Será el sábado 23 de septiembre a la hora 15 en Convención 1165 (Montevideo).

Harán uso de la palabra:

los maestros Gonzalo Abella, Marcos Correa, y Lorena Casco, y los profesores Milton Rodríguez y Alma Bolón.

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A la misma asistió una delegación de representantes de los peticionarios en función del artículo 93 de la Constitución de la República, que refiere al derecho de petición y se encuentra a estudio de esta Comisión, integrada por el doctor Hoenir Sarthou, el ingeniero Daniel Panario, la doctora Alma Bolón, el doctor Humberto Tartaglia, Edgardo Gutiérrez Lavie y Marcelo Marchese.

Al respecto, Marchese expresó en su ponencia: “trajimos nueve mil seiscientas firmas que avalan nuestra denuncia de inconstitucionalidad del contrato, que se suman a las tres mil cuatrocientas que trajimos previamente.

Antes de ir a lo sustancial, cabe señalar que el diputado Abdala  lamentablemente se retiró de sala  manifestó que si ellos tuvieran la suerte de llegar al gobierno revisarían el contrato, y esto no es posible. No lo es porque en febrero UPM puede tomar su decisión final de inversión y ahí termina la cuestión. Ningún gobierno que venga después, del partido político que fuere, puede modificar algo que ya está establecido. Si lo hiciere, iríamos a un juicio con el Ciadi, con lo que terminaríamos pagando multas multimillonarias.

El diputado Iturralde nos dijo que quiere saber de qué se trata. Indudablemente, puede haber cosas secretas. Hace poco tiempo nos enteramos de que se había renegociado en secreto lo ya negociado en secreto se renegoció. Donde el contrato establecía un precio que se debería pagar por kilómetro y por tonelada transportada de celulosa por ferrocarril, como daba lugar a dudas, se buscó la opción más benéfica a UPM. Bastante tiempo después, nos enteramos de que eso fue resuelto así.

Puede haber cosas secretas, pero el contrato fue publicado; fue negociado en secreto pero el 7 de noviembre de 2017 no enteramos de que nos vamos a comprometer económicamente, como mínimo, en US$ 4.000.000.000 para beneficio de una empresa extranjera. En esta cifra no menciono los US$ 1.500.000.000 que en 20 años pagaremos por el 100% de la energía eléctrica que produzca UPM, que le compraremos aunque no la precisemos. Aunque frenemos los molinos o tiremos agua sin turbinar, no la necesitamos todo el tiempo.

El problema es que estamos asistiendo a una situación sumamente grave. Creemos que el Parlamento no ha considerado la gravedad de la situación porque, de lo contrario, hubiera actuado en consecuencia.

Como dije, el contrato fue negociado en secreto. No sabemos si el señor presidente, de su viaje a Finlandia, trajo en la maleta el contrato. No se debatió, y un día nos despertamos con la obligación de invertir US$ 4.000.000.000. En pocas palabras, un día nos despertamos con la obligación de que nuestras tarifas posiblemente suban y que el país se endeudará. ¿Es posible que una inversión de US$ 4.000.000.000 se negocie en secreto sin consultarnos a todos nosotros, ni a los contribuyentes o, por lo menos, a los diputados y los senadores? Entiendo que el presidente y sus funcionarios, sus negocios privados los resuelvan en privado, porque refiere al dinero que ellos consiguieron trabajando honestamente, pero este es nuestro dinero, por lo que debería considerarse nuestra opinión, además de la del Parlamento.

Si el país estuviera en guerra, entendería que el Poder Ejecutivo resolviera por sí y ante sí, porque es una situación grave. Cuando la República romana tuvo una situación de grave peligro, estableció una dictadura. ¿Qué significa esto? Que el poder se concentraría en manos de Julio César o de quien fuere porque el país estaba viviendo una situación de riesgo. Pero, guerra, no vemos que haya en el horizonte. La situación de riesgo que estamos viendo es, precisamente, este tipo de contratos que se resuelven en secreto.

En cuanto a las violaciones a la Constitución que expresamos en nuestro escrito, cabe señalar que se establece que las universidades tecnológicas deben seguir los lineamientos de UPM en la educación, en sus planeamientos. Esto es gravísimo. Se pone un río, el agua de todos además esto fue establecido mediante un plebiscito con una alta votación, al servicio de una empresa.

En síntesis, luego de siglos de monarquías, la humanidad  al menos en occidente descubrió que lo más sano es la división de poderes y que no es bueno que Luis XIV, el Estado, decida; no es lo mejor. Lo mejor es un equilibrio de poderes, es decir, que el Poder Judicial tenga su independencia al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Estamos asistiendo a un avasallamiento del Poder Ejecutivo en áreas que no le competen como, por ejemplo, la educación, pues es un ente autónomo, y tampoco le compete UTE ni AFE. Asimismo, no compete al Poder Ejecutivo pasar por encima del Parlamento. En un momento en que las encuestas sobre cuál es el grado de aceptación del sistema democrático republicano en América Latina, muestran que viene perdiendo aceptación, que la gente no tiene una excelente visión de las cosas que están sucediendo. Es decir, la gente no ve que las instituciones estén cumpliendo su función de salvaguarda. Por lo tanto, nuestra solicitud al Poder Legislativo es que esté atento a lo que está sucediendo, pues se lo esquivó en algo muy grave. Estas nueve mil firmas, más las encuestas de hace cuatro meses que dicen que más del 60% de la población cree que fue excesiva la actuación del Poder Ejecutivo con la empresa, ameritan que pongamos un freno a este avasallamiento porque, si el equilibrio de los poderes cae, la República ya no podría llamarse República”.

Fuente Imagen: Diario El Telégrafo. www.eltelegrafo.com

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El libro, editado por Casa de Filosofía/Editorial Maderamen, reúne trabajos de Viscardi, Carballal, Diego Julien, Sebastián M. Ferreira Peñaflor y Leonardo Flamia y es fruto de la reflexión filosófica surgida a partir de los constantes acontecimientos de represión política que viene sufriendo el pensamiento crítico, las humanidades y los discursos antihegemónicos en el acontecer político del Uruguay reciente.

La presentación estará a cargo de Alma Bolón (UDELAR) y Damián Baccino (Casa de Filosofía) y se realizará el próximo miércoles 5 de junio a las 19.00 horas en el local sindical de Ades Montevideo (Maldonado 1193 entre Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz).

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El pasado 3 de octubre se realizó la Asamblea Intersindical-Gremial que reunió a sindicatos de trabajadores y docentes de la educación y a gremios estudiantiles. Entre las resoluciones de dicha Asamblea se encontraba: “La realización de una coordinación amplia entre sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, para realizar una campaña contra la criminalización de la protesta con el objetivo de impulsar acciones masivas que expresen la unificación de la lucha”.

La fundamentación de dicha coordinación se encontraba ante la: “escalada represiva desplegada desde el gobierno contra la protesta social (…) [que es] una muestra de hasta dónde el Estado está dispuesto a llegar para aplicar todo tipo de ajustes y privatizaciones de los servicios públicos y de la educación, adoptando el modelo neoliberal”.

El Foro Contra la Criminalización de la Protesta se encuentra entonces en el marco de las actividades resueltas por la Intersindical del 3 de octubre. En dicho foro expondrán:

Ricardo Viscardi (Docente e Investigador –UDELAR)

Victoria Moyano Artigas (Hija de desaparecidos, nieta recuperada – CEPRODH Argentina) en videoconferencia

Baldemar Tarocco (Ex preso político – Crysol)

Santiago Mazzarovich (Fotoperiodista – La diaria)

Alma Bolón (Docente e investigadora – UDELAR)

También participarán trabajadores docentes, estudiantes de secundaria y Plenaria Memoria y Justicia

Organiza: Colectivos Contra la Criminalización de la Protesta

Lugar: Sindicato de Artes Gráficas (Durazno 972)

Datos sobre ponencias y panelistas:

“Medios de dominación”, por Ricardo Viscardi.

Diploma de Habilitación a la Dirección de Investigaciones en Filosofía Universidad (Paris8-St. Denis), Doctor en Historia y Crítica de Ideologías, Mitos y Religiones (Universidad Paris-X-Nanterre y Escuela Práctica de Altos Estudios),  ex-director de Ciencias de la Comunicación (UdelaR-Uruguay),  miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Uruguay), docente del Instituto de Filosofía (UdelaR-Uruguay).

“Los dos demonios y otras interpretaciones siempre listas”, por Alma Bolón.

Profesora titular de Literatura Francesa (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaciόn), profesora agregada de Lingüίstica Aplicada (Facultad de Derecho), investigadora de la Anii, colabora con Brecha, integra el consejo de redacciόn de Prohibido Pensar. Revista de Ensayos.

«Construcción y etapas del relato hegemónico de cara a la criminalización de la protesta», por Santiago Mazzarovich.

Fotoperiodista, trabaja en la diaria y en adhocFotos -Cooperativa de fotógrafos-. Desde hace cinco años desarrolla su labor fotoperiodística trabajando para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, y agencias de noticias internacionales. Colabora desde la fotografía con diversos movimientos sociales, e integra el colectivo de fotografía militante rebelArte.

«Criminalización de la protesta en Uruguay y Argentina», por Victoria Moyano Artigas.

Militante de DDHH, integrante del CeProDH de Argentina. Declaró en la causa por el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura, porque nació en el Pozo de Banfield, un centro clandestino. Hija de desaparecidos, madre uruguaya y padre argentino, fue apropiada por una familia con lazos fuertes con militares y conoció su identidad a los 9 años siendo la primer hija de desaparecidos recuperada de Uruguay. En 2014 fue detenida por la Gendarmería al solidarizarse con el conflicto de trabajadores de Lear en un corte de la Panamericana. Hoy es testigo y denunciante en los juicios realizados en Roma sobre el Plan Cóndor.

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