La actividad se desarrollará en la Criolla de Las Piedras (Elías Regules 497) a partir de la hora 18, informó su conductor departamental, el senador Amín Niffouri.

La lista 400 nació en 1998 y tuvo un bautismo de 7313 votos, y por la misma fue electo diputado por primera vez en el año 2009 el hoy Presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

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El Proyecto, de fecha 8 de noviembre, está firmado por los legisladores nacionalistas Gerardo Amarilla, Benjamín Irazábal, Armando Castaingdebat, José Andrés Arocena, Amín Niffouri, Álvaro Dastugue, Pablo Abdala, y Graciela Matiaude del Partido Colorado.

En la exposición de motivos: “En 2017 se conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, teólogo alemán, fraile católico agustino y reformador religioso, y a su vez los 100 años de la reforma de la constitución que consagra en nuestro país la separación de  la Iglesia del Estado y la libertad de cultos.

En la Constitución de la República Oriental del Uruguay en el artículo 5º se consagra la libertad de culto: «Todos los cultos son libres en el Uruguay…».

Consecuentemente entendemos que a raíz de lo establecido constitucionalmente, se deben adoptar medidas concretas que permitan que el ejercicio de un culto se desarrolle armónicamente, otorgando con ello  oportunidades de crecimiento a cada uno de sus miembros. Asimismo,    dicho ejercicio debe ser realizado sin discriminaciones, constituyendo un  deber del legislador crear las condiciones para que todos lo puedan ejercer.

Creemos importante resaltar esta fecha ya que trata de una gran contribución por parte de la Iglesia Evangélica que se remonta a 1517 d.C.  en un contexto histórico particular, en el cual la Iglesia Católica enfrentaba   una de sus peores crisis, principalmente en temas de confianza y transparencia, a lo cual Martín Lutero decide rescatar los valores de fe basados en el Evangelio sin contar con intermediarios. Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería doctrina sobre la salvación solo por la  fe. Este documento es conocido como “Las 95 Tesis de Wittenberg” y se onsideró el comienzo de la Reforma Protestante.

Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la imprenta, y Lutero se convirtió en un héroe para todos los que deseaban  una reforma de la Iglesia Católica.

En Uruguay, la Iglesia Evangélica Protestante comienza con el misionero  Diego Thompson, en 1821, quien promovió en una entrevista con Dámaso Antonio Larrañaga la educación gratuita y universal, a través del concepto  lancasteriano. Contando con el ingreso del cristianismo protestante primero por medio de las Iglesias de inmigración con la presencia de la Iglesia Anglicana y la Iglesia Valdense, también aparecen las Iglesias de misión con la presencia de la Iglesia Metodista.

Hasta el año 1930 se produjo la introducción de nuevos grupos tales como  El Ejército de la Salvación, Los Bautistas, Los Hermanos Libres y La Iglesia Evangélica Armenia.

Más adelante en el tiempo ingresaron nuevos grupos, los Luteranos, Nazarenos, La Misión Evangélica del Uruguay, Pentecostales, La Asamblea de Dios, Las Asambleas de Dios, Iglesia de Dios. Ya para la mitad del siglo XX ingresan Los Menonitas y Hermanos Menonitas,  Misión Finlandesa, Iglesia Evangélica Cristiana Sarón, Alianza Cristiana y

Misionera, Movimiento Misionero Mundial.

Ya en la segunda mitad del siglo XX el crecimiento de la Iglesia  y  misioneros es de suma importancia Para resumir en parte el aporte realizado por la Iglesia Evangélica Protestante en todas sus vertientes presentes en el Uruguay mencionamos a Andrés Miranda, quien, en

El Puente, resume la realidad evangélica de hoy: «Las Iglesias Evangélicas han fundado escuelas, colegios, asilos, hogares infantiles, comedores, etc.  Los evangélicos han estado desde siempre cerca de los sectores carenciados de la sociedad, han trabajado en las cárceles y orfanatorios. Han fundado el

Hospital Evangélico. Su acción ha apuntado también a ayudar a los enfermos, los alcohólicos y drogadictos.

Con su doctrina y filosofía asentada en la Biblia, los evangélicos han hecho  otra tarea, que por pasar inadvertida, no deja de ser trascendente. Se trata de toda la ayuda prestada a personas y familias enteras a lograr encontrar  el sentido de la vida. Miles de personas han encontrado en las Iglesias Evangélicas el propósito para sus vidas, buenas razones para vivir. Han  podido encontrar a la luz del Evangelio su propia identidad, el equilibrio espiritual y la paz mental.

Se estima entre un 9 y un 15% los evangélicos en el Uruguay, más adherentes o simpatizantes. Miles de iglesias, organizaciones y diversos ministerios que trabajan desde el corazón de la sociedad y para bendecir con su labor a todo el pueblo uruguayo”.

Creemos que este día tan especial para un grupo tan importante de nuestra

sociedad como lo es la colectividad Evangélica debe ser tratado con especial atención para que así se pueda llevar a cabo una mayor confraternización y celebración, por ello que planteamos que se declare el  31 de octubre de cada año como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Fuente Imagen: http://ciecet-ahuban.blogspot.com.uy

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El evento, organizado por la Comisión especial de deporte presidida por el diputado Amín Niffouri; contó con la presencia del Cónsul de Holanda en Uruguay, Rene Sonneveld; del senador Javier García, de los diputados Felipe Carballo y Valentina Rapela, los legisladores suplentes Lourdes Rapalín, y José Luis Stadjian y palabras del Presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla.

La delegación, que parte este martes hacia Holanda, está integrada por los deportistas Keila Rodríguez, Bárbara Arnold, Carolina Cortés, Yoselín Marzoa, Ramiro Ruiz, Juan Rodríguez, Alejandro Rodríguez, Iván Fretes, Brahian Perdomo y Guillermo Fernández y sus técnicos, Luciana Varela y Emiliano Piaggio.

En la apertura de la actividad realizada hoy en la Antesala de Diputados se escucharon las estrofas del Himno Nacional, previo a que hiciera uso de la palabra el Presidente Amarilla, quién agradeció a las autoridades presentes, a los jóvenes deportistas y también a los familiares que les acompañaban, considerando que esta entrega del Pabellón Nacional tiene un valor doblemente simbólico y muy significativo.

“En primer lugar, dijo, por el lugar en dónde lo hacemos. No lo hacemos en nuestra condición personal, sino en nuestro carácter de representantes del pueblo y justamente en esta casa que es dónde radica la representación popular”.

En segundo término señaló la importancia simbólica que el acto de entrega del pabellón tiene por la preparación y por el doble sacrificio de quienes lograron, con sus méritos, ser seleccionados para este encuentro. “Pero, además, por las difíciles condiciones en que lo han logrado. El poco apoyo que han tenido y el sacrificio personal de los atletas y de sus familias, que ha sido enorme” señaló.

El Presidente también se refirió a la necesidad de que el legislador también se comprometa con estas causas más allá del discurso y afirmó que es un debe del Uruguay desde hace muchas décadas.

Por su parte el presidente de la Comisión especial de deporte de la Cámara de Representantes, Amín Niffouri, indicó que la actividad desplegada tiene mucho de simbolismo y que se está innovando en este tema, porque “es la primera vez que como Comisión, haremos entrega del Pabellón Nacional a una delegación deportiva, lo que entendemos le hace mucho bien al Parlamento Nacional”.

Niffouri dijo además que “la mayoría de nosotros, como ex deportistas, sentimos y vibramos con el deporte y esta bueno que a nivel del Legislativo se hagan este tipo de reconocimientos”.

La diputada Valentina Rapela al hacer uso de la palabra deseó “el mejor de los éxitos a la delegación, manifestando estar al tanto del sacrificio que han hecho los atletas uruguayos para concurrir a esta competición, por lo que afirmó “ello hace que cada logro tenga mucho más valor y profundice el orgullo que tiene el país de contar con ustedes”.

El diputado Felipe Carballo valoró la iniciativa de Niffouri “que es en cierta forma respaldar y reconocer el esfuerzo importante que vienen haciendo estos gurises desde hace mucho tiempo, y el reconocimiento a todos los clubes y a todos los padres que han hecho posible que Uruguay esté representado en este próximo Mundial”.

Uno de los entrenadores, Emiliano Piaggio resumió su sentir en tres palabras: “contentos, agradecidos, y orgullosos”.

“Estamos contentos por lo que estamos viviendo desde meses atrás, agradecidos porque nos hayan recibido acá, por todos los que nos han apoyado, que son un montón de personas, incluso de empresas que han colaborado económicamente para que podamos viajar.

“Vamos a dejar todo por el país” finalizó, orgulloso por representar a Uruguay en un torneo tan importante.

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“Porque con esfuerzo y dedicación se puede, ellos son el ejemplo!!!”; expresa la convocatoria refiriéndose a tan esforzada delegación que nos representará en los Países Bajos.

El acto de entrega del Símbolo Nacional se realizará el Lunes 11 de julio, a la hora 14:00, en la Antesala de la Cámara de Representantes.

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Explicó que para tales efectos “llega una delegación canadiense para participar del evento y asegurarse de que realmente lleguen a manos de los niños. Son 20000 cajitas anuales (Cajitas de Esperanza) se distribuyen en todo nuestro país”.

“Ver la cara de esos niños al recibir esas cajitas no tiene explicación!!!”, exclamó el parlamentario.

Para Amín Nifflouri solo resta “felicitar a la comunidad evangélica y resaltar las cosas que se hacen bien en Uruguay y por nuestros niños!!!”.

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En tal sentido, el diputado Amín Niffouri le solicitó hoy al jefe comunal una entrevista para que el jerarca le comunique su plan de obras y le detalle cómo serán distribuidos dichos dineros públicos.

Recientemente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informó públicamente que el Estado destinará U$S 15 millones para reparar los destrozos que el último temporal generó en gran parte del territorio nacional. En ese ámbito también se indicó que Canelones se llevará la mayor parte de ese presupuesto, un 50.51% del total, lo que equivale a U$S 7.5 millones.

Como se recordará, a los pocos días de registrarse el citado temporal, el sector Aire Fresco del Partido Nacional le solicitó al Intendente Marcos Carambula una reunión con todos los diputados del departamento. El encuentro tuvo lugar el pasado 10 de febrero y en ese ámbito los legisladores anunciaron que estaban dispuestos a controlar en qué y cómo se gastarían y distribuían los fondos que otorgaría el Gobierno Nacional para la reparación del departamento de Canelones.

Hasta ahora, luego de conocerse el monto del aporte estatal ningún legislador oficialista u opositor había solicitado un detalle de las obras proyectadas por el titular de la Comuna Canaria. Y fue por esa razón que el diputado Amín Niffouri, en representación de su sector, Aire Fresco, solicitó reunirse con el Intendente Carámbula para informarse sobre la utilización de los mencionados fondos. Al mismo tiempo, el legislador nacionalista aprovechará la oportunidad para acercarle al jefe comunal algunos planteos referidos a inquietudes que los vecinos de distintas localidades le han trasladado en diversas recorridas que el diputado Niffouri realiza por el Departamento.

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Santa Rosa. Club Ideal Hora 18.00.

Santa Lucia. Club de Bochas (Sta. Lucia) Hora 19.30.

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Se citara a las autoridades de la empresa y al sindicato de funcionarios a la comisión de Transporte de la Cámara Representantes por parte del Diputado Amín Niffouri, como también serán citados a la comisión numero 2 la Junta Departamental de Canelones.

Amín Niffouri                                                          Sebastián Andújar

Representante Nacional                                       Edil Departamental

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Entre los temas que integran la agenda se encuentra la obra del Corredor Garzón y la Terminal Multimodal de Colón.

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EXTRACCIÓN DE MINERALES Y COMBUSTIBLES FÓSILES

Modificación del artículo 6º de la Ley Nº 16.466

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el literal E) del artículo 6º de la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«E) La extracción de minerales y de combustibles fósiles, incluidas las actividades de prospección y exploración».

Artículo 2º.- El MVOTMA procederá de inmediato a adecuar las reglamentaciones y demás disposiciones, actos u operaciones materiales establecidas en la presente ley.

Montevideo, 14 de setiembre de 2011.

LUIS LACALLE POU

Representante por Canelones

GERARDO AMARILLA

Representante por Rivera

AMIN NIFFOURI

Representante por Canelones

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aunque con raíces ancestrales, el Derecho Ambiental es un ordenamiento muy nuevo en el mundo del Derecho. Tal como lo enseña la doctrina, y dentro de ella con particular destaque mundial nuestro compatriota, el doctor Mateo Magariños de Mello, puede decirse que a nivel universal el comienzo de la producción normativa propiamente ambiental, se fija de manera convencional, el 5 de junio de 1972; día en que comenzó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, teniendo lugar en Estocolmo, Reino de Suecia.

En nuestro país, importantes normas se consagraron desde aquella fecha, con particular intensidad, luego que en el año 1990 se concretara la creación; por Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). No es detalle menor destacar que la legislación ambiental de esa época contó con la unanimidad de los votos de los integrantes de ambas Cámaras, debiendo destacarse aportes relevantes de fuerzas opositoras, entre los cuales pueden con justicia recordarse los realizados con gran dedicación por el fallecido Senador Leopoldo Bruera.

Entre las normas generadas por iniciativa del recién creado Ministerio de Vivienda, en la década del ’90, ocupa un lugar relevante la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994, comúnmente denominada Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, por la cual, según reza su artículo 1º, se declara «de interés general y nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, así como la prevención del impacto ambiental negativo o nocivo y, en su caso, la recomposición del medio ambiente dañado por actividades humanas».

En esencia, este instrumento legal aplica en el Derecho nacional el Principio 17 de la Declaración de Río de Janeiro, de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que expresa: «Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente».

El artículo 6º de la ley uruguaya, siguiendo toda una orientación del derecho comparado resulta básico, al establecer un listado de las «actividades, construcciones u obras públicas o privadas» que «quedan sometidas a la realización previa de un estudio de impacto ambiental».

En el literal E) de ese artículo se incluye entre las actividades «la extracción de minerales y de combustibles fósiles».

La iniciativa procura aclarar el alcance de las actividades comprendidas, incluyendo en el texto expresamente, las actividades de prospección y exploración, puesto que la experiencia indica que ya en esas etapas se realizan intervenciones susceptibles de producir un probable impacto ambiental negativo.

Por otro lado, de esta manera se eliminan eventuales discusiones y el Derecho uruguayo se pone en línea con el Derecho de otros países de la región, como Argentina, que han optado por mejorar los niveles de protección y sostenibilidad.

Como es lógico y surge del propio texto de la Ley Nº 16.466, se encuentra vigente el Decreto 349/2005, que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, se dispone que deberá procederse a ajustar ese texto a las determinaciones de la ley cuya aprobación se propicia.

Hay en el país un proceso notorio en el campo minero que reclama seguridades para poder desarrollarse en condiciones constitucional y legalmente procedentes, desde la visión de la sostenibilidad y el equilibrio entre los derechos de las actuales y futuras generaciones.

Entendemos que es deber del Parlamento actuar sin dilatorias para estar a la altura del mandato del Constituyente.

Montevideo, 14 de setiembre de 2011.

LUIS LACALLE POU

Representante por Canelones

GERARDO AMARILLA

Representante por Rivera

AMIN NIFFOURI

Representante por Canelones

Comisión de Industria, Energía y Minería

Carpeta Nº 1167 de 2011

Repartido Nº 696

Octubre de 2011

ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS A LA NORMATIVA Y POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

Modificación de disposiciones del Código de Minería

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 1º del Código de Minería (Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982) un segundo inciso, por lo que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 1º.- El presente Código regula la institución de títulos y derechos mineros y organiza los regímenes que habilitan la actividad minera.

La actividad minera en todo lo relativo a la protección del ambiente y a la conservación del patrimonio natural y cultural, así como a la racional coordinación y armonización de derechos territoriale s y usos legítimos del suelo, quedará sujeta a las disposiciones del Capítulo III de la Primera Parte del Libro II del presente Código, a las que se han establecido y, oportunamente, se establezcan en normas ambientales de fuente internacional como en ejecución de la protección ambiental declarada en el artículo 47 de la Constitución de la República así como a las disposiciones e instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible».

Artículo 2º.- Incorpórase, a la Primera Parte (Disposiciones Generales) del Libro II del Código de Minería el siguiente Capítulo:

«Normas sobre Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible»

ARTÍCULO….- Están comprendidas en el régimen de este Capítulo todas las personas físicas y jurídicas, públicas, privadas o paraestatales que desarrollen actividades mineras en general, y en especial:

1) Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento y operaciones afines a las preindicadas, de los recursos minerales del país o en los que el país tenga derechos emanados de cualquier fuente, incluidas todas las actividades de cierre y abandono de minas o labores de búsqueda, exploración y explotación de sustancias minerales.

2) Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado, transporte y otros que puedan surgir en el ámbito del conocimiento, la ciencia y la tecnología y la disposición de residuos, cualquiera sea su naturaleza.

ARTÍCULO….- Las personas comprendidas en las actividades indicadas en el artículo anterior serán objetivamente responsables de todo daño ambiental (artículo 3º Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000), ya sea que lo causen en forma directa o por las personas que se encuentren bajo su dependencia o autorización expresa o implícita, o por parte de contratistas o subcontratistas o sus dependientes respectivos, o que lo cause el vicio de la cosa o el riesgo creado por las actividades. El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que causen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho. La responsabilidad emergente de conformidad con la presente disposición o con las normas que rigen el Derecho de Daños, la protección ambiental y el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, solo cesa si el imputado prueba haber mediado en el evento caso fortuito, fuerza mayor, causa extraña o hecho de tercero no imputables a su respecto.

ARTÍCULO….- Las personas comprendidas en el presente Capítulo deberán cumplir las normas de protección ambiental y de ordenamiento territorial y cooperar en la plena aplicación de las mismas desde el momento en que sean exigibles y hasta la finalización de dicha exigibilidad.

Las entidades públicas actuantes en la actividad minera o con respecto a la misma, propiciarán la impulsión de esa actividad en coherencia con el modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, que tienen obligación de propiciar, promoviendo el avance científico y tecnológico, las mejores prácticas de sostenibilidad ambiental y la aplicación de los principios legales de política ambiental nacional.

Asimismo el Estado y los Gobiernos Departamentales implementarán programas de formación con la finalidad de orientar a la población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera, y de capacitarla para una efectiva participación en las instancias legal o reglamentariamente previstas, ilustrando sobre la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención, con arreglo a las particularidades ecosistémicas, regionales, sociales, patrimoniales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas.

El Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo, en el pla zo máximo de 6 meses un Proyecto de Directriz Nacional de Desarrollo Sostenible de la Minería como instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, e implementará un programa especial de apoyo técnico disponible para la formulación, por parte de los Gobiernos Departamentales, de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que deben expedir en materia minera.

Artículo 3º.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación inmediata.

Artículo 4º.- Interprétase que la declaración de interés general formulada en el Artículo 47 de la Constitución de la República y los deberes allí establecidos, se aplican y comprenden a todas las obligaciones, actos y hechos que se deriven de la aplicación de la presente ley, la que posee carácter de orden público integral.

Montevideo, 14 de setiembre de 2011.

LUIS LACALLE POU

Representante por Canelones

AMIN NIFFOURI

Representante por Canelones

GERARDO AMARILLA

Representante por Rivera

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene su origen en una iniciativa de la Oficina Uruguay del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA); entidad con sede en Asunción, República del Paraguay, cuya Dirección Ejecutiva redactó el texto que luego contó con el aporte de expertos destacados de nuestro país en diversas disciplinas.

La propuesta apunta a ajustar la legislación aplicable a la Minería en el Uruguay, a la normativa ambiental de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible; que se enraiza en el paradigma ambiental constitucionalizado, fundamentalmente en el Artículo 47 de la Carta, así como en las normas de fuente nacional e internacional que desarrollan o complementan la normativa constitucional. Si bien, dada la jerarquía normativa de las normas aludidas, ellas son de plena aplicación a las actividades mineras desde que entraron en vigor hace ya años, conviene que se legisle expresamente, a efectos de evitar innecesarios debates y confusiones.

La estrategia legislativa que se propone, parte de incluir un Capítulo específico en materia ambiental dentro del Código de Minería, tal como ha ocurrido en el Derecho Comparado de Argentina, Bolivia y otros países. En particular, la mayor novedad consistiría en someter a evaluación de impacto ambiental, la actividad minera desde los primeros actos de prospección, tal como ocurre en el Derecho argentino.

A su vez se trata de ajustar a esta misma visión la ley de evaluación de impacto ambiental (Ley Nº 16.466) imponiendo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), adecuar la reglamentación respectiva en materia de evaluación de impacto amb iental y autorizaciones ambientales, acordes a la presente modificación legislativa.

Por otro lado, el proyecto apunta a la aplicación de la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008) a la minería.

Por último; para que se entienda que por imperio de la Constitución, y desde mucho antes que surgieran la presente modificación legislativa y los promocionados proyectos de minería que se están estudiando en la actuali dad, los derechos de los particulares, sean nacionales o extranjeros, están limitados por la Carta. El Estado uruguayo tiene, por tanto, la obligación, desde la primera intervención contemplada por las actividades de prospección hasta su extinción, de someter los actos de la actividad minera a la legislación de protección ambiental y ordenamiento territorial, sin que nadie pueda pretender indemnización alguna por estudios que deba realizar. Se ejercita, en tal sentido, la competencia de la Asamblea General de interpretar, con efecto obligatorio la Constitución de la República.

Una norma especial en materia de responsabilidad, encuadrada en las más modernas orientaciones del Derecho Comparado, complementa la necesaria inspiración garantista de una legislación que en su esencia, debe ser un indiscutido medio de consagración del desarrollo sostenible en interés de las actuales y futuras generaciones.

Montevideo, 14 de setiembre de 2011.

LUIS LACALLE POU

Representante por Canelones

AMIN NIFFOURI

Representante por Canelones

GERARDO AMARILLA

Representante por Rivera

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