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18 de agosto de 2015.

Washington, D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia que habrían cometido funcionarios públicos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en contra de adolescentes privados de libertad, en un Centro de Privación de Libertad (Ceprili) en Montevideo, Uruguay. La CIDH insta al Estado a continuar con las investigaciones judiciales emprendidas, sancionar a los responsables y adoptar medidas a fin de evitar que se repitan hechos similares.

De acuerdo a la información disponible y a un video de las cámaras de seguridad del Ceprili, dos adolescentes detenidos en el Ceprili habrían iniciado disturbios el 24 de julio de 2015 en la sección de celdas, mientras los funcionarios del INAU estaban en una reunión sindical en el mismo edificio. Más de 30 funcionarios del INAU ingresaron a la sección de celdas perpetrando acciones violentas hacia los internos, quienes al momento de ser atacados estaban desarmados y en ningún momento se les ve en el video oponiendo resistencia. Los funcionarios públicos arrojaron a los adolescentes al suelo y los agredieron con puñetazos y patadas. Luego utilizaron extintores para incendios a fin de dominar por asfixia a otros adolescentes.

“El video es profundamente perturbador”, dijo la Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH Comisionada Rosa María Ortiz. Esos funcionarios están obligados a otorgar un trato digno a los adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado, privados de libertad en el marco de un proceso que pretende ser de rehabilitación. La violencia sólo enseña violencia y lo ocurrido debe ser investigado para determinar responsabilidades por estos actos de trato indigno e inhumano. Además el Estado debe implementar medidas de no repetición”.

La información recibida señala que dirigentes del sindicato de trabajadores del INAU declararon a los medios de comunicación que los hechos registrados en este video son prácticas “usuales” en los centros de privación de libertad para adolescentes en Uruguay.“Nos resultan particularmente preocupantes las declaraciones que indicarían que estos hechos no fueron una excepción, sino una práctica extendida”, agregó la Relatora. El Estado ya ha recibido un alto número de recomendaciones de los diversos organismos de derechos humanos. Las autoridades estatales deben adoptar de manera urgente medidas de no repetición, tales como las prácticas de justicia restaurativa y los protocolos que antes que enfrentamiento privilegien el diálogo y programas de soluciones alternativas y no violentas de conflictos. Para ello, debe crear las condiciones estructurales y administrativas, con personal idóneo, y deshacerse de los funcionarios que no comulguen con estas prácticas”.

La Relatora destacó además que “el Sistema de Justicia Juvenil no se inicia cuando el adolescente comete un delito, sino con acciones de prevención a nivel local, que desalienten el delito, a través de propuestas alternativas”. Asimismo, reiteró la importancia de trabajar con profesionales adecuadamente capacitados para llegar a los sujetos desde su realidad. “Diversos estudios señalan que los adolescentes se involucran con el delito por dinero, por ‘ser alguien’, por una búsqueda de identidad, de afirmación y de pertenencia que la sociedad no les ofrece. Los programas de prevención deben, por tanto, abordar las causas con propuestas apropiadas y significativas, que se ubiquen en el lugar y necesidad de los jóvenes y, a la vez de escucharlos e incluirlos, los protejan del crimen organizado que los utiliza aprovechando su indefensión”.

La Relatora visitó los centros de privación de libertad para adolescentes en Uruguay en 2014, y observó condiciones inhumanas, denuncias de tortura y malos tratos, falta de funcionarios capacitados y de actividades educativas y recreativas dirigidas hacia la rehabilitación y reintegración. En el examen periódico correspondiente a Uruguay realizado este año, el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU señaló su preocupación por “denuncias de uso excesivo de la fuerza e imposición de castigos colectivos en los centros de reclusión, del confinamiento de los niños y los adolescentes en sus celdas”. Otras organizaciones han expresado su preocupación por este tema, entre ellas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay en diciembre de 2014, la Organización Mundial contra la Tortura en marzo de 2015.

La CIDH reitera su satisfacción por el rechazo de la propuesta de rebaja de la edad penal de los 18 a 16 años, a través de un referéndum en octubre de 2014. Asimismo, la CIDH saluda la iniciativa de creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) para la coordinación de la ejecución de medidas socioeducativas, y urge al Estado que asegure los fondos, la estructura y el personal capacitado de manera adecuada para el éxito de la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

En cambio, la Comisión Interamericana expresa su preocupación por los cambios legislativos que han agravado las sanciones a adolescentes en el sistema de justicia juvenil por la entrada en vigencia de la Ley 19.055. Asimismo, resulta preocupante el uso excesivo de la privación de libertad, en menoscabo de la adopción de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad, las cuales favorecen la rehabilitación y la reinserción social. “Se piensa que el lugar del joven infractor es la cárcel, y no se comprende por qué no funciona esta medida. Hoy se sabe que la cárcel no reeduca y es el lugar donde el crimen organizado se fortalece. Es tiempo de apostar, con decisión, a la prevención y a la justicia restaurativa”, señaló la Relatora.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Lanza fue seleccionado entre más de 60 postulantes de las Américas, junto a otros cinco candidatos/as que ahora participarán de un proceso público en el que se exhibirán sus hojas de vida a los efectos de que la sociedad civil, los Estados y otros actores de la región hagan llegar los comentarios, observaciones y aportes que crean del caso. Finalmente, los candidatos se entrevistarán con los siete comisionados de la CIDH que, con todos estos elementos, seleccionarán al próximo relator/a.

Hay que destacar que el proceso de selección de un nuevo Relator/a constituye una instancia clave para el fortalecimiento de esta institución creada hace más de una década en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En un contexto en el que algunos Estados han pretendido recortar las atribuciones de la Relatoría, e incluso eliminar la calidad de relator especial, la elección de un nuevo experto independiente bajo un proceso transparente, constituye una señal de continuidad y fortalecimiento.

La Coalición destaca esta nominación como un merecido reconocimiento al compañero por su trayectoria en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información, su conocimiento de la materia y su independencia de los distintos intereses y poderes que juegan en torno a estos derechos, siempre en disputa.

Del mismo modo, la nominación también encierra un reconocimiento a los cambios que se vienen produciendo en materia de comunicación democrática en Uruguay, a través de un proceso que cuenta con amplia incidencia de la sociedad civil. En este sentido no se puede soslayar que el candidato forma parte de un movimiento social que incidió en la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, la despenalización de los delitos de comunicación, la Ley de Acceso a la Información Pública, el CTC sobre libertad de expresión, medios y derechos de niños, niñas y adolescentes, y el proceso en marcha para aprobar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Invitamos a las organizaciones amigas, a los medios de comunicación, a las universidades y las instituciones estatales con competencia en los temas que aborda la Relatoría a acompañar la candidatura, enviando una carta de apoyo .

El plazo para presentar observaciones es del 1º de mayo al 31 de mayo de 2014, inclusive. Las observaciones deben ser enviadas a cidhoea@oas.org, con las siguientes palabras en el asunto del mensaje: “Concurso Relator/a para la Libertad de Expresión”.

La CIDH entrevistará a los finalistas durante el 151º Período de Sesiones, que se realizará en su sede en Washington, D.C., entre el 14 y el 26 de julio de 2014. En esas mismas sesiones la CIDH anunciará a la persona seleccionada para ocupar el cargo. La fecha de inicio de labores es el 6 de octubre de 2014. En concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la CIDH, el/la Relator/a es designado por un período de tres años, renovable por un período más, a menos que el mandato de la relatoría concluya antes de que se cumpla ese período.

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Coalición por una Comunicación Democrática

http://www.infoycom.org.uy/

Somos una coalición de la sociedad civil creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales. El colectivo surge en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país, y tiene como misión promover y aportar al pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso a la información, la igualdad y la no discriminación y a la producción nacional en la cultura.

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