Así se estableció en la sesión del pasado miércoles 30 de marzo. La Presidenta del cuerpo, María Eugenia Roselló (Partido Colorado) informó que “el miércoles 6 de abril al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de tratar los asuntos relacionados con Casa de Galicia, La República y el decreto sobre trabajo rural a la intemperie. También recibiremos al director corporativo del Grupo R -ex La República-, Juan Blanco, para abordar el tema que plantearon los trabajadores en reuniones anteriores”.

En tanto, “el miércoles 20 de abril realizaríamos una reunión extraordinaria para recibir a la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) y a la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (AFUNCAG)”.

Para el próximo miércoles 27 de abril -también en reunión extraordinaria- agregó, “está confirmada la presencia del Ministro de Defensa Nacional por el proyecto sobre el sistema de previsión social militar y, además, recibiremos al señor Wilson Cardozo, funcionario del CENUR de Rivera, y a su abogada”.

A su vez, “a la reunión ordinaria del 4 de mayo concurrirá el Director Técnico del Instituto Nacional de Estadística, doctor Diego Aboal, quien solicitó ser recibido en respuesta a los planteos del sindicato realizados el día 21 de diciembre pasado. También recibiremos a la Federación de Funcionarios de OSE y a la Federación de Funcionarios de Salud Pública”.

Fuente Imagen: Buen Día.

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La planta está ubicada sobre camino La Paloma, detrás del estadio Luis Tróccoli (una cuadra a la izquierda de avenida Santín Carlos Rossi).

Este espacio de recuperación de valor y formalización del trabajo es fruto de un convenio entre la Intendencia de Montevideo, la Cámara de Industrias y los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social.

En la ceremonia participarán los ministros Francisco Beltrame y Daniel Olesker.

Trabajarán en esta planta 28 personas, 12 mujeres y 16 varones, que hasta hoy se desempeñan como clasificadores informales de residuos.

Estos trabajadores provienen de pequeños grupos organizados (Nueva Esperanza, 6 de Diciembre y la Lucha) y de barrios de la zona oeste de Montevideo: El Tobogán, Cauceglia, La Paloma, Cotravi y Maracaná Sur.

La materia prima que recibirá la planta provendrá de la precalificación hogareña, depositada por los vecinos de la ciudad en contenedores de tapa naranja que estarán en las grandes superficies comerciales.

A la planta del Cerro llegarán los residuos originados en comercios de los municipios A y B.

La Intendencia distribuirá cerca de 500 contenedores de este tipo en todo el departamento, en los que se podrá depositar envases no retornables de vidrio y plástico, cartón, náilon, plásticos y bolsas.

Lo depositado por la población será trasladado en camiones de la IM a las plantas, para su puesta en valor y reutilización.

En abril quedará habilitada la segunda planta, que está ubicada en la zona de Chacarita de los Padres, que recibirá materiales de los municipios E y F.

También en el mes de abril se firmará el contrato para la construcción de las plantas que funcionarán en los municipios D (Burgues y Aparicio Saravia) y G (Peñarol).

El empleo de estos clasificadores da continuidad a una política de formalización laboral que está desarrollando la Intendencia en acuerdo con el sector privado, que implicó capacitación con experiencias laborales en la construcción y fábricas de pastas.

Fuente: Intendencia de Montevideo. www.montevideo.gub.uy

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Esta movilización se realiza para mostrar la DESCONFORMIDAD, con el planteo que hace la Intendencia Municipal de Montevideo, dejando de lado el presentado por la campaña BASTA DE TAS URUGUAY, proponiendo soluciones que no abarcarían el destino de todos los caballos como tampoco la Seguridad Laboral de los clasificadores.

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“Parece que los pobres tenemos que quedarnos en los márgenes y no podemos circular por la ciudad para poder trabajar”, expresan. Por eso “a los vecinos que trabajan de la clasificación se los persigue, se les quiere sacar el carro a caballo y prohibir el trabajo”. Afirman que “los clasificadores tienen derecho al trabajo y en condiciones dignas, a ser beneficiados con lo que se saca de su trabajo, que beneficia al país aportando materia prima, reduce la basura a enterrar y los costos de los municipios”.

Fundamentan que “en la clasificación se esconde la dignidad de muchos compatriotas que enfrentan la cruda realidad para vivir dignamente. De este oficio se tienen que beneficiar los clasificadores, que lo pusieron en pie con su sacrificio”.

Por trabajo, contra la pobreza

Por una Patria para todos

Centro Barrial La Bombonera

www.centrolabombonera.blogspot.com

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Conde, vicepresidente de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), trabaja en la Cooperativa Felipe Cardozo (Cofeca), la más grande de las que funcionan en la planta de disposición final de ese nombre, la mayor de Montevideo.

Casi 60 cooperativistas seleccionan el contenido de unos 30 camiones, de los 540 que vuelcan diariamente unas 2.000 toneladas de residuos urbanos sólo en ese lugar.

Se calcula que unas 800 toneladas de basura domiciliaria son procesadas diariamente en la capital uruguaya por unas 5.000 familias, según el último censo oficial de 2008, pero las propias autoridades creen que ese número puede duplicarse contando los clasificadores no registrados. Otro tanto lo hacen en el resto del país.

La clasificación de residuos es vista con cierto desdén por muchos, por tratarse de un trabajo informal a cargo de personas del estrato socio-económico más deprimido.

No en vano, a principios de la década del 80 en plena dictadura cívico-militar (1973-1983), los «hurgadores», como se les llamaba entonces, se veían obligados a ingresar casi clandestinamente en las plantas de disposición de residuos para recuperar materiales reutilizables. Muchos pasaban la noche tras las rejas.

Esta situación cambió en los últimos años, tanto que los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Educación y Cultura (MEC) redactaron la llamada «Libreta de derechos para clasificadoras y clasificadores», evitando así que sufran atropellos en el ejercicio de su ciudadanía (ver recuadro).

A esto se agrega que muchos se agruparon en un sindicato, la Ucrus, y, con el apoyo del Mides, consolidaron cooperativas que apuntan a dignificar un trabajo que, de no existir, haría que la sociedad uruguaya siga enterrando millones de dólares en materia prima.

UN PLAN A MEDIDA

Poco después de asumir en marzo de 2005 su mandato de cinco años, el pasado gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez creó el Mides, cuyo buque insignia fue el Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social (Panes).

Sus impulsores calcularon que una buena parte de los clasificadores ingresaría a este plan, que incluía la entrega del llamado Ingreso Ciudadano (una partida de dinero), la Tarjeta Alimentaria para comprar artículos para el hogar a bajo costo y planes de empleo y de microcrédito.

Sin embargo, eso no ocurrió porque los ingresos de varias de ellas las situaban por encima de la línea de pobreza, que era el techo para hacerlo.

En ese sentido, Conde explicó a IPS que un clasificador de la cooperativa donde él trabaja gana, en promedio, entre 1.600 y 1.700 pesos uruguayos semanales, que totalizan unos 400 dólares mensuales.

Para los clasificadores, no sólo la paga vale la pena sino que valoran mucho ser trabajadores independientes, sin patrones ni horarios fijos.

A esto debe sumarse que muchos venden electrodomésticos, ropa, zapatos, sillas y otro tipo de cosas, muchas veces en buen estado, en las distintas ferias vecinales callejeras a lo largo y ancho de Montevideo, que concentra poco más de la mitad de los 3,3 millones de habitantes de Uruguay.

Ante esta situación, las autoridades diseñaron el programa Uruguay Clasifica, que brega por la inclusión laboral, social y cultural de aquellos que viven de la recolección informal de residuos.

«Lo primero que detectamos es que la grave crisis de 2002 (financiera y económica) no fue un detonante para que aumentara la cantidad de clasificadores. Sólo se hicieron más visibles con la aparición de los contenedores», que centralizó por manzanas la recolección de residuos en varias ciudades, explicó a IPS el responsable de Uruguay Clasifica, Nicolás Minetti.

«Antes, cuando pasaba el camión recolector, el clasificador conocía el horario y sólo debía ir un rato antes a buscar residuos que pudieran ser reciclados para su venta. En cambio, ahora, este trabajo implica pasar a cada rato por los contenedores. Eso les dio más visibilidad», agregó.

Este programa también se focalizó en la niñez, pues con la instalación de los contenedores la presencia de niños y niñas a bordo de carros tirados por caballos se hizo aún más notoria.

Además de ser un trabajo netamente familiar, como en el caso de Conde que comenzó de niño con su padrastro, los más pequeños son los más aptos físicamente para, literalmente, sumergirse dentro de los contenedores.

Estos menores empiezan a trabajar en promedio a los ocho años y la mitad de las mujeres clasificadoras fueron madres adolescentes, en general, a los 15 años, explicó Minetti.

La mayoría no terminó la escuela: 25 por ciento de los clasificadores tienen tres años o menos de enseñanza primaria, mientras que cerca de 80 por ciento posee seis años o menos.

Por eso el programa Uruguay Clasifica busca generar las condiciones para asegurar la permanencia o el reintegro de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.

La falta de escolarización se cubre con capacitación y un pequeño estímulo económico para que los más pequeños no participen en las etapas del clasificado artesanal de residuos y retomen sus estudios.

Algunos ingresan en programas del gobierno de Montevideo, otros a los del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En abril comenzarán a funcionar, a pleno, un curso de jardinería y espacios verdes, uno de construcción y otro de mecánica automotriz enfocado a los adultos, adelantó Minetti.

UNA TAREA ECOLÓGICA

En cuanto a la capacitación y dignificación laboral, el programa puso en marcha dos estrategias que van de la mano.

La primera es una campaña de concientización enfocada a los ciudadanos y, la segunda, busca mejorar las condiciones laborales a través de la entrega de uniformes y folletería que detalla los verdaderos alcances de su función.

Una primera prueba se hizo en la Ciudad de la Costa, una prolongación de la capital del país hacia el departamento de Canelones bordeando la costa del Río de la Plata, donde los clasificadores cambiaron los caballos por bicicletas para tirar de sus carros.

Estos hombres y mujeres, además de llevar un uniforme, entregan autoadhesivos y material informativo a los ciudadanos para que aparten los materiales que pueden ser recuperados.

Los resultados fueron alentadores. «En la misma casa donde me miraban mal y llamaban a la policía cuando yo estaba mirando la basura, ahora paso de uniforme y los dueños de casa me dicen: ‘pase por acá, los envases están guardados al fondo’», narró uno de los clasificadores que participa del plan, recordó Minetti.

Como apoyo, el Mides formó sólo en 2008 unas 10 cooperativas de trabajo en Montevideo y en el central departamento de Florida, como parte de un plan piloto.

La idea, compartida desde siempre por el sindicato de clasificadores, era que estos trabajadores se acostumbraran a realizar sus aportes sociales a través de estas microempresa, y así dejar atrás la informalidad, coincidieron Conde y Minetti.

En 2009, gracias a convenios firmados con los gobiernos de los 19 departamentos en que se divide Uruguay, el plan se extendió y hoy existen cerca de 40 agrupaciones (algunas cooperativas, otras en vías de serlo).

En la cooperativa donde trabaja Conde, por ejemplo, el año pasado les entregaron ropa de lluvia y, al momento de ser consultado por IPS, estaban por recibir uniformes para todos los integrantes de Cofeca.

«Ahora tenemos otra asignatura pendiente que es lograr un galpón de acopio de materiales techado, para que lo días de lluvia no se nos moje mercadería como diarios, papeles y cartón», explicó el clasificador y dirigente sindical.

«Aunque no lo parezca, la basura es un gran negocio, multimillonario, y ya viene siendo hora que el eslabón más débil de la cadena, los clasificadores, tengamos una vida más digna y seamos respetados por el aporte al cuidado del ambiente que hacemos en silencio», sentenció Conde. (FIN/2010)

Fuente: Agencia IPS. Las Metas del Milenio en Uruguay. www.ipsnoticias.net

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Cinco clasificadores firmaron el martes en la sede central del MIDES los estatutos de su cooperativa social, la cual se dedica a la clasificación de desechos y venta de los mismos, además del mantenimiento de áreas verdes. La cooperativa trabaja en «la cantera» de la Cruz de Carrasco y está integrada por clasificadores de la zona que en 2005 empezaron a visualizar la posibilidad de asociarse como una buena alternativa para trabajar mejor.

Walter Presa, el flamante presidente de la cooperativa, señaló que la idea inicial surgió a raíz de un viaje a Brasil que algunos clasificadores del lugar tuvieron oportunidad de realizar en 2005, luego de ser invitados, a través de la Unión de Clasificadores de Residuos del Uruguay, por clasificadores brasileros.

«En 2005 nos invitan a San Leopoldo en Brasil a ver cómo funcionaban las cooperativas, viajamos 30 recicladores y 10 técnicos de Uruguay. Allí vivimos la experiencia de la cooperativa y verlo fue mucho más fácil, ya que nos dimos cuenta que no era algo del otro mundo, era cuestión de organizarnos y tratar de trabajar en conjunto, en el mismo galpón, tratar de vender en conjunto y esas cosas», dijo Eduardo Pérez, uno de los clasificadores que viajó.

A pesar de regresar con mucho entusiasmo, Pérez y Miguel Angel Ponce de León, «el sordo», contaron que trataron de juntar a los compañeros para armar una cooperativa pero «la idea no prendió».

«Fue recién cuando se incendiaron dos ranchitos que tuvimos que hacerlos de nuevo entre todos y vimos que podíamos trabajar juntos. De ahí nació la idea de juntarnos y armar la cooperativa», dijo «el sordo».

De la primera reunión, participaron 14 clasificadores. «Ahí empezamos a ver qué cosas necesitábamos para empezar a armar la cooperativa, cuántos transportes teníamos, cómo íbamos a armar un galpón, salir a recoger los materiales», dijo Pérez, quien acotó que en un principio trabajaban medio tiempo para la cooperativa y medio tiempo de forma independiente. «Esto fue como un año y medio, hasta que pudimos empezar a dedicarnos a tiempo completo a la cooperativa», expresó.

Presa dijo que en un comienzo aportaban $50 mensuales, de lo que ganaban en forma individual, a un fondo con el que luego compraron los materiales para construir el primer galpón colectivo. El técnico, Jorge Meoni, inició su trabajo con ellos en 2005 y en 2007 fue contratado por el proyecto para acompañar el proceso del grupo. En marzo de 2007, a través del PUC se consiguió construir un nuevo galpón, que se financió con la donación de uruguayos residentes en Toronto, Canadá.

Si bien trabajan desde hace un tiempo como cooperativa, ahora lograron la formalización a través del contacto con la Unidad de Cooperativas Sociales del MIDES, lo que los clasificadores catalogaron como un paso sustantivo para seguir creciendo.

Fuente Contenido e Imagen: Ministerio de Desarrollo Social. www.mides.gub.uy

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