Una ley que ha contado desde el primer momento con el respaldo decidido de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y reconocidas voces del ámbito internacional, como los relatores de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, además de organizaciones como Artículo 19, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras.

No podemos más que congratularnos  con la aprobación de una ley que garantiza la libertad de expresión, no sólo de los medios de comunicación sino de sus trabajadores y periodistas, y de los ciudadanos todos.

La ley establece mecanismos transparentes y con participación ciudadana para la asignación de canales de cable y frecuencias de radio y televisión, así como límites a la concentración de medios en pocas manos.

Promueve la producción nacional y el trabajo de actores, músicos y trabajadores de la cultura.

Defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes, estableciendo un horario de protección durante el cual no se podrán exhibir escenas de violencia extrema o pornografía.

Promueve la introducción paulatina de la lengua de señas y audio descripción, garantizando así el derecho de las personas que no pueden oír, ver, o tienen disminuidos esos sentidos.

Establece la Defensoría del Público, que será ejercida por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Sabemos que la ley contiene algunos aspectos a mejorar, y por ello la Coalición continuará haciendo aportes durante su implementación en la dirección de cumplir con los estándares internacionales en la materia, así como lo hizo desde 2010 para esta etapa que culminó ayer.

Por esos motivos y muchos más, festejamos  la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y seguiremos bregando por  más democratización de la comunicaciones y más libertad de expresión.

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La Coalición de la sociedad civil por una Comunicación Democrática (CCD) está citada para este miércoles 3 de julio donde planteará su visión del proyecto y presentará un documento con aportes para mejorar los estándares de la futura ley. La CCD acompañó todo el proceso de elaboración del proyecto, participando del Comité Técnico Consultivo que en 2010 elaboró un documento que elaboró las bases del actual proyecto de ley.

La comisión de diputados que analiza el proyecto de más de 180 artículos está presidida por Carlos Varela (Frente Amplio) y ya recibió a algunas delegaciones.

El 13 de Junio la comisión recibió una delegación del Ministerio de Industria Energía y Minería integrada por el ministro Roberto Kreimerman, el subsecretario Edgardo Ortuño y el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, entre otros.

En la sesión Kreimerman hizo hincapié en el rol de la ley de SCA como una regulación que por primera vez abarcará de manera integral a los medios de comunicación audiovisual. Actualmente existe un cúmulo de leyes y decretos (como la ley 14.670 sancionada en dictadura o leyes de rendición de cuentas, entre otras) “que solucionando aspectos parciales, pero nunca contemplaron una visión integral”.

El ministro también sostuvo que la ley se enmarca en una estrategia país respecto a las telecomunicaciones, que tiene cuatro ejes: La digitalización, la promoción de la industria nacional, la inclusión social y la adecuación normativa, para lo cual la ley fue concebida.

Por su parte, el subsecretario Edgardo Ortuño, entró más en detalle sobre los contenidos de la ley. Dijo que es una ley necesaria para aggiornar el marco normativo que responde a las transformaciones y dinámica tecnológica del sector.

Como principales novedades destacó que la ley mira a los SCA “en su carácter de índole económico, pero también en su carácter de índole cultural”, y que ahora el concepto incluye “los distintos soportes tecnológicos; no sólo los transmitidos por aire con la utilización de espectros radioeléctricos (que son los que regula el actual marco normativo), sino también a través de la plataforma satelital o por medios físicos, como el cable”.

Ortuñó indicó que la ley reconoce “a los servicios de comunicación audiovisual como un soporte técnico para el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas, en tanto debe garantizarse el ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión y a la libertad de información”, advirtiendo que la normativa presentada está en consonancia con diferentes tratados internacionales como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros.

Luego de finalizada la intervención de Ortuño, el diputado Álvaro Delgado (Partido Nacional), señaló que uno de los aspectos que ve conflictivo de la normativa es respecto al re-diseño institucional, en donde a la URSEC la “están vaciando de contenido y competencias”.

Sobre este mismo punto hicieron hincapié los miembros de la comisión el miércoles pasado, cuando recibieron a una delegación de la URSEC. Allí plantearon sus dudas respecto a si la nueva institución creada por la ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), no se superpone en las tareas con la URSEC. Gabriel Lombide, presidente de la institución, señaló que con la nueva ley “las potestades y los recursos de la Unidad fueron mantenidos”, pero que sin embargo hay “alguna redacción que podría haber sido más feliz“. Lombide identificó dos tareas que se le dieron al CCA que se superponen con la URSEC: la defensa de la competencia y la protección de los derechos del consumidor. El presidente de la Unidad se comprometió a hacerle llegar en las próximas semanas un documento que identifique qué artículos concretos son los más conflictivos.

Finalmente, desde la comisión se indicó que si bien van a escuchar a todas las voces, darán un trato ágil al proyecto de manera que se posibilite que para Agosto el articulado esté listo para ser votado en las dos cámaras del parlamento.

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El relator especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, se reunió el miércoles 17 con representantes de la Coalición por una Comunicación Democrática para evaluar la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país e intercambiar ideas sobre el proceso de democratización de las comunicaciones en el país.

La Rue resaltó la importancia de participación e incidencia de la sociedad civil en los procesos de consultas publicas y los Comité Técnicos Consultivos para elaborar las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la regulación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación.

El relator de Naciones Unidas se mostró partidario de que una ley regule tanto el sistema de acceso igualitario, plural y diverso a los medios de comunicación, como el transporte de contenidos sin restricciones a través de las redes de Internet. Agregó que el Estado debe promover una política pública para las radios y la televisión comunitaria.

Señaló además que le parecía importante aprovechar el momento actual para aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, porque no se trata de dialogar hasta desmovilizar y desalentar a los actores que participan de esos procesos. En ese sentido, dijo que Uruguay debe mantener su tradición de no legislar sobre contenidos (salvo los limitados por las convenciones de derechos humanos) tanto en los servicios de comunicación tradicionales como en Internet.

A su juicio América Latina debe desarrollar políticas para facilitar el desarrollo de los medios públicos y comunitarios, facilitar el acceso a la población de la infraestructura necesaria para poder acceder a la TV Digital y asignar en forma transparente el espectro digital.

Los representantes de la Coalición destacaron a su vez, la importancia de implementar el pago del canon por parte de los medios que hacen uso de espectro y cumplir los plazos en la asignación de nuevos canales.

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Coalición por una Comunicación Democrática

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Reuniones: Sede APU, San José 1330

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La coalición comparte especialmente el establecimiento del pago de un precio por el uso de espectro, que hasta ahora pagaban todos los operadores de telecomunicaciones, menos los radiodifusores. Cabe recordar que los radiodifusores cualquiera fuera su tamaño empresarial y su facturación, gozaron hasta la última reforma tributaria de excepciones impositivas para importar equipos (estos beneficios aún lo conservan los radiodifusores del interior del país), incluso estaban exonerados de gravámenes para la adquisición de automotores.

En casi todo el mundo es común el pago por el uso de el espectro, que al fin y al cabo se trata de un bien público patrimonio común de la humanidad. Este tipo de política no se considera una limitación a la libertad de expresión.

No obstante este avance, queremos expresar nuestra preocupación por la falta de definiciones entorno al monto de ese precio y el destino del mismo. Tampoco esta claro si además de este precio, en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se incluirá un canon calculado en base a la facturación.

Reclamamos que una parte de ese precio por el uso del espectro sea destinado a generar condiciones para el fortalecimiento de sectores comunicacionales nuevos y desatendidos, como el comunitario, que hasta ahora no ha sido objeto de una política pública para favorecer su desarrollo, a pesar de que fortalece la diversidad democrática en el espectro radioeléctrico.

La reserva de un tercio del espectro para los medios comunitarios en todas las bandas de radiodifusión, hace a la democratización formal del espectro, pero si en realidad queremos que esta se haga efectiva, el desarrollo de políticas de fomento son imprescindible.

Por lo tanto postulamos, que parte de los recursos producidos por el cobro del precio y/o canon, sean destinados a generar políticas de fomento del sector comunitario.

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Consultado por la periodista Claudia Palacios de la cadena CNN sobre si la norma determinará que las frecuencias queden en manos de las “tres familias” dueñas de medios hoy en Uruguay o si se abrirá la cancha a nuevos operadores, Mujica respondió que tratará de “respetar la realidad que tenemos”. “No son sólo tres familias, hay algunas más, tampoco son infinitas. Tampoco vamos a regalar estaciones a la marchanta porque éste es un país pequeño, después se funden, le vienen a pedir subsidios al Estado”.

La coalición recuerda que la concentración de audiencia, ingresos y propiedad en los canales de televisión en Uruguay se encuentra entre las más elevadas del mundo, concentrando entre los tres canales, a partir de sus negocios conjuntos, niveles superiores al 80% de las audiencias y aproximadamente al 90% de la facturación.

Se trata de un negocio que ha permanecido cerrado por decisión política para tres grupos familiares-empresariales durante más de 50 años y que en la actualidad violenta todos los estándares de libertad de expresión, pluralidad y diversidad establecidos constitucionalmente y en las convenciones de derechos humanos suscritas por el país.

Respecto a la torta publicitaria el presidente de la República sostiene: “Tenemos que repartir la torta publicitaria que tiene el Uruguay, no puede ser muy grande”.

Es falso que la torta publicitaria deba permanecer cautiva de tres empresas y que su apertura a la competencia determine la quiebra de todas las empresas, cuando hablamos de un mercado mayor a U$S 250 millones anuales.

Es posible que el presidente Mujica haya querido decir otra cosa, pero en esta entrevista deja a entrever que mantendrá cerrado el espacio de los medios a tres empresas en particular, lo cual violenta el principio constitucional de igualdad y el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho de todas las personas a recibir y difundir la máxima diversidad posible de información e ideas.

La periodista repreguntó si caben más operadores, y el presidente señaló: “Algunos del interior es posible que quepan, pero no cantidad”.

La coalición reitera que el país, con su actual sistema de medios, actualmente se encuentra incumpliendo el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre la Diversidad de las Manifestaciones Culturales de Unesco. Como ya lo hizo en los 16 Principios por una Comunicación Democrática la Coalición reitera que el espectro es un recurso público, y que como tal debe ser asignado en condiciones de acceso para todas las personas y organizaciones, bajo concursos públicos y de acceso gratuito. Mantener un privilegio para unos pocos actores violenta principios republicanos básicos y cercena la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad en su conjunto.

Cabe recordar que el derecho internacional de los derechos humanos protege la existencia de tres sectores en la comunicación (privado comercial, público y comunitario) y el acceso gratuito a procesos de asignación transparentes.

Como lo establece el principio 12 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuánto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que aseguran el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

Mujica volvió a referirse a su preocupación por defender la cultura nacional. “Creo que los medios de comunicación deben en cierta medida expresar nuestro rostro cultural y preservarlo. No quisiera que los mecanismos televisivos del Uruguay quedaran en manos de dos o tres grandes multinacionales de carácter colosal, creo que tiene que haber una cuota de acá.

Estoy hablando de la uruguayez, de la orientalidad”, sostuvo. La periodista le consultó si para eso enviaría una ley al Parlamento y Mujica respondió que sí, aunque sin dar mayores detalles de sus contenidos.

Cabe recordar que ya están operando en nuestro país varias multinacionales de la comunicación que tienen intereses en radio, televisión abierta y televisión cable.

Recordamos también que se ha denunciado por parte de la sociedad civil la compra de once radios por parte de testaferros del empresario mexicano-estadounidense Ángel González González y que aún el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto.

(Nota de prensa Búsqueda –  http://www.infoycom.org.uy/?q=node/4466 –  Nota de prensa La Diaria –  http://www.infoycom.org.uy/?q=node/6261 )

También la Coalición se ha comprometido  con la promoción de la producción nacional y en ese sentido propuso en distintos ámbitos la aprobación de incentivos a la producción y otros instrumentos a estudiar como reserva de pantalla, etcétera.

Finalmente, ante las actuales dilatorias para aprobar el decreto que fue puesto en consulta pública hace meses, y cuyas soluciones contemplan los estándares internacionales de los derechos humanos, la Coalición iniciará una ronda de contactos con fuerzas políticas y sociales para plantear un frente común en la defensa de los derechos a un sistema de medios más plural, diverso, transparente y que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información.

Coalición por una Comunicación Democrática

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http://www.forocom.org.uy/coalicion/documentos.htm

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En la mesa que abrió el evento los panelistas reflexionaron sobre Medios públicos y producción nacional. Pablo Álvarez del MEC, organismo del que dependen la Televisión Nacional de Uruguay y las radios del SODRE, se refirió a la necesidad de desplegar políticas públicas ante la oportunidad que se presenta en el proceso de digitalización de la comunicación. Remarcó en este sentido la voluntad del ministerio, y por tanto del Estado, de jugar un rol activo en este asunto que involucra a toda la sociedad, con una mirada atenta a la diversidad y calidad de los contenidos de radios y televisiones públicas. El documentalista Mario Handler, de la Coalición por una Comunicación Democrática, por Skipe desde Alemania, reivindicó el concepto de servicio público de la televisión en general y de las televisiones públicas en particular. Propuso un nuevo paradigma que colocara en el centro de las políticas de contenidos para las televisiones públicas el concepto de programa en sustitución del concepto de canal, tal como lo utiliza la televisión holandesa.  Diego Fernández, representante de la Asociación de Productores Audiovisuales del Uruguay (ASOPROD), mencionó la necesidad de pensar en una televisión pública que pertenezca al Estado y no al gobierno de turno, gestionada por un directorio autónomo  del poder político y con autonomía financiera.  Sergio Mautone, de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) colocó el foco en la deuda de las televisiones públicas con la realización de ficción nacional, y la consecuencia que esto ha tenido históricamente en el insuficiente desarrollo de la industria audiovisual nacional en este terreno. María Urruzola, directora de la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo, comunicó la intención de la actual administración de realizar una profunda transformación en Tevé Ciudad que la lleve a ser un canal abierto, de acceso para todos los montevideanos y no sólo para quienes pueden pagar el cable como en el presente. Comunicó además la voluntad de dar una nueva y definitiva institucionalidad a la señal capitalina, que hasta hoy es una dependencia con organicidad indefinida dentro de la comuna.

En la mesa que se denominó ¿Es posible un Observatorio de Medios en Uruguay?,  Matías Ponce realizó la presentación de los objetivos y la metodología del proyecto “Indicadores de Desarrollo Mediático”, desarrollado por UNESCO en articulación con las Universidades que poseen carreras de comunicación en nuestro país. Paula Baleato, de la Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos, introdujo el enfoque de la observación crítica de los medios desde la perspectiva de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Expuso las principales conclusiones de las investigaciones realizadas por Voz y Vos desde 2007 hasta el presente, sobre cómo los medios de prensa nacional abordan el universo de asuntos de la infancia y la adolescencia. Mariangela Giaimo de Cotidiano Mujer, se refirió, a partir de piezas publicitarias, a los estigmas que los discursos de los medios de comunicación utilizan para encerrar en ellos a los roles femenino y masculino. Fernando Gelves, del Grupo Medios y Sociedad (GMS), presentó las características del Portal InfoyCom, que monitorea diariamente los contenidos vinculados a los asuntos de la comunicación publicados en portales de información nacionales y regionales. Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios FUCATEL, de Chile, presentó la experiencia chilena en este tema, y los desafíos enfrentados para ganar legitimidad en una sociedad que desde el ámbito privado planteó resistencias al accionar de la iniciativa. Los diferentes expositores plantearon durante sus presentaciones la importancia de aumentar el compromiso social en este tema, y difundir la posibilidad de construir una agenda pública propia, mediante el desarrollo de una alianza plural entre todas las organizaciones que están actualmente trabajando en diferentes formas de veedurías u observatorios de medios.

En la mesa de cierre y plato fuerte de la noche, denominada Principios para una transición digital democrática, Edison Lanza, de la Coalición, expresó que no fue casual el día elegido por la organización que representa para la realización del seminario, ya que “la llegada de la televisión digital es la gran oportunidad de construir un sistema de medios más plural y democrático y de evitar que los operadores oligopólicos neutralicen la potencialidades de este cambio”. Lanza expuso los principales tópicos que las organizaciones de la sociedad civil cree  conveniente tener en cuenta de cara a una nueva normativa de servicios audiovisuales: la reserva de espacios del espectro radioeléctrico para medios privado comerciales, públicos y comunitarios; la asignación de  frecuencias de radio y televisión por mecanismos transparentes y con control social; los límites que deben colocarse contra los monopolios y oligopolios; la necesidad de que existan autoridades con autonomía del poder político y de los gobiernos, entre otros asuntos. Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios FUCATEL, de Chile, relató los pasos que se siguen en su país que no auspician un escenario muy alentador en el sentido de democratización de los medios, e hizo alusión a la paradojal circunstancia de que el propio presidente de la República de su país, Sebastián Piñera, sea dueño de un canal de televisión. Gabriel Kaplún, director de la LICCOM, precisó que a partir de ahora deben precisarse algunos términos para que todos los actores hablen en un mismo idioma. Dijo que desde ahora “hay que hablar de señales y no de canales”, ya que con la digitalización cada canal de seis megahercios equivale a seis señales con contenidos diversos. En tono crítico preguntó “¿qué se va a adjudicar?, ¿señales o canales?”. A lo que se respondió: “deberían ser señales”. Gustavo Gómez, director de la DINATEL, anunció los lineamientos que el Ministerio de Industria, dentro del cual se encuentra la dependencia que preside, piensa promover en el decreto que regulará la concesión de frecuencias digitales que se está redactando y en la nueva normativa que se enviará en el correr del presente año al Parlamento nacional. Gómez aseguró que la voluntad expresa en estas iniciativas “apuntará a ampliar la pluralidad en el sistema de medios en el Uruguay”. El jerarca afirmó que el horizonte sigue siendo el principio de televisión abierta y gratuita, con accesibilidad al cien por ciento de la población. Y para ello subrayó el papel central que cumplirá en el proceso de cambio hacia la era digital la Televisión Nacional de Uruguay.

Videos del seminario en:

http://es-es.justin.tv/comunicaciondemocratica/b/285056322

Audios completos del seminario en:

http://legislaciones.amarc.org/GMS/Coalicion/03052011-1.mp3

http://legislaciones.amarc.org/GMS/Coalicion/03052011-2.mp3

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