La acción surgió por iniciativa de la Comisión de Fomento del balneario La Esmeralda -situado cuatro kilómetros al noreste de La Angostura-, pero es promovida también por quienes comparten el planteo, expresa la nota de Amanda Muñoz en La Diaria el viernes 14 de enero.

El primer paso fue redactar una carta y juntar firmas para que un fiscal interponga una acción de amparo en defensa del medio ambiente. En La Esmeralda se recorre puerta a puerta cada una de las 300 casas; en los otros balnearios se circula entre los veraneantes y en otras partes se instalaron puestos frente a los lugares concurridos. Hasta ahora cuentan con alrededor de 2.000 firmas y apuestan a llegar a las 20.000 a fines de enero, fecha puesta como límite de entrega.

El petitorio advierte que la minería a cielo abierto es “altamente contaminante del aire, suelos y aguas superficiales y subterráneas, genera cambios irreparables en el paisaje y la pérdida para siempre de miles de hectáreas de campo productivas”. Asimismo, resalta que el mineroducto:

“atravesará zonas altamente sensibles desde el punto de vista ambiental, como los palmares y los humedales de Rocha, declarados reserva mundial de la biosfera según decreto 706/986 de nuestro país. El mineral será procesado y exportado mediante la construcción de una industria siderúrgica (que implicará un gasto energético equivalente al 15% de la energía consumida por todo Uruguay) y un enorme puerto de aguas profundas que se quiere ubicar en las costas del departamento de Rocha, entre los balnearios La Esmeralda y Punta del Diablo”.

Los promotores de la movida añaden que el futuro puerto duplicaría el movimiento de carga que actualmente opera Montevideo y que “dado que es altamente probable que un emprendimiento de estas magnitudes deprede, destruya o contamine en forma grave el medio ambiente alcanzado”, solicitan sean “tomadas y ejecutadas en los tiempos y formas necesarias las máximas garantías legales existentes, basado en los principios preventivo y precautorio de nuestra legislación”. Pero profundizan el reclamo y exhortan a las autoridades a “que se abstengan de autorizar este proyecto”, al amparo del artículo 47 de la Constitución de la República, que prohíbe el desarrollo de actividades que causen depredación del medio ambiente.

Rompeolas

Arturo Abella, presidente de la Comisión de Fomento del balneario La Esmeralda, explicó a la diaria:

“El hierro va a venir por el mineroducto y va a descargarse en unas piletas que vienen a ser como unos lagos enormes donde el mineral va a decantar. Ahí lo separan del agua, pero es una separación a medias porque el mineral queda con mucha agua y después decanta. Lo dejarían al sol, al aire libre, para que decante y pierda humedad; una parte se va a evaporar y otra se va a drenar. Pero en ese drenaje se estarían contaminando las napas subterráneas y seguramente esa agua llegaría al mar por filtración hacia las napas. Ése es nuestro mayor temor”.

Además de esto, Abella señaló como negativa la construcción de un muelle de 2,5 kilómetros de largo y de otro muelle rompeolas, que será paralelo a la costa para disminuir el oleaje. También indicó la inconveniencia del dragado de 7,5 kilómetros para llevar la profundidad a 20 metros, para poder recibir a barcos de gran tamaño. “El movimiento del fondo marino implica cambios y contaminación, que va a producir un efecto negativo en la costa”.

El lugar está a siete kilómetros de Punta del Diablo, a 11 de Aguas Dulces y a 13 de Valizas. En un principio se había hablado de realizarlo en La Paloma, pero se descartó esa opción por el deterioro que podría causar en la actividad turística. Abella contradice a aquellos que afirman que la zona de La Esmeralda es desierta y sostiene que se encuentra en expansión, con 300 casas ya construidas y otras en ese proceso, al igual que el resto de los balnearios rochenses. Está, además, a una escasa distancia de la Laguna Negra, declarada reserva turística en 1990.

La Comisión planteó en diciembre pasado a la Regional Este de la Universidad de la República la necesidad de que se realice un estudio “objetivo y científico” para conocer el impacto del proyecto. De acuerdo a la normativa, el estudio de impacto ambiental corre por cuenta de la empresa, que “contrata a quien quiera para hacer el estudio y se lo entrega a la Dirección Nacional de Medio Ambiente [Dinama], que lo estudia y se pronuncia”, dijo Abella. El problema es que se sospecha que cuando el informe definitivo llega a la Dinama “ya está todo el pescado vendido”, y que en esa dependencia, como máximo, se le podrá corregir algún detalle.

Fuente: Diario La Diaria.

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