La sentencia surge en medio de la polémica con los arrendadores de maquinitas tragamonedas en kioscos, bares, clubes y comercios, ante el proyecto del gobierno de prohibir esta actividad.
Los cuatro dueños de slots fueron procesados por «tenencia y facilitar juegos de azar prohibidos».
En un local se empleaban un mínimo de siete máquinas de azar y en el segundo, un mínimo de ocho. Para preservar la prueba, la Justicia ordenó el relevamiento fotográfico de la Dirección Nacional de Policía Técnica, hecho que se efectivizó.
De acuerdo al proyecto de ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, el gobierno estima que hay 15.000 maquinitas sin control que recaudan al menos 36 millones de dólares al año.
Se afirma que son «irregulares» porque el monopolio del juego es estatal y considera que no puede controlar el acceso de menores a las mismas.
En tanto, la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje), que reúne a 40 empresarios de ese rubro, regresará al Parlamento el martes 4 de agosto para insistir en ser recibidos por la Comisión de Hacienda del Senado.
El abogado de Aufoje, Gerardo Dibbern, sostuvo que buscarán convencer a los legisladores que la actividad de los miembros de la gremial es legal y que, incluso, tiene el apoyo de Cambadu.
En tanto, el proyecto de ley será analizado este lunes 3 de agosto en la bancada de senadores del FA.

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La concentración será pasada la hora 13.30 y está previsto que participen representantes del interior del país.

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