Ese proyecto, que fue presentado por el Colegio y aprobado por Diputados, propone regular la relación entre los ciudadanos contribuyentes y los organismos recaudadores, promoviendo un vínculo basado en la confianza.

De aprobarse la ley, esta se aplicaría a todos los tributos, con excepción de los aduaneros y los departamentales, y a las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas a favor de personas de derecho público no estatales.

El artículo 2 del proyecto habla de los derechos y garantías de los contribuyentes y algunos de los que se enumeran son los siguientes: “Que no se le apliquen medidas administrativas que impidan su actividad comercial o industrial legítima ni que se obstaculice la documentación en forma de las operaciones que desarrolle durante el período auditado, que las actuaciones de la administración tributaria se lleven a cabo en la forma que resulte menos gravosa y distorsionante de la actividad o del giro habitual del contribuyente”.

La presidenta del CCEAU, Cristina Freire, indicó que “días pasados se ha constatado y se ha reconocido a través de los medios de prensa que han habido inspecciones dirigidas a nuestros clientes y también a los profesionales que actúan en forma independiente”.

Ante estas inspecciones de DGI, Freire indicó que “el Colegio considera oportuno reiterar algunos aspectos fundamentales sobre el ejercicio profesional y nuestro rol como asesor”.

Agregó que “ante la situación de solicitar el levantamiento del secreto bancario aconseja que se realice bajo el artículo 53 de la ley 18.083”.

Asimismo, informó a sus socios que el Colegio ofrece actualizaciones, servicios de consulta y existe un equipo de trabajo que tiene relacionamiento con la DGI ante cualquier situación.

También existe un grupo interdisciplinario, integrado por miembros del CCEAU y la DGI, para resolver dificultades operativas que puedan surgir en el trabajo de los contadores.

Freire aclara que el CCEAU “no está en contra de las inspecciones, al contrario, sino que en este caso lo que está buscando es que haya una equidad equilibrada entre el contribuyente y el cuerpo inspectivo y que se realicen los mismos con el respeto debido y con el debido derecho ciudadano”.

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