Incalcaterra extendió su felicitación al nuevo Consejo Directivo, integrado por: el Sr. Juan Faroppa, el Sr. Juan Raúl Ferreira,la Sra. MarianaGonzález Guyer,la Sra. MirthaGuianze yla Sra. ArielaPeralta.

“Estos nombramientos representan el punto de partida para el establecimiento de esta importante institución de promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el Uruguay”, destacó Incalcaterra.

“Reconocemos que la tarea que inician los miembros del Consejo Directivo, la de construir una institución moderna, eficiente y que responda a los anhelos de la sociedad uruguaya, es ardua, por ello, desde ya le ofrecemos el acompañamiento, la asistencia y asesoría técnica de nuestra Oficina Regional”.

Creada por la ley 18.446 en diciembre de 2008,la INDDHHde Uruguay, que tiene el mandato de defender, promover y proteger los derechos humanos, “cumple plenamente con los Principios de París, que establecen las reglas para la composición y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos¨ aseveró Incalcaterra.

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La reunión entre el doctor Jorge Orrico y Amerigo Incalcaterra tendrá lugar a la hora 14.o0 en el Despacho dela Presidencia, al producirse un cambio de horario de lo pactado inicialmente a la hora 16.30.

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¨Es inconcebible que la vida sexual de una niña de 12 años de edad pueda ser utilizada para revocar sus derechos¨, dijo Amerigo Incalcaterra, Representante Regional de ACNUDH para América del Sur. ¨Esta decisión marca un precedente peligroso y discrimina a las víctimas tanto por su edad como por su género¨.

Incalcaterra señaló que la decisión del STJ viola varios tratados internacionales de derechos humanos, que Brasil ha ratificado, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Hizo hincapié en que ¨todos los tribunales tienen la obligación jurídica de interpretar y aplicar estos tratados internacionales de derechos humanos¨.

El Representante Regional se hizo eco de la condena de UNICEF-Brasil de esta decisión por poner en peligro los avances realizados en Brasil en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Incalcaterra exhortó a las autoridades estatales, incluidos los funcionarios judiciales, a darle prioridad al interés superior del niño en la toma de decisiones y recordó a los Estados su obligación de proteger a los niños y niñas de todas las formas de violencia, incluido el abuso sexual.[1]

Los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen claramente que la vida sexual de una mujer no debe ser tomada en cuenta al decidir el alcance de sus derechos y protecciones jurídicas, incluida la protección contra la violación.[2] Por otra parte, según la jurisprudencia internacional, en casos de abuso sexual no se debe considerar la vida sexual de la víctima con el fin de determinar la existencia de un delito, ya que este enfoque discrimina por motivos de género. [3]

Incalcaterra acogió con satisfacción la declaración formulada por la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil, en la que la Ministra María do Rosario afirma que los derechos del niños y niñas nunca pueden ser relativos y en la que critica la sentencia del tribunal por crear impunidad para delitos tan graves. El Representante Regional también ofreció la asistencia de su Oficina al Poder Judicial en materia de estándares internacionales de derechos humanos.

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¨Estos hechos reflejan un patrón alarmante de violencia carcelaria en la región, que es una consecuencia directa de -o se ve agravada por- entre otras cosas, las condiciones precarias de detención, incluyendo el hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos tales como espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica, y la falta de estándares básicos de saneamiento e higiene¨, señaló Incalcaterra. ¨Estas condiciones se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la prisión preventiva¨.

El Representante Regional destacó que las condiciones carcelarias en América del Sur han sido criticadas en repetidas ocasiones en varios informes de las Naciones Unidas, de los Órganos de Tratados, los Procedimientos especiales, así como en el Examen Periódico Universal de muchos países. Recordó que los gobiernos de la región deben actuar sobre estas recomendaciones.

Incalcaterra recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar que las condiciones de detención son compatibles con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana, como se reconoce en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Citando a las directrices del Comité de Derechos Humanos, Incalcaterra señaló que el ¨trato humano es un estándar básico de aplicación universal que no puede depender enteramente de los recursos materiales, y que debe aplicarse sin discriminación¨. El Poder Judicial debe asumir cierta responsabilidad por las condiciones y el tratamiento que afectan a aquellos que ordena permanecer en prisión preventiva o a los que condena a penas de prisión, agregó.

Además de las recientes muertes de ocho prisioneros en la región, el Representante Regional expresó su alarma por un video que muestra una mujer detenida esposada que acababa de dar a luz en Brasil, en clara contravención de los tratados internacionales de derechos humanos.

El Representante Regional pidió una investigación pronta y eficaz sobre todos estos incidentes recientes, para identificar a los responsables y obtener reparación para las familias de las víctimas. Incalcaterra recordó que ¨todos los Estados deben adoptar medidas urgentes para garantizar que las condiciones de detención cumplen con las normas internacionales de derechos humanos. Esas medidas deberían incluir, entre otros, el establecimiento de mecanismos imparciales para inspeccionar y visitar los lugares de detención y reclusión¨.

El Representante Regional señaló que ninguno de los países cubiertos por su oficina ha establecido un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), requerimiento del Protocolo Facultativo dela Convencióncontrala Tortura(OP-CAT). Incalcaterra también alentó a los Estados que aún no han ratificado el Protocolo Facultativo a hacerlo, e instó a sus Estados Partes a establecer mecanismos nacionales de prevención como una cuestión de prioridad.

Antecedentes

La tasa  de hacinamiento en las prisiones de la región varía entre el 30 y el 70%.

Argentina: Un interno murió el 27 de enero después de ser apuñalado por otro preso en la cárcel de Capayán, en la provincia de Catamarca, en el norte. En un incidente separado, el 29 de enero, un preso de 25 años de edad murió después de recibir 30 golpes en la cabeza supuestamente por guardias dela Unidad46 del Complejo de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense. Aunque algunos MNPs existen a nivel provincial, Argentina todavía tiene que establecer un mecanismo nacional en el marco del OP-CAT. Un proyecto de ley sobre el establecimiento de un MNP se está debatiendo actualmente en el Senado.

Brasil: Un video de tres minutos de una prisionera femenina esposada que había recién dado a luz ha hecho olas en Brasil estos días. La mujer de 32 años de edad, estaba en detención preventiva desde noviembre por cargos de robar muñecas y champús en tiendas en Sao Paulo. El video difundido el 2 de febrero ha vuelto a destacar una cuestión planteada en un informe del diario brasileño Folha sobre el uso de esposas durante y después del parto en el Estado de São Paulo – acusaciones que han sido negadas por funcionarios del Estado. Aunque algunos MNPs existen a nivel provincial, Brasil todavía tiene que establecer un mecanismo nacional en el marco del OP-CAT.

Chile: El 29 de enero, un preso de 25 años en prisión preventiva recibió un disparo en la cabeza por un guardia cuando intentaba escapar de la cárcel de Talagante, cerca de Santiago, lo que produjo un motín en la cárcel. Chile aún tiene que establecer un MNP de conformidad con el OP-CAT y los Principios de París.

Perú: Aún tiene que establecer un MNP.

Uruguay: El 29 de enero, tres presos murieron en la cárcel de COMCAR cerca de Montevideo, a raíz de un incendio que habría ocurrido a consecuencia de violencia entre reclusos. Uruguay aún tiene que establecer un MNP.

Venezuela: El 25 de enero, dos presos murieron como consecuencia de violencia entre prisioneros durante un motín enla Penitenciaría Nacionalde Maracaibo. Venezuela ha firmado el OP-CAT, sin embargo aún no lo ha ratificado.

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Iniciativa de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la campaña busca incentivar la participación masiva de todas las personas, mediante las redes sociales, y fomentar la apropiación del título de defensor o defensora de los derechos humanos.

¨Todas y todos podemos ser defensoras y defensores de los derechos humanos¨, aseveró Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur del ACNUDH. ¨Hacemos un llamado a todas las personas a promover los derechos humanos y a defenderlos¨.

La idea es sencilla. Usando un teléfono celular, cámara o webcam, deben grabar un video donde expresan el siguiente mensaje: «Soy NOMBRE, de PAíS y/o ORGANISMO, y yo me declaro Defensor(a) de los Derechos Humanos»

Luego, deben subir y compartir su video a través de YouTube y colocar el enlace en Facebook, Twitter, su blog, o lo envían por email. Pueden usar todos los recursos audiovisuales a su alcance, así como organizar a sus amigos, familiares y colegas para que participen también.

¨A través del poder transformador de los medios de comunicación social, todas las personas  se pueden convertir en defensores de los derechos humanos¨, recordó Incalcaterra. ¨Te invitamos a declararte defensor o defensora de los derechos humanos mediante las redes sociales, que son un elemento importante en el movimiento global por los derechos fundamentales¨.

ACNUDH agradece el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, a esta campaña, y el de su Directora, Lorena Fries, quien señaló “es clave crear en la ciudadanía una cultura de derechos humanos, especialmente entre los jóvenes quienes finalmente representan el futuro de su defensa y promoción”.

La Directora del INDH instó a los jóvenes “a participar de esta iniciativa, ya que es necesario que se motiven y entiendan el importante papel que ellos juegan en el futuro como defensores del medio ambiente, de los derechos de las mujeres, los niños y niñas, y los pueblos indígenas. Y en la protección de las libertades y los derechos sociales de las personas, como la salud, la educación y el trabajo”, concluyó.

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