Artículo publicado en https://www.cadal.org/

Los procesos políticos latinoamericanos por los cuales un sistema democrático se convirtió en autoritario o dictatorial han determinado otras lecturas de la realidad regional. Hoy en Latinoamérica no se trata de «izquierda o derecha», sino de qué tanto se respetan y defienden o no, los derechos humanos, en su acepción universal e indivisible, en cada Estado de la región.

Por Hugo Machín Fajardo

«El poder es adictivo» dijo Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia, a dos días de haber llegado a la Casa de (Antonio) Nariño. Explicitó su comentario ante la prensa en referencia a cómo se siente quien pasa a vivir entre gobelinos, espejos con marco dorado y otros lujos existentes en la sede del Poder Ejecutivo de Colombia, cuyo nombre recuerda a un ilustre independentista que —vaya paradoja—a raíz de su defensa y difusión de los derechos humanos pasó 21 de sus 58 años de vida en prisión en cuatro ocasiones distintas.

Con su comentario Petro repetía y advertía, a su modo, el reproche hecho 133 años antes por Lord Acton, ilustre historiador liberal, católico, a un obsecuente historiador del papado que omitía los crímenes vaticanos: «Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

No es un comentario baladí. Petro es consciente de que la mitad de los colombianos ven cernirse sobre su administración la sombra de dictadores —Fidel Castro, Maduro, Daniel Ortega, — y corruptos— matrimonio Kirchner, «el mecanismo». [Netflix], Odebrecht— o la tentación autoritaria de Nayib Bukele y Donald Trump.

Y fuera de Colombia no son pocos los analistas y politólogos que insisten en proponer el retorno de una «marea rosada» en Latinoamérica, con especial papel a cumplir por las administraciones de Boric en Chile, Petro, en Colombia y eventualmente Lula en Brasil a partir del 2023. Según esas opiniones sería diferente de la «marea roja» de hace 10 años —Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, José «Pepe» Mujica, Fernando Lugo— pero igualmente con características «de izquierda».

¿No será que el retorno al autoritarismo latinoamericano que se produjo en algunos países cuando la región vivía el mejor momento de la democracia y la libertad, ha generado  una expectativa diferente a la de «izquierda» o «derecha»?

Los procesos políticos latinoamericanos por los cuales un sistema democrático se convirtió en autoritario o dictatorial han determinado otras lecturas de la realidad regional.

Hoy en Latinoamérica no se trata de «izquierda o derecha», sino de qué tanto se respetan y defienden o no, los derechos humanos, en su acepción universal e indivisible, en cada Estado de la región.

Gobierno de coalición. La nueva administración encabezada por el Pacto Histórico formado por Petro es un gobierno de coalición. «No quiero dos países», dijo el presidente en su discurso de asunción del 7 de agosto. Propuso unas fuerzas armadas que trabajen en la reconstrucción de la paz; cuestionó a la ONU por la ineficaz política antidrogas desarrollada durante décadas; pidió ayuda internacional para el combate al narcotráfico y la desforestación, y anunció los temas principales a encarar ya: reforma tributaria —inicialmente para recaudar 75 billones, luego 50 billones de pesos [aprox. 11,786,700 dólares] pero que en el proyecto enviado horas después quedó en 25 billones a ser recaudados en 2023— ; reforma de la salud; de los contratos laborales —la informalidad es de 58% en el país, equivalente a 12,7 millones del total de 22,05 millones de trabajadores—; y reforma educativa.

¿Se puede comparar el gobierno «de izquierda» de Pedro Castillo en Perú, que no tiene apoyo legislativo, que lleva 60 ministros diferentes en un año de gobierno, y varios intentos de censura parlamentaria; con un gobierno que cuenta con 2/3 de apoyo en el Congreso? Un botón de muestra: el senador–influencer JP Hernández, de Alianza Verde, que apoya a Petro, propuso «a la brava» —aunque había sido promesa de la campaña electoral—  un proyecto de ley para reducir el salario de los legisladores, establecido en 35 salarios mínimos. El SMN de Colombia es de $1.000.000. Al momento, lo han firmado 80 legisladores y sumando. En la lista hay firmas de conservadores, liberales, del Pacto Histórico, verdes, e incluso del único claramente partido opositor, el Centro Democrático. Una golondrina no hace verano, pero el talante del espectro legislativo de hoy en Colombia es de, sin aprobar «a tapa cerrada» todo proyecto legislativo enviado por Petro, darle ingreso a los varios «chicharrones» (*) que el nuevo gobierno tiene por delante:

–          retomar vínculos diplomáticos con Caracas que apunten a consolidar la paz seriamente afectada en la frontera con Venezuela;

–          negociar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para lo cual delegados del presidente Petro ya dialogan con jefes guerrilleros radicados en Cuba. No es fácil ese tema, según dijo el viernes 12 el ex ministro y negociaron de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo: «el ELN no va a aceptar que los equiparen con el Clan del Golfo»;

–          la respuesta del Clan del Golfo y otros grupos del crimen organizado al llamado hecho por Petro de «dejar las armas» y «aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz». En principio no serían encuadrados en la Justicia Especial Para la Paz (JEP), creada para diligenciar el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC;

–          mientras que los efectos de la reforma fiscal, en opinión de expertos y gremiales empresariales, podría frenar la inversión, afectar la competitividad e incrementar los precios de la energía, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es partidaria de no firmar nuevos contratos de exploración y de comprarle gas a Venezuela. Desde el sector energético hubo voces de rechazo a estas ideas: en el presente, el 58% de las exportaciones lo constituye el petróleo y los minerales y no hay forma de sustituirlo ya. Además, afectaría a un 30% de las rentas provenientes de ese sector. Otros recordaron cuando Maduro en 2016 le cortó el suministro de gas a Colombia, y también hicieron énfasis en que en Europa el usuario paga USD 25 por el mismo gas que Colombia produce a USD 6;

–          el envío a las escuelas y bachilleratos de cartillas realizadas con base al informe final de la Comisión de la Verdad. La oposición está en desacuerdo y ha resuelto enviar también una cartilla propia — «¿Cuál verdad?»— por entender que la cartilla propuesta por la comisión presidida por el provincial de los jesuitas, Francisco de Roux, sería adoctrinamiento gubernamental.

En síntesis: el gabinete de Petro cuenta con dos ministros conservadores — uno, Álvaro Leyva, es nada menos que el canciller, — tres liberales —uno, es el ministro de Hacienda, Javier Ocampo, otra, la ex ministra Cecilia López, economista y es senadora liberal; Néstor Osuna, de Justicia—; en Defensa, Iván Velásquez, prestigioso jurista y probado luchador contra la corrupción. Es el sector moderado y más técnico del gabinete de Gobierno. Coexiste con un sector más ideologizado, con menos experticia como la titular de Trabajo, Gloria Inés Ramírez quien el lunes 8 sostuvo que Venezuela está avanzando gracias a las políticas implementadas por los chavistas. De inmediato en redes sociales repusieron un video de hace seis años en que la también docente escolar y ex senadora postulada por el Partido Comunista sostenía: «Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de (Hugo) Chávez, Evo (Morales), de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes».

[*] Chicharrón, aunque es un plato apreciado en la mesa colombiana, también se utiliza como sinónimo de problema serio.

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“En un contexto de inseguridad extrema en determinados departamentos del país, registrado por la Cruz Roja y denunciado en las últimas semanas por la ONU, la OEA, Amnistía internacional y Human Rights Watch, ocurrió el martes 8 de setiembre el homicidio del taxista a punto de recibirse de abogado, Javier Ordóñez (44), tras ser detenido por dos policías. El pasado viernes 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa y la Policía pidieron perdón a la ciudadanía por la muerte de Ordóñez.

Por Hugo Machín Fajardo

@MachinFajardo

Retroceso colombiano

No se equivocó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cuando en 2019 informó que la situación en Colombia era entonces más compleja que en 2016, el año de la firma del Acuerdo de Paz del Estado colombiano con las FARC-EP: “la realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejercito Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”, decía Christoph Harnisch, el suizo que fuera jefe de la Delegación del CICR en Colombia entre 2014 y 2020.

Desde noviembre de 2016 a 2018, el CICR documentó un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y con la violencia armada cada cuatro días, y auspiciaba un recrudecimiento de esta situación en 2019.

El año pasado fueron asesinadas 19 lideresas, una cifra que no se había registrado al menos en la última década y que se incrementó en un 50% con respecto al 2018, según el reciente informe de las organizaciones Somos Defensores y Sisma Mujer, que concluye que el 91% de estos homicidios —la mayoría de casos contra mujeres indígenas—  están impunes y que “el 67% de responsabilidad de estos hechos se le atribuye a grupos neoparamilitares”.

Durante el año pasado, Bogotá y las principales ciudades colombianas fueron escenario de masivas protestas ciudadanas propiciadas por la oposición al gobierno de Iván Duque —que cuenta  con un considerable caudal electoral— y por las condiciones objetivas que padecen cerca de 19 millones de los 50 millones de colombianos que componen la población total.

En abril de este año Harnisch reiteró su preocupación “debido a la crítica situación en las regiones más golpeadas del conflicto por el aumento en los desplazamientos masivos, por el creciente número de víctimas de minas antipersonales y por la desaparición forzada”.

En agosto de 2020 se advirtió que “la macroeconomía e involución del coronavirus son dos aspectos clave en esta etapa generadores de lógica preocupación en la sociedad colombiana, sacudida además por violaciones a los derechos humanos que no ceden”. La pandemia del COVID-19, si bien no ha cedido, tampoco generó situaciones de colapso hospitalario como en algún momento pudo temerse, y aunque Colombia está sexta dentro de los países con más contagios reportados (700.000) en la lista de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que encabezan Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Perú; en el horizonte inmediato la pérdida de casi cinco millones de empleos aparece como uno de los principales desafíos para la tan ansiada recuperación económica.

En un contexto de inseguridad extrema en determinados departamentos del país, registrado por la Cruz Roja y denunciado en las ultimas semanas por la ONU, la OEA, Amnistía internacional y Human Rights Watch, ocurrió el martes 8 de setiembre el homicidio del taxista a punto de recibirse de abogado, Javier Ordóñez (44), tras ser detenido por dos policías. La detención y sometimiento de Ordóñez realizados mediante inmovilización física y aplicación de 8 descargas de pistola taser, fue filmada por vecinos del fallecido. Cuando sus amigos llegaron al Comandos de Acción Inmediata (CAI), local policial al que había sido conducido Ordóñez, lo encontraron desmayado. Lo trasladaron a un centro asistencial donde se produjo el deceso producto de los golpes recibidos en el procedimiento policial.

La difusión de las escenas de la detención de Ordóñez, generó la repulsa ciudadana y la movilización de manifestantes en diferentes ciudades los días 10 y 11 de setiembre. En Bogotá, la protesta callejera fue aprovechada para generar vandalismo consecuentemente reprimido por la policía con un saldo de 10 muertos por disparos, 66 heridos por armas de fuego, 12 por arma blanca y 97 heridos por otro tipo de arma. Además, 114 uniformados resultaros lesionados. También 72 CAI resultaron destrozados por infiltrados —según distintas fuentes— en la protesta ciudadana que afectó a 78 buses articulados de TransMilenio, nueve de ellos quemados, según reportó la Alcaldía. La cifra total de muertos sube a 14 víctimas si se consideran otras ciudades.

El saldo negativo en materia de destrozos superó a las jornadas de noviembre de 2019, cuando murió a causa del accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el estudiante Dilan Cruz quien manifestaba durante un paro nacional.

El pasado viernes 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa y la Policía pidieron perdón a la ciudadanía por la muerte de Ordóñez.

Otro elemento no menor en lo que hace a la reconciliación ciudadana tuvo un momento de destaque luego de un encuentro entre víctimas y victimarios de las Farc. Ocurrió el 27 de agosto de 2020, cuando Carmenza López, viuda de un edil bogotano que fue asesinado por las Farc en 2008, rechazó un abrazo que le pidió Griselda Lobo, senadora del partido surgido de la desmovilización de la guerrilla, hasta que los excombatientes “digan la verdad” de lo ocurrido con su esposo. En un acto enmarcado en una iniciativa estatal que busca la transformación en un periodo de 15 años de las zonas de Colombia más afectadas por la violencia, la senadora Lobo —conocida también como “Sandra Ramírez” y viuda del fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín (1930 – 2008) alias “Tirofijo” o “Manuel Marulanda”— le pidió a la víctima que se dieran un abrazo “de reconciliación” tras pedirle perdón por el dolor que le causó la guerrilla. López le respondió que apenas están comenzando el “camino” de la paz y que “llegará el momento en que podemos llegar a ese abrazo”.

La respuesta de la viuda del edil llevó a la alcaldesa de Bogotá, de centro izquierda, Claudia López, a escribir en su cuenta de twitter: “No se abraza a cualquiera ni por mera retórica. La reconciliación solo es posible sobre la ‘verdad justa y honesta’ como lo reclamó hoy Carmenza”.

La falta de “verdad plena” aportada por los ex jefes guerrilleros a la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada especialmente para entender en los crímenes cometidos durante el enfrenamiento de 52 años entre las Farc y el Estado colombiano, determina un reclamo en numerosos sectores de la ciudadanía para que la JEP exija que los responsables digan la verdad sin más dilatorias o excusas apelando a la responsabilidad colectiva.

El ex comisionado para la paz a finales de los 90, Camilo Gómez, actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en entrevista con la emisora bogotana La W el miércoles 16 de setiembre, sostuvo que  “lo mínimo es que digan la verdad ante la Justicia, no en cartas, no en twitter, no en trinos(…) Lo están haciendo demasiado tarde y demasiado lento (…) en cuentagotas”. Y reclamó que lo hagan también en relación a sus vínculos con el narcotráfico.

Solamente en el tema secuestros cometidos durante el conflicto interno colombiano la investigación del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ‘Una sociedad secuestrada’ , advierte que “este flagelo ha trastocado la existencia de 39.058 personas en Colombia en los últimos cuarenta años”, una cantidad tan alarmante que con ellas podría llenarse un estadio de fútbol como El Campín de Bogotá. De estos, 522 murieron en cautiverio.

Gómez, citando el trabajo del CNMH, dijo a La W que las Farc son responsables de “más de 25.000 secuestros” documentados. De estos secuestros, 1.214 militares y policías fueron secuestrados por las guerrillas de las Farc y el ELN.

El jueves 17 de septiembre se conocieron dos informaciones relacionadas a las violentas jornadas de la semana pasada: un pronunciamiento conjunto del general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía de Bogotá, y la alcaldesa de Bogotá, López, confirmó que ya se tienen identificadas a 13 personas que atentaron contra los CAI, ciudadanos y policías durante las violentas jornadas de protestas de la semana pasada. Y también que la Fiscalía pidió la detención de dos de los siete policías relacionados con la muerte de Ordoñez para llevarlos a audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio agravado.

Los sindicatos de Colombia convocaron a nuevas manifestaciones para protestar contra la brutalidad policial y contra la crisis generada por la pandemia. Desde el Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos y movimientos estudiantiles, anunciaron que se realizará el martes 21 de septiembre. Para ese día las centrales obreras convocaron a una caravana nacional para rechazar cualquier tipo de violencia que afecte la protesta social en Colombia

A todo esto, la pobreza extrema en Colombia subiría al 14,3% en 2020, desde el 10,9% registrado en 2019, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en   proyecciones “que consideran únicamente las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada, y no incorporan proyecciones de lo que sucedería con los ingresos no laborales de los hogares”.

Fuente Contenido: www.cadal.org

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La desmovilización de la guerrilla más antigua de Latinoamérica, más allá de los nubarrones que suponen el desparejo manejo del post conflicto, la duplicación del número de hectáreas dedicadas al narcocultivo y la persistencia de las denominadas disidencias de las Farc, es el logro principal que lega Santos.

En Colombia pareciera que la campaña electoral sigue. Los cuestionamientos al presidente electo Iván Duque, a dos semanas para el inicio de su mandato, son permanentes en los usuarios de redes sociales adversos al partido del Centro Democrático (CD), que le llevó a la Casa de Nariño. El clima político terminó de complicarse con la renuncia a su banca en el Senado del ex presidente Álvaro Uribe.

Por su parte, el ex candidato presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro, anuncia una gran manifestación para el 7 de agosto, día en que asume el nuevo gobierno. Petro está convencido de que tiene ocho millones de votos que lo respaldan y quiere marcar la cancha desde el inicio del partido. Algo que en el Senado no le será tan fácil, pues allí cuenta solamente con dos bancas propias. El resto de la oposición a la mayoría del Congreso conformada por el CD, conservadores, sectores del Liberalismo y Partido de la U, por diferentes razones, no le delegan al candidato perdedor en segunda vuelta esa función de líder único.

Para empezar, los verdes tienen su propia orientación ejercida por otro ex alcalde bogotano y ex rector universitario, Antanas Mockus, el segundo senador más votado detrás del expresidente Álvaro Uribe en las elecciones legislativas de marzo.

Mockus hizo de las suyas el día en que se instaló el nuevo Congreso, bajándose sus pantalones y mostrando el trasero a sus colegas en reclamo de atención para el senador que en ese momento hacía uso de la palabra. Repetía lo hecho años atrás, siendo rector, ante un auditorio estudiantil que tampoco respetaba el uso de la palabra.

Otros senadores verdes como la politóloga Claudia López, quizás candidata a alcaldesa de Bogotá en 2020, tampoco aceptan a Petro como jefe, al igual que el socialdemócrata Jorge E. Robledo y sus tres compañeros de bancada que mantienen diferencias con ese liderazgo.

Uribe, principal dirigente del CD, sorprendió a Colombia el martes 24 con la renuncia a su banca luego de serle comunicada una citación de la Corte Suprema de Justicia que le indaga a propósito de una eventual manipulación de testigos, que atribuirían vínculos de Uribe con el paramilitarismo de hace años, denunciada por un senador de izquierda, Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA).

«Que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”. Así explicó Uribe su renuncia, lo que es percibido como señal de probidad por los 800 mil colombianos -votación record en la historia del país- que reeligieron para el Senado a quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

Sus contradictores sostienen que es una estrategia de justicia procesal que le permitiría a Uribe dejar de ser investigado por la Corte para ser analizado por la Fiscalía, cuyo titular deberá ser designado en dos años por la administración Duque. Petro, uno de sus mayores adversarios políticos sostuvo que «La renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir investigación. El hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos», según escribió en su cuenta de Twitter.

“Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia.  La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, fue la rápida respuesta de Uribe.

El presidente Juan M. Santos agregó un elemento polémico al panorama al afirmar el miércoles 25 que Colombia nunca conoció los documentos sobre la negociación entre políticos y paramilitarismo –desarrollada por la administración Pastrana en 2001 – a diferencia de lo que él ordenó respecto a los diálogos de paz con las Farc, concretados en los 10 tomos en que se documenta la implementación de los acuerdos de paz plebiscitado en octubre de 2016.

La desmovilización de la guerrilla más antigua de Latinoamérica, más allá de los nubarrones que suponen el desparejo manejo del post conflicto, la duplicación del número de hectáreas dedicadas al narcocultivo y la persistencia de las denominadas disidencias de las Farc, es el logro principal que lega Santos. No es un hecho menor y que motivó la alerta de la ONU que desde 2016 hasta el 30 de junio de 2018, fueron asesinados 311 líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Cada tres días un activista es asesinado en el país.

En materia de reforma de la propiedad rural, las cifras merecen conocerse: del millón de hectáreas despojada desde 1990 por grupos ilegales, se restituyeron 302.548 en 7 años, según datos oficiales. Los sectores armados habían apoderado de 40,1% del total de ocupaciones ilegales en el caso de las Farc y el segundo grupo guerrillero, el Eln. El paramilitarismo fue responsable del 35% de esos despojos y el 25% restante, se prorratea entre otros grupos delictivos.

Hay 38.954 víctimas beneficiadas. Restan 112.939 solicitudes de restitución de las cuales se han intervenido 86.176, o sea, el 80% de las solicitudes.

Si se observa el medio vaso lleno, debe destacarse el cambio en materia de política exterior logrado desde 2010. De estar aislada de sus vecinos Colombia, luego de la administración Uribe, pasó a tener buenas relaciones con Ecuador y Venezuela, aunque en la última etapa los pretextos de Maduro para justificar su inviabilidad eclipsaron aquel buen comienzo entre Santos y Hugo Chávez. La corta memoria no debe olvidar que Colombia y Venezuela vivieron tensiones importantes. Recuérdese el Concierto Paz sin fronteras de 2008 realizado en el Puente Simón Bolívar, frontera colombo-venezolana, donde decenas de miles de ciudadanos de ambos países acompañaron a Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Juan F. Velazco, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Miguel Bosé todos unidos en el reclamo de paz.

Agréguese en materia de infraestructura que en seis años el programa de autopistas colombianos de cuarta generación ya cuenta con dos vías con un avance de obra de más del 70% y seis mas con un porcentaje de ejecución entre el 20 y el 45 % de un total de 30 proyectos según el periódico Portafolio, de Bogotá.

Colombia pasó de contar con 718 kilómetros de doble calzada a 1.240 km. fruto de la administración Santos, quien luego de haber llegado a 14% de popularidad, está retirándose, tras dos periodos consecutivos, con 40% de aceptación.

Santos logró que Colombia fuera integrada en la OCDE y en la OTAN. Ambos hechos tienen elogios y críticas.

El Jefe para Latinoamérica del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ángel Melguizo, elogia el dinamismo económico del país al que ubica superior al promedio latinoamericano y de la misma OCDE, pero menor al de economías líderes asiáticas o de la región. Melguizo recomienda dar un salto en productividad -que ubica en 30% de países de la OCDE – apuntar al reforzamiento institucional, a la inversión en educación de calidad y en competencias laborales; a buscar mercados financieros más desarrollados y robustecer la política fiscal.

El presidente electo, Duque, tiene una perspectiva compleja porque deberá atender varios frentes deficitarios. El equipo que le acompañará no necesariamente obedecería a cuota partidaria ni al sector más radical del uribismo. No quiere decir que no haya despertado crítica ya, pero todavía están en el vestuario.

Duque adelantó que apoyará la consulta anticorrupción prevista para el 27 de agosto, una iniciativa ciudadana impulsada mediante recolección de firmas y aprobada en el Congreso. Se plebiscitan siete puntos: bajar el salario de parlamentarios y funcionarios de alta jerarquía; quitar beneficios de cárcel especial para corruptos; contratación pública con pliegos tipo en todo el país; presupuestos públicos con participación ciudadana; rendición de cuentas de gestión de los parlamentarios; declaración pública de rentas e ingresos de funcionarios electos y máximo de tres períodos de los mismos funcionarios en corporaciones públicas.

Fuente Contenido: www.analisislatino.com

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Compartimos el punto de vista del periodista Hugo Machín, respecto a la situación de Colombia y la postura del senador y ex presidente José Mujica.

«Ateniéndonos a su trayectoria, verborragia y resultados concretos de su gestión presidencial en el Uruguay (2010 -2015), no ameritaría que se tomara en serio su juicio acerca de una situación dolorosa, compleja, difícil, como ha sido la peripecia de Colombia durante más de medio siglo y su presente pleno de expectativas. Pero su juicio ofende a la ciudadanía colombiana.

La esquizofrenia es una disociación de las funciones psíquicas. En el lenguaje popular, tan caro a Mujica, se asume como tener dos opiniones contrapuestas sobre un mismo fenómeno. La mejor interpretación uruguaya de esa patología pertenece a Mujica: “Como te digo una cosa, te digo la otra”, frase a la que apela sistemáticamente, desde su relativismo crónico, cuando aspira a describir alguna situación.

Mujica definió, y como ya es costumbre su opinión se amplificó en el mundo, de que el resultado del plebiscito realizado en Colombia  el 2 de octubre pasado, obedeció a la “esquizofrenia” de la ciudadanía colombiana.

Ateniéndonos a su trayectoria, verborragia y resultados concretos de su gestión presidencial en el Uruguay (2010 -2015), no ameritaría que se tomara en serio su juicio acerca de una situación dolorosa, compleja, difícil, como ha sido la peripecia de Colombia durante más de medio siglo y su presente pleno de expectativas.

Pero  su juicio ofende a la ciudadanía colombiana.

Mujica, como sobre casi todos los temas que aborda, cree que puede perorar sobre Colombia, sin detallar cómo desarrollaría una estrategia viable para el futuro de ese país, aunque es rotundo al afirmar que él tiene la solución.

Ocurre que Mujica es considerado como una especie de gurú de la política contemporánea, fruto de la ficticia necesidad de encontrar emoticones que puedan ser viralizados al instante, sin profundizar mucho en sus reales contenidos.

Mujica es uno de los frutos del desprestigio in crescendo que desde hace décadas en Occidente viene afectando a los políticos en general; a los latinoamericanos en particular, y a los de izquierda, específicamente. Un contexto tal, en el que, simplemente por no haber multiplicado de manera exorbitante su patrimonio durante su pasaje por el gobierno –como sí lo hicieron los Kirchner, Hugo Chávez, Lula, Daniel Ortega, por mencionar los más notorios progresistas-, Mujica se hace acreedor de la simpatía, cuando no de la admiración, de millones de personas. Lo que no habla muy bien del concepto de democracia que se tiene cuando se reputa como un valor extraordinario ser decente en la función pública. Solón enrojecería.

Si alguien piensa que existe animadversión de este cronista, puede remitirse a mi artículo “Por las urnas sí, por las armas, no”, publicado hace siete años en diferentes periódicos latinoamericanos, luego de que Mujica ganara las elecciones uruguayas de 2009. Podrá constatar si hay prejuicios, o consignación de hechos.

Empecemos por la verborragia. Mujica ha dicho en cuanta oportunidad se le presenta, a veces alentado por algún periodista uruguayo que en realidad actúa como vocero, que podría participar como facilitador de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc. Podrá haberse auto propuesto; podrá habérselo pedido unilateralmente a las Farc, pero no hay evidencia de que formalmente la administración Santos haya tenido interés en su concurso. Es más, Henry Acosta, el emisario plenipotenciario durante seis años entre el Gobierno y Timochenko (Timoleón Jiménez, jefe de las Farc), dijo en agosto a la emisora La W de Bogotá que si el Chile de Sebastián Piñera no fue considerado en su momento buen ámbito para las negociaciones, tampoco el Uruguay de Mujica lo era.

¿Mujica pretendía o pretende participar en una negociación de paz, cuando él durante sus cinco años de gobierno azuzó el enfrentamiento entre sus conciudadanos? Desde su audición radial semanal varias veces dejó de ser el presidente de todos los uruguayos, para emprenderla contra los trabajadores, los maestros,  los académicos, los bachilleres, los periodistas, u otro sector de la ciudadanía, descalificándolos.

Verdad, Justicia y no repetición, son elementos primordiales en el presente y el futuro de Colombia. ¿Qué opina Mujica?: —“Yo quiero saber la verdad, pero en la Justicia no creo un carajo”. Por esa razón apoyó la propuesta de su esposa –senadora- de crear una corte de mayor jerarquía que la Suprema Corte de Justicia para realizar un juicio político a los miembros que conformaban este órgano.

Tampoco ha sido honesto con la verdad. No solamente porque no ha reconocido ante la sociedad uruguaya el daño generado durante la década en que atentó con las armas contra la democracia, sino que ha contribuido a enredar la historia reciente, haciendo creer a sus audiencias que él fue un luchador contra la dictadura que imperó en Uruguay entre 1973 y 1985. La realidad es que ni él, ni los tupamaros nada hicieron contra los militares uruguayos en el poder. Lo que sí propiciaron fue darle más pretextos a la dictadura para reprimir al conjunto de la sociedad uruguaya, cuando desde Buenos Aires crearon en 1974 la fatídica Junta Coordinadora Revolucionaria junto a las guerrillas argentina, boliviana y chilena.

Más allá de que Mujica haya padecido especialmente duras condiciones de cárcel durante la dictadura, ¿sería capaz de sincerarse y decirle a los colombianos que él no solamente recibió varios impactos de bala en un enfrentamiento armado, como repite cada vez que se presenta la oportunidad – y omite recordar que se le respetó la vida y fue curado en un hospital militar-, sino también que de manera mafiosa, ordenó matar a un funcionario policial que en los sesenta simplemente cumplió con su obligación de denunciar la presencia de tupamaros en un sitio público cuando delinquían?

¿Mujica estaría en condiciones de participar del período del postconflicto colombiano, en el que se debe planificar estudio y trabajo para miles de ex guerrilleros? Él ha propuesto como sistema de vida para los uruguayos -a los que califica de perezosos- el de los bosquimanos de la tribu africana Kung San, porque son “el ideal del hombre que se manda a sí mismo y que labura [trabaja] dos horas por día”.

Una cosa es hablar de la imperiosa necesidad de mejorar la educación que tienen los países latinoamericanos, y otra, es la realidad. Mujica, en 2010 anunció un cambio “radical” en la deteriorada educación uruguaya “Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos”  y terminó reclamándole a los maestros uruguayos que si quieren“ganar más” [que] “se consigan otro empleo”, para agregar “hay que juntarse y hacer mierda a los gremios (de la enseñanza), no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino”.

Uruguay, junto a Colombia, ocupa la peor ubicación en la lista de países en las pruebas PISA y Mujica ya no puede responsabilizar, como hacía desde la oposición, a los anteriores gobiernos: su partido gobierna desde hace 12 años el país; y hace más de un cuarto de siglo que lo hace en la capital, Montevideo.

No ha sido un buen ejemplo. Su desaseo personal, su regocijo porque al parlamento uruguayo accedieran menos graduados universitarios que en otras legislaturas; su definición de que “lo político está por encima de lo jurídico”, para justificar el espurio ingreso venezolano al Mercosur, no configuran algo positivo para el posconflicto colombiano.

Tampoco el ex presidente uruguayo es el mejor ejemplo de “no repetición”. Hasta una década después de recuperada la democracia en Uruguay, los tupamaros mantuvieron latente la posibilidad de retomar la vía armada para hacer su revolución. Lo ha confesado un ex compañero de Mujica, el también exjefe tupamaro Jorge Zabala, cuando relató cómo en 1994, armados, planificaron el bloqueo a una decisión de la justicia uruguaya para extraditar a tres etarras que se habían ocultado en Uruguay. En esa provocación tupamara, en que Mujica barajó la posibilidad de enfrentar con armas de fuego a la policía, perecieron dos uruguayos y hubo decenas de heridos fruto de la represión policial.

Mujica emplea horas en sus interminables discursos hablando de la solidaridad y el amor, pero en mayo pasado confesó en Argentina que los cinco ex presos de la cárcel norteamericana de Guantánamo llegados a Uruguay durante su presidencia en 2014, en realidad  fue un acuerdo comercial: «Para venderle unos kilos de naranja a Estados Unidos” [me tuve] que “bancar a cinco locos de Guantánamo”.

Sobre los refugiados sirios, cuya llegada a Uruguay en plena campaña electoral de 2014 también fue altamente promocionada como un logro “del Pepe”; terminó con críticas de Mujica a los inmigrantes; y estos, hastiados de la incompetencia administrativa y carencia de previsión -como casi todas las medidas de Mujica – acampados ante la Casa de Gobierno de Montevideo, prefiriendo regresar a Siria antes que permanecer en Uruguay.

El periodismo colombiano es digno de respeto y solidaridad. Así lo expresé en Santiago de Chile ante colegas latinoamericanos durante el encuentro de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (Aipef), en noviembre de 2013, en ocasión de ofrecer un panorama de la situación de libertad de prensa en Colombia, en la sala de actos de la CEPAL. Desde ese posicionamiento, sugiero a los colegas colombianos que profundicen sobre aspectos tratados en esta columna y sobre los logros del gobierno de Mujica.

¿Qué ocurrió con la educación, con la salud,  con la seguridad ciudadana, con la que iba a ser “la madre de todas las reformas”, o sea la reforma del Estado, al que ingresaron miles de funcionarios públicos durante su gobierno, cuando dispuso de cinco años de bonanza económica internacional?

Fracasó en su iniciativa de aumentar la contribución impositiva a la concentración de tierras, que terminó siendo declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Quizás sea prudente, en lugar de presentarlo ante la audiencia o lectores colombianos como “viejo sabio”, preguntarle a “Pepe” sobre la herencia que legó  al actual gobierno, también del Frente Amplio, que debe resolverse mediante un ajuste fiscal. O, acerca de la desastrosa administración del ente estatal monopólico petrolero uruguayo (Ancap), sobre la que la justicia investiga si hubo fraude, incompetencia, o ambas cosas. También sobre empresas de sus correligionarios cuyos negocios con Venezuela son objeto de investigaciones parlamentarias.

“No traguen entero” sobre su presunta pobreza: no es tal, el sueldo de su esposa, senadora y frustrada aspirante a sucederle en la presidencia, así como derrotada candidata a la intendencia montevideana, es de 11.950 dólares, equivalentes a 33 salarios mínimos. Similar al sueldo de un legislador colombiano. Posee unas hectáreas de tierra- de las que nunca dio razón de compra- y, por otra parte, él mismo niega ser “pobre”.

Tampoco se dejen engatusar por su juego de palabras vacías, cuando no irrespetuosas: en setiembre de 2015, hablando delante de miles de jóvenes que en Medellín asistieron a la VII Conferencia del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, utilizó definiciones de estadista: ”Nuestros países deben dejar de bajarse los pantalones” con los poderosos del mundo. En setiembre afirmó en España que Argentina y Brasil  «están cagando arriba de la mesa de los vecinos. La puta que los parió. ¡Qué desastre! Parecen dos repúblicas bananeras”.

Naturalmente que comparado con los exabruptos y confesiones de delitos de Donald Trump, lo de Mujica pasa desapercibido».

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“De pronto el festejo anticipado del Sí que fue esa movida con presencia de invitados especiales, en realidad restó otro porcentaje de votos. De esperar al presidente Barak Obama, a la primera ministra alemana Ángela Markel y a Jorge Bergoglio (Francisco), al final del día, los que estuvieron como grandes personajes fueron Raúl Castro y Nicolás Maduro, figuras para nada apreciadas por tirios y troyanos en Colombia.

Incertidumbre de zona gris. Con esa sensación amaneció Colombia la mañana siguiente del domingo en que la mayoría ciudadana rechazó el acuerdo negociado durante seis años entre el Gobierno y las Farc.

En 13 millones de votos emitidos, 6´430.653, fueron por el No (50,22%); y 6´373.563, por el Sí.

La abstención alcanzó el 62% del cuerpo electoral (32´500 mil inscriptos), la más alta en los últimos 22 años, pero la sensación es que el país está dividido respecto a cómo debe finalizar el conflicto iniciado por las Farc desde 1964.

El Plan B, si así lo habían diseñado los respectivos actores de esta instancia, no se hizo esperar. El presidente Juan M. Santos, principal derrotado del domingo, adelantó que se mantiene lo acordado en La Habana respecto al cese del fuego bilaterial, desde que es potestad del Presidente de la Republica mantenerlo o no, pero también dijo que la fecha límite de esa situación es el 31 de octubre. Convocó a sus vencedores a incorporarse al rediseño que se hace imperioso realizársele a un acuerdo que llegó a tener el respaldo de toda la comunidad internacional.

Las Farc, a través de su jefe Timochenko (Rodrigo Londoño), reafirmaron que se mantienen en la búsqueda de la paz y que su gente no vuelve a la guerra, aunque el martes 4, Timochenko preguntó si en noviembre regresa la guerra.

El expresidente Avaro Uribe, con un evidente cambio de tono, adelantó que él también propone “un gran pacto nacional”

¿Qué pasó el domingo? Las encuestadoras se habían equivocado feo: todas las firmas dedicadas a sondeos daban un triunfo del Sí en el entorno de 65 a 35. Todos los medios de comunicación importantes, a excepción de RCN radio y RCN Televisión, estuvieron a favor del Sí, y lo mismo los principales columnistas del país, con excepción de unos pocos partidarios del No.

“Perder también es ganar”. La frase del DT Francisco “Pacho” Maturana pronunciada cuando estuvo al frente de la selección colombiana de futbol, ha quedado en el imaginario del país cafetero y se la evoca en las más disimiles situaciones. En este caso, aplica para quienes legítimamente entienden que el país perdió una oportunidad; pero también pueden emplearla quienes legítimamente votaron No porque no les conformaba a la totalidad de las 297 páginas acordadas en La Habana, aunque desean tan fervientemente el fin del conflicto como sus ocasionales adversarios del domingo en las urnas.

¿Qué hubo errores y falsedades durante la campaña? Ni hablar. Desde el Sí, se dijo que de no ganarse el plebiscito pasarían 10 años antes de volver a negociarse un acuerdo, y que el gobierno y las Farc se verían “dentro de 20.000 mil muertos”. El lunes 3, viajaron a Cuba los negociadores gubernamentales a reunirse con las Farc.

Se utilizó todo el peso del aparato estatal al servicio del Sí, algo muy cuestionado por quienes no estaban afines a esa posición.

El acto en Cartagena del lunes 26, el mismo día en que moría el pequeño Yorman Felipe González (6), al pisar una de las miles de minas sembradas en veredas y sitios frecuentados por población civil, incluidos proximidades de las escuelas rurales, quizás fue un removedor para un sector de votantes.

De pronto el festejo anticipado del Sí que fue esa movida con presencia de invitados especiales, en realidad restó otro porcentaje de votos. De esperar al presidente Barak Obama, a la primera ministra alemana Ángela Markel y a Jorge Bergoglio (Francisco), al final del día, los que estuvieron como grandes personajes fueron Raúl Castro y Nicolás Maduro, figuras para nada apreciadas por tirios y troyanos en Colombia.

La ex senadora Piedad Córdoba, quien ha cumplido un papel de enlace entre el Gobierno y la dirigencia de las Farc, -que incluso le costara un enjuiciamiento y pérdida de su banca dos hechos impulsados por la derecha colombiana- subrayó que “esta paz” los colombianos se la debían a Hugo Chávez. Declaración, por lo menos, desafortunada. Chávez fue durante años el suministrador de recursos y asilo a los jefes de las Farc; así como uno de los beneficiarios del negocio del narcotráfico manejado por esa guerrilla., desde que Venezuela es una de las principales rutas de salida de la coca.

El No también embarró la cancha. El ex presidente Uribe permanentemente utilizó el eslogan de que Colombia sería entregada al “castro-chavismo”. La Iglesia Católica, soterradamente; y las cristianas- que agrupan a siete millones de seguidores- más abiertamente, confundieron a su feligresía. Como en el documento de La Habana se incluye el concepto de género, desde que la mujer ha sido la victima principal de la violencia en todos sus aspectos, lo transformaron en la muletilla de “la ideología de género” y predicaron que con el Sí se impondría el aborto, la eutanasia, la adopción de menores indiscriminada por homosexuales.

La prueba del nueve la aportó el lunes 3 el ex Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez, hombre del Opus Dei, quien twitteo: ”Ha votado la Colombia Creyente”, en confirmación de que las multitudinarias manifestaciones religiosas registradas en agosto contra “la ideología de género”, reaparecieron votando por No.

Naturalmente que en ambas tesituras expresadas en las urnas confluyen diferente posiciones. En los votantes del No existen reales argumentos relativos a la justicia transicional; a la adjudicación de diez de las 268 bancas del Congreso durante dos periodos electorales consecutivos a las Farc; a la reforma del agro acordada, entre otros aspectos.

La mañana siguiente, es una enseñanza del líder de la izquierda uruguaya Líber Seregni (1916 -2004). Decía que siempre, siempre, en política se debe pensar en “la mañana siguiente”. Y Colombia hoy vive su mañana siguiente: los partidarios del Sí y del No ya designaron sus representantes para renegociar lo pactado en La Habana. El comandante del Ejército, general Alberto J. Mejía, en un mensaje dirigido a los 200.000 uniformados ha dicho que “es un ejército de honor” y cumplirá su palabra de cese del fuego. Los 29 generales de la Policía Nacional, previamente al plebiscito, enviaron un mensaje a la ciudanía en el que llamaban a vota por Sí porque es”la ahora del perdón y la reconciliación”. Uribe ha dicho en las últimas horas que se debe resguardar a los guerrilleros que ya se han concentrado en los puntos asignados. Si bien la dejación de armas y la de movilización se congelan, las Farc también aseguran que desean la paz.

Los expertos en el conflicto también advierten que esta detente en el cronograma que desembocaba en el ansiado posconflicto, no puede ser muy dilatado. El tiempo conspira contra el mantenimiento de la situación que surgió de las urnas.

Por lo pronto, el lunes el ejército destruyó dos campamentos para albergar a 30 guerrilleros del ELN en el departamento del Cauca; y el martes, hubo dos voladuras de oleoducto, atentado en que son especialistas los ‘elenos’ como aquí se les llama”.

Fuente Contenido e Imagen: www.analisislatino.com

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Además de los países del MERCOSUR y Chile, Uruguay también procura posicionarse como destino turístico en Latinoamérica, en aquellos países comprendidos entre México y el referido bloque regional, informó Presidencia de la República.

Durante la presentación de la campaña publicitaria “Verano 2012-2013” que se realizó este jueves 22 en el Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD), se exhibió un material audiovisual específico destinado a ese mercado, bajo el eslogan “Yo, en Uruguay”.

En ese sentido, el director nacional de Turismo, Benjamín Liberoff, expresó que al año arriban unos 100.000 turistas de América Latina sin contar a Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

El jerarca agregó que “en particular, en el último período, nos ha interesado el desarrollo de los mercados de Colombia y Perú porque tenemos facilidades de vínculo más grandes de los que teníamos antes y ahora están creciendo”.

Liberoff señaló que “los colombianos que visitan Uruguay ya son más de 20.000 al año y en el caso de Perú podemos crecer mucho más. Figuramos muy por debajo de lo que estamos en condiciones de captar”.

En términos económicos, el jerarca sostuvo que en esos países el PBI creció en forma constante en los últimos años, incluso por encima de la media latinoamericana.

Esta posibilidad, según el ministro interino Carámbula, se favorecería por la conectividad aérea que existe entre Montevideo y Lima, la aceptación de Uruguay como observador del bloque Alianza del Pacífico y las crecientes inversiones de Colombia en el país”.

Uruguay en paquetes turísticos

Liberoff indicó que el número de colombianos y peruanos que viajan al sur del subcontinente se incrementó. “En esos mercados tratamos de apostar al multidestino, donde nuestro país no es el fin último del viaje”, adelantó. Y agregó que una posibilidad es estimular a los operadores turísticos que incorporen la opción de dos noches y tres días de alojamiento en Uruguay.

Por su parte, Carámbula mencionó que recientemente dialogó con autoridades del principal operador turístico colombiano, Aviatur, procurando fomentar la llegada de turistas colombianos a Uruguay.

“El acuerdo que logramos con Aviatur consiste en que las compañías aéreas incluyan a Uruguay en paquetes turísticos” de forma que los visitantes arriben a través de nuevas conexiones. También mencionó que nuestro país ha participado en diversas ediciones de la Feria de Turismo ANATO de Bogotá.

Turismo colombiano

Liberoff sugirió que si nos referimos a Colombia “no hay que pensar solo en Bogotá sino también en Medellín”. Por su parte, Carámbula recordó que existen convenios de cooperación entre las ciudades de Medellín y Colonia como así también entre Medellín y Montevideo. Las ciudades de Colonia del Sacramento y Cartagena de Indias, ambas declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO también están hermanadas por esa vía.

Carámbula afirmó que “el hecho de que Venezuela se integre al MERCOSUR también nos da una oportunidad para la promoción en ese mercado, en el que no hemos crecido tanto en los últimos años”.

Fuente Imagen: turismouruguayo.com

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Si bien esta reducción ha favorecido a América Latina y el Caribe, en la región aún existen 14.1 millones de niñas y niños que trabajan, de los cuales 9.4 millones lo hacen en trabajos peligrosos. Para el caso colombiano, las más recientes cifras Departamento Nacional de Estadística (Dane) advierten que para 2007, en el país había 1.628.300 niñas y niños trabajadores entre 5 y 17 años, quienes se exponen a múltiples factores que ponen en peligro su salud e impiden su libre y sano desarrollo.

Para enfrentar esta realidad, el programa Proniño de la Fundación Telefónica celebrará el III Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, ‘Redes e Innovación para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil’, el cual se llevará a cabo entre el 3 y 4 de noviembre de 2010 en la ciudad de Bogotá.

El Encuentro tiene como objetivo consolidar una red internacional de personas y organizaciones que intercambien prácticas y generen vínculos e iniciativas que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos del Milenio y ayuden a erradicar el trabajo infantil en América Latina.

En esta oportunidad, el Encuentro aporta una importante novedad en cuanto a su formato que incluye el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), como elemento articulador del mismo. Por esta razón, esta cita internacional tendrá una primera fase virtual que se desarrollará entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, días antes de comenzar la cita presencial.

El III Encuentro Internacional cuenta con el apoyo y la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Programa IPEC, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (Preal) y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El programa Proniño tiene por objetivo contribuir significativamente a la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica, mediante una educación de calidad, sostenida y sostenible. A mayo de 2010, Proniño ha atendido a 171.473 niños, niñas y adolescentes y actualmente trabaja de forma continua con 5.247 centros educativos y con 116 ONG, en América Latina.

Fuente: Voz y Vos El Abrojo.

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Este seminario forma parte de una serie de capacitaciones organizadas por la consultora argentina sobre temas relacionados con al Responsabilidad Social Empresaria. El martes 17 de agosto se realizó el 1° Seminario Internacional de RSE en la Escuela de Negocios INALDE; el evento contó con la participación de las siguientes autoridades:

Mauricio López, Director Ejecutivo de la Red Local del Pacto Global de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo de ANDESCO – Colombia, Héctor Crespo Figueras, Presidente de HRC Consultores en estrategias de comunicación – Argentina, Hans Nieto Torres, Director de Comunicación y RSE para América Latina de INDRA – Chile, Fernando Loiza, Presidente de Fundación Junior Achievement | Colombia Emprendedora – Colombia, Martha Cecilia Suárez, Responsable del aseguramiento y la implementación de los sistemas de gestión en responsabilidad social de Petrobras – Colombia, Juan Guillermo Hoyos, Profesor de grado y postgrado de la Universidad de La Sabana – Colombia, Samuel González Guzmán, Presidente de Fundación E – México.

Este ciclo de seminarios comenzó  el año pasado en Montevideo, Uruguay, y continúa nuevamente en el mismo país el próximo 18 de noviembre. Más de 70 inscriptos participaron activamente del debate en las aulas del INALDE.

Héctor Crespo Figueras, destacó  el alto nivel de los conferencistas y sus ponencias. Asimismo concluyó que “la RSE debe entenderse como parte del deber ser de las organizaciones y no una acción añadida por imperio de las circunstancias, ya que atraviesa toda la cadena de valor y se asocia a la gestión estratégica de la compañía”.

El evento lo cerró Jairo Ernesto Guzmán Piñeros, Director del Instituto de Posgrados de la Universidad de La Sabana con unas palabras elogiosas a todos los que participaron y alentando a todos a construir mejores empresas.

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El jurado uruguayo recibió quince propuestas de obras ya concretadas para participar, de las cuales eligió ocho, entre ellas la Nueva Terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Quienes estuvieron a cargo de la selección son especialistas en el rubro “Obras”, representando a las autoridades en la materia en nuestro País. Por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República participó el Arq. Arturo Silva Montero, el Arq. Rodolfo Juanche por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y el Arq. Alejandro Baptista Vedia, por acuerdo de estas instituciones y Nery González, coordinador en Uruguay de la Bienal.

Las ocho obras uruguayas fueron evaluadas en España, por un jurado iberoamericano de alto nivel, entre más de cien propuestas de quince países. La lista final contiene treinta y cinco obras arquitectónicas que participarán de la VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, siendo la Nueva Terminal del Aeropuerto de Carrasco la única uruguaya.

Una vez más, el Aeropuerto de Carrasco se enorgullece de la Nueva Terminal, que ha otorgado gran satisfacción a todos los uruguayos.

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