desde enero de 2000 a diciembre de 2023), habiéndose registrado durante dicho lapso 52.654 contratos de arrendamiento, sobre 18,6 millones de hectáreas y por un monto total que asciende a 2.070 millones de dólares. El valor medio anual de las rentas en dicho período alcanzó a USD 111 /ha/año, oscilando entre un mínimo US$ 24 /ha/año para el año 2002 y un máximo de US$ 174 /ha/año para el año 2014.

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@WernerGutierrez

En 1998 al llegar al poder Hugo Chávez Frías, éramos un país capaz de alimentar a su población casi en un 80 % con productos cosechados en sus campos. En el año 2001 con la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario inician las expropiaciones y confiscaciones. Nació el Plan Bolívar 2000 y con él, el asalto del sector castrense al sector agroalimentario nacional. Desde el 2009 comienzan a notarse los efectos detrimentales de este modelo en la disponibilidad de alimentos para el venezolano por la caída en la oferta interna.

Amanecimos el primero de enero del 2020 en un país imposibilitado de importar cerca de 10.000 millones de dólares en alimentos que se requieren para satisfacer las necesidades alimenticias de su población. Nuestro sistema agroalimentario privado mermado, retrotraído a los niveles de producción en su sector primario a los niveles de los años 60 y 70.

Según el reporte del Observatorio venezolano de la salud, Venezuela ya está ubicada “entre los países del mundo con grave inseguridad alimentaria”. La realidad nos ha puesto los pies en la tierra. Nuestra sociedad, más no quienes nos mal gobiernan, ha entendido que sin hombres y mujeres labrando sus campos y cuidando sus rebaños, no hay alimentos suficientes y accesibles para el pueblo venezolano, y sin alimentación, no hay salud, prosperidad ni futuro.

Afortunadamente, nuestros productores nos demuestran una y otra vez, estar conscientes del papel que deben cumplir. Es admirable ver que ese mismo sector que durante ya más de veinte años de Chavismo – Madurismo ha sido perseguido, atacado sin clemencia, en el actual contexto de estado de excepción en el país por la crisis sanitaria ante la presencia del COVID – 19 o Coronavirus, están escenificando solos, una extraordinaria y admirable demostración de su apego a los verdaderos intereses de nuestro pueblo.

Lastimosamente, Nicolás Maduro y sus seguidores, continúan sin reconocer el carácter estratégico y vital del sector agrario nacional, siguen en la estúpida y obcecada actitud de no ver en ellos los únicos con posibilidad cierta de suplir los alimentos requeridos por los venezolanos, los verdaderos agentes de primera línea para apaciguar, aunque sea de manera parcial, el hambre que late cada día en un tono más fuerte y alarmante en el pueblo venezolano, en un momento crucial como el que vivimos, cuando se ha declarado a todo el país en “cuarentena social”.

El gobierno insiste en invisibilizar a nuestros verdaderos héroes, la gente del campo. Continúa escondido detrás de la bota militar,  menospreciando este sector, llegando incluso algunos funcionarios policiales y militares a criminalizarlos, mientras nuestros profesionales de las ciencias del agro, y de la ciencia de la salud, tampoco son tomados en cuenta.

En diversos países del mundo los colegios profesionales de Ingenieros Agrónomos y Médicos Veterinarios están luchando junto a los productores agropecuarios, para coadyuvar de manera urgente en garantizar el alimento a sus pobladores, trabajando en un ambiente de  medidas especiales de apoyo de sus gobiernos.

En la Venezuela del Socialismo del Siglo XXI, nuestros gremios agropecuarios son sometidos a humillaciones y vejaciones por parte de una casta militar irracional, siendo obligados a mendigar el combustible y el salvoconducto necesario para estar al frente de sus unidades de producción, y poder trasladar los alimentos a los centros de consumo. El país está harto de esa actitud.

Ni siquiera frente a una grave crisis sanitaria, acompañada por una merma sin precedentes en los ingresos petroleros, que les impide importar alimentos, Nicolás Maduro inmerso en su pensamiento totalitario, se permite darle el verdadero carácter estratégico al sector agropecuario nacional. Parece no haberse percatado que la enorme crisis que golpea el planeta ha vuelto a levantar fronteras donde ya se consideran desaparecidas, y el comercio internacional de alimentos está en riesgo, con lo cual perdemos hasta la opción de las compras externas.

Advertimos a la FAO, OPS y OMS que Venezuela en esta tragedia sanitaria no dispone de las reservas estratégicas de alimentos para atender los requerimientos de su población. Lo más grave, contra todo sentido lógico, el gobierno junto a la fuerza armada está colocando trabas a la cosecha de lo poco sembrado en el ciclo norte verano; nuestros productores de hortalizas en las zonas andinas no disponen de logística por falta de combustible para llevar sus cosechas a las ciudades; los transportistas de leche se ven imposibilitados de colectar el ordeño diario, por ende está por paralizarse el procesamiento de este alimento indispensable en la dieta de niños y la elaboración de quesos; no se están llevando animales a los centros de beneficio y por ende no hay suministro de carne hacia los mercados.

El virus más cruel y peligroso hoy en Venezuela, no es el COVID – 19, es el insistir en el error del totalitarismo como solución a un problema de salud pública y de inaccesibilidad a los alimentos, desconociendo la invalorable misión de los hombres y mujeres que en días festivos, con sol o lluvia, aun con la presencia del Coronavirus, insisten en salir a trabajar la tierra y proteger sus rebaños para llevar alimentos a nuestros hogares.

Es urgente un cambio de rumbo. Se deben convocar a todos los actores del sistema agroalimentario nacional para establecer en consenso, apartados de ideologías absurdas y primitivas, de intereses mezquinos de poder y  económicos, las medidas que nos permitan atender esta amenaza de pandemia, pero garantizándole condiciones al sector agropecuario para su funcionamiento.

Fuente Imagen: nbcnews.com

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Así se expresa Werner Gutiérrez:

“El menosprecio a las alarmas encendidas desde la academia y gremios agrícolas durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, sobre las consecuencias negativas que su política económica – agrícola ocasionaría en la producción y accesibilidad de alimentos en Venezuela, dejó en evidencia que embriagado por el espejismo del boom petrolero, su desacertada decisión era “no sembrar el petróleo, sino el chavismo”. Traicionando los intereses nacionales, la riqueza recibida fue utilizada para darle soporte al proyecto político del “Socialismo del siglo XXI”, y no para generar bienestar a la población.

En el momento de mayores ingresos petroleros el Chavismo – Madurismo, entre el 2004 y 2014, fue capaz de dilapidar sobre los 816 mil millones de dólares generados por exportaciones de este mineral y endeudamiento externo. Para dibujar la magnitud del dinero despilfarrado tomemos en cuenta que según diversos especialistas, el plan de recuperación de la economía venezolana post Nicolás Maduro, requerirá en su fase inicial cerca de los 80 mil millones de dólares, es decir, el 10 % de esa obscena cifra, la cual en su mayor parte sirvió para enriquecer a un reducido grupo de venezolanos y a sus socios de la izquierda internacional.

El plan del gobierno ha sido el controlar el proceso de producción, generando intencionalmente la inaccesibilidad a los alimentos y el empobrecimiento de la población. Su objetivo ha sido cumplido, el 86% de las personas que pasaron hambre en la región son venezolanas (FAO, 2018). En 1998, el 45 % de nuestros hogares se encontraban en situación de pobreza de ingresos, pasando esta cifra en 2018 a 94.0 % de familias bajo esta precaria situación (ENCOVI).

La destrucción del aparato agroproductor nacional, reflejada en una caída sobre el 65 % en la producción de la totalidad de los rubros desde el 2008 al 2018, fue parte del plan de Chávez – Maduro, como paso previo para crear la dependencia y sumisión del venezolano. Literalmente el pueblo ha sido obligado a refugiarse en la limosna de un estado manipulador. Al cierre del 2018 el 63 % de la población, declara ser receptora de alguna de las misiones sociales del gobierno.

El corregir este escenario, nos exige hacer las cosas de una manera diferente. Es indispensable generar cambios profundos en la concepción del modelo económico  – agrícola, alejándonos de la omnipresencia y proteccionismo estatal, dirigiendo los esfuerzos a construir un sector agroproductor privado robusto, eficiente y competitivo. Estamos en el momento histórico justo para darle un giro a nuestra suerte, debemos ser capaces de crear nuevas fuentes sostenibles de ingresos. El petróleo esta conminado a dejar de ser “la sangre de la economía nacional”, considerando que “tan pronto como en el 2030 sólo será una de las cinco fuentes principales alternativas de energía en el mundo”.

He repetido de manera insistente, la urgente necesidad de cambiarle el subconsciente agrícola al venezolano. La verdadera riqueza de nuestra nación está en sus campos, en el valor y compromiso de su gente. La historia demuestra que somos una nación en esencia de vocación agrícola. Sobreponiéndose a las últimas dos décadas, aun la agricultura es base fundamental en 17 de nuestros 24 estados. No existe otra actividad económica capaz de generar mayores fuentes de empleo y bienestar en la ruralidad venezolana, como la producción y transformación de alimentos. Adicionalmente, al recuperar la agricultura nacional, estaríamos dando solución a uno de los problemas más importantes en nuestros hogares, la inseguridad alimentaria.

Nuestra frontera agrícola con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas disponibles, puede ser ampliada a 50 millones de hectáreas, ubicándonos entre los 15 primeros países del mundo con suelos disponibles, no utilizados actualmente, con potencial agrícola vegetal, animal, forestal y acuícola, pero además disponemos de 700 mil km2 de zona estratégica para el desarrollo pesquero y acuícola.

Estamos conscientes que para atender la emergencia agroalimentaria es urgente habilitar de inmediato el canal humanitario para ingresar alimentos elaborados, pero esta medida es de limitado y transitorio alcance.  Paralelamente es necesario el destinar cerca de 1.5 millardos de dólares para atender las demandas de agroinsumos, repuestos y maquinaria agrícola que permita abordar con éxito el año agrícola venezolano 2019.

El Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura han manifestado públicamente su disposición de acompañarnos en este reto que estamos a las puertas de asumir bajo un nuevo modelo político. En los próximos días, continuaremos recibiendo el ofrecimiento de diversos organismos multilaterales y de países con amplia tradición agrícola, cuya historia les ha enseñado que el impulsar la agricultura, es la mejor vía para vencer el hambre y la pobreza”. @WernerGutierrez

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