Agenda Tentativa.

https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/ursec/fffaf1cd-9322-49cd-a1af-b7065baf0a8a/Agenda.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fffaf1cd-9322-49cd-a1af-b7065baf0a8a

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La misma tendrá lugar el viernes 17 de julio y contará con la participación de los doctores Martín Risso, Daniel Ochs, José Korzeniak y Ruben Correa Freitas y del Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella de la República Argentina, doctor Roberto Gargarella.

La jornada concluirá con la participación del doctor Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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El proceso de elaboración de las bases de una LSCA se inició en 2010 con la conformación de un Comité Técnico Consultivo convocado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y contó con la participación de una diversidad de actores vinculados a la comunicación, asociaciones de propietarios de medios, asociaciones de publicistas, asociaciones de productores, academia, y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba la Coalición por una Comunicación Democrática. Los debates, documentos y conclusiones de ese espacio fueron públicos, tuvieron un amplio margen de acuerdo y están disponibles para todos en la web de DINATEL. Por este motivo, la Coalición criticó en varias oportunidades el largo período de tiempo que medió entre aquel proceso y la elaboración del proyecto de ley definitivo por parte del Poder Ejecutivo.

El hecho de que por primera vez desde restauración democrática, el Parlamento discuta una legislación para los medios de comunicación, es un hecho significativo para la calidad democrática. Por otra parte, el nivel de discusión y elaboración con el que llega el proyecto de ley, abre la expectativa de que sea posible avanzar rápidamente en la discusión y aprobación del texto.

Un primer análisis del proyecto enviado al Parlamento permite aventar los fantasmas que se agitan sobre la violación de libertades fundamentales con la aprobación de la LSCA. Sin perjuicio de que la Coalición realizará un estudio en profundidad del proyecto, no se observan en el mismo, disposiciones que suponga una intromisión del Estado en los contenidos informativos, ni mecanismos de censura indirecta o condicionamientos al trabajo de los medios y los periodistas.

En ese sentido, es necesario recordar que la legislación vigente es la que violenta todos los principios y fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. Son conocidos los niveles de concentración del sector privado de la comunicación, la existencia de testaferros que concentran más cantidad de medios que los permitidos por ley, la poca eficiencia de la autoridad regulatoria, la violación de derechos de distintos colectivos que ocurren en los principales medios y el abuso en la exposición publicitaria, entre otros aspectos.

En ese sentido, el actual proceso de asignación de las frecuencias para emitir en televisión digital demuestra la necesidad de una regulación democrática.

Si bien el decreto que regula la asignación de estas frecuencias respeta varios estándares de diversidad y pluralismo (al establecer frecuencias con plazos, tres sectores en la comunicación y concursos públicos), la coalición sigue reclamando por la igualdad de condiciones para evaluar las ofertas de todos los oferentes a emitir en la televisión digital, incluyendo a los actuales operadores.

Por esto, una vez más, volvemos a reclamar el rápido tratamiento de este proyecto en el parlamento y su aprobación en este periodo de gobierno.

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Coalición por una Comunicación Democrática

comunicaciondemocraticauy@gmail.com

http://comunicaciondemocratica.blogspot.com/

face: coalicion.comunicaciondemocratica

Reuniones: Sede APU, San José 1330

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La Coalición por una Comunicación Democrática CCD quiere reconocer la diligencia y celeridad con la que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) asumió la denuncia presentada oportunamente y destaca especialmente que haya considerado el actual proceso de transición de la TV Analógica a la Digital como un asunto fundamentalmente de derechos humanos, que potencialmente puede afectar la plena vigencia de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.

También queremos destacar que el Ministerio de Industria y Energía (MIEM) anuncia en su respuesta a la INDDHH que tiene previsto “reanudar” el concurso para asignar frecuencias para la transición a la televisión digital, suspendido por el Poder Ejecutivo el 23 de enero último.

Al tiempo de reconocer la actitud y disposición de la INDDHH, volvemos a manifestar nuestra preocupación con las dilatorias para realizar el llamado a interesados en operar la televisión digital por parte del Ejecutivo, dado que en el marco de los derechos en juego en este cambio de paradigma tecnológico para la televisión, el transcurso del tiempo juega un papel fundamental. Como el propio Poder Ejecutivo lo reconoce, de no realizarse la asignación de licencias para operar el servicio de televisión digital antes del 26 de octubre próximo, el proceso quedará detenido hasta 2016 por imperio de la ley. Por ello esperamos que se cumpla este nuevo anuncio hecho por el MIEM.

Sobre los cambios al decreto 437/012

La segunda parte de la respuesta refiere a la aprobación del Decreto 437/012 del 31 de diciembre de 2012, que a juicio del MIEM, “tiene como objetivo esclarecer y profundizar algunos aspectos instrumentales del procedimiento, en particular lo referido a la forma de presentación de los actuales titulares del servicio de radiodifusión comercial”.

En este punto no tenemos el honor de compartir el criterio del Poder Ejecutivo que se resume en las siguientes ideas: a) lo que hace es tratar “de forma diferencial a quienes no son iguales”; y b) “el principio de Igualdad implica medidas de acción positiva que posibiliten dar un trato diferencial a situaciones efectivamente distintas, diferenciación que no violenta el citado principio sino que, por el contrario, propende a su aplicación”.

Como seguramente la INDDHH lo podrá explicar con mayor precisión que nosotros, este principio supone la discriminación positiva a las personas o grupos más vulnerables o que han sido discriminados o postergados por distintas razones socio-culturales. Es insólito que el MIEM quiera aplicar este principio a los grupos de comunicación más poderosos del país, que justamente han sido favorecidos históricamente con toda clase de beneficios y privilegios, muchos de los cuales han sido otorgados en forma directa, poco transparente y antidemocrática.

La demorada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por último, nos referimos en el presente escrito al anuncio hecho por el MIEM en su respuesta de un pronto envío del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Parlamento. Como es de público conocimiento la CCD promueve e impulsa desde hace cuatro años la adopción de una regulación legal moderna y bajo estándares internacionales para los servicios de comunicación, que hasta la fecha siguen siendo regulados por un marco normativo fragmentario, dominado por la ley 14.670 aprobada durante la dictadura militar.

Con respecto a futura ley SCA, el MIEM asegura que el proyecto de ley se encuentra en etapas finales de elaboración. En respuesta a la INDDHH señaló que “es intención del MIEM elevar el proyecto a consideración de la Presidencia de la República y del consejo de ministros a la brevedad a fin de que una vez aprobado sea remitido al poder legislativo”.

Desde la CCD se quiere volver a insistir en la urgencia de aprobar esta norma, necesaria para sustituir la actual ley de radiodifusión aprobada durante la dictadura, que violenta estándares de libertad de expresión pluralismo y diversidad.

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Fuente: Comunicación Audiovisual.

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SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

“Ante los decretos del Poder Ejecutivo del 31 de diciembre y 23 de enero pasados sobre TV digital los integrantes de la Comisión Honoraria Asesora Independiente manifestamos las siguientes preocupaciones:

El decreto del 31 de diciembre de 2012, al realizar el llamado a interesados a brindar servicios de televisión comercial digital en Montevideo, estableció una modificación al decreto del 11 de mayo de 2012 en un sentido que entendemos no corresponde.

En efecto, en los considerandos se reitera la conveniencia de “propiciar la continuidad de los actuales servicios de radiodifusión de televisión comercial en el nuevo entorno digital” y se afirma luego que el decreto de mayo de 2012 no recogió esta intención. Sin embargo cabe recordar que dicho decreto reservó un canal para que los actuales adjudicatarios continúen ofreciendo los mismos servicios que hoy, compartiendo una frecuencia entre los tres, algo que la nueva tecnología digital permite.

No corresponde, en cambio, adjudicarle a cada uno de ellos un canal completo (6 Mhz), porque ello equivale a habilitar, para cada empresa, una señal en alta definición (HD), hasta tres señales en definición estándar (SD) dependiendo de la compresión (MPEG-2 o MPEG-4), una señal para recepción en telefonía móvil, computadores portátiles o vehículos, además de servicios interactivos. Dado que estas empresas no ofrecen esta variedad de servicios audiovisuales actualmente, deberían competir en igualdad de condiciones con los nuevos interesados que deseen presentarse si quieren ofrecer estas nuevas posibilidades.

El decreto del 31 de diciembre, sin embargo, adjudica a estas tres empresas un canal completo, excluyéndolos, entre otras cosas, de la evaluación de esta Comisión Asesora y de la Audiencia Pública en la que debían presentar su propuesta a la ciudadanía. Se establece así una desigualdad indebida entre los distintos oferentes y se elimina un elemento clave de transparencia y participación ciudadana en el proceso de adjudicación. Sienta además un mal precedente para futuras adjudicaciones (por ejemplo en el interior del país) y hace perder buena parte de su sentido al trabajo de esta Comisión, que integramos honorariamente a solicitud del Poder Ejecutivo.

El decreto del 23 de enero, por su parte, suspende el llamado a interesados para Montevideo, fundado en el hecho de que habría eventuales oferentes que requieren más plazo. Pero en lugar de extender el plazo se establece solamente la suspensión y, hasta el día de hoy, no se ha vuelto a abrir el llamado.

Esto resulta sumamente preocupante porque se corre el riesgo de paralizar el proceso de implementación de la televisión digital en el país hasta 2015. Cabe recordar que, a partir del 26 de octubre ya no es posible realizar adjudicaciones de radio y televisión, porque como establece la Ley 17909 de 2005, éstas no pueden realizarse un año antes y seis meses después de las elecciones nacionales. Cabe recordar también que a este llamado para Montevideo deben seguir otros para el interior, así como los correspondientes al sector comunitario que ni siquiera llegaron a abrirse.

En caso de que este riesgo se concrete la sociedad uruguaya verá postergada la posibilidad de contar con nuevas ofertas televisivas, permaneciendo sólo los actuales adjudicatarios.

Esta demora se suma a otras que han hecho que, desde que se tomaron las primeras decisiones sobre este tema en nuestro país en 2007, no haya podido concretarse efectivamente el despliegue de la televisión digital, con marchas, contramarchas e indefiniciones que han inviabilizado el proceso.

Por todo ello, en ejercicio de las funciones asignadas a esta Comisión, recomendamos al Poder Ejecutivo

Que realice con urgencia el llamado a interesados en ofrecer servicios de Televisión Digital y tome los recaudos para que las adjudicaciones puedan realizarse antes del 26 de octubre.

Que al realizar estos llamados no introduzca excepciones para los actuales adjudicatarios como las dispuestas en el decreto del 31 de diciembre pasado.

Manifestamos finalmente nuestra disposición a seguir asesorando honorariamente al Poder Ejecutivo en este tema, en tanto se den condiciones adecuadas para ello. Los integrantes de la Comisión contamos con experiencia y conocimientos que pueden resultar valiosos si se quiere asegurar un proceso de despliegue de la televisión digital efectivo en el país. La intervención de la CHAI en todo este proceso contribuye, además, a la transparencia del mismo. Esperamos, entonces, que estas posibilidades no se desaprovechen”.

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Sin embargo, el proyecto, largamente estudiado por parte de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) y el MIEM, no termina de ser enviado al Poder Ejecutivo y corre el riesgo de no ingresar al Parlamento antes de finalizar el año legislativo. Este proyecto fue elaborado luego de que el gobierno abriera un espacio participativo para sentar las bases de acuerdo a través del Comité Técnico Consultivo que funcionó en el segundo semestre de 2010. En la reunión final del CTC el ministro Roberto Kreimerman adelantó que el proyecto estaría pronto a más tardar a mediados de 2011.

En diversas oportunidades la Coalición advirtió sobre la importancia de la variable temporal, dado que cuanto más cerca de la campaña electoral se envíe este proyecto al Parlamento, más difícil será de ser tratado por la fuerte implicancia de los medios en las campañas político-partidarias.

Recientemente, el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, se reunió con integrantes de la Coalición y recomendó que Uruguay avance en una legislación democrática para la comunicación, en línea con los estándares de derechos humanos.

Por otra parte, la comunicación cambia aceleradamente y se multiplican las pantallas (licitación de televisión digital, IPTV, entre otras), mientras tanto Uruguay mantiene una regulación pobre, dispersa, violatoria de derechos y aprobada durante la dictadura cívico-militar.

Asimismo solicitamos que las autoridades hagan público el proyecto de ley elaborado, en el entendido que se trata de una materia vinculada con el derecho a la información, la libertad de expresión y la democracia. Sería una buena práctica acelerar el envío del mismo al Parlamento, para que no se pierda una nueva legislatura y los temas de comunicación, que involucran a todos los sectores de la sociedad, no continúen siendo regulados por decretos y leyes de la dictadura.

Concentración y extranjerización de los medios de comunicación

La Coalición también quiere manifestar su preocupación por el archivo de la denuncia presentada por organizaciones de la sociedad civil contra la concentración de diez radios en manos del empresario mexicano Ángel González.

En ese sentido recordamos que el gobierno debería enviar el expediente a la Justicia para que ésta determine si nos encontramos ante un grupo económico extranjero que opera en fraude a la ley.

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Breccia, que abrió el pasado viernes 24 de junio el seminario «Pluralidad y Medios de Comunicación» organizado en Montevideo por el Banco Mundial y la agencia IPS, sostuvo que con esa iniciativa el país «avanzó» en esta materia, porque se trata de un tema «central para la democracia». Hay que dar este debate «por la democracia y por las futuras generaciones», enfatizó.

En la tarde se dirigió al público el presidente José Mujica, ante una gran expectativa acerca de los lineamientos para el futuro de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El mandatario no hizo apreciaciones puntuales sobre el proceso aunque reconoció que para aprobar la ley de Radios Comunitarias ya «hubo un gran lío». Se ubicó en un lugar equidistante entre quienes proclaman «la libertad en toda su extensión imaginable, porque tienen la plata para comprarla» y los que quieren que «el Estado regule, dosifique a los medios».

Habló además de la velocidad de los cambios y de trabajar para la «libertad». «Libertad de nosotros mismos, libertad de los oprimidos y libertad de disentir». Se pronunció además en contra de la «libertad para estar de acuerdo en todo» porque esa es la «libertad de los alcahuetes».

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Sigue carta:

Montevideo, 12 de octubre de 2010.

Estimado Presidente.

Don José Mujica,

Presente

De nuestra mayor consideración:

Las organizaciones que firman esta carta se han embarcado en la compleja tarea de aportar ideas para el debate de una política de comunicación democrática, en el marco de la propuesta de construir una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentada por su gobierno, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL).

Lo hacen en el entendido de que la libertad de expresión y el derecho a la información son parte de las libertades y los derechos fundamentales de los seres humanos. Esenciales para la protección de otros derechos y para la consolidación de la democracia.

Estas organizaciones están convencidas de que nadie puede arrogarse el derecho de silenciar a los demás –ni desde el Estado ni desde posiciones privadas dominantes-, ni a recortar el debate libre y público de ideas.

Pero también lo hacen animados en la certeza de que el sistema de medios audiovisuales en Uruguay no solo mantiene limitaciones para el pleno ejercicio de estos derechos, sino que frecuentemente vulnera y silencia a distintos colectivos.

Las organizaciones firmantes integran la Coalición por una Comunicación Democrática y representan de hecho a personas y colectivos que sufrieron limitaciones en su derecho a la libertad de expresión en algún momento: periodistas enjuiciados por informar sobre asuntos de interés público, radialistas perseguidos por no tener una autorización para emitir, colectivos que deseaban manifestar por la diversidad sexual silenciados, personas con discapacidad que no pueden acceder a los medios, mujeres vulneradas por una prédica discriminadora, consumidores abrumados por una publicidad abusiva, sindicatos y organizaciones que han dado peleas en franca desventaja en los medios, productores audiovisuales que no han tenido lugar en los medios, y un largo etcétera.

Por eso consideramos como muy positiva la propuesta de su gobierno, porque pone en debate público, y con una amplia participación, la posibilidad de democratizar el espacio mediático en un momento clave del desarrollo tecnológico y de la transición hacia el mundo digital.

Participamos de este espacio porque creemos que esa transición debe habilitar más opciones y dar paso a contenidos más diversos que los actuales.

Queremos que existan garantías de que tendremos un sistema de medios democrático y diverso, y que nunca más tendremos un mapa de medios dominado por unas pocas familias; para que existan procedimientos públicos y abiertos de asignación de frecuencias que son un bien público; para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan derechos y garantías de de que no serán vulnerados en su dignidad; porque existan instituciones capaces de mediar entre los medios y las personas; y para que los partidos políticos tengan espacios gratuitos en la plaza pública de los medios.

En mérito a estas consideraciones y al compromiso asumido con un cambio real en la comunicación, queremos solicitarle a usted una entrevista para presentarle los principios que animan a la Coalición por una Comunicación Democrática.

Cordialmente lo saludan

Coalición por una Comunicación Democrática:

Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), COTIDIANO MUJER, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República (LICCOM), PIT-CNT, Colectivo Árbol, Teatro El Galpón,  Licenciatura de Comunicación Social (LCS), Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo, Radio Vilardevoz – Amarc, Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC Uruguay, ATABAQUE Grupo cultural afroemerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, La Barca del Sur.

Coalición de la Sociedad Civil por una Política Democrática de Comunicación

correo: comunicaciondemocraticauy@gmail.com – blog: http://comunicaciondemocratica.blogspot.com/

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