El tema fue abordado este martes 20 de mayo al analizar la oportunidad y la bondad de la eventual compra de los padrones n.º 597, 6109, 7897, 598, 13513, 13514, 10813, 7138, 7201, 642, 641, 7264, 9065, 10174, 8940, 11093, 6668 y 5743 de la 5ta Sección Judicial del departamento de Florida denominado Estancia María Dolores.

El senador Sebastián Sabini expresó que “como Frente Amplio, compartimos que se trata de un proyecto importante que implica una compra significativa que va a hacer el instituto que merece su análisis y su discusión y estamos absolutamente de acuerdo con que las autoridades den las explicaciones del caso. Repito que de nuestra parte apoyamos la convocatoria y, además, considero que es bueno que el Parlamento discuta qué política quiere para el Instituto Nacional de Colonización”.

El nacionalista Sergio Botana sostuvo que “más allá de la compra en sí, lo que me preocupó fue el hecho de que no pudiéramos conocer al instante las razones de los fundamentos de la compra. Se supone que, si el predio fue ofrecido al Instituto Nacional de Colonización a mediados del mes de abril y la decisión se tomó en los primeros días de mayo, obviamente fue con base en lineamientos políticos preacordados por parte del directorio y en un estudio claro de lo que era el negocio en sí, los fines que se le iba a dar a ese predio y obviamente todo lo vinculado a cuál era el destino, qué sector de la producción se quería favorecer, lo adecuado o no de los montos a pagar”.

“En el caso de que no se dedique a colonia de productores, sino a hacer forrajes para todos los productores y a campo de recría, ¿cómo se va a administrar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Esto se va a hacer a través de alguna gremial o del sector público, propiamente? Esas propuestas tienen que estar, porque no estamos comprando un predio de dos pesos, sino un área importante, en una zona importante, con un precio muy significativo y con un equipamiento muy particular, con parte de tierras inundables, etcétera”, agregó.

Según Botana “si los fundamentos de la decisión estaban antes, ¿por qué automáticamente no se hicieron públicos? Esa la gran pregunta que me queda. Veo que pasan los días y no tenemos ese hilo que es imprescindible. Parecería que recién estuvieran elaborando las respuestas para lo que ya era una predecisión. Esa es la sensación que nos queda”.

Desde el FA, el legislador Eduardo Antonini dijo: “Yo tengo muchas ganas de dar esa discusión porque creo que tenemos razones y fundamentos para hacerlo. Me encantaría, pero no sé si es hoy el ámbito para dar esa discusión de fondo”.

Su correligionario Aníbal Pereyra indicó que “entendemos que estos aspectos muy importantes deben tener un debate público por lo que implican y también consideramos que se debe tratar de aclarar algunas cuestiones que han salido públicamente ‒el tema ha sido instalado‒ como, por ejemplo, los costos excesivos”.

“Este Parlamento en los últimos veinte años ha venido discutiendo leyes que tratan de generar más acciones para que el Instituto Nacional de Colonización tenga más herramientas, sobre todo en la compra de tierras para cría y lechería. Hoy hay más de mil productores en la lista de espera, sobre todo familiares y jóvenes, y allí creo que está el centro del debate que, seguramente, se va a dar a partir de mañana, pero adelanto mi posición diciendo que con respecto al debate público que se ha planteado con relación al exceso de costos, cualquiera puede entrar a Mercado Libre y ver que los campos de la zona están a USD 8.500 la hectárea”, señaló.

Pereyra manifestó que “yo sé que este es un debate más para la tribuna que para adentro, pero todos sabemos que se está dando. Todos hemos visitado colonias de esa zona, como la Treinta y Tres Orientales, que está a 18 kilómetros de San Ramón y a 8 kilómetros de Florida, en el medio de la cuenca lechera. Seguramente, todo ha aumentado en los últimos tres, cuatro años para la Sociedad de Productores de Leche Florida, cuya mayor demanda es saber cómo se puede conseguir más tierra ‒que no la hay en la zona‒ para poder tener más campo de recría y poder producir más leche. Hay una posibilidad ‒supongo que mañana se va a confirmar‒ de producir 21.000.000 de litros de leche, pero quiero que quede constancia en esta instancia de convocatoria que estamos totalmente de acuerdo con que vengan el ministro ‒actualmente no está en el país, se encuentra en China acompañado de una delegación‒ y el Instituto Nacional de Colonización porque esto nos parece que son aspectos medulares para profundizar”.

Por lo tanto, sostuvo el legislador del MPP “reafirmamos este hecho y quiero que quede constancia de ello. Esperamos que se den más situaciones como esta porque el compromiso del gobierno fue alcanzar 25.000 hectáreas en el quinquenio y en estos tres meses se logró 4.404, mire que número presidente, termina en 404”.

A su entender “yo no sé si hay antecedentes, lo digo porque realmente no lo sé. El instituto actuó dentro de los plazos de veinte días corridos que tiene, dentro de los plazos que establece el artículo 35. Dicho sea de paso, este Parlamento tiene debates muy interesantes ‒he estado mirando‒ con relación a modificaciones que se hicieron justamente para poder tener tierra; antes eran mil hectáreas CONEAT, ahora son quinientas y tenemos que reconocer que el hecho fue un acuerdo político importante de este Parlamento, una iniciativa del exsenador Larrañaga en el año 2005; el senador Camy no me va a dejar mentir, estuvimos en el debate y fue muy valioso para el país”.

El presidente de la Comisión, senador Sebastián Da Silva (PN) le aclaró que “no es lo más conveniente buscar en Mercado Libre un campo”.

Presidente en falta

 A su turno, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) indicó que “en términos de derecho civil y accidentes, creo que hubo una suerte de culpa concurrente cuando todos nos vamos equivocando al elegir el momento”.

“Obviamente que dar la discusión en ese momento sobre la citación quizás no fue lo mejor, pero tampoco fue lo mejor hacer el anuncio en ese momento. Entonces, creo que todo esto nos lleva a todos a reflexionar no solamente sobre el momento en que se solicita la comparecencia, sino también sobre el momento en que se hace el anuncio”, dijo.

Asimismo, “por una cuestión de lealtad y creo que también de preparación por parte del ministro y de las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, me gustaría que se ampliara la convocatoria. Algo que siempre sucede es que cuando uno empieza a estudiar los asuntos, saca la lupa y va encontrando cosas colaterales que también es bueno que se aclaren”.

En ese sentido, expresó que “ayer (lunes) surgió que el presidente es colono –cosa que nosotros no sabíamos–, obviamente tiene un préstamo, y tiene un problema porque no le rinde cuentas al instituto de cosas que el instituto le ha reclamado recientemente que tiene que hacer y que tiene que cumplir. En definitiva, está en falta con el instituto. Entonces, nos gustaría ampliar los motivos de convocatoria para que nos explique eso, porque estamos seguros de que debe tener una explicación”.

A su vez, “el senador (Robert) Silva, que hoy nos está acompañando –hablo por él porque no es miembro de la comisión–, nos señaló otro tema que también sería bueno que se aclarara. Me refiero a lo previsto en el artículo 200 de la Constitución, que el presidente del Instituto Nacional de Colonización estaría incumpliendo en este momento. Concretamente, cuando presentó la solicitud de venia el Poder Ejecutivo, adjuntó su currículum y no incluyó que él era colono. No dijo que él era colono”.

Fundamentó que “el artículo 200 de la Constitución es muy claro y no permite ejercer profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenece. Entonces, si sigue siendo colono y sigue ejerciendo simultáneamente su actividad como tal, el presidente del Instituto Nacional de Colonización está desde que fue designado violando la Constitución de la República, y sus actos pueden ser pasibles de nulidad por haber hecho eso”.

Por lo tanto, “dada la gravedad del asunto, nos parece importante que también se incluya en la convocatoria la solicitud de que aclare su situación. Lo digo hoy para que no se vea sorprendido el día en que venga acá y traiga las respuestas, es decir, por una cuestión de lealtad. Y por lealtad con el derecho de autor, reitero que este es un punto que el senador Silva nos señaló hoy cuando estábamos viendo esto”.

 “Ensucia la cancha”

El senador Felipe Carballo (Frente Amplio) manifestó que “en cuanto al tema puntual de la compra de estas tierras, si bien no tengo los detalles –y me parece que está bueno que esta comisión haga las gestiones correspondientes para convocar a las autoridades por este tema–, yo adelanto mi postura. Estoy cien por ciento de acuerdo con que se compren tierras y se destinen a los productores y los asalariados rurales”.

Es más, señaló- “estoy convencidísimo de que el Instituto Nacional de Colonización es un instrumento fundamental y, por lo tanto, el hecho de haber comenzado a transitar ese camino de ir comprando tierras con esos destinos o con esos fines representa una señal más que importante, además de que, como bien se decía, está dentro de los compromisos electorales que hemos asumido”.

Pero “otra cosa tiene que ver con lo que se planteaba hace un momento. Yo voy a acompañar la convocatoria para conocer la información de primera mano en relación a los motivos y a todo lo vinculado a la compra de estas 4404 hectáreas que se mencionaban hace un momento, pero creo que es harina de otro costal si el presidente tiene o no tiene deuda”.

En todo caso, agregó el parlamentario del FA “por este tema debería ser convocado para otra sesión de la comisión, porque de lo contrario desvirtuamos el tema de la discusión. Y otro asunto es lo que se informó en relación al artículo 200 de la Constitución. Obviamente eso está dentro del marco de funcionamiento de la comisión, pero a mi entender entrar en temas que son más personales –por llamarlo de alguna manera– es una clara señal que va en la dirección de golpear sobre decisiones que son más políticas”.

En definitiva, afirmó Carballo “entiendo las discrepancias que se puedan tener en cuanto a las decisiones políticas, pero entreverar una cosa con la otra me parece que no le hace bien a la discusión y de alguna manera ensucia la cancha, hablando en términos futbolísticos. Insisto, tenemos que hacer un esfuerzo importante en levantar la mira para dar una discusión en serio y en profundidad en relación al Instituto Nacional de Colonización y a la compra de tierras”.

Bordaberry salió al cruce: “creo que el Reglamento del Senado dice que no se pueden adjudicar intenciones. Entonces, cuando se dice que la intención es enchastrar o no sé cuánto, se estaría violando el Reglamento del Senado”.

“Cuando uno pide ampliar la convocatoria a esos hechos, no es con otra intención más que la de aclarar. Es decir, nuestra intención es aclarar la situación. Pero, además, desde el punto de vista reglamentario, el Instituto Nacional de Colonización se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la función de esta comisión –y del Senado todo– es controlar al ministerio y a las instituciones, los entes y servicios descentralizados que se vinculan a través del ministerio”, añadió.

En este caso, consideró el senador del PC “el presidente del Instituto Nacional de Colonización estaría violentando el artículo 200 de la Constitución, porque no puede estar ejerciendo actividades vinculadas a la institución que hoy preside. Es obvio que si así fuera tendría la función de controlarse a sí mismo el cumplimiento de las obligaciones que tiene como colono. Entonces, me parece que está dentro de la órbita de esta comisión convocarlo para escucharlo, porque estoy seguro de que debe tener una respuesta. No puedo creer que esté violando la Constitución tan flagrantemente y no esté cumpliendo con las disposiciones claras de la ley”.

En definitiva, para Bordaberry “estamos procediendo de acuerdo al reglamento sin otra intención que aclarar este asunto y adelantando, para no sorprender al presidente del Instituto Nacional de Colonización el día que venga, que en ese momento le vamos a preguntar sobre este tema. Es decir, la idea es que se pueda preparar y darnos una respuesta. Creemos estar actuando dentro de las normas de la convivencia política normales que siempre se aplican en el Parlamento, sin sorprender a nadie ni con otra intención que no sea la de aclarar esta situación”.

Carballo (FA) insistió en que “frente a un tema que está instalado en los medios de comunicación, a mi entender con este nuevo planteamiento se entreveran los temas y se ensucia la cancha. Pero con esto no estoy diciendo que el senador Bordaberry tenga malas intenciones en relación a este tema. Quiero dejar esto en claro, porque no es el objetivo del planteo que he realizado.

Da Silva, presidente del grupo parlamentario indicó que “creo interpretar que si acá hay un problema de forma, todos los actos jurídicos del presidente del Instituto Nacional de Colonización son nulos, entre ellos la compraventa de un inmueble rural. Por eso los temas están atados, el planteo es pertinente, y creo que hay que agradecerle al senador Bordaberry que anticipe su posición. Y las deudas u obligaciones incumplidas de un presidente para consigo mismo, como parte del organismo que preside, también tiene que ver con el asunto. Es decir, a partir de una noticia que salió ayer nos dimos cuenta de que en el currículum que se recibió en el Senado él no expuso su condición de colono, etcétera”.

Por tanto “eso es lo vinculante. Si no fuera tan vinculante, no sería pertinente. Por eso entiendo que es pertinente hacer la convocatoria por la compraventa de los padrones que integran la estancia ‘María Dolores’ y también por la legalidad o no de que el presidente del Instituto de Nacional de Colonización esté ocupando su cargo”.

«Suprema Corte de Justicia»

Por su parte, Sabini (FA) estimó que “me parece bien que se alerte sobre esta situación y sobre el análisis específico sobre una posible inconstitucionalidad. En este caso ya hay una evaluación de un grupo de senadores que entienden que es inconstitucional, pero, hasta donde yo sé, en Uruguay quien determina las inconstitucionalidades es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no le corresponde a esta comisión expedirse sobre ese tema, sino que en su momento habrá que hacer un balance político o jurídico al respecto. De manera que esa evaluación no la compartimos”.

En definitiva, “quiero remarcar que apoyamos la convocatoria en el sentido de que se informe sobre la compra de los campos –eso nos parece bien–, pero no consideramos que en esta instancia tenga que aclarar algo el señor Viera sobre este punto. Obviamente, los legisladores pueden hacer las preguntas que quieran. Eso está bien, y me parece bueno que se diga que se va a hacer”.

No obstante, “quiero señalar que la posición del Frente Amplio refiere al punto que vinimos a tratar y no a agregar nuevos asuntos, porque creo que no ayudaría. En todo caso, si los actos que se hicieron fueron inconstitucionales, no le corresponde al Parlamento establecerlo, sino a la Suprema Corte de Justicia, siempre que alguien se vea afectado y directamente presente un recurso. Todo lo demás son consideraciones puramente políticas”.

Para Bordaberry «esta no es una cuestión de un planteo de inconstitucionalidad. Esto es un planteo de nulidad de la decisión tomada por el directorio respecto a la compra del campo. Aquí no se trata de si es inconstitucional o no una norma. La norma es constitucional. Lo que sucedió es que alguien violó la norma interviniendo, votando en un directorio, cuando no podía hacerlo de acuerdo a la Constitución, y esto ocurrió respecto de la decisión de comprar el campo. Por eso es que estoy trayendo el planteo y adelantándolo. Si es cierto que es colono y que además como colono era incumplidor frente al instituto, él no debió haber participado de esa reunión, de esa sesión, y menos haber votado, porque tiene un interés directo y legítimo que la Constitución expresamente dice que se tiene que tener en cuenta. Lealmente, en vez de decir todo esto el día que venga, les estoy advirtiendo que vamos a ir por ese lado y por eso estoy planteando que se incluya en la convocatoria este asunto, por la evidente vinculación que tiene con el tema de fondo. No es una cuestión de inconstitucionalidad de una ley, que es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia.

El senador Óscar Andrade (FA) señaló que “se entiende que, entre los motivo de la convocatoria, la oposición va a incorporar la cuestión del presidente del Instituto Nacional de Colonización. Estamos avisados”.

“Podemos dar vueltas a la noria, pero, si el debate político de fondo lo vamos a dar con las autoridades, no sé si tiene sentido seguir extendiendo las consideraciones hoy”, expresó.

Para Botana (PN) “es bien sencillo. De acuerdo al comentario que nos hace el señor presidente, yo creo que se puede mantener el tema de la convocatoria, pero va a suceder lo que ha anunciado el senador Bordaberry: en ese marco le van a hacer esas preguntas al señor presidente de Colonización”.

Por otra parte, “todo este debate se pudo haber evitado si hubieran hecho público todo el mamotreto de documentos que fundamenta la decisión. De lo contrario, lo que sucede es que no tienen ningún documento y están tomándose el tiempo para elaborarlo. Eso sería lo complicado de todo esto”.

“Lógica comprensible”

Para el nacionalista Carlos Camy “en primer lugar, me parece procedente el planteo del senador Sabini con respecto a la forma de relacionamiento de la comisión. Casi todos somos veteranos en esta Casa y sabemos que tiene que ser como siempre ha sido. Por lo tanto, si en algún momento se vio amenazado el relacionamiento de la comisión, creo que corresponde encaminarlo, encauzarlo, por la senda que corresponde. Me parece que estamos todos de acuerdo en eso y saludo ese comentario”.

El segundo comentario que quiero hacer “refiere, concretamente, a la razón de una sesión extraordinaria: el planteo de convocatoria a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, a su directorio, y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como sabemos, es a través de esa cartera que se relaciona el instituto con el Poder Legislativo”.

Para Camy “corresponde esa convocatoria. A mi entender, se ha planteado con una lógica comprensible por distintas razones: porque es una inversión importante que va a hacer el Instituto Nacional de Colonización y porque se plantea en el marco de decisiones de las que esta comisión no tuvo conocimiento. Nos parece que el rol parlamentario y particularmente de la oposición es fiscalizar y tomar conocimiento, y es con ese ánimo que me parece importante que se convoque”.

Por ello “me parece que lo mejor es que venga el directorio, que vengan las autoridades del ministerio y que, mirándonos a la cara, se plantee formalmente lo que corresponde, que es sacar las dudas que distintos legisladores han planteado en este tema.

Yo tengo mucho interés en escuchar a las autoridades y, de hecho, no he brindado opinión –y no lo voy a hacer– hasta que las escuche”.

A su entender “creo que aquí hay un tema de legalidad que hay que analizar y que, a mi juicio, está comprendido en el marco que la Ley n.º 11029 tiene; hay un tema de oportunidad y en ese sentido creo que hay que escuchar la razón política o por qué se priorizó y se determinó esa inversión, y hay temas de forma, que para mí hacen a la sustancia y tienen que ver con planteos que vamos a hacer en tono de interrogante, es decir, si efectivamente se estudió el predio, por qué se priorizó y cómo se canalizó esa decisión”.

Camy indicó que “la Ley n.º 11029, señor presidente, tiene 155 artículos. Yo, como exvicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, me animo a decir que, en la historia de este país, desde el año 1948 –en que rige la ley–, se deben haber aplicado, con suerte, no más de seis o siete artículos. Es un maravilloso instrumento y, por ejemplo, establece más de diez formas de colonización”.

“Para mí, más allá de todas las preguntas que se puedan hacer sobre el valor de la tierra, el estudio que se hizo, la capacidad de colonización, qué tipo de colonización corresponde con el suelo, las características del predio, la oportunidad, etcétera, lo fundamental es conocer el proyecto para el cual se compra, porque está dentro de las potestades de Colonización, de acuerdo con el artículo 35 y otros más”, evaluó.

Por ello “me parece que hay que focalizar el planteo. Para mí lo más importante es saber cuál es el proyecto para estas cuatro mil hectáreas, qué tipo de colonización o qué tipología de las que señala la ley se piensa aplicar, de qué forma se piensa hacer”.

Al respecto “ha habido experiencias negativas y positivas en la historia de Colonización, por ejemplo, para el impulso de la lechería ¿Va a ser un modelo cooperativo, como se ha intentado y fracasó? ¿Va a ser de agrandarles la escala a los productores ya existentes? ¿Va a ser un régimen de tenencia y arrendamiento o de facilitar la propiedad de la tierra?”

Según el parlamentario blanco “la ley permite una amplísima gama de opciones para un proceso colonizador y, para mí, lo más importante de todo es saber por qué y para qué se eligió ese predio y qué se piensa hacer con él”.

Con respecto al tema de la legalidad, “quiero decir claramente que hablo de la legalidad respecto a la aplicación del artículo 35, que es en el que se fundamenta la decisión; me parece que eso no se cuestiona”.

En cuanto al tema del precio de la tierra –agregó Camy- “también creo que hay que consultar –y me gustaría hacerlo– a la división de avalúos de Colonización y a otros organismos del Estado y del mercado, que saben más que nosotros”.

En lo relativo al acceso a la tierra, señalo que “recién el senador Pereyra hizo alusión a la Ley n.º 18187, de repoblamiento de la campaña. Fue el 2 de noviembre del 2007 que se sancionó y la firmamos Larrañaga y yo, pero la anunciamos en esta sala sobre fines del año 2003, en el Gobierno del doctor Jorge Batlle, sentados acá, en la misma línea en la que estamos sentados ahora. Yo era vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización y ahí empezamos a trabajar con un equipo técnico que encabezó el ingeniero agrónomo José Claramunt”.

Por lo tanto, “saludo la iniciativa del presidente de traer este tema. A mi juicio, la convocatoria debe ser planteada con un orden del día claro: primero el tema que nos ocupa, y creo que es muy importante lo que planteaba el senador Bordaberry, que lo tomo como una alerta responsable”, sostuvo Camy.

Puntualizó que “más allá de lo que decía el senador Sabini y de que todos conocemos los artículos 256 al 259 de la Constitución respecto a quién se ocupa de la inconstitucionalidad de las leyes y de quién tiene la legitimidad para solicitarla, creo que es responsabilidad de un senador de la república alertar sobre esto, porque sería muy irresponsable que nosotros promoviéramos actos legislativos que después son inconstitucionales –le han salido muy caros al país– o que los dejemos pasar cuando se trata, como en este caso, de un ente autónomo”.

“Considero que es una alerta responsable. No sé si es competencia de esta comisión o si debe ocuparse la Comisión de Constitución y Legislación, pero me parece responsable y muy leal de parte del senador Bordaberry alertar que, cuando venga convocado por otro tema específico, se va a plantear este, por la vinculación que tiene”, indicó.

Desde el FA, Pereyra afirmó: “Reitero que, a nuestro entender, es un debate más profundo el que hay que seguir dando, porque no hay que desvirtuar el fondo del asunto. Capaz que, por una discusión de este tipo, por una cuestión puntual, se termina cuestionando lo que implica esta formidable herramienta, que es la Ley n.º 11029”.

De todas maneras, “a partir del planteo del senador Bordaberry –al que agradecemos su frontalidad al adelantar una postura y decir que mañana va a incorporar otra pregunta–, quiero dejar la constancia de que ya hay antecedentes en varios directorios anteriores en los que sus integrantes –vicepresidentes, incluso, o más de un director– cumplen con su función de colono, claramente con la fundamentación legal correspondiente para poder ejercer. Es decir, ya hay antecedentes en varios períodos hacia atrás de personas que, en su condición de colonos, asumieron la responsabilidad de integrar el directorio”.

El legislador del MPP señaló que “quería dejar este elemento como un antecedente, porque hubo directorios en otros períodos integrados por colonos que compraron mucha tierra, lo que fue favorable para la instalación de colonos y familias colonas a lo largo y ancho del país”.

“Grandes y vacunados”

Durante la deliberación se dio un fuerte dialogado entre el senador Eduardo Antonini (FA) y el presidente de la Comisión, el senador Sebastián Da Silva (PN).

Senador Antonini: En la mañana de hoy se ha repetido la pregunta de cómo se hizo esta intervención, esta compra de hectáreas, sin que la comisión esté informada. Esto ha sido reiterado, pero quiero decir que el Instituto Nacional de Colonización no tiene ninguna obligación de informar. Es al revés: nosotros podemos pedir información.

Por otra parte, con respecto al fondo del asunto, me preocupa un poco cuando se dice que va a terminar en la nulidad, como que se está anunciando una nulidad. Me parece que tenemos que ser responsables, porque a veces en Twitter o en la prensa nos vamos…

PRESIDENTE Da Silva. El grado de responsabilidad es de cada señor mayor de edad. Usted trate de ser responsable y deje que los otros grandes y vacunados sean iguales de responsables que usted.

Senador Antonini. Usted me interrumpió.

SEÑOR PRESIDENTE. Yo soy el presidente.

Senador Antonini. Lo que digo es que ya se está diciendo que se quiere terminar esto, cuando en realidad estamos convocando a las autoridades para que nos expliquen.

Solo quería dejar claro estos dos aspectos. En primer lugar, Colonización no tiene ninguna obligación de consultar con la comisión y, en segundo lugar, nosotros no podemos adelantar resultados.

Fuente Imagen: Parlamento Uruguayo.

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Este evento se desarrollará en el marco de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 50 Años del Golpe de Estado, con la denominación: Cárceles: un desafío para la democracia. Buenas prácticas e innovaciones, vulnerabilidad social y crimen organizado, el rol de la sociedad civil, los compromisos internacionales. 

La apertura del evento estará a cargo de: la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón; la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Jimena Fernández; el Presidente de la Comisión de Seguimiento Carcelario, Senador Carlos Camy; la Vicepresidente de la Comisión de Seguimiento Carcelario, Diputada Lucía Etcheverry y el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit.

La Mesa 1, llamada Avanzar es Posible, sobre buenas prácticas y su réplica. Pese a problemas y carencias, se registran acciones novedosas en torno a la sanción penal y el día después. ¿Cómo se sustentan? ¿Cómo y por qué surgieron? ¿Se pueden multiplicar? ¿Qué mensaje nos dan esas prácticas? 

Introducción: Patricia Banchero, oficina del Comisionado Parlamentario, Luis Mendoza; director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Viera; director de la Unidad Penitenciaria Nº 26, Tacuarembó, Gabriela Pasturino; Universidad de la República y Marcelo Scavuzzo, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Programa Liberados.

La Mesa 2, Vulnerabilidad Social, Crimen Organizado y Sistema Penitenciario. Las dificultades para acceder a derechos y oportunidades está en la raíz de buenas partes de los delitos. La vulnerabilidad socio penal circula en el territorio y pasa por las cárceles, donde debería ser transformada en rehabilitación. ¿Las cárceles son aptas para combatir el crimen organizado o prevenirlo? ¿Cómo se puede conectar el trabajo de rehabilitación con la reinserción social?

Introducción: Ana Vigna, docente e investigadora de la Universidad de la República; Lucía Tiscornia, profesora asistente de Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, University College, Dublin y Verónica Pérez, profesora asistente del Dpto. Ciencia Política, UDELAR.

La Mesa 3, El Futuro Posible, Rol de la Sociedad Civil. La transformación del sistema penitenciario requiere de un proyecto estratégico capaz de convocar tanto financiamiento como acuerdos interinstitucionales y políticos. ¿Qué rol puede jugar la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, grupos profesionales) para aportar programas y actividades que desde el Estado no se concretan o son insuficientes? ¿Es posible que suman más responsabilidades dentro de las cárceles? ¿Existirían recursos y voluntades para lograrlo?

Introducción: Luis Parodi, educador, ex director de cárcel Punta de Rieles; Cecilia Michelini, presidenta de Fundación Michelini; Andrea Hernández, del Proyecto Crisálidas del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y Unión Europea y Gabriela Rodríguez, coordinadora de la organización Familias Presentes.

El cierre, llamado: LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, ¿SUEÑO O REALIDAD?, estará a cargo del presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Dr. Ricardo Pérez Manrique.

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La iniciativa prorroga el plazo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 19.247, de 15 de agosto de 2014.

Artículo 1. Prorrógase el plazo establecido en el artículo 6º de la ley número 19.247, de 15 de agosto de 2014 hasta el día 1 º de marzo del año 2025. Artículo 2.- La presente ley entrará en vigencia con fecha 5 de enero del año 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Como es de conocimiento, la ley. número 19 .24 7 promulgada el 15 de agosto de 2014, reguló la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas y municiones, la misma ley encomendó al Poder Ejecutivo su reglamentación, hecho que ocurrió recién en el mes de diciembre del año 2016. La mencionada norma, conjuntamente con el decreto reglamentario 377 /2016 de fecha 5 de diciembre de 2016, determinó un plazo de 12 meses para el cumplimiento de la regularización de armas, municiones y explosivos en los servicios estatales correspondientes, habiendo expirado ya.

Hay coincidencia en el sistema político de que estos temas son muy delicados y requieren de un proceso largo de concientización, también existe la idea generalizada que la aplicación de la norma es un proceso lento y no exento de inconvenientes técnicos a la hora de su aplicación, estos hechos fueron claramente fundamentados en los anteriores proyectos, lo que dio lugar a la sanción de 2 normas que comentaremos a continuación.

La primera de ellas, es una ley de nuestra autoría, «Tenencia de Armas – Se prorroga el plazo establecido en el artículo 6 de la ley 19.247, de 15 de agosto de 2014» aprobada con el número 19.734 y promulgada el 4 de enero de 2019, donde se estableció una prórroga de 12 meses aunque en su redacción original se establecía que fuera por 2 años.

La segunda es la ley número 19.915 de fecha 13 de noviembre de 2020 que prorrogó el plazo establecido en el artículo 6º de la ley 19 .24 7 cuya vigencia se extiende hasta 5 de enero del 2022, que tuvo aplicación retroactiva al constatarse el vencimiento del plazo de la primera prórroga. En ambas oportunidades y como producto de la negociación entre los diferentes partidos políticos se agregó un artículo 2, que encomendaba al Poder Ejecutivo la realización de diferentes campañas a través de medios de comunicación a efectos de dar mayor difusión a la normativa. La inquietud legislativa no fue en vano, a través del Servicio de Material y Armamento, el Ejército Nacional puso en marcha el plan: «RNA Móvil», donde una unidad militar recorre los diferentes departamentos del interior acercando soluciones y prestando asesoramiento, lo que ha permitido que en el año 2021, el número de solicitudes aumentó un 20 % con respecto a 2020, en el que reconocemos pandemia mediante, hubo un retroceso. Ante el inminente vencimiento del nuevo plazo, se hicieron diferentes consultas sobre la marcha y efectividad del programa y se nos proporcionó información de que se planea continuar con el programa en 2022 cosa que nos estimula a seguir trabajando y pensar en implementar una nueva extensión del plazo. Es evidente que el accionar del Estado saliendo al interior del país está dando sus frutos y creemos necesario extender nuevamente el plazo hasta el 1º de Marzo de 2025, sin comprometer a la nueva administración, para que se continúe trabajando en el proceso de regularización, recordemos que en la actualidad, la tenencia o porte de un arma sin registro, constituye un delito que se encuentra tipificado en artículo 152 del Código Penal. Como se puede observar el nuevo proyecto insiste con la necesidad de adecuar el plazo, esta vez hasta 2025, permitiendo que más ciudadanos puedan de forma voluntaria y ordenada, entregar aquel armamento viejo o en desuso que muchas veces ocasiona más problemas que soluciones.

Fuente Imagen: rpp.pe

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Camy señaló que realizó el pedido de informes, “a raíz de las noticias sobre delitos sufridos por Clubes Cannábicos”.

En ese sentido, el legislador solicitó información sobre cantidad de Clubes Cannábicos y autocultivos registrados en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA); cuáles son las medidas de seguridad requeridas por esa Institución a los cultivadores y clubes; si son recomendaciones o medidas preceptivas; cuáles son las sanciones en caso de verificarse incumplimiento; indicar si en caso que un Club Cannábico sufra un hurto de producción se le permite volver a producir o por cuánta cantidad de veces; cuántos fiscalizadores integran el IRCCA y cuántas intervenciones han realizado en el año 2020.

Camy se reunió con el Presidente del IRCCA, el Dr. Daniel Radío en la Torre Ejecutiva.

Fuente Imagen: Radio Uruguay.

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Se trata de una mirada filosófica, descentralizadora, expresó el senador Carlos Camy (Partido Nacional), quien será el miembro informante.

¿Cuáles fueron los elementos sobre la mesa durante la deliberación en el grupo parlamentario?

Senador Carlos Camy (PN). El primer punto es el proyecto vinculado al domicilio legal del Instituto Nacional de Colonización, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores en la legislatura pasada.

En cuanto a los objetivos de la iniciativa, podría decirse que, más allá del logro en la práctica eventual –que se dispondrá oportunamente, si es que existe la voluntad del directorio correspondiente–, fundamentalmente persigue una definición filosófica. Me explico. El Instituto Nacional de Colonización existe desde 1948, regido por la Ley n.° 11.029 que, en su artículo 2.°, establece la obligatoriedad de que la sede central esté en la ciudad de Montevideo. Nosotros creemos que es bastante incongruente con la lógica de un organismo que tiene  sus doce regionales,  así como  la  totalidad de las hectáreas –más de 500.000– que componen su patrimonio y su razón de ser, junto con los colonos que son propietarios o tenedores arrendatarios o promitentes compradores, todos en el interior del país, en  los 18 departamentos restantes; es decir, de las más de 200 colonias que tenemos, hay al menos una en cada uno de esos 18 departamentos, no hay ninguna en Montevideo y ninguno de los casi 6.000 colonos vive en Montevideo, es decir, todos están radicados en los 18 departamentos restantes. Entonces nos parecía bastante ilógico, no el hecho de que estuviera en Montevideo –pues seguramente pueda haber razones para que, pese a todo esto, la capital administrativa esté en Montevideo y los servicios estén acá– sino que eso esté determinado coactivamente. Parece bastante lógico que mañana, analizado este aspecto, pudiera establecerse en otro lugar, como por ejemplo, en el centro del país, que geográficamente sería Durazno. Recuerdo que cuando fui vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, durante el Gobierno del doctor Batlle, el 80 % de la tierra colonizada estaba sobre el literal oeste –trazada una línea imaginaria de Artigas a Montevideo– y el punto medio allí sería Paysandú que, por otra parte, es el departamento que tiene más tierra colonizada: un 25 %. En fin, es un aspecto a discutir.

Me parece que este es un tema filosófico, que tiene que ver también con una tendencia mundial que es, precisamente, la de ir hacia la descentralización, contrariamente a lo que hemos ido consolidando a lo largo de la historia, que es un país macrocefálico. Como me señaló un embajador de un importante país europeo hace algunos años, Uruguay es el único país que tiene una sola ciudad que reúne a más de la mitad de los habitantes, algo en lo que nunca me había puesto a pensar ni había corroborado.

Entonces, en este caso la lógica es esta: que a un organismo que tiene su razón de ser en el interior del país, que es donde están todos los colonos, toda la tierra colonizada y todos los servicios, parece lógico que por lo menos la ley no le obligue a estar ubicado, necesariamente, en el único departamento con el que no tiene vínculo alguno. Ese es el propósito de este proyecto que, repito, en el período pasado tuvo aprobación unánime de esta cámara y cuyo tratamiento no llegó a concretarse en la Cámara de Representantes debido a los tiempos parlamentarios, pero probablemente tampoco allí habría habido problemas para ser aprobado.

Senador Enrique Rubio (FA). Me parece que este proyecto es muy atinado y que deberíamos aprobarlo. En realidad, las justificaciones las ha dado el señor senador Camy y creo que no es necesario abundar sobre ellas.

Senador Guillermo Domenech (CA). Parece haber unanimidad.

Presidenta de la Comisión, Carmen Asiaín (PN). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

–7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

«Artículo 1º.- El Instituto Nacional de Colonización creado por Ley n.º 11.029, de 12 de enero de 1948, tendrá su domicilio legal y principal asiento en cualquier punto del territorio nacional.

Artículo 2º.- El directorio del ente autónomo por mayoría especial de cuatro votos determinará cuál es la ubicación adecuada para su instalación, atendiendo primordialmente el criterio de mayor cercanía con las colonias y sus administrados».

Senadora Liliam Kechichian (FA). Tengo un par de dudas que me gustaría que me aclararan. ¿Cuántos funcionarios tiene el Instituto Nacional de Colonización? A su vez, ¿qué problemática generaría esto para quienes ya trabajan allí y, obviamente, están en Montevideo? Necesitaría esa información solamente para comprender un poco más la situación, porque cuando uno toma una decisión de este estilo, a veces hay otras connotaciones. Quizás el señor senador Camy pueda responderme.

Senador Camy (PN). No me animaría a señalar cuántos funcionarios hay en este momento en la casa central, aunque estimo que no deben ser más de doscientos; seguramente haya algunos menos. Esa podría ser una razón por la cual, aun con este cambio legal, el directorio decidiera no hacer modificaciones y continuar en la capital. Lo que no veo es que sea la ley la que lo obligue a estar ubicado en Montevideo, porque desde otra óptica también prohíbe que esté en otro departamento. Es más, si el día de mañana algún directorio entendiera positivo –por las razones que fuere, particulares de este organismo– que la sede estuviera en el interior del país, debería haber una ley que propiciara esa solución. A mi entender, lo lógico sería que el directorio determinara la localización. Y si, por ejemplo, existiera alguna de esas razones que señala la señora senadora –que podría ser–, al amparo de esta norma, quedaría en Montevideo, tal como está ahora.

Senador Domenech (CA). Opino que el cambio de sede no podría afectar a los funcionarios porque tienen un régimen estatutario por el cual no se los puede obligar a trasladarse a Paysandú o a Durazno, por ejemplo. Sí creo que podría abrirse una instancia para que aquellos funcionarios que lo desearan, pudieran hacerlo, pero a quienes no quieran, habrá que mantenerles su situación estatutaria. Me da la impresión de que eso es de toda lógica, tal como sucedería también en el caso de una empresa privada. El ius variandi del derecho laboral, que permite al empleador cambiar determinadas condiciones de trabajo, no puede permitirle, en caso de tener la fábrica en Montevideo, trasladar a la gente a Durazno, por ejemplo. Eso no parece razonable.

Senador Camy (PN). El planteamiento, tan atinado, que hace la señora senadora Kechichian me recuerda un debate que quienes somos del interior hemos dado desde hace muchísimos años, en distintas instancias –lo recuerdo fundamentalmente desde la óptica de la militancia universitaria gremial–, una forja de muchas décadas que felizmente se ha ido concretando, y que es la descentralización de la Universidad de la República. Uno de los argumentos que siempre se esgrimía era el de que los profesores no iban a poder ir al interior o que la calificación educativa iba a ser distinta.

Respetuosamente digo que tal vez no se vea –salvo por parte de quienes la padecen– la lógica centralista avasallante que tiene este país. Me parece –no digo que este sea el caso– que a veces damos como lógicas cosas que no pueden serlo. Este organismo en particular tiene toda la razón de su existencia, su capital entero, la razón de sus acciones y el mandamiento de la ley, todo, vinculado con los dieciocho departamentos, sin embargo, ninguno de ellos puede ser sede de la casa central.

Reitero que no sé si la mudanza sería lo más conveniente, pero lo más lógico sería que las autoridades competentes pudieran determinar con libertad su conveniencia.

Presidenta Asiaín (PN). ¿En qué afecta el cambio de domicilio legal? ¿Es a los efectos jurídicos?  No implica la mudanza material y el principal asiento, eso también lo determinará el directorio. Entonces, entiendo que lo que cambia es que frente a la obligación de que el domicilio constituido fuera necesariamente en la capital, aquí se faculta al directorio a que lo establezca en donde lo estime pertinente. Este es el cambio que propone el proyecto de ley. ¿Es así?

Senador Camy.  Exacto, señora presidenta.

Históricamente, ha habido algunas iniciativas. Conozco y voy a citar una de ellas. Hace muchas décadas –quien habla era nacido, pero ni siquiera ejercía los derechos ciudadanos– un exdirector del Instituto Nacional de Colonización quiso establecerlo en Durazno porque entendía que era más equidistante para los colonos. Eso fue lo que tomó como referencia para localizarlo en el centro del país, como principal asiento de los servicios administrativos.

En oportunidad de haber sido vicepresidente de este organismo, a principios del año 2000, llegamos a tener más de una reunión con el Banco Hipotecario del Uruguay. El planteo era cederle al banco la sede regional de Colonización en la capital de Paysandú –un lugar céntrico, de mucho valor inmobiliario– para que hiciera un edificio de altos y que a cambio nos dejara parte del edificio para que fuera la sede del organismo; de ese modo se reivindicaba ese punto medio, precisamente, de la cantidad mayor de colonos concentrados y, a su vez, el 25 % de la tierra colonizada en ese departamento.

Finalmente, nunca surgieron resultados concretos, más allá de que se ha analizado. En lo personal, siempre lo analicé desde la perspectiva que me preocupaba, es decir, la de que  un  organismo tan  fuertemente  vinculado  con el  interior  del  país –absoluta y precisamente vinculado; tal vez el único con esa precisión– estuviera regido por una disposición legal que prohibiera que el asiento principal de la sede fuera en cualquiera de esos departamentos; parecía algo ilógico.

Creo que esto es una señal de descentralización, tal como otras que se han dado, por ejemplo, a nivel de la Universidad de la República. Fui de los que apoyaron con mucho entusiasmo la iniciativa del gobierno pasado de creación de la UTEC, que requirió mayoría especial; y más allá de algunas atinadas opiniones, no cuestionando pero sí planteando algunos reparos respecto a la casa mayor de estudios, creo que fue una respuesta histórica –más allá de lo pedagógico y educativo– de acceso a la educación en el interior del país. Desde esa lógica de descentralización y, si me permiten –perdón si ofendo a alguien–, desde un espíritu federal muy latente, es que también impulsamos esta iniciativa.

Senadora Kechichian (FA).  Comparto el espíritu del proyecto de ley, me parece lógico. La centralidad de Montevideo tiene una larga historia, y también hay algunas cuestiones avaladas, incluso, por mucha gente del interior. Cuando uno habla con gente de Cerro Largo o de Treinta y Tres, muchas veces nos dicen que resulta mucho más fácil venir a Montevideo que ir a San José o a Paysandú. Quiere decir que hay muchos factores que determinan que la centralidad se mantenga.

Crear una institución desde cero, como ocurrió con la UTEC, resulta más fácil que cambiar una que fue creada en 1948 y tiene 200 funcionarios.

Creo que deberíamos dar una señal en el sentido de la no obligatoriedad, pues a la luz del Uruguay de hoy quizás no tenga razón de ser obligar a un instituto que tiene tanto que ver con el interior; pero debemos tener en claro que no es tan sencillo actuar en ese sentido y poner esto en manos de un directorio que, eventualmente, puede llegar a tener un conflicto con sus trabajadores. No sé; quiero mirar esto con cierta sensatez. Está bien dar una señal, pero sepamos que no va a ser tan fácil concretar este tipo de cambios.

Presidenta Asiaín (PN). Sobre lo que señala la señora senadora Kechichian quiero decir que, a mi juicio, esto es un cambio de domicilio en los papeles y no va a implicar el traslado de recursos humanos de una sede a otra. Eso es lo que yo entendí.

Senador Camy (PN). Esa es una facultad o potestad del directorio. Lo que se está proponiendo es dejar librado el asunto a su determinación y seguramente será ese órgano el que estime con mayor rigor este tipo de consideraciones.

Senadora Graciela Bianchi (PN). Me parece que, desde el punto de vista jurídico, ni las personas físicas ni las jurídicas tienen la obligación de poseer un solo domicilio. Lo que ocurre es que la ley es restrictiva; si no lo fuera, resultaría natural que se pudiera constituir domicilio legal, por decisión del propio directorio, en cualquier otro lado.

Acá estamos cambiando una ley que fue muy buena y hecha con una capacidad brutal con respecto a lo que es el interior, y tal vez por eso llama la atención. En lo personal, entiendo que no es necesario cambiar ninguna sede, porque simplemente estamos habilitando a que se tenga otro domicilio ya que, reitero, puede haber más de un domicilio legal, puesto que es a los efectos contractuales que se constituye domicilio en otro lado. Si el directorio dice que habilita a que también se considere como domicilio legal la sede de determinado lugar y luego en los hechos eso se concreta, entonces la gente quizás desarrolle la actividad en ambas sedes. De pronto para los profesionales es mejor que la sede esté en Montevideo, lo cual no afirmo que sea bueno, pero así se ha vivido.

En definitiva, entiendo que se trata de una cuestión que no tiene efecto desde el punto de vista material, aunque sí lo tiene para que se pueda constituir domicilio en otro departamento.

Senador Rubio (FA). Si hay dudas se puede apelar a los antecedentes, ya que seguramente esto fue planteado en el período anterior, cuando se consideró el proyecto en la comisión. Yo no era senador en ese momento, pero imagino que en aquella oportunidad habrá concurrido a este ámbito el directorio y se habrá hablado de este aspecto.

Presidenta Asiaín (PN). En la versión taquigráfica de la sesión del 21 de agosto se habla de ese tema.

Senador Domenech (CA).  Mañana, quien deba interpretar esta ley tendrá que remitirse a los antecedentes legislativos. En comisión –por lo menos en lo personal– estimamos que esta ley en forma alguna puede alterar los derechos de los funcionarios y obligarlos a un traslado a gran distancia del domicilio en el que están radicados al momento de aprobarse la ley. En caso de trasladarse al interior la sede del Instituto Nacional de Colonización deberá recurrir a los funcionarios que viven en la localidad, realizar nuevas contrataciones, o bien darle la opción de trasladarse a la nueva sede. En ese sentido, trasladando un poco el ius variandi del derecho laboral al administrativo diría que esto no puede perjudicar a los funcionarios.

Senadora Charles Carrera (FA). En la legislatura pasada acompañamos este proyecto de ley, pretendiendo dar un mensaje que apuntaba a la descentralización. Por lo general los entes autónomos y servicios descentralizados que se crean se radican con domicilio en la capital de la república. La UTEC –que salió por unanimidad– fue un logro muy bueno y su sede se ubicó en el interior del país. Lo que se busca –y lo digo como ciudadano del interior profundo– es dar un mensaje y autorizar al directorio para que cuando tenga las perspectivas y condiciones necesarias pueda radicar el domicilio en cualquier lugar de la república. Hoy el Instituto Nacional de Colonización está en un edificio prestado, por lo que sería lo importante que pudiera tener su propia sede en algún punto del interior.

Creo que más que nada el sistema político está dando un mensaje autorizando el cumplimiento de los objetivos de esta vieja ley del año 1948.

Digo esto porque el domicilio del instituto está en Montevideo, pero sus cometidos se cumplen en el interior. En aquel momento se trabajó en el tema, se citaron autoridades y la definición política a la que se llegó fue acompañar con los argumentos que acabo de señalar. Lamentablemente fue tratado muy sobre la fecha porque la legislatura anterior terminó el 15 de setiembre y no se pudo culminar con el trámite legislativo.

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El acuerdo –según dijo el presidente de ANCAP, Lic. Raúl Sendic- se enmarca a la vez en líneas de trabajo para desarrollar distintos puntos del país. “En ese camino vamos a seguir”, remarcó. “Seríamos unos necios si estuviéramos mirando de qué color político es una intendencia para desarrollar estos acuerdos”, señaló.

Recordó que hace pocos días adelantó el apoyo de ANCAP al Congreso de Intendentes, que planteó las dificultades existentes en caminería rural. “Vamos a apoyar al interior”, subrayó.

El acuerdo con la Intendencia de Rivera fue aprobado por unanimidad por los integrantes del directorio de ANCAP.

El intendente norteño, Dr. Marne Osorio, dijo por su parte que la actividad automovilística que promueve tendrá impacto en la actividad económica departamental y que espera que el nuevo escenario sea visitado por turistas brasileños. Allí se correrán carreras de automovilismo, motociclismo y karting.

El representante del Partido Colorado en el directorio de ANCAP, Juan Justo Amaro, dijo que ANCAP analizó durante un año este proyecto. “El país del palo en la rueda no debe existir mas”, subrayó y agregó: “sería una pequeñez entorpecer gestiones que hacen que el Uruguay sea mejor”.

Carlos Camy, representante del Partido Nacional en la dirección de la empresa estatal, dijo que “por unanimidad el directorio definió una línea de responsabilidad social empresaria” y que este acuerdo se encuentra dentro de esa política. “Como hombre del interior apoyo esta iniciativa. Debemos tener la cabeza muy alta al firmar este acuerdo”, manifestó.

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En dicha recorrida se reunirá con Instituciones Sociales, Culturales y Deportivas del departamento y visitara la planta del organismo en Juan Lacaze.

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En total, ambas inversiones alcanzarán rondarán los US$ 240 millones (doscientos cuarenta millones de dólares).

Junto al Intendente Dardo Sánchez y algunos ediles encabezados por el Presidente del Cuerpo, Guzmán Contreras, los directores del ente recorrieron los predios de los yacimientos y los lugares contiguos en donde se emplazarán los emprendimientos fabriles, para luego presentar los detalles de las inversiones a los miembros de la Junta Departamental.

Se informó que en el emprendimiento de fabricación de cemento portland –en el que ANCAP tendrá el 20% de participación accionaria- se realizará una inversión aproximada a los US$ 160.000.000, y producirá unas 750.000 toneladas anuales de cemento portland, una cifra similar a la que las empresas cementeras visualizan que se consumirán en 2011 en el mercado uruguayo.

Por ese motivo Riet aseguró que la producción estará prácticamente íntegramente destinada al mercado brasileño. Para magnificar la importancia de la inversión para el ente estatal, el jerarca explicó que el año que ANCAP exportó mayor cantidad de cemento al mercado brasileño lo hizo por menos de 30.000 toneladas. «De modo que por el 20% que ANCAP tiene en esta sociedad, vamos a tener 150.000 toneladas anuales en el Brasil, más de cinco veces la cifra de mayor exportación que hemos hecho al vecino país», explicó.

En lo que respecta a la fábrica de cal, Riet contó que ya a comienzos de mayo se prevé comenzar la construcción de un horno que permitirá producir 150 toneladas diarias, pero aseguró que cuando la planta esté totalmente operativa se producirán 500 toneladas diarias.

Informó que las obras civiles se iniciarán seguramente a mediados del año próximo y que en total la inversión estimada alcanza los US$ 76 millones.

Recordó que este emprendimiento se realiza en el marco de un contrato con la empresa estatal brasileña de energía (Electrobras), por el cual ésta utiliza la cal para minimizar las emisiones de la Usina de Candiota, en la frontera de Brasil con Uruguay.

Entre los dos emprendimientos se prevé la creación de unos 240 puestos permanentes; 800 indirectos; y 700 durante la ejecución de las obras civiles y el montaje de ambas plantas.

Riet  sostuvo que el ente estatal está ya trabajando en la firma de un convenio con UTU, el SUNCA y el UNTMRA, a los efectos de capacitar trabajadores específicamente residentes en Treinta y Tres para «priorizar la ocupación de mano de obra local».

Fuente Contenido: Intendencia de Treinta Tres. www.treintaytres.gub.uy

Fuente Imagen: quebrachodigital.blogspot.com

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