El evento, es organizado por el Instituto de Estudios Sindicales de COFE (Inesur) y  la SEPLA, se denomina “La experiencia de los Gobiernos Progresistas en Debate. Vigencia de la contradicción entre capital y trabajo.” y se realizará en Montevideo, en una discusión cerrada de los académicos próximo 13 y 14 de julio.

La devolución de la conclusión de este debate se realizará el viernes 15 de julio de 9 y 30 a 12 horas en el salón L 2 de la Facultad de Ciencias Sociales ( Constituyente y Martínez Trueba), con acceso abierto para todo público.

Los talleres se organizan en base a las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuáles son los principales cambios realizados por estos gobiernos?

2.- ¿Cuáles son los principales impactos y tendencias de los cambios realizados sobre  la economía, la sociedad y el sistema político?

3.- ¿Cuáles fueron las dificultades y restricciones que tuvieron las fuerzas políticas progresistas para aplicar políticas efectivamente alternativas al capitalismo?

4.- ¿Cuáles serían los cambios necesarios para crear condiciones para el desarrollo de políticas y procesos tendientes a la creación de un nuevo orden social productivo, inclusivo, democrático y de reafirmación de la soberanía e independencia nacionales?

¨Este encuentro reedita y toma como base al realizado en Montevideo del 17 al 19 de agosto de 2005 titulado “Los gobiernos progresistas en Debate”. El origen de la convocatoria de ambos encuentros es la necesidad que tiene el movimiento sindical de combinar en forma sistemática teoría y acción, en una actitud práctico-crítica imprescindible en una fuerza social que se plantea, como objetivo estratégico, una transformación radical de la relación entre el capital y el trabajo.

Discutir las alternativas de cambio social y económico en América Latina es un tema prioritario y a la vez urgente que permite enriquecer un proceso de reflexión y analizar a la luz del nuevo contexto regional algunos fenómenos cruciales para los intereses populares en nuestro continente, informó Antonio Elías Director de INESUR y Presidente de la Comisión Organizadora.

Los expositores del taller en COFE serán:

Académicos

Atilio Boron (Argentina)

Julio Gambina (Argentina)

Horacio Fernández (Argentina)

Marcelo Díaz Carcanholo (Br.)

Plinio Arruda Samapio Jr. (Br.)

Roberto Regalado (Cuba – El Salvador)

Antonio González Plessman (Venezuela)

Antonio Elías (Uruguay)

Álvaro Rico (Uruguay)

Dirigentes Sindicales

Julio Fuentes (Presidente de CLATE) (Argentina)

Luigi Bazzano (Secretario General de CLATE) (Uruguay)

Hugo Godoy (Secretario General de ATE-CTA) (Argentino)

Joselo López (Secretario General de COFE) (Uruguay)

Marcelo Abdala (Secretario General del PIT-CNT)

Martín Pereira  (Presidente  de COFE)

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“Compas, no entiendo mucho de economía así que no tengo una posición sobre esta medida del gobierno, publico este análisis del economista Antonio Elías para colaborar en el debate que se realizará en los comités de base el domingo. Lo único que veo es que ha aumentado la desocupación de aquellos que realizaban changas en negro, tipo albañiles, jardineros, empleadas domésticas. Recorriendo la feria de Salinas volanteando para la visita de Conde todos los vecinos comentaron o que estaban desocupados o que tenían familiares desocupados, hay que recordar que a los primeros que se raja es a los que están en negro porque despedirlos o no continuar contratándolos no genera problemas y que esa gente no cobra seguro de paro. Y hay que tener en cuenta que esos que ganan 1000, 2000 dólares o mas contratan a un montón de gente para un sinfín de tareas o van a restaurantes y generan trabajo a mozos cocineros etc. Tampoco se puede descuidar el factor psicológico esa especie de «clase media» puede ser captada el día de mañana por esas «rebeliones» que está organizando EEUU en todo el mundo, no solo en América Latina, EN TODO EL MUNDO, hasta lo intentaron en Rusia. Comienzan como protestas de la «clase media» y donde pueden terminan entrenando y financiando a grupos «rebeldes». Eso es lo que viene y va a afectar a toda Sudamérica como antes pasó en África y después en Medio/Cercano Oriente y el Magreb. Los dejo con los argumentos de Elías:

El Poder Ejecutivo presentó el lunes 23 de mayo los objetivos, lineamientos y principales medidas que incluirá en la Rendición de Cuentas, la cual debe ingresar al parlamento el próximo 30 de junio.

El objetivo propuesto es reducir el déficit fiscal en 500 millones de dólares, uno por ciento del PBI, lo que se lograría recortando en U$S 150 millones los gastos de funcionamiento e inversión y aumentando en U$S 350 millones la recaudación impositiva.

Lo que indica desde un principio que el eje principal del ajuste está en el aumento de la carga impositiva.

EL AJUSTE DE LOS GASTOS

Los egresos en la Administración Central se reducirían por diversos mecanismos:

limitando el ingreso de funcionarios públicos, por cada tres funcionarios que egresen podrán ingresarán solo dos; eliminando el 5% de los créditos para retribuciones personales que no hayan sido ejecutados; reduciendo al mínimo los ajustes por la inflación en los gastos de funcionamiento e inversión; difiriendo/reduciendo los incrementos presupuestales aprobados para 2017 en un 10% ($ 2.964 millones).

Medidas, todas ellas, que afectaran la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos por la reducción de personal y de recursos para su funcionamiento.

Se pretende, además, que las Empresas Públicas y los Organismos del Artículo 220 de la Constitución sigan los mismos lineamientos.

Se anunció, además, que se aprobaría una Ley que reformaría la Caja Militar para reducir una asistencia financiera que fue de U$S 400 millones en 2016;

se reducirían los excesivos gastos de distribución de gas y combustible de ANCAP; se controlaría el aumento extraordinario de los gastos del Banco de Previsión Social debido a las licencias por enfermedad.

Lo cual, sin duda, apunta en la dirección correcta dado que en esos casos es notorio la improcedencia de dichos gastos.

En el caso de la Caja Militar porque tiene un sistema absolutamente privilegiado, tanto en edad de retiro como en el valor de las prestaciones, respecto a las pasividades de las Cajas que integran del Banco de Previsión Social; en los casos de ANCAP y el BPS porque busca resolver fallas importantes de administración de los recursos públicos.

EL AJUSTE DE LOS INGRESOS

El aumento de las tasas de los Impuestos a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) son medidas que tendrá un impacto muy negativo sobre la clase trabajadora por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pasividades.

Como contrapartida no aumentan las tasas impositivas que paga el capital, tales como los impuestos a la renta de las actividades económicas (IRAE) y al Patrimonio (IP) y se mantiene la política de exoneraciones a los grandes inversores, fundamentalmente extranjeros.

En efecto, los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportarán para el financiamiento del déficit del estado porque existe un compromiso del gobierno de no crear nuevos impuestos ni aumentar la tasa impositiva.

Si bien se toman una serie de medidas “administrativas” en el cálculo del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre otras:  la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales aplicable a empresas con alta facturación anual; reducir al 50% del resultado fiscal positivo las deducciones por pérdidas fiscales; gravar las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos.

La carga fundamental del ajuste recae sobre los ingresos del trabajo se aplica a partir de la franja que comienza en $ 33.401 con incrementos de 3 y 4 puntos sobre las tasas actuales.

Hasta $ 50.100 pasa de 15% a 18%; la franja siguiente que llega hasta los $ 167.000 pasa de 20% a 23%.

Las tres franjas superiores aumentan 4 puntos pasando de: 22% a 26% ($ 167.001 a $ 250.500); 25 a 29% ($ 250.501 a $384.000); 30% a 34% (más de $ 384.000).

El aumento en la tasa del IASS sería a partir de los $50.100, hasta $167.000 aumenta tres puntos, pasa de 20% a 23%, los que tengan ingresos mayores a $167.000, que hoy pagan 25%, pasaran a pagar 29%.

EL AJUSTE LO PAGAN LOS TRABAJADORES

La reforma tributaria dual, implantada en 2007, con el argumento de instrumentar un impuesto a las rentas personales disfrazó y consolidó como permanente el impuesto a los salarios y redujo la carga sobre el capital.

Como consecuencia de lo anterior en 2015 se recaudaron $ 35 mil millones por el IRPF a las rentas del trabajo, mientras que el IRPF al capital solamente pagó $ 6 mil millones de pesos.

Por su parte, por IRAE se recauda menos que por el IRPF al trabajo $ 34 mil millones.

El Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas solo recaudó $ 600 millones, mientras que el IASS recaudo en 2015 $ 6.500 millones.

La justa consigna “que pague más el que tiene más” se transformó en la injusta realidad que “paguen más los trabajadores y pasivos que ganen más”.

Por lo cual, nuevamente, la carga cae sobre los trabajadores y no sobre los empresarios.

Dicen voceros del gobierno que se está aumentando un impuesto a las ganancias, lo cual es absolutamente falso dado que los salarios son solamente el precio de la fuerza de trabajo.

Las ganancias se calculan descontando a los ingresos los costos incurridos en la producción de lo que se vende, esto claramente no es el caso de los trabajadores, menos aún el de los pasivos.

El aumento de los impuestos a los ingresos de los trabajadores afecta la calidad de vida, retrae el consumo y afecta el nivel de actividad generando desempleo.

Téngase en cuenta que casi 485 mil trabajadores pagan IRPF y que el resto no lo paga por ganar menos del mínimo no imponible, son simplemente más pobres.

La afirmación de que el 70% de los asalariados no será afectado es el reconocimiento explícito de los bajos salarios que reciben los trabajadores.

El aumento del IRPF se suma al congelamiento del salario real de los funcionarios públicos (no tuvieron aumentos por encima de la inflación) y a la pérdida que ya impuso el Poder Ejecutivo a los trabajadores del sector privado en la sexta ronda de Consejo de Salarios al imponer una pauta salarial de incrementos nominales decreciente menor que la inflación.

Tanto la que había en julio del año pasado 9,02%, y mucho menor que la inflación anualizada que este año supera el 10%.

Todas estas medidas que implicaran perdidas de poder adquisitivo y disminución del nivel de actividad y el empleo se suman al ajuste que ya había iniciado el gobierno con el aumento de tarifas por encima de la inflación en enero de este año y con la reducción de la inversión pública.

La lucha distributiva que provocan los procesos inflacionarios genera una espiral precios-salarios que hoy tiene a los trabajadores encadenados a la pauta salarial nominal mientras que los precios aumentan significativamente sin que se apliquen controles efectivos para reducirlos.

En resumen, el ajuste fiscal y monetario contractivo es contrario a los intereses de los trabajadores – activos y pasivos – que nuevamente son la variable de ajuste de la economía e inexorablemente perderán poder adquisitivo y calidad de vida lo que provocará una agudización de la lucha de clases.

Lo que está en juego, en lo inmediato, es evitar que se continúen consolidando las actuales políticas contractivas y procíclicas.

Es imprescindible lograr que se utilicen todos los instrumentos de la política económica para llevar adelante un programa de acción contracíclico lo que, entre otros aspectos, implica: un sustancial aumento de la inversión pública utilizando parte de las reservas; modificar la pauta salarial del sector privado; dejar de lado el aumento del IRPF al trabajo; incrementar el impuesto a la renta y al patrimonio de los capitalistas; eliminar, o al menos reducir, las exoneraciones tributarias al gran capital; todo lo cual recaerá en un aumento del nivel de actividad y el consecuente aumento de la recaudación.

La respuesta al ajuste fiscal del Poder Ejecutivo la podrán dar los trabajadores organizados y sus aliados y/o los parlamentarios que deberán aprobar o rechazar el Proyecto de Rendición de Cuentas”.

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Sala de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales. (Constituyente 1502 esq. Martínez Trueba).

Exponen:

JOSELO LÓPEZ (Secretario General de COFE), ECONOMISTAS ANTONIO ELÍAS, CARLOS LUPPI, PABLO DA ROCHA, ALBERTO COURIEL, Y PABLO CABRERA (Presidente de COFE).

Invita: Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado.

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Lista 41 – Movimiento por la Independencia de Clase del PIT-CNT

(COFE, A.F. POSTALES, F. N. MUNICIPALES, U. FERROVIARIA, A. T. ENSEÑANZA SECUNDARIA, U. F. CODICEN, AFFUR).

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En su nuevo libro “La torta y las migajas. El gobierno progresista 2005-2010” —presentado el martes 14 en la Facultad de Artes de la Universidad de la República—, este grupo de economistas plantea que concluido el primer período del Frente Amplio en el poder, las expectativas de que el país avanzara hacia un “nuevo modelo de desarrollo” disminuyeron “al punto de rozar la desilusión y la desesperanza”, y señalan que las perspectivas para este segundo gobierno de izquierda tampoco son alentadoras.

Es que, a juicio de la Rediu, las principales propuestas de la administración de Mujica “implican una profundización del modelo de capital a través de un proyecto político de ‘unidad nacional’ y ‘capitalismo en serio”.

El libro describe el desempeño de la economía nacional entre 2005 y 2010, y señala como la “locomotora” del crecimiento la producción de materias primas en un marco de elevados precios internacionales que promovieron el “auge del capitalismo en el agro y la muy fuerte presencia del capital extranjero”.

En la publicación se cuestiona que la administración “progresista” haya favorecido el capital extranjero e incentivado al financiero, convirtiendo en “primera prioridad” el pago de los intereses de la deuda externa antes que los salarios, la educación, las inversiones y la salud.

Agrega que fue un “período económico social perverso”, dado que en un momento de alto crecimiento se mantiene una “profunda desigualdad”.

La Rediu se conformó en 2006 como una organización de mirada alternativa a la política del gobierno y está integrada, entre otros, por Antonio Elías, Joaquín Etchevers, Gustavo Melazzi, José Rocca y Óscar Mañán.

La propuesta alternativa. La Rediu propone “cambiar la modalidad de desarrollo” a través de una participación más importante del Estado y de que éste asuma la “propiedad de sectores clave”.

Por ejemplo, plantean que el Estado garantice la “democratización del acceso a la tierra, al aire limpio, al agua y el crédito”.

Para ello sugieren que el Estado sea “copartícipe de la ganancia extraordinaria de los emprendimientos de muy bajo valor agregado”.

Agregan que es “imprescindible” realizar una reforma tributaria que incremente los impuestos directos a la “riqueza acumulada y a las ganancias del capital en forma progresiva o progresional”.

Proponen aplicar detracciones a las exportaciones y argumentan sobre la “necesidad del control de cambios”: “Las divisas que el trabajo de todos generan deben dirigirse a satisfacer las necesidades de las mayorías y de acuerdo a un programa de desarrollo nacional, y no para su uso en función exclusiva de empresarios y sectores adinerados”.

“Los obstáculos a estas propuestas no son económicos; son el fruto de decisiones políticas tomadas basándose en la definición ideológica de intereses de clase”, concluye la Rediu.

Fuente: Semanario Búsqueda. www.busqueda.com.uy

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