El legislador comentó la ceremonia de inauguración de esa Planta, mencionó a los presentes y puntualizó sobre los discursos más destacados.

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Viernes 24 de enero, desde 19 horas.

Caravana, caminata y acto en San Luis.

Para quienes vayan en auto y deseen integrarse a la caravana el punto de encuentro es:

– ANCAP Pinamar, Ruta Liber Seregni (Interbalnearia) Km 36, Los Pinos – 18:30 horas.

Asamblea Uruguay contratará un ómnibus que saldrá de la sede de Carlos Quijano 1273 a las 17:00 horas.

Para anotarse llamar al 099 66 91 47, al e-mail cbaraibar@parlamento.gub.uy al teléfono 2924 7703 de 11 a 18 hs. y al 2903 2121 de 09 a 17 horas con el cro. Licho.

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Informó en Sala el Legislador Carlos Baráibar (Frente Amplio).

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El GT cuenta con una Secretaría Ejecutiva y Secretarías Regionales, integradas por algunos partidos pero abiertas a todas las organizaciones miembros del FSP. Dichas secretarías se reunirán al comienzo del evento.

El PCC y la secretaría ejecutiva del FSP, cuyo titular es el brasileño Valter Pomar, del PT, han participado activamente en la organización de la reunión. Por Uruguay asistirán Jorge Mazzarovich, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), el senador Carlos Baráibar, de Asamblea Uruguay (AU), y Rony Corbo, del Partido Comunista del Uruguay (PCU), que representarán al Frente Amplio (FA).

El PCC ha invitado a los participantes en el Grupo de Trabajo a la manifestación del 1º de Mayo en La Habana, multitudinaria demostración que todos los años hacen los trabajadores y el pueblo de la isla.

El Foro de San Pablo, fundado en 1990 a instancias del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, ha tenido relevante incidencia, a través de un proceso de enriquecimiento y actualización ideológica, en el avance de las fuerzas progresistas en los últimos años y el triunfo de gobiernos de izquierda y progresistas en la mayoría de los países del continente.

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Finalmente el legislador concluye, que esta forma de proceder por parte del medio distorsiona la realidad e incita a la protesta.

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Durante la comparecencia del TC en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del lunes 17 de setiembre, el senador Carlos Baráibar (Frente Amplio) aludió “al famoso tema de la remisión al Poder Legislativo de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, que cada vez son más y alcanzan niveles de vergüenza”.

Sin embargo, agregó “eso no produce otros efectos más que colaterales, pues en las observaciones del Tribunal de Cuentas simplemente hay que reiterar el gasto o dejar pasar el tiempo para que se haga lo que se pretende. Ellas no constituyen un elemento relevante, como creo que lo debería ser. Considero que este es un gran tema y que en el sistema institucional uruguayo muy pocos presentan una carencia y una ausencia de esta magnitud; quizá los haya parecidos, pero de este nivel y significación hay pocos”.

Según Rippe “estamos trabajando a tres niveles; en primer lugar, pensamos en qué es lo que hoy no estamos haciendo; en segundo término, consideramos qué podemos hacer en el marco constitucional, pero sin modificar la Constitución y, en tercer lugar, para una eventual modificación constitucional en el futuro, estamos avanzando en entender qué es lo que debemos dejar sin efecto o incluir en la Carta, a fin de hacer efectivas las observaciones del Tribunal de Cuentas”.

El ministro del TC, Oscar Grecco indicó que “el Tribunal hace un excelente trabajo de auditoría y de planificación. Tenemos técnicos calificadísimos que están haciendo todo lo que pueden con los recursos humanos que tienen asignados, que son realmente escasos. Lo otro, es responsabilidad y trabajo de la Asamblea General”.

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Nuestro país estuvo representado por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla (PN), la diputada por Canelones y también integrante de la Comisión, Graciela Matiaude (PC) y el senador Carlos Baraibar (FA).

En una nutrida agenda en la que participaron expertos de todo el mundo, representantes de Naciones Unidas, el PNUD, el PNUMA, Gef y Banco Mundial, entre otros, se discutieron propuestas y líneas de acción a seguir desde los cuerpos parlamentarios de todo el mundo.

Se ratificó un Protocolo que fue entregado al Secretario de ONU para la Conferencia de Rio+20 y en el que se comprometen entre otros a “renovar el compromiso político de los países con el desarrollo sostenible, defender el principio de no regresión en la legislación medioambiental, fortalecer la respuesta legislativa para alcanzar los objetivos de Río, promover una economía verde y desarrollar un plan de control para una mejor fiscalización de los parlamentos de los compromisos ambientales de los países”.

Exposición en la Cumbre Mundial de Legisladores en el Marco de Rio+20,realizada por el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Dr. Gerardo Amarilla:

En esta coyuntura histórica resulta importante reflexionar sobre el rol histórico de los parlamentos y los nuevos desafíos de nuestro tiempo. Los parlamentos surgen como una necesidad desde el seno mismo de la sociedad y con el objetivo de controlar la acción del monarca, limitando la imposición de impuestos y defender los derechos de los ciudadanos.

Corresponde reafirmar nuestro rol como representantes de la sociedad en esta nueva etapa que se inicia a partir de la primera Conferencia sobre Medio Humano de Estocolmo en 1972 y desde la que se consagran principios que sientan las bases de una nueva serie de acuerdos y una nueva generación de derechos entre los que se incluyen la protección del medio ambiente y el Desarrollo Sustentable.

Debemos ratificar que los parlamentos del mundo – en mayor o menor grado – hemos cumplido con nuestra tarea de internalizar en las legislaciones nacionales los acuerdos, principios y derechos establecidos y reconocidos por la comunidad internacional en la materia.

Seguramente la mayoría de nuestros países tienen normas constitucionales respecto a la protección del medio ambiente así como sobre el Desarrollo Sustentable, hemos establecidos leyes y reglamentaciones en diversas áreas. La pregunta que nos podemos hacer es si esas normas realmente se cumplen. Tenemos según el avance de nuestras legislaciones lo que algunos autores han denominado un Estado Ambiental de Derecho; pero como también algunos lo advierten nos aproximamos peligrosamente a un Estado teatral de derechos.

Asistimos a una presión sin precedentes de multinacionales sobre nuestros recursos naturales, agricultura intensiva, monocultivos y megaminería. Lamentablemente vemos como desde la administración se flexibilizan normas y baja la rigurosidad en los controles.

Como parlamentarios reconocemos la necesidad de mayor cooperación internacional para monitorear y fiscalizar más efectivamente a los poderes ejecutivos en cuanto al cumplimiento estricto de la legislación ambiental nacional y un mejor seguimiento de los acuerdos internacionales que comprometen a los estados.

En ese sentido nos parece de suma importancia la Cumbre Internacional de Legisladores que convoca Globe International, nos genera mucha expectativa la continuidad de sus trabajos y desde ya nos comprometemos a trabajar en conjunto por esos objetivos.

Facebook: Gerardo Amarilla

Twitter: @gerardoamarilla

www.gerardoamarilla.blogspot.com

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“La segunda tarea que le voy a encomendar tampoco es fácil. Luego de la exclusión de Cuba de la OEA, su Consejo resolvió levantar las sanciones a ese país -lo cual celebramos y nos alegra muchísimo-; sin embargo, Cuba no se ha reintegrado a la OEA”, expresó Baráibar en la Comisión de Asuntos Internacional que aprobó la venia de Romani, al igual que lo hiciera el miércoles 16 de mayo el plenario del Senado.

En lo personal, agregó Baráibar, “comprendo mucho a Cuba, su gobierno y su revolución, que no quieren que estén golpeando contra situaciones que son claramente de su incumbencia interna, ni que un ámbito internacional los siente en un eventual ‘banquillo de los acusados’ y considere lo que debe hacer o no Cuba con su realidad nacional”.

De todas maneras, “sería bueno conversar con los cubanos y su Gobierno, así como también con los americanos y su Departamento de Estado -seguramente, se podrá hacer después de que tengan lugar las elecciones- a fin de generar un puente, algún ámbito, instancia o seminario -aunque no tuviera una integración plena- en el que pueda darse un intercambio de ideas en torno a esa relación”.

“Lo que sin lugar a dudas es malo es que el tema haya quedado absolutamente congelado y que nadie hable de él. Es muy malo porque significa que hay algo incrustado en el sistema interamericano; es absolutamente anormal y no promueve un desarrollo sano de las relaciones regionales”, reflexionó el parlamentario del Frente Amplio.

Fuente Imagen: es.wikipedia.org

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Calificó el Seminario de “muy importante y que fue realizado con el máximo respaldo institucional que el Parlamento Chileno puede tener”. Las conclusiones y las iniciativas planteadas revisten de la máxima importancia”. Finalizó diciendo que “el Uruguay se encuentra entre los países donde los niveles de corrupción son de los más bajos de América Latina”.

Compartimos lo referente a lo que Baráibar dio en llamar “Uruguay: Un caso para estudiar”.

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONGRESO NACIONAL Y EN EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS

Congreso Nacional de Chile, 12 y 13 de enero de 2012

Ponencia del senador Carlos Baráibar

URUGUAY: UN CASO PARA ESTUDIAR

Con la crisis del socialismo real y la crisis del modelo capitalista neoliberal de 2008 al presente, han caído los paradigmas más significativos del mundo occidental contemporáneo. ¿Esto significa que los procesos sociales no van a ser guiados por referentes o nuevos paradigmas, o que los mismos se pueden construir sobre bases distintas a la de los modelos que caducaron? Creemos en esto último. Quitándole la concepción de modelos cerrados y autosuficientes, es posible avanzar hacia la construcción de modelos que sirvan de referencia para los pueblos y la acción política de los gobiernos, con la convicción de que nunca serán modelos acabados y siempre estarán en construcción y sujetos a su revisión en función de la experiencia política acumulada en su aplicación.

En el Uruguay vivimos en una sociedad democrática construida con el aporte de todos los partidos políticos. El interregno de la dictadura (1973-1985) puso en suspenso la aplicación de la misma, pero no la modificó en sus rasgos esenciales que se restablecieron a partir de 1985 con la reinstalación de la democracia y la elección del primer gobierno post dictadura.

A partir de 2005, asume el gobierno por primera vez en la historia una fuerza de izquierda, el Frente Amplio (FA), y entre la experiencia anterior, fundamentalmente conducida desde 1830 por los partidos Nacional y Colorado, y la del gobierno progresista del FA, se ha ido construyendo una experiencia que tiene rasgos que apuntan a la construcción de un modelo alternativo que rescata lo mejor de nuestra historia desde el siglo XIX y las experiencias sociales y políticas del mundo contemporáneo.

15.- Leyes para prevenir la corrupción

Ley 16758 de 29 Enero 1992 que sustituye los artículos 31 y 40 sobre las Comisiones Investigadoras.

Ley 17008 de 29 de marzo de 1996 que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1996.

Ley 17060 de 23 Diciembre 1998 relativa a la corrupción en la administración pública.

Ley 17835 de 23 de setiembre de 1998 que deroga el artículo 30 de la Ley 17060.

Decreto 354/99 de 12 noviembre 1999 que en su artículo 11 literal I relativo a corrupción.

Circular 1713 de 11 octubre de 2000 que dicta normas para la prevención de la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas de Empresas de Intermediación Financiera.

Ley 17292 de 25 Enero 2001, que establece en el artículo 11 literal b) a las técnicas modernas de prevención y detección de fraudes, por parte de la Escuela de la Auditoria Gubernamental.

Ley 18046 de 31 Octubre 2001 en su artículo 100 establece entre los cometidos de la Junta Económica Financiera en la prevención de la corrupción.

Circular 1785 de 2 mayo 2002 incorpora artículos a la Recopilación de Normas de Mercado de Valores, que aprueba el régimen sancionatorio aplicable a las personas y entidades sujetas a control y regulación del Banco Central.

Decreto 30/03 de 28 Enero 2003 que reglamenta la Ley 17060.

16.- Leyes para prevenir la corrupción en los Partidos Políticos.

Ley 17799 de 12 Agosto 2004 relativo a la declaración jurada que tienen que realizar los partidos políticos para prevenir la corrupción.

Ley 18056 de 20 Noviembre 2006 que aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción suscrita en Mérida, México.

Decreto 152/07 reglamenta el artículo 99 de la Ley 18046, relativo a los funcionarios y ex funcionarios, que hayan sido declarados omisos en su obligación de presentar la declaración jurada de bienes.

Ley 18362 de 6 de octubre 2008, que en sus artículos 51 y 117 trata el tema de las actividades delictivas en los partidos políticos.

Ley 18485 de 20 mayo 2009 sobre partidos políticos, que en su artículo 45 establece que los partidos políticos no pueden aceptar contribuciones financieras provenientes de actividades ilícitas.

Acordada 7688 de 28 Julio 2010 que declara con valor de Acordada a los “Principios de la Ética Judicial Iberoamericana”.

Presentaremos algunos rasgos esenciales que caracterizan a la actual sociedad uruguaya.

I-         ALGUNOS RASGOS INSTITUCIONALES Y POLÍTICOS

1-        La Constitución vigente fue aprobada en 1966 con el apoyo de las fuerzas políticas que hoy integran la oposición Partido Nacional y Partido Colorado). Las fuerzas políticas que respaldan al gobierno actualmente no la apoyaron en el momento de su aprobación, pero hoy no la cuestionan.

2-        La Constitución actual, en su Art. 331, prevé distintos procedimientos para reformarla, pero para que las reformas sean aprobadas requieren el acuerdo en la consulta plebiscitaria de la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a votar, que debe representar por lo menos el 35% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

3-        En 1980 la dictadura militar, mediante un plebiscito, intentó modificar la constitución. Los ciudadanos, tras siete años de dictadura y sin poder expresar su oposición a la misma, votaron en contra del proyecto, que resultó rechazado.

4-        Desde 1966 se han introducido reformas parciales, todas ellas aprobadas mediante referéndum o plebiscito.

4.1- Se derogó una ley que privatizaba la empresa telefónica estatal y otras empresas públicas.

4.2- Se estableció que el porcentaje de los aumentos de las jubilaciones no pueden ser inferiores al aumento que reciben los asalariados en actividad.

4.3- Se estableció que el agua es un recurso esencial para la vida y constituye un derecho humano fundamental, y su servicio solo podrá ser brindado por personas jurídicas estatales.

4.4- En 1996, se reformó el sistema electoral. Entre otras reformas se introdujo el balotaje o segunda vuelta electoral para la elección de la fórmula presidencial, y se estableció la elección de los candidatos únicos por cada partido a la Presidencia de la República en elecciones internas obligatorias para todos los partidos.

4.5- En la misma instancia se aprobó que la protección del medio ambiente es de interés general y las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente.

5.- El parlamento bicameral ejerce una función de control sobre el Poder Ejecutivo a través de:

a) Pedido de informes (Art. 118) por el que cualquier legislador puede requerir datos e informes a las autoridades (con excepción de asuntos relacionados a la competencia jurisdiccional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo);

b) el llamado a sala (artículo 119) (interpelación o régimen de comisión general) de los Ministros de Estado por 1/3 de los componentes de la Cámara de Senadores o de Diputados, lo que constituye un derecho de las minorías;

c) la formación de comisiones investigadoras (artículo 120).

d) la Asamblea General (unión de ambas cámaras: Senadores y Diputados) podrá juzgar políticamente la conducta de los ministros de Estado.

6.- El Presidente de la República no puede ser reelecto en la elección siguiente a la del cese de su mandato, aunque lo puede en las elecciones posteriores.

7.- Desde 1985, cuando se restableció la democracia, el Poder Ejecutivo ha sido ejercido por los tres partidos mayoritarios (más del 95% del total de electores).

8.- Todos los gobiernos departamentales (12 pertenecientes al Partido Nacional, cinco al Frente Amplio y dos al Partido Colorado) son ejercidos por fuerzas políticas departamentales pertenecientes a los partidos que integran el Parlamento nacional.

9.- El Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y los órganos de contralor (Tribunal de Cuentas,  Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral) son elegidos por la Asamblea General por una mayoría de dos tercios de votos, que requiere el acuerdo de distintos partidos.

10.- Desde 1985 a la fecha, todo el funcionamiento interno y externo del Parlamento es acordado entre todos los partidos que lo integran en uso de la voluntad política de hacerlo, sin que exista ninguna norma escrita que obligue a ello. Por este régimen que permite la participación de los partidos en función del peso electoral que tienen en el Parlamento, son elegidos los siguientes cargos:

a) Presidente y Vicepresidentes de la Cámara de Diputados (periodo anual). Esto ha permitido que en 1997 haya asumido la Presidencia de la Cámara de Diputados siendo minoría y actualmente la Presidencia es ejercida por el diputado del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle Pou, que también pertenece a la minoría en dicho ámbito legislativo.

b) Vicepresidentes del Senado (el Presidente del Senado es electo en las elecciones nacionales con el cargo de Vicepresidente de la República).

c) Secretarios del Senado, la Cámara de Diputados y la Comisión Administrativa.

d) Presidentes, vicepresidentes y número de integrantes de todas las comisiones del Parlamento.

e) Miembros de la Comisión Permanente, que funciona durante el receso parlamentario.

f) Todos los cargos que a nivel internacional le corresponden al Parlamento uruguayo (Unión Interparlamentaria, Parlamento Latinoamericano y Parlamento del MERCOSUR), lo cual hace que las delegaciones parlamentarias uruguayas estén integradas por miembros de todos los partidos políticos.

11.- Todas las normas de funcionamiento interno del Poder Legislativo son acordadas a través de procedimientos que prevén mayorías especiales, a saber: a) salario de los legisladores es aprobado en la legislatura anterior a la que tendrá vigencia; b) cantidad de pases en comisión por legislador; c) gastos de secretaría por legislador; d) normas referentes a viajes al extranjero en misión oficial; e) presupuesto de funcionamiento de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y de ambas cámaras.

12.- El Presupuesto Nacional de Recursos y Gastos quinquenal y Rendiciones de Cuentas anuales se rigen por normas constitucionales aprobadas en 1966, sobre las que nunca sean planteado reformas. El procedimiento ofrece garantías al gobierno y a la oposición, así como a las organizaciones de la sociedad civil, sobre los recursos previstos y su rendición de cuentas.

Desde hace algunos años se avanza en al implementación del Presupuesto en base a la gestión por resultados.

13.- La Constitución de la República en su Art. 77 establece las más amplias facultades para su funcionamiento y normas para la elección de sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, a las cámaras legislativas y a las intendencias y juntas departamentales, y a los municipios.

14.- El voto es obligatorio y quien no lo ejerce y no presenta justificativos de su impedimento para hacerlo, tiene sanciones.

II. ALGUNOS RASGOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

El Frente Amplio asume el gobierno nacional en 2005 encabezado por el presidente Tabaré Vázquez hasta 2010, y desde marzo de ese año por José Mujica, el actual primer mandatario. Tiene mayoría absoluta en el Parlamento, y ya en el primer en este período de gobierno llevó adelante un conjunto de reformas estructurales profundas, lo que no es común en un gobierno de un partido que por primera vez asumía la conducción del gobierno. Se trata de reformas que apuntan a revertir décadas de crisis estructural, que en 2002 tuvo un agravamiento que llevó la pobreza y la desocupación a guarismos sin precedentes. Entre las principales reformas se encuentran la tributaria –es excepcional que en su segundo año de gobierno se encare una transformación profunda en un área compleja como esa, reforma que ha incidido en la mejora de la distribución de la riqueza-, una reforma de la salud que cuando se complete asegurará cobertura a la totalidad de la población, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que en el primer periodo debió aplicar un plan de emergencia para atender las situaciones más graves derivadas de la crisis de 2002 y que posteriormente ha implementado un plan de inclusión social (el Plan de Equidad) en el que trabajan también otros ministerios. Ha logrado revertir el proceso de deterioro de las condiciones de vida de los uruguayos (la pobreza llegó a cerca del 50 por ciento en 2002-2003 y hoy está en 18, al tiempo que también ha descendido la indigencia, que hoy está en menos del dos por ciento), la desocupación es de menos de 6%, un mínimo histórico, y en los últimos tres años se ha registrado una mejora del índice de gini que mide la desigualdad, han crecido los salarios, las jubilaciones y el consumo de la población, se ha reperfilado la deuda externa y Uruguay no tiene créditos pendientes con el FMI, ampliando los plazos, disminuyendo los intereses y con un alto porcentaje de deuda soberana. La industria turística ha ido aumentando sustancialmente y se convirtió en la segunda fuente de ingreso de divisas. De todos modos son muchas y difíciles las tareas aún pendientes.

Actualmente el gobierno del presidente Mujica tiene planteado tres grandes desafíos: la educación, que sufrió un grave retroceso en las décadas pasadas y es necesario transformarla en profundidad (es importante destacar el denominado Plan Ceibal, que entrega una computadora a cada niño, a cada estudiante de la enseñanza media y a cada docente, lo que ha acelerado los índices de digitalización en el país), la seguridad pública, que si bien registra buenos índices en comparación con la región, ha aumentado en algunas áreas y ha generado un clima de inseguridad en sectores de la población, y la infraestructura logística, que si bien ha avanzado en algunas áreas presenta retrasos en obras públicas que aseguren mejores comunicaciones (puertos, hidrovía, carreteras, ferrocarril, etcétera). Y habría que agregar la continuación y profundización de la llamada reforma del Estado, o de la administración central más específicamente, dando una batalla contra el burocratismo y vicios de gestión que se gestaron a lo largo de las décadas pasadas.

Ha habido iniciativas importantes para promover las inversiones (Uruguay ha multiplicado en estos años los países con los cuales ha suscrito acuerdos comerciales y está por aprobar una ley de estímulos a la IED (Inversión Extranjera Directa), que apunta al empleo de calidad que aporte mayor calificación a nuestra producción buscando cambiar la matriz productiva, combinando el aprovechamiento de los recursos naturales y sus posibilidades (ganadería, agricultura, pesca, forestación, minería), con un mayor valor agregado mediante el desarrollo de I+D. Al mismo tiempo buscamos  estimular emprendimientos cooperativos de diverso tipo, como los que ya se han puesto en marcha por parte de grupos de trabajadores. Cabe mencionar un creciente desarrollo de la industria del software, entre otras manifestaciones de lo que en el programa del Frente Amplio hemos denominado Uruguay Inteligente, estrechamente ligado a la educación y como condición de un avance cualitativo en lo que en otro capítulo del programa definimos como Uruguay Productivo. Y éste, a su vez, está vinculado al Uruguay Social, es decir, a un país que se integre socialmente.

Otro capítulo está referido al Uruguay integrado: integrado a nuestra región, pese a los problemas que aún debemos superar en el MERCOSUR para que sea realmente una gran plataforma de lanzamiento de la región al mundo, y, al mismo tiempo, el desarrollo del “regionalismo abierto”, o sea, una economía abierta, que busque nuevos vínculos comerciales y de inversiones en todo el mundo.

Uruguay ha logrado evitar entrar en recesión durante la crisis internacional, y exhibe indicadores auspiciosos en materia de crecimiento. Aunque este año habrá una desaceleración respecto a las altas cifras de los años anteriores, en torno al 8 por ciento, está previsto para 2012 un crecimiento de 6% aproximadamente, dependiendo de factores externos pero también de nuestra capacidad para avanzar en los temas anteriormente señalados. Es importante tener en cuenta que para este año está previsto que se siga incrementando la inversión, lo que se verá facilitado por la legislación que se tramita en el Parlamento.

Entre los avances de los cuales nuestro sistema político puede enorgullecerse se encuentra el progresivo fortalecimiento de la democracia, tarea de todo el pueblo y de todos los partidos. Se trata de un aspecto vital que, a su vez, está relacionado con la brega por continuar profundizando la justicia social. La democracia es un principio que valoramos especialmente. La democracia es el escenario de los cambios, el único escenario en que puede desarrollarse el crecimiento y la justicia social.

Somos conscientes asimismo que somos parte de un planeta que tiene desafíos inéditos como el que nos plantea el cambio climático; debates en ámbitos como el G20 y otros escenarios internacionales donde aspiramos que se puedan abrir paso los derechos de las naciones más débiles; la necesidad de avanzar efectivamente a favor de la paz y contra la expansión del militarismo; el rechazo a las invasiones e intromisiones en los asuntos de las naciones y al terrorismo en sus diferentes variantes y con sus distintos responsables; la vigencia plena e integral de los derechos humanos en la región y en todo el planeta. Estos desafíos mundiales son parte de nuestros propios desafíos como uruguayos y latinoamericanos.

ANEXO I

Cultura política de la democracia en Uruguay

De un trabajo de Fernanda Boidi Ph.D. y Mitchell A Seligson Ph.D publicado por la Universidad de Montevideo, el Kellogg Institute y la Vanderbilt University

“En cuanto a la democracia, las novedades del informe son auguriosas. Uruguay mantiene la máxima calificación que otorga Freedom House, ha finalizado el primer gobierno a cargo del Frente Amplio con niveles de aprobación que trascienden las fronteras partidarias, y el nuevo gobierno que tiene como presidente a José Mujica viene por el mismo camino y obtiene altos niveles de aprobación por parte de la población”.

“Esta consolidación democrática va acompañada de percepciones positivas sobre el desempeño económico del gobierno. Uruguay es el país de las Américas donde mejor se evalúa la conducción económica”.

“La inseguridad y la corrupción son dos de los principales desafíos para la democracia que ronda tras ronda el Barómetro de las Américas estudia. Los resultados uruguayos para el 2010 indican que ni la percepción de corrupción, ni la percepción de inseguridad, como tampoco el nivel de victimización por una u otra han aumentado desde el 2008. La corrupción no parece ser un problema muy importante para los uruguayos, ya sea por las percepciones o por la experiencia que tienen con el tema. En cambio la inseguridad sí lo es. En 2010 los temas de inseguridad reciben más menciones que los de economía como principal problema que enfrenta el país”.

El Barómetro de las Américas de 2010 indica que las percepciones de inseguridad pública y corrupción entre los funcionarios del estado y la experiencia de haber sido víctima de un delito en los últimos doce meses, son los factores que más deterioran la adhesión democrática de los uruguayos”.

ANEXO II

ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE CORRUPCIÓN EN URUGUAY UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

Síntesis de los resultados de la investigación

Convenio entre la Asociación pro Fundación para las Ciencias Sociales la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Banco Interamericano de Desarrollo

Coordinador – Daniel Buquet; Equipo de Investigación: Daniela Vairo; Lucía Selios; Rafael Piñeiro; Richard Salvat.

La corrupción en Uruguay, la región y el mundo.

Tradicionalmente, la imagen internacional de Uruguay en materia de corrupción ha sido valorada positivamente, a partir de una larga tradición de honestidad en el ejercicio de la función pública y se aceptaba normalmente que el fenómeno nunca había llegado a adquirir carácter endémico en nuestro país. Más recientemente, la introducción de instrumentos comparativos de medición, no sólo ha confirmado esa imagen intuitiva, sino que ha mostrado a nuestro país bien ubicado y progresando en el cotejo internacional. En el ranking que elabora Transparencia Internacional, se observa  que Uruguay no sólo ha logrado posicionarse en una zona privilegiada en la materia, avanzando un número apreciable de puestos en el ranking mundial  –desde posiciones por encima del lugar 40 al puesto número 23 en 2008-, sino que muestra un significativo y persistente incremento en el puntaje que le adjudica Transparencia Internacional a lo largo de más de una década. En América Latina, Uruguay se ubica en una clara posición de liderazgo, alcanzando en la medición de los últimos dos años la primera ubicación junto a Chile, con un perfil claramente diferenciado con respecto a los demás países de la región. Por otra parte, diversos estudios comparativos de opinión pública, como los que realiza la Corporación Latinobarómetro y LAPOP también muestran a Uruguay en posiciones de liderazgo regional .

Por otra parte, los escasos estudios sobre corrupción realizados en Uruguay, si bien no dejan de aportar una visión crítica sobre la presencia del fenómeno, coinciden en establecer su reducida magnitud. Por ejemplo el informe realizado por el Instituto de Ciencia Política en 2002 concluye que “… si bien parece evidente que las prácticas corruptas existen en el Uruguay, el análisis (…) sugiere que tales prácticas no están generalizadas y se producen de forma diferenciada en ámbitos reservados.” (Caetano 2002:93). Adicionalmente, un trabajo reciente realizado por el Instituto de Cooperación y Desarrollo (ICD 2009) muestra, sobre la base de encuestas realizadas a la opinión pública, empresarios y funcionarios públicos, que la corrupción en Uruguay es percibida como mucho menor que en los países vecinos. Un 93% de los encuestados cree que en Uruguay hay menor o mucho menor nivel de corrupción que en los países vecinos y un 7% cree que es igual, mientras ningún encuestado optó por la respuestas de mayor o mucho mayor corrupción (Buquet 2009:117).

El trabajo publicado por el ICD, también permite aproximar una dimensión temporal al fenómeno, ya que en su elaboración se hicieron encuestas similares a las realizadas para en Caetano (2002). Allí se puede apreciar la evolución de uno de los indicadores más contundentes en materia de corrupción: la victimización por sobornos, en este caso a empresarios. La fortaleza de este tipo de indicador es que no implica percepciones –que pueden estar distorsionadas por los medios de comunicación o la interacción social- sino que remite a la experiencia pura y dura de los encuestados que, por otra parte, carecen de incentivos para ocultar la verdad.

Secretaría del senador CARLOS BARÁIBAR

Palacio Legislativo, Edificio “José Artigas”, despacho 219, Montevideo, Uruguay

Tel. (598 (2924 7703; Fax (598) 2924 8113

Celular: 099 669147 (para llamar desde el exterior: 598 99 66 91 47)

e-mail: cbaraibar@parlamento.gub.uy

e-mail: baraibar.carlos@gmail.com

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Eres uruguayo? Defiendes la vida?

Sabemos que estás celebrandola Navidad, pero… MAÑANA MARTES 27 DE DICIEMBRE, nuestros senadores quieren legalizar el aborto enla República Orientaldel Uruguay: En medio de las fiestas, todos desprevenidos… sin discutir nada (porque «tienen mayoría») y a algunos como el Senador Baráibar «lo obligan» a retirarse de sala, para que su suplente vote a favor.

Por eso, te pedimos encarecidamente que COPIES y PEGUES este texto y lo envíes a estas direcciones (colocaron varias de ellas, entre las que se encuentra la del legislador Baráibar).

Reenvío este correo para demostrar apoyo a la postura del Senador Baráibar en el sentido de que este es un pésimo momento en el año para votar algo tan sensible como el proyecto que despenaliza el aborto en Uruguay. ¡Un tema como este no puede votarse “en silencio” un 27 de diciembre!

En caso de insistirse con votar en tan mal momento, quisiera también alentar al Senador a votar según su conciencia y al Frente Amplio a respetar la cláusula de “cuestión fundamental”. BARAIBAR: ¡NO DEJE QUE «LO RETIREN» DELA SALA!

Dios te bendiga!

Nota: Esta noche (de lunes para martes) tendremos vigilia de oración de12 a3 am en nuestro templo central y diferentes anexos, y mañana estaremos nuevamente en el Palacio legislativo durante la tarde.

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