“En recientes declaraciones a los medios, el Diputado Jaime Trobo, expuso la idea de creación de un Consejo Asesor, compuesto por representantes de los partidos políticos en el seno de la Dirección de Vinculación del MRREE.

Trobo ha demostrado una predisposición política valorable para atender los temas relacionados con los uruguayos del exterior y nos parece oportuno hacer algunas consideraciones sobre su iniciativa. Dicha actitud, nos resulta saludable en momentos en que el Proyecto de Vinculación exige iniciativas creativas que partan de un debate en un amplio espectro de participación y se transformen en políticas de estado, para asegurar su desarrollo y continuidad.

En Enero de 2008, fue promulgada la nueva Ley de Migraciones No. 18.250 que en su artículo 24, crea la Junta Nacional de Migraciones integrada por representantes del Ministerio de Interior, Relaciones Exteriores y Trabajo y Seguridad Social. Asimismo en su ámbito, se prevé el funcionamiento de un CONSEJO CONSULTIVO ASESOR DE MIGRACION, compuesto por representantes de organizaciones sociales relacionadas con la temática. Así define su rol la Ley: “Compete al CCA de Migración, asesorar a la Junta en los temas relativos a la inmigración y migración de personas, en el diseño de políticas migratorias y en el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en la materia” De ello se desprende que la legislación ha querido crear una instancia simultánea  a la autoridad de aplicación con los fines y atributos reclamados por el Diputado Trobo.

Por la información que disponemos, la Ley citada sólo fue reglamentada en su Art. 74 que refiere a la creación de los Consejos Consultivos del exterior, razón por la cual la Junta y su Consejo Asesor no han sido aún reglamentados . Dicho sea al paso, una gruesa omisión que afecta el desarrollo del proyecto de vinculación,  entre otras cuestiones. La ley fue generosa en el esbozo de instrumentos orgánico-institucionales, pero hay que hacerlos funcionar, como es el caso del Consejo Consultivo Asesor de Migración que no fue aún conformado, por carecer de la reglamentación respectiva.

Cuando se propone un consejo asesor en el ámbito de la Dirección de Vinculación “integrado por representantes de los partidos políticos” nos parece se cae en una discrepancia  de competencias. El Ministerio de relaciones Exteriores y su Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, es una unidad ejecutora de las políticas públicas, en este caso de vinculación con la Diáspora y  aunque se pretenda dotarlo, como se ha dicho,  de un “perfil técnico”, la autoridad de aplicación no debe estar  involucrada en el debate político-partidario. Entendemos que el “seguimiento político del proyecto” debe realizarse desde los espacios institucionales competentes ya instituidos y el parlamentario como generador principal de esas políticas.

Por esas razones, recientemente un grupo de Consejos Consultivos, hemos dirigido una Carta Abierta a las autoridades del Parlamento, proponiendo entre otros temas, la creación de una Comisión Parlamentaria permanente receptora de los planteos de las organizaciones representativas de la sociedad civil relacionadas con el proyecto, para el estudio y elaboración de políticas de estado hacia el Uruguay del Exterior. El parlamentario, es el ámbito natural donde las expresiones político-partidarias, debaten, colaboran y mediante los consensos, acuerdan y legislan políticas de estado  para, como en el caso que nos ocupa, revitalizar y dar nuevos impulsos al relacionamiento del estado con los ciudadanos de la Diáspora para convocarlos y sumarlos al proyecto nacional.

La Patria Peregrina sigue esperando una respuesta con políticas públicas concretas, especialmente un sector importante que mira con ilusión la posibilidad del retorno al calor de los cambios que el País experimenta y otros que desde sus lugares de adopción quieren aportar a un modelo de desarrollo nacional. Esa respuesta no tiene colores ni divisas, debe ser de todos y entre todos, pero cada uno desde el lugar que la institucionalidad le asigna.

Jorge Eiris.

Córdoba, Arg.

jorgeeiris@hotmail.com

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“El desarrollo de acciones institucionales a través del Departamento 20 de la Cancillería, la promoción de la creación de los Consejos Consultivos de Uruguayos en el Exterior y la elección de los mismos, el contacto permanente de nuestros compatriotas con las embajadas y consulados en el exterior, son el marco en el que actúa el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a los uruguayos emigrados. Precisamente por la importancia de este relacionamiento, ningún partido puede estar ajeno a las acciones que se desarrollen en la administración y su participación a través de un “Consejo Asesor” plural seria una muy  buena medida y una muy buena señal.”, expresó Trobo.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Emb. Luis Almagro recibió con beneplácito el planteo realizado por Trobo, comentando que la constitución del consejo propuesto, debería suponer la designación de personas con condiciones técnicas en las materias atendidas.

Trobo manifestó que “las políticas de relacionamiento fluido e intenso con los Uruguayos en el exterior tienen una historia que se inicia en los años 90 cuando desde el gobierno se comenzaron a estimular los contactos con los grupos de uruguayos en varios puntos de Europa, Canadá, Australia y que ha continuado en siguientes administraciones concluyendo en la pasada con la creación del Departamento 20. Hemos sido fervientes impulsores de este proceso y como nos parece que su maduración tiene que servir al todo el País, que mejor forma que con la asistencia de los partidos políticos directamente vinculados en la formulación y el desarrollo de las políticas para nuestros compatriotas emigrados.”

La entrevista que en mantuvo Trobo el jueves 18 de marzo con el Canciller Almagro abarcó otros tópicos de la actuación de la Cancillería, de su relación con la tarea parlamentaria y de la necesidad de abordar en conjunto temas de interés en los que el Parlamento pude expresar la opinión política sobre temas internacionales, de relacionamiento con otros estados, de promocióon y defensa de los DDHH, de promoción de la paz, sin perjuicio de las competencias que le son propias al Poder Ejecutivo.

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