Los integrantes del Movus plantearon su oposición a la forestación para la producción de celulosa, expusieron los graves impactos ambientales de esta actividad sobre el ecosistema característico de Uruguay y la región. También resaltaron los impactos sociales asociados a los monocultivos, los pueblos cercados, afectaciones diversas a los pequeños productores tradicionales, los miedos que producen las grandes masas de árboles entre otros. A ello se suman los privilegios concedidos, con exenciones fiscales y zonas francas, que establecen una competencia desleal con las restantes actividades productivas, sin réditos económicos y laborales significativos para el país, poniendo en riesgo además la soberanía nacional.

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«Este proyecto, pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo de forma arbitraria e inconstitucional, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país», manifestó Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) y de la Coordinación Nacional contra UPM.

«Si se concreta, este megaproyecto, forestal, celulósico, portuario y ferroviario de UPM provocará graves daños a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya», agregó.

Por su parte, Anita Hernández, integrante del movimiento de vecinos No al tren de UPM, dijo que son más de 37.000 las personas afectadas por un tren de uso exclusivo para la empresa UPM, cuyas características son muy diferentes al tren de pasajeros que toda la vida vieron pasar cerca de sus casas. «Este tren que transportará químicos peligrosos a altas velocidades constituye un riesgo para los habitantes de la zona. Vemos con tristeza que el gobierno no nos protege y si lo hace con los intereses de una multinacional», declaró.

Mauricio Genta, estudiante universitario, integrante de la misma organización, manifestó preocupación por los impactos ambientales de este megaproyecto para las generaciones futuras. Señaló entre otros aspectos, la invasión de monocultivos forestales sobre las praderas, la afectación en el agua de esas plantaciones y de la fábrica de celulosa en el Río Negro, la proliferación de cianobacterias, la pérdida de carbono acumulado en las praderas y su impacto en la crisis climática como consecuencia del cambio del uso del suelo.

El doctor William Yohai presentó un análisis detallado de los graves perjuicios para la economía del país pues el Estado uruguayo pagará los costos de infraestructura, estimados en más de 4.600 millones de dólares americanos, mientras que UPM invertirá una cifra mucho menor excenta de impuestos y se instalará en zona franca. En su informe Yohai incluyó una tabla mostrando que la generación de empleos en el sector forestal celulósico no supera los 1000 empleos en una década.

El abogado Hoenir Sarthou, integrante del Movimiento Ciudadano UPM2 NO, centró su exposición en los aspectos jurídicos y las violaciones a la Constitución en que incurrió el Poder Ejecutivo al firmar un acuerdo con una empresa sin estar facultado para hacerlo. El contrato incluye una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral y en los programas de enseñanza del país, así como el traslado a jurisdicción internacional de las controversias entre el Estado uruguayo y UPM.

Copias del documento elaborado por William Yohai y la carta de las organizaciones uruguayas entregada al cónsul de Finlandia en junio de este año fueron repartidas a los participantes.

(*) Entre los  representantes se encontraban Stefan Liller, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Flavio Scasso Analista de Programa, Serge Kapto Especialista en Políticas, George Gray Molina, Asesor en Economía, Gonzalo Pizarro, Asesor en Políticas Regionales , Pobreza y Derechos Humanos, Marco Steinberg Gerente de la Empresa Snowcone & Haystack de Finlandia entre otros.

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