Palabras del Diputado Roque Arregui, miembro informante de la mayoría. Cámara de Representantes – 1 de diciembre de 2008.

La Cámara de Diputados se apresta a votar la nueva Ley General de Educación que va a tener nuestro país. Cuando un Parlamento se apresta a votar una normativa del área que corresponda, esta no está aislada sino que forma parte de un conjunto de acciones y del quehacer nacional. Es por eso que nosotros enmarcamos esta nueva Ley General de Educación en el concepto de que la educación tiene un significativo papel en la formación del ser humano y en la construcción social; asimismo, tiene su ligazón con un proyecto de país apegado a valores de democracia, de justicia, de solidaridad, de promoción de los derechos humanos y de progreso.

Por tal motivo, la actual Administración está encarando una integralidad de acciones para que la educación cumpla con el rol que mencionábamos.

Más recursos para la enseñanza pública

El crecimiento permanente y significativo de los recursos económicos hasta llegar a la meta planteada del 4,5% del Producto Bruto Interno para la enseñanza pública -que para el próximo año va a representar US$ 1.500:000.000 invertidos-está permitiendo una cantidad de mejoras en distintas áreas de la educación; por ejemplo, nos viene posibilitando aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza -que se encontraban a niveles bastante depreciados-de manera gradual y sostenida. Así se está realizando; era un compromiso de nuestro Gobierno.

Esto ha permitido crear cargos que se hacían imprescindibles para cumplir funciones docentes en distintas áreas y para reducir la cantidad de alumnos por grupo. Se trata de cargos de maestros comunitarios, de profesores y de trabajadores de la enseñanza en tareas de apoyo, como, por ejemplo, adscriptos y auxiliares de servicio, personal que es fundamental.

En tal sentido quiero señalar lo siguiente, señor Presidente: si hay algo básico en el proceso educativo es el recurso humano, que es el que está en contacto con el educando, con el niño, con el joven y con el adulto que participa de la educación. Por eso, es fundamental priorizar y prestigiar la función del docente y la de los otros trabajadores de la enseñanza que colaboran en su apoyo.

Este crecimiento de los recursos permite realizar importantes inversiones en materia de infraestructura edilicia, en un sistema educativo que cuenta con cerca de tres mil centros que tenían déficit crónicos, carencias de mantenimiento, necesidades de refacción. También se necesita construir más cantidad de centros educativos.

Dicho crecimiento también ha permitido invertir en planes, en programas, en equipamientos y en materiales didácticos fundamentales para lograr mejores resultados educativos.

Plan Ceibal

Entre la integralidad de acciones debemos mencionar, asimismo, el Plan Ceibal y su instrumentación, que tiene profundas características integradoras y coloca a todos los niños y a las niñas de este país en pie de igualdad en cuanto al acceso a la tecnología de la información y la comunicación. Ha representado una acción realmente revolucionaria, que ha pasado a ser ejemplo a nivel internacional.

Es importante señalar que, luego de la reforma vareliana, que tanto representó en cuanto a la democratización de la educación y del conocimiento y a la socialización, el Plan Ceibal ha sido el paso

posterior de mayor trascendencia en la materia, que permite cerrar la brecha digital.

¿Cómo no vamos a mencionar entre esta integralidad de

acciones la obligatoriedad de la educación inicial en el nivel de cuatro años a partir de 2009, que fue votada por unanimidad en

este Parlamento, porque se ha entendido la importancia que tiene

la educación a nivel temprano?

Integralidad de acciones

Por otra parte, quiero señalar la importancia de otra ley que

hemos votado en este Parlamento, que establece la obligatoriedad

de la educación física en la totalidad de las escuelas públicas

urbanas y rurales y en todas las clases, porque partimos del

concepto de que hay que formar al ser humano de manera integral

y la educación física forma parte de ello.

La elaboración de nuevos planes y programas a nivel de la

educación primaria, media y de formación docente es parte de esa

integralidad de acciones. Además, la incorporación de la historia

reciente es fundamental para cubrir ese tremendo bache que

teníamos, que hacía que los educandos no estuvieran en contacto

con algo que es fundamental; así, de alguna forma, por omisión

aunque no por acción, se estaba violando la laicidad, porque en la

medida en que existe ignorancia, hay violación de la laicidad.

Asimismo, hay una clara orientación y una acción efectiva en

marcha para no retrasar más la educación sexual, que es fundamental

y que de alguna forma estaba detenida; realmente, no

estaba a la altura que correspondía.

En todo esto y mucho más es en lo que se ha venido trabajando y

avanzando en materia educativa.

Ahora bien; todo ello debe complementarse con la aprobación

de una nueva normativa legal, que es un debe que se arrastra

desde 1985, cuando en un período muy especial de la vida

democrática de nuestro país, cuando se salía de la dictadura y se

procedía a la reinstitucionalización democrática, se aprobó la Ley

N° 15.739, denominada Ley de Emergencia. Fue una ley de

emergencia que aún hoy está vigente para el sistema educativo; en

su título se estableció que era una ley de emergencia, lo cual

implica que la totalidad del espectro político de este país que en

aquel tiempo se expidió, entendió que había que hacer modificaciones

de fondo, profundas, para poner la educación a la altura de

lo que necesita nuestra gente y nuestro país.

Veintitrés años han pasado desde entonces, señor Presidente, y

el actual Gobierno asume la responsabilidad de poner manos a la

obra e inicia el proceso para aprobar una nueva ley de educación.

Queremos hacer una pequeña acotación antes de proseguir con

esta exposición. Se nos ha dicho que ha habido incapacidad de

parte del actual Gobierno y de la Administración para fomentar un

diálogo y para poder avanzar en la materia. Yo digo que lo que ha

habido en este país en los veinte años posteriores al 1° de marzo

de 1985 fue incapacidad propositiva de parte de quienes tenían las

mayorías parlamentarias para cambiar la actual normativa legal.

Ha faltado capacidad propositiva, aun en este período de

Gobierno, como para que desde otros ámbitos muy legítimos, con

visiones distintas o coincidentes, se propusieran nuevos contenidos

para modificar la ley de emergencia. Esto es lo que ha habido

en cuanto a incapacidad, señor Presidente.

Para aprobar una nueva ley general de educación, la actual

Administración entendió que era fundamental dar participación a

todos los que tuviesen la posibilidad de efectuar aportes en esta

materia, pero también, en una integralidad de acciones, de hacer

propuestas educativas de todo tipo. Y es así que se convocó a un

debate educativo, que se realizó a lo largo y ancho de este país, en

asambleas de base territorial en ciudades, en pueblos, en barrios.

Esto dio lugar a un Congreso Nacional, en el que se realizaron

valiosos, muy importantes y plurales aportes. Eso habla de la

característica de nuestra sociedad democrática y de la diversidad

de opiniones, que en algunos casos eran coincidentes y, en otros,

contradictorias, pero fundamentales para que el legislador, en el

rol que le concede la ciudadanía de ser su representante, tomase

precisamente esos aportes.

Cuando se elaboró el proyecto de ley que hoy está a consideración,

los aportes de las asambleas de base, del Congreso Nacional,

fueron insumos privilegiados para la definición de sus contenidos.

También se tomaron otros insumos procedentes de la sociedad

civil, de las distintas orientaciones, porque es obligación del

legislador y de la Administración oír todas las voces, todas las

opiniones y, posteriormente, definir.

La Ley General de Educación

La que se está proponiendo, señor Presidente, es una ley

general de educación. Una ley general de educación significa que

contempla la educación en los distintos estadios, desde la primera

infancia hasta el final, en el sistema formal, en lo que hoy es la

ANEP y en lo que serán el Instituto Universitario de Educación y el

Instituto Técnico Superior. Además, una ley general de educación

debe contemplar el ámbito de la educación no formal, es decir, esa

educación que se da en el seno de la sociedad civil a través de

distintas instituciones sociales, deportivas, culturales, a través de

distintas organizaciones, cuyas energías liberadas para contribuir

a la formación del ser humano en las distintas áreas son fundamentales.

El Título I del proyecto de ley, que trata sobre las «Definiciones,

fines y orientaciones generales de la educación» y el Capítulo VII

del Título II, referente a las «Líneas transversales», le ponen un

norte y una orientación al sistema educativo. La educación no es

neutra ni aséptica; implica compromiso con valores y principios

comunes de la sociedad y, por lo tanto, compromete a todos los

actores vinculados a ella: alumnos, docentes, autoridades,

etcétera.

Se ha dicho que la primer parte de este proyecto de ley es

meramente declarativa porque habla de fines, de principios, de

políticas educativas, de orientaciones generales. Como decía

antes, esta ley de educación no puede ser neutral ante los valores

de la sociedad; tiene que tomar partido. Ante la solidaridad y el

individualismo no puede ser neutral; toma partido por la solidaridad.

Ante la justicia y la injusticia no puede ser neutral; toma

partido por la justicia. Ante los derechos humanos y la violación de

ellos, toma partido, genera un compromiso. Y de eso se trata: de

que las autoridades de la enseñanza, de que las autoridades

nacionales, de que los docentes, los padres, los alumnos y la

sociedad en general estén mandatados por una norma al servicio

de los valores comunes de toda la sociedad. Por eso es importante

dejar consignado en la primer parte del proyecto lo que estaba

mencionando.

En el artículo 1º de este proyecto de ley -y no es casual que sea

en su primer artículo-se define la educación como un derecho

humano fundamental. Se establece que la educación es un bien

público, o sea, un bien de la sociedad en su conjunto, de todos sin

excepción. Asimismo, se establece una orientación: la de que en el

ámbito educativo van a estar plenamente vigentes los derechos

humanos, que el sujeto de la educación, la prioridad de todo el

accionar, el centro, es el educando y que todos los demás tenemos

que contemplar esa situación.

El Capítulo II del Título I está referido a los principios de la

educación. En él estamos tomando y reafirmando los principios

varelianos, que son fundamentales y característicos de la sociedad

uruguaya y de la educación pública. En cuanto a que exista

universalidad, se reafirma el principio de la gratuidad de la

enseñanza, para que todos tengan acceso a ella. Los otros

principios son la obligatoriedad y la laicidad. En este último quiero

detenerme unos instantes. La laicidad es un principio fundamental,

no solamente para esta fuerza política, sino para la totalidad de

las fuerzas políticas democráticas de este país y para la totalidad

de la sociedad uruguaya. Eso significa -está establecido en el

proyecto-que los educandos, los alumnos, van a estar en contacto

con todas las interpretaciones de la realidad. Se les debe proporcionar

una visión integral que les permita, en la libertad de

conciencia posterior y en su autonomía, tomar sus propias

definiciones en un ámbito de libertad plena. No existe laicidad sin

libertad de cátedra, porque el docente, como profesional de la

enseñanza, formado como corresponde y cumpliendo con los

planes, con los programas, con los fines, las orientaciones y los

principios que este proyecto de ley claramente establece, lo que

debe hacer, con libertad y respetando lo que decíamos, es una

exposición integral de todas las posturas ante aquellos temas que

se requieran.

En el Capítulo II, «De los principios de la educación», que no

figuraban en la ley, se contemplan los temas de la diversidad y de la

inclusión para quienes tienen capacidades diferentes, para que los

colectivos minoritarios que se encuentran en situación de

vulnerabilidad, para que a aquellos sectores que social, cultural o

geográficamente de alguna manera están en inferioridad de

condiciones en el ámbito de la educación, efectivamente se los

incluya, se les respete la libertad y se adopten las medidas

correspondientes.

Entre los fines de la política educativa -y esto será mandato por

ley-se establece promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la

democracia, la inclusión social, la integración regional e internacional

y la convivencia pacífica.

El tema de la igualdad de oportunidades o de la equidad pasa a

ser fundamental para incluir a todas las personas y poder lograr

situaciones de igualdad, independientemente de la edad, del

género, de la raza, de la etnia y de la orientación sexual.

Cuando llegue el momento de concretar esos fines, esos

principios y la orientación de la política educativa de este proyecto

de ley de educación, habrá dos ámbitos en los cuales deberá

plasmarse y concretarse: el de la educación formal y el de la

educación no formal.

En el ámbito de la educación formal se estructura y se recoge

buena parte de lo que ya existe en los distintos niveles. Estamos

hablando de la educación inicial -que a los efectos legales se

establece entre los tres y cinco años de edad-, de la educación

primaria, de la educación media básica, de la educación media

superior, de la educación terciaria, de la formación en la educación

con carácter universitario, de la educación terciaria universitaria y

de la educación de posgrado.

Movilidad de los estudiantes

Hay algo que nosotros entendemos importante que se haya

plasmado en este proyecto de ley general de educación. Me

refiero a la movilidad de los estudiantes, a permitir que a aquel

alumno que ha realizado un curso en determinada orientación y

decide cambiarla -ya sea por distintas situaciones en su vida,

porque cree que otra orientación es la mejor o por motivos

laborales-, se le acrediten las materias que sirven para la otra

orientación, es decir, le sirva lo cursado, aprendido e integrado, de

modo que todo ello no sea en vano y tenga que empezar desde el

principio. Nos parece que ello es fundamental.

Educación a distancia y semipresencial

También incorporamos normas relativas a la educación a

distancia y semipresencial como modalidades que aportan a la

enseñanza. Antes de Internet, la educación a distancia y semipresencial

se usaba a través de distintos mecanismos, pero con la

tecnología de la información y de la comunicación, con la democratización

de ese acceso, debemos tomar en cuenta la educación

a distancia y semipresencial como un instrumento más, aunque no

como un instrumento sustitutivo de la presencia, porque nos

queda absolutamente claro -como docentes que somos- que el

relacionamiento directo del docente con el educando es fundamental

para lograr resultados educativos. Pero debemos admitir

que estas tecnologías pasan a ser un aporte fundamental y

contribuyen sobre todo con aquellos que están más alejados

geográficamente de un centro educativo y con aquellos que por

motivos laborales no pueden asistir a la totalidad de los cursos. De

esa manera tienen la posibilidad de acceder a conocimientos y

hasta de hacer intercambios de información directamente con los

docentes. Por eso consideramos que es necesario modernizar y

poner a tono la actual Ley de Educación, que hoy no contempla

estos aspectos.

Educación no formal

Hay otro ámbito que nos parece insustituible, que es la educación

no formal. Me refiero a las instituciones de la sociedad civil, a

las que se les reconoce -como veremos más adelante-su importancia,

y se analiza si aportan, para ver qué puede hacer el Estado en

esa materia, sin sustituirla.

La educación en la primera infancia es considerada fundamental,

tomada desde el punto de vista legal desde el nacimiento hasta

los tres años de edad, con la importancia y la conciencia que tiene

para esa etapa la estimulación temprana, la integralidad de

acciones entre lo educativo, la salud y lo social.

Reinserción y continuidad educativa

Hay un Capítulo que no podemos mencionar en forma muy

sintética. Me refiero a la reinserción y a la continuidad educativa.

En este punto es fundamental lograr el abatimiento de la deserción;

encontrar mecanismos para que quienes han abandonado el

sistema formal se reinserten. Ello nos parece muy importante.

Para reinsertar en el sistema de educación formal a dichas

personas -niños, jóvenes o adultos- es necesario tomar en cuenta

los conocimientos que la propia vida les ha dado, porque quizás se

aprende más en la sociedad y en la vida que en un centro educativo.

Esto no es nuevo, señor Presidente. En la educación primaria

hay un instrumento de validación de conocimientos por el sistema

de acreditación por aprendizaje, con lo cual se realizan evaluaciones

y se ve si esos conocimientos son los adecuados para poder

reinsertarse. Lo que hacemos ahora -damos un paso más-es

encarar esto hacia los niveles superiores, hacia la educación media

y la educación superior.

Rol de los Centros Educativos

Ahora quiero referirme -porque tenemos que medir los tiempos

para poder desarrollar nuestra exposición- al rol que le asignamos

a los centros educativos. Estos son clave; son la esencia misma

donde se desarrolla el fenómeno educativo. Es el núcleo base, es la

célula fundamental, allí donde está el alumno y el docente; todo lo

demás debe estar al servicio del centro educativo como institución.

Por eso, al centro educativo le asignamos una importancia

fundamental, porque es el lugar del proceso de la enseñanzaaprendizaje,

de la socialización, de la construcción colectiva del

conocimiento, de la integración, de la convivencia social y cívica,

del respeto, de la promoción de los derechos humanos. Es por eso

que el proyecto de ley establece que el Estado fortalecerá la

gestión de los centros educativos en los aspectos económicos y

financieros, en lo que tiene que ver con el equipamiento pedagógico

y la parte edilicia. Asimismo, fortalecerá lo relativo al personal

docente, no docente, administrativo y en todo aquello que

requiera para su funcionamiento.

Consejos de Participación

No puedo pasar por alto -aunque esto está en otra parte del

proyecto de ley general de educación-la creación de algo que va a

ser fundamental para el sentido de pertenencia; me refiero a los

Consejos de Participación. Creemos que todos aquellos que, de

una u otra forma, están ligados al centro educativo, tienen que

participar de él, planteando iniciativas, generando asesoramiento,

comprometiéndose y colaborando. Para eso estamos dando

forma institucional a este principio, creando Consejos de

Participación en cada una de las escuelas, en cada liceo y en cada

centro de la UTU. Esos Consejos de Participación estarán integrados

por representantes de los docentes, de los estudiantes en el

caso de la educación media, de los padres, de las madres o de los

referentes familiares o de la comunidad. Esa participación va a

generar más eficiencia en el centro educativo y, además, algo que

es muy importante: compromiso.

Quiero señalar un aspecto de uno de los sectores que es

fundamental para los Consejos de Participación: los estudiantes.

Actualmente, como vemos que el sistema normativo legal no

permite la vida institucional de los estudiantes, legislamos para

que en los Consejos de Participación de las escuelas, los liceos y las

escuelas de la UTU por lo menos un tercio de los miembros sea

estudiante, de manera que no quede supeditado al azar o a la

voluntad, estableciendo un mínimo de sesiones de los Consejos de

Participación para que funcionen efectivamente. Esto es fundamental,

porque que un estudiante pueda llevar al Consejo de

Participación sus inquietudes, sus sensibilidades, sus necesidades,

sus pedidos, sus críticas, sus discrepancias con el funcionamiento

del centro educativo, genera mejores lineamientos en ese centro y

compromiso de parte de ellos. Se termina con ese sentimiento de

ajenidad que muchas veces existe, por el cual el educando está

esperando que suene la campanilla o el timbre final para irse

cuanto antes y no volver más. Queremos que el estudiante sienta a

la institución educativa como algo propio y de su vida; pero no lo

puede sentir así mientras no esté participando efectivamente.

Además, estamos creando algo que, por resolución y voluntad

política, se hizo por la vía administrativa: que se institucionalice el

Congreso Nacional de Educación. Así, estamos planteando muy

claramente tres principios básicos para el funcionamiento del

sistema educativo, que se complementan uno con el otro, por lo

que no se pueden tomar en forma aislada pues sería un error. Estos

son: el principio de la autonomía, el principio de la coordinación y

el principio de la participación, participación que elevamos a la

categoría de principio y no como algo meramente declarativo.

La autonomía es fundamental, y así lo entendemos en nuestras

convicciones. Además, hay un mandato expreso de la Constitución

de la República que establece que los servicios docentes del

Estado estarán a cargo de Entes Autónomos. Por tal motivo,

estamos creando dos instituciones fundamentales para la

educación de este país: el Instituto Universitario de Educación,

que formará a los docentes, y el Instituto Terciario Superior, que

formará técnicos calificados para el mundo de la producción y del

trabajo. Reitero que estas instituciones se crean como Entes

Autónomos.

El siguiente principio es el de la coordinación. No nos quedaríamos

contentos si no relacionáramos uno con el otro, porque si

cada Ente Autónomo no coordinase con los otros, en un sistema

nacional de educación pública, tendríamos un sistema de chacras

aisladas, sin comunicaciones, sin continuidad en la política

educativa. Entonces, quienes estarían perdiendo no serían los

distintos sectores de la sociedad ni los diferentes partidos

políticos, sino los estudiantes y la educación. La formación del ser

humano es una sola desde su nacimiento hasta el último día, y las

políticas educativas deben estar coordinadas. De ahí lo fundamental

de la coordinación.

Tan importante es la coordinación que en la Constitución de la

República, además de la autonomía, se prevé que la ley establecerá

la coordinación de las instituciones. El constituyente estableció

con claridad y con inteligencia que la autonomía y la coordinación

son aspectos complementarios y no antagónicos.

El otro principio es el de la participación. Ya nos referimos a este

cuando hablamos de los Consejos de Participación, de la participación

en el centro docente. Veremos después la participación en los

organismos de dirección de la enseñanza.

Organismos de dirección de la enseñanza

Ahora vamos a pasar a los organismos de dirección de la

enseñanza.

Por una parte, tenemos que delimitar claramente y establecer

con precisión cuáles son los roles del Ministerio de Educación y

Cultura en la materia. Por algo se llama Ministerio de Educación.

Pero no puede asumir ninguna competencia relativa a los Entes

Autónomos, como la ANEP y la Universidad de la República, ni a los

otros dos institutos que se crean. Este lineamiento sigue los

cometidos establecidos en la ley.

Ahora, pasamos a lo que es la Administración Nacional de

Educación Pública, ANEP. Hoy, está regida por un Consejo

Directivo Central, que es el titular del Ente Autónomo y que tiene

varios Consejos Desconcentrados: el de Primaria, el de Secundaria

y el de UTU. Entonces, respetando esa estructura general como

Ente Autónomo y con consejos desconcentrados, pero haciendo

variaciones que son muy importantes, estamos proponiendo un

cambio en lo que es la integración de los organismos directivos.

Dicha integración nos parece fundamental para avanzar en el

lineamiento de la participación a la cual hacíamos referencia.

Voy a dar un ejemplo concreto.

En el caso del CODICEN, titular del Ente Autónomo ANEP, hoy

está integrado por cinco miembros, designados en su totalidad

por el Poder Ejecutivo con venia de la Cámara de Senadores.

Nosotros estamos incorporando algo que nos parece un avance

sustantivo: la integración de los docentes en el Consejo Directivo

Central, electos por los propios docentes. Dos representantes de

los docentes, electos por voto secreto y directo, van a formar parte

del CODICEN. Se trata de un avance sustantivo en materia de

participación. Se nos ha criticado diciendo que esto es participacionismo.

Se nos ha dicho que esto es ceder a las corporaciones.

Nosotros decimos que aquí lo que se hace es integrar inteligentemente

la representación de la sociedad uruguaya en un sistema

democrático representativo, con lo que significa la integración de

los directamente involucrados, los docentes, en el fenómeno

educativo. ¡Vaya si habrá experiencias interesantes y positivas en

la vida de nuestro país! Voy a tomar el ejemplo del Banco de

Previsión Social. Allí, los trabajadores eligen a sus representantes,

los jubilados al suyo y los empresarios a otro.

Este CODICEN nuevo, que se va a integrar de una manera

distinta a partir de esta Ley General de Educación, tendrá la virtud

de integrar dos visiones fundamentales: la de aquellos que fueron

designados por el Gobierno electo democráticamente y la de los

propios docentes, que van a llevar sus pensamientos, sus iniciativas,

sus asesoramientos, sus críticas y sus discrepancias a fin de

construir modelos educativos integrados y comprometidos, de

mayor eficiencia, con conocimiento de la realidad. Y, ¿en beneficio

de quién? De quien corresponde: del sujeto y centro de la

educación, el educando; el joven; el estudiante; el niño y el adulto

que concurren al sistema de educación formal.

Luego, en este Ente Autónomo están los Consejos

Desconcentrados. Vamos a seguir teniendo el Consejo de

Educación Primaria, pero le hacemos una corrección en el título.

En realidad, este Consejo hoy cumple también la función de

Consejo de Educación Inicial. Por eso, se cambia la denominación

y pasa a llamarse: Consejo de Educación Inicial y Primaria.

En cuanto al ciclo básico, en la actualidad una parte está a cargo

de la UTU, otra de Secundaria y el siguiente fragmento de

Séptimo, Octavo y Noveno años funciona en las escuelas. Si

creemos que tenemos que dar igualdad de oportunidades a los

estudiantes, más allá de valoraciones y modalidades distintas,

debe haber una propuesta común y unificadora de alta calidad, de

formación integral, en la que se incorpore de forma importante la

tecnología que hoy tiene el ciclo básico de la UTU. Y es importante

rescatar este elemento para todo el ciclo básico. A fin de no tener

fragmentos del ciclo básico en distintos consejos desconcentrados,

estamos creando el Consejo de Educación Media Básica.

Luego, como Consejos Desconcentrados tendremos el Consejo de

Educación Media Superior y el Consejo de Educación Técnico

Profesional, la UTU, de tan importante valor en la vida de nuestro

país y que muchas veces fue dejada como la cenicienta cuando el

rol que ha venido cumpliendo es fundamental para la formación

profesional, tecnológica, y para cuanta cosa sea necesaria para el

futuro.

Hoy, los Consejos Desconcentrados están integrados por tres

miembros. En el proyecto de ley general de educación nosotros

establecemos que los docentes deben participar de forma tal que

uno de los tres miembros de cada Consejo sea electo por los

propios docentes, por voto secreto y directo, en línea con lo que

significan los fundamentos de la participación que antes explicitábamos

para otros aspectos.

Algo que nos quedó en el debe -antes de seguir avanzando en la

consideración del proyecto de ley-es aclarar a partir de cuándo se

instalará el Consejo de Educación Media Básica.

Como esto no puede hacerse de un día para otro, ya que hay que

formular planes y programas que den igualdad de oportunidades,

formación integral y que incorporen lo tecnológico, teniendo en

cuenta la infraestructura edilicia y la necesidad de establecer un

proceso gradual y armónico en materia de docentes y de recursos

humanos, así como otra cantidad de aspectos, lo que aquí se

propone es una transición. Desde ahora hasta el 1º de enero de

2013 va a funcionar una Comisión que trabaje en este tema, en

coordinación con el CODICEN, Secundaria, UTU, y también en

diálogo con los docentes y los distintos actores involucrados.

Otra referencia, a modo de titular, es la creación de comisiones

consultivas en las que participen estudiantes, madres, padres,

otros responsables, trabajadores, empresarios y otros actores de

la vida civil y social.

Creación del Instituto Universitario de Educación y el Instituto

Terciario Superior

Voy a pasar a otro aspecto que nos parece un avance sustancial

para la educación uruguaya: la creación de dos instituciones con

carácter de Ente Autónomo. Me estoy refiriendo al Instituto

Universitario de Educación y al Instituto Terciario Superior. Me

quiero detener en la consideración de sus fines, su funcionamiento,

su estructura y las condiciones políticas para crearlos, porque

son fundamentales. Tanto es así que por lo menos en dos bancadas

de la oposición se ha manifestado, a texto expreso, que se trata

de instituciones necesarias. Entonces, tenemos que buscar la

forma de que estas se instalen. ¿Qué es el Instituto Universitario

de Educación con carácter de Ente Autónomo?

El Instituto Universitario de Educación va a formar a los maestros,

a los profesores, a los maestros técnicos y a los educadores

sociales, que hoy son formados en el INAU. De esa manera, los

docentes egresados de este Instituto tendrán su título de carácter

universitario, reclamo largamente realizado. Además de ser

fundamental para los propios docentes, tener un título universitario

otorga una importancia enorme en la educación, porque si hay

algo clave en esta materia son los docentes; su formación es el

factor neurálgico, porque son ellos, en contacto con el alumno, en

el proceso de socialización, de integración, de enseñanza, de

aprendizaje, quienes ponen el norte a la educación.

Cuando hablamos del carácter universitario no nos referimos a

un mero rótulo sino a un verdadero contenido donde deben estar

permanentemente presentes una formación académica de buen

nivel, la investigación -hoy en día este es un déficit-y la extensión.

También se establece la forma de validar los títulos de maestros

y profesores que no cursaron en este Instituto que ahora se va

crear, y que precisen la validación universitaria.

El Instituto Universitario de Educación es uno de los Entes

Autónomos que estamos proponiendo crear. ¿Cuál es el otro? El

Instituto Terciario Superior, que se encargará de formar técnicos

de alto nivel de calificación para el mundo del trabajo y de la

producción, que son fundamentales. Crear una red de instituciones

terciarias con técnicos de alto nivel es esencial para que los

trabajadores puedan acceder a puestos de trabajo a los que no

llegan porque no existen niveles de calificación.

Hace pocas semanas, o pocos meses, el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social hizo un estudio que demuestra que sobra mano

de obra en puestos no calificados y que están faltando técnicos

calificados, por lo cual algunas industrias del mundo de la producción,

a veces contratan en el exterior, habiendo trabajadores

uruguayos con amplias capacidades como para formarse aquí.

Esto también es fundamental para el mundo de la producción.

Por eso estamos creando este Instituto Terciario Superior que,

como Ente Autónomo, además de la formación académica tendrá

como característica la extensión y la investigación. Y para estos dos

Institutos -Entes Autónomos-, el Universitario y el Terciario

Superior, establecemos una forma de Dirección que realmente

supondrá un carácter universitario, porque van a estar cogobernados

por representantes de los distintos órdenes: docentes,

estudiantes, egresados. En la Dirección también habrá representantes

de ANEP, que tienen mucho para aportar porque es donde

hoy se forman los docentes y técnicos. Habrá representantes de la

Universidad de la República porque su participación es fundamental

en lo que hace a la investigación y al carácter universitario. En el

Instituto Universitario de Educación habrá representantes del

INAU, porque allí se van a estar formando los educadores sociales

que trabajan en su ámbito y que cumplen un rol social importantísimo

en la integración de los niños para lograr una sociedad mucho

más equilibrada.

Decíamos que también nos íbamos a referir a las condiciones

políticas para la creación de estos dos Institutos, Entes

Autónomos. Sabido es por todos los colegas Diputados de este

Cuerpo que para poder crear Entes Autónomos se necesitan dos

tercios de votos, y que esta bancada, a pesar de contar con la

mayoría absoluta, no los tiene. Por lo tanto, para su creación como

Entes Autónomos vamos a necesitar el concurso de fuerzas de la

oposición. Hemos escuchado manifestaciones y leído expresiones

de las fuerzas de la oposición sobre la importancia que podían

tener estos Institutos. Cada uno asume libremente la posibilidad

de optar; cada uno de nosotros, con el voto afirmativo o negativo,

asumimos nuestras responsabilidades, que después son puestas a

consideración de la ciudadanía, que es la que juzga nuestras

acciones como sus representantes.

Quisiéramos contar con su voto, quisiéramos que estos

Institutos hoy quedasen integrados como Entes Autónomos.

Respetamos profundamente las decisiones que se adopten, pero

no podemos quedarnos en la sociedad en que vivimos sin hacer

absolutamente nada, sabiendo qué es lo que precisa la educación.

Si bien no tenemos las mayorías necesarias y somos profundamente

respetuosos de la Constitución de la República cuando

establece las mayorías requeridas para aprobar algunas leyes,

estamos buscando formas de avanzar en estos dos Institutos en

caso de que no se alcancen los dos tercios de votos.

En ese sentido, estamos comenzando dos líneas de acción. Una

de esas líneas es la creación de estos dos Institutos, en forma

transitoria, dentro de la ANEP, que ya es un Ente Autónomo. La

otra línea sería insistir en que estos dos Institutos se creen con

carácter de Ente Autónomo, para lo cual se estaría encomendando

a organismos como la Universidad de la República y la ANEP la

elaboración -además del paquete de planes, programas, estructuras

de funcionamiento, patrimonio y recursos humanos que

precisan estos dos Institutos-de una normativa legal, que el Poder

Ejecutivo deberá enviar al Parlamento para que, si en el futuro las

condiciones políticas varían por cualquier circunstancia, la

sociedad uruguaya pueda contar con estos dos Institutos con

carácter de Entes Autónomos.

Educación en la primera infancia

Como veo que estoy llegando al final del tiempo reglamentario,

voy a hablar de la educación en la primera infancia. Acá nos

referimos a instituciones con responsabilidad estatal en la

materia; estamos legislando y reafirmando los conceptos.

A efectos legales, como primera infancia se define al tramo

comprendido entre el nacimiento y los tres años de edad. Hay tres

instituciones estatales: el Instituto del Niño y Adolescente del

Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública y el

Ministerio de Educación y Cultura, que reafirman sus competencias

en el contralor y el desarrollo de la educación en distintos

aspectos. Es necesario que estas tres instituciones trabajen en

forma coordinada y tengan un Consejo Coordinador de todos

aquellos sectores y ámbitos de la institucionalidad estatal y

actores sociales para que participen en un mejor desarrollo. Por

eso estamos creando un Consejo Coordinador, integrado por

representantes del INAU, del Consejo de Educación Inicial y

Primaria, del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de

Salud Pública -incluimos a esta última Cartera porque en esta

franja etaria es fundamental la salud, en los centros de educación

privados-, y representantes de los educadores que trabajan con la

primera infancia.

Para los centros de educación infantil privados, en cuanto al

contralor y supervisión de distintos aspectos hoy rige la Ley de

Guarderías; estamos tomando aspectos fundamentales de esa

norma vigente y estamos modificando algunas cuestiones para

avanzar en el tema.

En primer lugar, quitamos el título de guardería, porque

encierra un significado que no nos parece el más adecuado para

los niños de cero a tres años de edad que tienen que estar en

centros de primera infancia. Los padres no llevan a sus niños para

que se los guarden mientras tanto y no suceda nada, sino para que

durante el tiempo en que deben permanecer allí logren la

integración y el desarrollo educativo de acuerdo con sus características

psicológicas, físicas, fisiológicas y sociales. No es una

guardería, y por eso la modificación del nombre, entre otros

cambios.

Educación policial y militar

En este proyecto de Ley General de Educación también nos

estamos refiriendo a la educación policial y militar, y claramente

establecemos y reafirmamos algo que para nosotros es clave: los

aspectos específicos y técnicos deben estar a cargo de los

Ministerios del Interior y de Defensa Nacional. En esto somos muy

claros y categóricos porque, felizmente, para nosotros está muy

vigente la esencia de los derechos humanos y la igualdad de

formación de todos los seres humanos en una sociedad democrática;

en todo momento, en la educación policial y militar los

valores deben ser exactamente los mismos, compartidos por toda

la sociedad uruguaya. Por lo tanto, la selección y el ingreso de los

docentes a este tipo de centros educativos debe cumplir con los mismos requerimientos que existen para ingresar a Secundaria, UTU o a otros niveles de la educación.

Nos parece fundamental repensar para el futuro la formación policial y la militar. Muchas veces el pasado nos deja enseñanzas, muchas veces nos deja prejuicios, muchas veces nos deja aspectos a corregir. Por lo tanto, en un ámbito de racionalidad para sopesar serenamente todo lo que significa la educación de los seres humanos -más allá de si están en la Policía, en el Ejército o en las Fuerzas Armadas-hay que ver cómo modificamos, construimos y repensamos las situaciones.

Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública.

Creamos la Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública. No queremos chacras aisladas, sino respetar la autonomía; la coordinación no va en desmedro de ello, tal como lo establece la Constitución de la República. Por lo tanto, estamos integrando todos los Entes Autónomos y el Ministerio de Educación y Cultura.

Instituto Nacional de Evaluación Educativa

También estamos creando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como persona de derecho público no estatal, a efectos de dar mayor grado de independencia a lo que representa el sistema de educación formal. Desde allí se tendrá la posibilidad, no solo de realizar evaluaciones internas -que no hay que sustituirlas jamás-sino también evaluaciones externas. La evaluación interna es la que hace el docente en las aulas; la evaluación de la Dirección se hace en cada centro educativo; la evaluación de la inspección se hace en cada circunscripción, y la que realizan los Consejos en cada uno de los subsistemas son insustituibles, fundamentales para avanzar.

La evaluación externa está inmersa en ese proceso educativo porque fruto de las evaluaciones son los avances. Esas evaluaciones permiten ver en qué se ha sido fuerte, qué debilidades hay que corregir y en qué hay que avanzar. Estos son los motivos de la creación de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Como no puede ser de otra manera, decimos que el principio de interpretación de la ley, con las disposiciones transitorias establecidas, siempre debe poner como prioridad al sujeto educativo.

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