Será el domingo 9 de octubre a la hora 10.30 en el marco de la ExpoMelo 2022 en el local Conventos.

En el debate exponen:

Rodolfo Nin Novoa.

Dr. Luis A. Fratti.

Ing. Juan Ignacio Buffa.

Ing. Agr. Pablo Carrasco.

Ing. Agr. Carlos María Uriarte.

Ing. Agr. Marcia del Campo.

Ing. Agr. Enzo Benech.

Modera: Martín Olaverry.

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Posteriormente, dará inicio el Foro Virtual «Huella ambiental de los sistemas de producción ganadera».

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Según dio cuenta la página web de Presidencia de la República, el mandatario estará acompañado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y otras autoridades de gobierno.

Fuente Imagen: uam.com.uy

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El evento contará con la presencia virtual del ministro de Ambiente, Adrián Peña; el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte; y el presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Néstor Causa.

Además, luego del lanzamiento se realizará una recorrida presencial por el campo ubicado en la Ruta 21, para conocer la iniciativa.

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Miércoles 4 de noviembre de 15 a 17 horas de Uruguay y Chile.

Contexto.

La alimentación es la esencia de la vida y la piedra angular de culturas y comunidades. Preservar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos es y seguirá siendo una parte esencial de la respuesta a COVID-19 y otras pandemias, así como a la malnutrición, especialmente para los más pobres y vulnerables del mundo, que son los que más han sufrido sus impactos y se verán más afectados por las perturbaciones económicas.

En un momento como este, es más importante que nunca reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, agricultores y trabajadores de todo el sistema alimentario, para que garanticen que los alimentos suficientes y saludables lleguen desde el campo a las mesas.

Por este motivo, la FAO en Uruguay suma fuerzas con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el diario La Diaria y las organizaciones que impulsan el Día del Futuro, para ofrecer un espacio destinado a pensar desde distintos puntos de vista el futuro y la transformación del sistema alimentario en Uruguay y desde Uruguay para el mundo, lo que se viene haciendo y los desafíos planteados en la actualidad de cara a un futuro más sostenible para un país exportador neto de alimentos.

Objetivo

Evaluar y repensar el sistema alimentario actual y su transformación con base en las iniciativas existentes, el contexto internacional y las demandas de los consumidores en Uruguay y el mundo.

Formato: conversatorio en tres tiempos.

Los paneles contarán con tres participantes, uno de ellos a cargo de moderar y entrevistar a los demás.

1. Desafíos en cuanto a producción, mercado internacional y consumo vistos por la sociedad civil.
2. Actores de distintas iniciativas apoyadas por la FAO en Uruguay comparten experiencia y posibles transformaciones.
3. Comentarios en un diálogo entre el Representante de la FAO ad ínterim en Uruguay y autoridades de Gobierno.

Modalidad y lugar

Semipresencial. Los integrantes de los tres panelistas estarán en la sede central del Ministerio de Ganadería y Pesca en Montevideo y el evento se transmitirá en línea, con posibilidad de preguntas del público, por escrito a través de YouTube.

Programa

1. Entrada, desafíos para la producción, los mercados internacionales y los consumidores.

– Stefania Silveyra, productora rural, directiva de Cooperativas Agrarias Federadas, Cudecoop e integrante de la Cooperativa Nacional de Productores Lecheros (Conaprole)

– Guidahí Parrilla, integrante del Mercado Popular de Subsistencia de Uruguay.

– Natalia Hughes, emprendedora, abogada y presidenta de Sistemas B en Uruguay.

Modera y entrevista: Stefania Silveyra.

2. Plato, presentación de distintas iniciativas apoyadas por la FAO

– Gloria Canclini, académica, Directora de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), co-coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación (ODA) de la Facultad de Derecho de la UDELAR e integrante de la Secretaría Técnica del ODA para América Latina y el Caribe

– Serrana Goldie, productora ganadera de Flores, participante del proyecto Ganadería y Clima de Uruguay.

– Marcelo Fossatti, coordinador de la Red Nacional de Semillas.

Modera y entrevista: Gloria Canclini.

3. Postre, vistas a futuro de las políticas públicas Espacio para tomadores de decisiones.

– Rubén Flores, Representante de la FAO ad ínterim en Uruguay y Oficial Principal de Políticas para América Latina y el Caribe

– Alvaro Garcé, Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Presidencia de la República.

– Carlos María Uriarte, Ministro del MGAP.

Modera y entrevista: Rubén Flores.

Fuente Imagen: todoelcampo.com.uy

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Las respuestas del Ministro fueron dos: que se utilizaría la tercerización y además, que se acudiría a la «imaginación»  para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del MGAP. Consideramos, esto último, una falta absoluta de conocimiento a la tarea que llevan a cabo diariamente las y los trabajadores que no se sustituye, desde ningún punto de vista, con imaginación sino con su esfuerzo cotidiano.

Es de gran preocupación para las y los funcionarios estatales, corroborar la falta de conocimiento, por parte de los cargos políticos de gobierno, de la gestión de la Administración Pública, pero también sobre la normativa que regula la función pública. Un ejemplo concreto que a nuestro juicio el Sr. Ministro debería conocer, es el artículo 13 de la Ley de Presupuesto Nacional del ejercicio 1995  – 1999, N° 16.736, vigente, que solo faculta al Poder Ejecutivo a contratar con terceros la prestación de actividades NO SUSTANCIALES o de apoyo, de la forma que establezca la reglamentación. Es decir que sólo se pueden tercerizar funciones de apoyo en el Estado.

Los roles de regulación, control y fiscalización que, en particular en el MGAP  se ven en riesgo de su efectivo cumplimiento son, sin dudas, funciones sustantivas.

El Sr. Ministro debería saber, que la tercerización no es posible como herramienta para solucionar la gravísima situación que atraviesa nuestro Ministerio. Y parece un planteo  poco serio cuando los gastos de funcionamiento e inversión, además del recorte acaecido por el mencionado Decreto N° 90/020, se le suma la disminución de un 10%  del presupuesto asignado a estos rubros en el Proyecto quinquenal 2020-2024 en comparación a lo asignado en el Presupuesto 2015, ya insuficiente. Situaciones que ya hemos denunciado a todo el sistema político, a la opinión pública y, por supuesto, a la Sra. Directora General de Secretaría, persona a la que el Ministro Uriarte encomendó la interlocución con el sindicato. Dan cuenta de ello, las varias reuniones bipartitas y tripartita mantenidas desde el mes de marzo hasta incluso la pasada semana, reunión solicitada por el gremio, con carácter urgente por la grave situación de adeudos de honorarios por más de tres meses a las y los funcionarios contratados; instancia en la que se nos ofrecieron disculpas, por parte de la Directora, por la demora en la respuesta a nuestra solicitud.

Entendemos que el haber negociado en tantas ocasiones y, en algunos casos, logrando acuerdos, debería ser de conocimiento del Sr. Ministro.  Y es por esto, que en el día de la fecha, solicitamos formalmente ser recibidos por nuestra autoridad máxima, para expresarle, en detalle, la situación de degradación de los servicios en que se encuentra nuestra cartera.

Por Consejo Directivo de AFGAP

 Ariadne García                               Carolina Arcuri

Presidenta                                       Secretaria General

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Lo hacen a través de una carta pública dirigida al Ministro Uriarte.

Montevideo, 25 de junio de 2020.

“No por desafortunadas, vamos a decir que nos sorprenden las declaraciones del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, en relación a cuestionar la pertinencia de la Ley 19.360 que, al modificar el Artículo 45 de la Ley 18.141, establece que “todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos de cualquier tipo y categoría, que se desplacen en la vía pública, cuando la concentración de alcohol en sangre o su equivalente en términos de espirometría sea superior a 0,0 gramos por litro.”

No nos sorprenden por varias razones. En primer lugar, porque se enmarcan en una corriente de cuestionamiento a esta Ley que, lejos de ser novedosa, ha sido sostenida públicamente por diferentes actores políticos, entre ellos el actual Presidente de la República, quien en plena campaña electoral (2018) manifestara su intención de aumentar “de 0 a 0,3% la tolerancia al alcohol por litro de sangre para los conductores” y acompañara su postura con frases como “en Uruguay tomar una copa de vino es pecado capital y uno se convierte en semidelincuente” (1) .

Sin llegar a los extremos de lo expresado por el ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana: “siempre dije que cero alcohol, es cero vida”, (2) es evidente que los argumentos esgrimidos – entonces y ahora- son falacias basadas en asimilar la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol con la prohibición de tomar “esa copita de cortesía”, como la denomina el actual ministro.

Deberíamos discutir nuevamente el tema, afirma el ministro. Sí, podemos discutir si la tierra sigue siendo redonda o la teoría del sistema heliocéntrico mantiene su vigencia luego de tantos años de enunciada. Porque si bien es cierto que quien se dedica a la vida política no puede ser un erudito en todos los temas, lo que sí aspiramos aquellos que pertenecemos a la vida académica que el ministro reclama para un adecuado análisis, que la toma de decisiones políticas también se base -cuando la salud y la vida de las personas están en juego- en evidencia científica y no en especulaciones.

Porque de eso es de lo que estamos hablando: de un grave problema de salud. Pues además de involucrar múltiples aspectos de nuestra sociedad (económicos, entre otros) también involucra la salud de los uruguayos. ¿O no son un problema de salud los más de 25.000 heridos por año como consecuencia de la siniestralidad vial? ¿No son un problema de salud los más de 400 muertos por una enfermedad, como la enfermedad traumática, que es evitable? Precisamente eso es: una enfermedad prevenible, multifactorial en su génesis, e indisolublemente ligada a la necesidad humana de desplazarnos.

Además de otros factores, como son los sistemas vehiculares y su seguridad, la ingeniería vial y sus características, las normativas y su cumplimiento, entre otros, hay uno que atraviesa transversalmente a todos, que subyace y es determinante primario de los resultados: el comportamiento humano.

Reconozcamos que el consumo de alcohol u otras drogas forma parte del comportamiento humano -al menos de una buena parte- en Uruguay y en todo el mundo, en nuestra época y en todas las culturas, a lo largo de la historia. Pero la problemática generada por el vínculo entre el alcohol y la conducción de cualquier tipo de vehículos es un tema, si no propio, sí muy típico de nuestro tiempo.

Huelga decir que no todos los heridos y muertos de la siniestralidad vial son consecuencia de conductores alcoholizados. Por supuesto que esto no es así. Pero, con una Ley como la que tenemos, con una tolerancia cero para conducir bajo los efectos del alcohol, más de 14% de los siniestros ocurridos los fines de semana han involucrado a conductores alcoholizados. (3) Y estos son datos tomados por espirometría, método que lleva implícito un subregistro: es imposible hacer espirometría a los conductores más gravemente heridos, a los que están en coma, etc.

En el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas llevamos adelante en el año 2019 un proyecto de investigación en base a la medida de la alcoholemia de más de 100 víctimas de la siniestralidad vial que, por su grado de lesión, llegaron a nuestro centro. En esta población, la tasa de alcoholemias positivas fue de 28% (el doble de lo registrado por espirometrías) y, precisamente, los que tenían alcoholemias positivas mostraron mayor severidad del trauma. Pero aún más relevante fue el hallazgo de no poder encontrar una relación entre los niveles de alcohol en sangre y la gravedad: muchos de los heridos graves, estaban alcoholizados pero tenían bajos niveles de alcohol. En conclusión, en este trabajo el alcohol actuó como un indicador de severidad, independiente del grado de alcoholemia. (4)

No hemos encontrado ningún trabajo científico serio que demuestre que conducir luego de beber alcohol sea irrelevante en relación a los efectos que tiene esta droga -socialmente aceptada- sobre el sistema nervioso central del ser humano. La literatura sobre el tema abunda: casi 15.000 trabajos publicados sólo en español desde el año 2016 a la fecha y más de 25.000 en inglés, en el mismo período.

¿Y por qué otros países, como se cita, no tienen una Ley que exija 0,0 gramo por litro de alcohol en sangre para conducir? ¿Es acaso que nuestros colegas, médicos, cirujanos, emergencistas, investigadores, están en desacuerdo con nuestra postura? ¿Es que los efectos del alcohol son unos para los ciudadanos de algunos países y son otros muy diferentes para otros? Obviamente, la respuesta es NO para estas dos últimas interrogantes.

En cuanto a la primer pregunta, la respuesta es obvia: porque las presiones de los grupos económicos -igual que en Uruguay- han tirado por tierra toda iniciativa de llevar a 0 los niveles de alcoholemia para conducir. Eso es lo que ha sucedido y sucede en países como los que frecuentemente se citan, con fuerte cultura de consumo alcohólico, como algunos de los países desarrollados de Europa.

O sea que el razonamiento sería algo así como: “si ellos lo hacen así y no les va tan mal en términos de siniestralidad vial”, hagámoslo así nosotros. Lo que se omite es la otra parte de la historia: lo lejos que estamos en términos de resultados finales (nuestra tasa de mortalidad por siniestralidad vial triplica a la de países como España) y, en esta enfermedad multifactorial en su génesis, cada uno de los componentes que impactan en su prevención, importa.

Si con una Ley de “tolerancia 0 alcohol para conducir” tenemos la participación en siniestros de 14 a 28% de conductores alcoholizados (según el método de medición que empleemos, como vimos), cuál será nuestra realidad si abrimos una hendija de tolerancia “hasta 0,3 o 0,5”. Sería la peor de las señales políticas. Una marcha atrás histórica que se quiere vestir de una “defensa de la libertad del individuo”, como también ha sido públicamente expresado. Sería similar a “flexibilizar” los límites de velocidad, la detención obligatoria en los carteles de “pare” y la normativa de tránsito en general, cuyas consecuencias son harto conocidas: aumento de la morbimortalidad por siniestralidad vial.

El primer derecho a defender es la vida: el derecho y la libertad que tenemos todos los ciudadanos de regresar vivos y sanos a nuestra casa, a no ser embestidos en la vía pública por un conductor con sus reflejos ligeramente disminuidos por el efecto “de una copita” de alcohol.

Para finalizar, Sr. Ministro, la recomendación de no conducir bajo el efecto del alcohol u otras drogas, va más allá de nuestro pensamiento, de nuestras convicciones y de nuestras posturas: es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, (5) la cual nuestro país logró cumplir plenamente y bueno sería no pasar a la historia como los artífices de un retroceso”.

Dr. Fernando Machado, FACS Médico cirujano.

Médico emergencista Profesor Director del Departamento de Emergencia Hospital de Clínicas – Facultad de Medicina de la UdelaR.

1Accesible en: https://www.elobservador.com.uy/nota/-tolerancia-cero-la-postura-de-otros-paises-sobreel-alcohol-en-sangre-al-manejar-2018112319356 – El Observador, 23 de noviembre de 2018.

2 Accesible en: https://www.subrayado.com.uy/botana-ley-alcohol-siempre-dije-que-cero-alcohol-es-cerovida-n67143

3 UNASEV. Informe anual de siniestralidad vial 2019.

4 Delgado E, Trostchansky J, Mion M, Ketzoian C, Barindelli A, Machado F. RMU 2019; 35(2) : 129-38.

5 Salve Vidas – Paquete de medidas técnicas de seguridad vial. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2017.

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El planteo fue realizado el pasado martes 2 de junio en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Allí asistió una delegación del MGAP, integrada por el ministro, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte; el subsecretario, ingeniero agrónomo Juan Ignacio Buffa; la directora General de Secretaría, doctora María Fernanda Maldonado; la adscripta al ministro, doctora Diana González; el director General de la Granja, ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa; el director General de Desarrollo Rural, Pablo Lanz; el director de la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas con Base Departamental, ingeniero agrónomo Carlos Rydström, y Diego Moreira, de la División Jurídica, quienes asisten junto a la delegación del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, integrada por su jefa, licenciada Amalia Álvarez, y la ingeniera agrónoma Julieta Souza.

“Respecto a la situación de los deudores que tiene el Fondo Agropecuario de Emergencia, tuvo su comienzo a partir de la seca de 2009, que como recordarán fue grave, y se operaba mediante la compra de forraje o granos y la distribución a través de las gremiales.

En ese momento, el ministerio a través de las distintas gremiales en territorio, o por la cercanía con las sedes departamentales, iba con una suerte de planilla en la cual los productores se anotaban con su cédula de identidad e iban obteniendo los distintos kilos y demás de estos productos, y después quedaban a pagar”, recordó Rydström.

Actualmente, “es bastante preocupante la situación con respecto a la capacidad de cobro que ha tenido el ministerio en todos estos años, lo cual deriva en querer optar por métodos alternativos para administrar estos recursos, que no dependan directamente del ministerio”.

“Para pintar un poco mejor el pantallazo podemos decir que actualmente hay todavía cerca de 9.500 deudores del Fondo Agropecuario de Emergencia debiendo aproximadamente $ 159.000.000, de los cuales 7.300 nunca pagaron una sola cuota, por lo que hay un gran problema en ese sentido. Esto es de acuerdo a los registros que tiene el Ministerio”, puntualizó.

Agregó que “cuando nosotros vamos al campo y hablamos con la Sociedad de Fomento Rural, las gremiales, o inclusive las cooperativas y demás, la realidad que a veces alegan algunos de los productores es que ellos hicieron el pago a la administración de esa gremial, cooperativa, etcétera, pero no llegó al Ministerio”.

Por otro lado, -precisó- “ha habido casos de pérdida de parte nuestra -digo ‘nuestra’ como institucionalidad, aunque nosotros no estábamos en la gestión- de los distintos talones que corroboran los pagos, y también está la dificultad que le generaba al Ministerio -o le genera hasta el día de hoy- el acercamiento a muchos de estos deudores ya que figuraban solamente a través de la cédula de identidad y no en un registro, por ejemplo, de productor familiar, Dicose, o demás”.

Actualmente, indicó Rydström “todavía se deben $ 159.000.000; hay 7.000 productores que jamás hicieron un repago, en absoluto; esto vendría a implicar $ 120.000.000 de ese total de $ 159.000.000, lo cual entendemos que es muy preocupante”.

Dejó en claro que “si bien el promedio de la deuda es de $ 16.500, hay casos que superan los $ 300.000, pero también por otro lado hay muchos casos que hemos visto en esta declaratoria de emergencia que son inferiores a los $ 5.000, y muchos de estos productores familiares están aplicando a cifras entre $ 55.000 y $ 100.000, los cuales simplemente al tener conocimiento de que todavía eran deudores -lo que fue tarea de los directores departamentales y de los agentes territoriales de descentralización-, simplemente se acercaron a las oficinas y depositaron en el Banco de la República el dinero adeudado y solucionaron ese problema”.

El jerarca manifestó que “creemos que más allá del monto hay un problema de comunicación que ha tenido, o tiene, el Ministerio y una deficiencia como agente cobrador de estos recursos, motivo por el cual nos pareció muy importante desde un primer momento que este fondo fuera administrado por una agencia como República Microfinanzas que tiene otra capacidad de cobro y de seguimiento de estas situaciones”. “Además -haciendo una nota no menor-, de estos $ 120.000.00 que se deben hay $ 74.000.000 que corresponden al FAE de 2009, y esto es todo en pesos corrientes. Así que si nos ponemos a pensar lo que implica esa cantidad de dinero en términos reales para las rentas generales quizás el panorama sea mucho más preocupante y significativo”.

Cédulas de Identidad

Rydström añadió que “también podemos mencionar el estilo con el que se habían distribuido estas cuentas, ya que si bien el Ministerio tenía una base de datos por la que sabía a qué cédulas de identidad correspondía una deuda, estas muchas veces no estaban vinculadas con ningún otro tipo de programa, asistencia o proyecto que podía tener el Ministerio en su órbita y se estaba obviando el hecho de que había deudores que estaban siendo beneficiados por otro tipo de política pública”.

Por eso “para esta emergencia lo primero que se hizo a través de todo el sistema de información que utilizó el SNIA fue cruzar los datos de los registros de los productores familiares, que están compuestos de varias cédulas que conforman el núcleo familiar, con la base de datos de deudores, para notificarle a ese núcleo que estaba aplicando al beneficio de un préstamo del FAE actual -tal vez a través de otro miembro de esa familia-, que había un miembro que todavía mantenía una deuda anterior con el Ministerio, y pidiéndole que se pusiera al día”.

En este sentido, “hemos tenido muchas respuestas positivas por parte de los productores que se han mostrado dispuestos a pagar, o de aquellos que están pagando otras deudas con República Microfinanzas a través de su remisión de leche, pero también hay otros que simplemente hicieron el cálculo, entendieron que no les valía la pena y esas deudas con el Ministerio van a seguir existiendo de aquí en más”.

El diputado Nelson Larzábal (FA), expresó: “según tengo entendido, los productores nunca tenían que pagar a las organizaciones; la devolución siempre se hacía a través del banco. Lo que sí tenían que llevar a la organización era la copia de la boleta que le daban en el banco. Sé que en toda la primera parte de la sequía, cuando se dio la entrega de raciones, no hubo un buen control, y posiblemente muchos productores no entregaban la boleta en el banco y esta no decía quién había hecho el depósito”.

Entonces, agregó el legislador del MPP “si la organización mandaba la copia después el Ministerio no tenía a quién acreditarle el crédito. Desde la Intendencia de Canelones trabajé bastante tiempo en las mesas de desarrollo y sé que en muchas se dieron todos esos problemas ya que algunos decían: ‘Yo pagué y mi boleta no decía nada. Yo entregué mi boleta en la organización’. Siempre se generaron muchas dudas acerca de eso, pero los productores nunca tenían que pagar en la organización; siempre pagaban en el banco y lo que llevaban a la organización era el comprobante de que habían hecho el depósito en el banco”.

Rydström expresó que “por supuesto, no tengo más que creerle, diputado. Desde que nosotros empezamos, la primera línea de información que tuvimos fue a través de los funcionarios con que venía trabajando el Ministerio desde hacía muchos años, preguntando cuál era la situación y las distintas realidades que se daban en territorio, porque muchas veces algunos productores simplemente hacían los trámites a través de un gestor de confianza que debía hacer el depósito y en ese sentido se podían generar un montón de entreveros”.

Por otro lado, “también había otra dificultad con respecto a los montos de forraje, grano, etcétera, que se traían, a los que se les ponía una valorización y después se distribuían. Entonces, ¿cuál es el monto final de la deuda en el entendido de que -según nos dicen los funcionarios del Ministerio- había -o hay organizaciones que contaban con toda la maquinaria agrícola correspondiente para bajar la carga de un camión, embolsarla y después distribuirla a los distintos productores, mientras que había otros casos en que, literalmente, estaban los funcionarios del Ministerio a palazos vaciando los camiones?”.

Por todo esto, precisó el jerarca “la medición objetiva de cuánto recibió un productor u otro se vuelve mucho más complicada. Lo cierto es que nosotros contamos con esa experiencia empírica de quienes vivieron la situación, pero no tenemos ninguna documentación de esto que sin duda debe haber sido así”.

El ministro Carlos María Uriarte subrayó “lo que el ingeniero Rydström acaba de explicarnos en cuanto a que hubo un direccionamiento claro en el sentido de que a aquel que demostrara voluntad de ponerse al día o de pagar se lo iba a atender”.

“Eso fue lo que se hizo; no se dejó a nadie que estuviera precisando a pie, pero se le avisó que tenía una deuda.

Todo lo que se ha explicado hasta ahora conforma las razones por las cuales antes de declarar la emergencia consideramos fundamental introducir cambios como los que se hicieron, en la forma de la ayuda y en la administración, mirando las experiencias pasadas”, manifestó el titular del MGAP.

Fuente Imagen: diariocambio.com.uy

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El titular de Ganadería, Carlos María Uriarte, informó, este miércoles 27, que se reactivaron los negocios cárnicos, en especial con China, y que se explora la posibilidad de comercializar con países del sudeste asiático. Comunicó que en pocos días se exportará ganado en pie a Turquía y que llegarán al país rabinos a realizar el rito “kosher” en la faena para Israel. “Se demuestra una actividad cada día más pujante”, afirmó.

“Hicimos una puesta al día de la situación del sector agropecuario, especialmente sobre el fin de la cosecha de soja y arroz y las perspectivas de las siembras de cultivo de invierno”, expresó Uriarte en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, tras el acuerdo ministerial que mantuvo con el presidente, Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario, Rodrigo Ferrés, y el subsecretario de la cartera, Juan Ignacio Buffa en información proporcionada por Presidencia de la República.

“El mercado externo reactivó los negocios, fundamentalmente hacia China, con precios menores a los de 2019, pero con un impacto menor que el de los saldos exportables en la cantidad que el país tiene este año. Se demuestra una actividad cada día más pujante”, precisó.

En ese sentido, manifestó la necesidad de China de alimentar a su población y valoró la confianza histórica en Uruguay como proveedor de alimentos. Informó que no se descarta comercializar hacia a otros mercados, específicamente con investigación, y que hay posibilidades en el sudeste asiático, lugar donde se está trabajando para lograr habilitaciones.

Informó que entre esta semana y la próxima se recibirá un par de barcos para exportar terneros en pie a Turquía. “Esto hace que el mercado ganadero se mantenga activo y retome el camino de fortaleza que se refleja en el optimismo de los negocios por pantalla, donde se comercializa arriba del 90 % de lo que ofrecen a precios muy razonables. En el ganado gordo es donde se notan más problemas, pero esperamos que se recupere”, añadió el secretario de Estado.

En la oportunidad, dijo que es muy probable que se reciba a delegaciones de rabinos que realizarán el rito kosher en la faena que se destinará a Israel, lo que mejorará la capacidad industrial y reforzará las exportaciones.

El jerarca recordó que la semana pasada recorrió las oficinas regionales del ministerio, así como los pasos de frontera en el litoral del país, y comunicó que solo vinieron 33 de los 300 trabajadores brasileños que comúnmente cruzan a Bella Unión para la zafra de caña de azúcar. “Hay conciencia clara de productores, trabajadores, colonos, industriales y rurales de que hay que cuidarse”, acotó.

En otro orden, manifestó que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía también integrarán la Comisión Nacional Asesora Honoraria para la Seguridad Rural, que tratará el tema del abigeato y es probable que sea encabezada por el Ministerio de Ganadería y no por el del Interior, como hasta ahora.

Agregó que esa comisión trabajará en coordinación con las comisiones departamentales, de manera de lograr mayor involucramiento e interactuar con jefes de Policía y fiscales. Además, se avanza en la implementación del 0800 abigeato, la goerreferenciación de denuncias y el incremento de la presencia policial.

Fuente Imagen: Presidencia de la República.

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