1- El día 1 de febrero de 2020 comenzó el período de “movilidad regulada”, el cual se extenderá hasta fin de mes y constituirá la única oportunidad en el año en la cual los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán hacer uso de su derecho a la elección de prestador.

2- Para esta ocasión, la Junta Nacional de la Salud (JUNASA) implementó el denominado sistema MORE, el cual estableció nuevos controles al proceso de elección y cambio.

Dicho sistema fue diseñado exclusivamente por las autoridades de la Salud.

3- Desde el comienzo del funcionamiento del sistema se verificaron fallas en el sistema, saturaciones, caídas de servidores y otros inconvenientes que enlentecieron el proceso hasta detenerlo completamente. Varios cientos de personas sufrieron inconvenientes diversos en su proceso de afiliación por estos fallos.

4- Es esperable que en los próximos días se verifique una concurrencia aún mayor de público a las diferentes sedes de las IAMC. Ante ese escenario, las Instituciones firmantes han solicitado a las autoridades competentes la implementación de un plan alternativo de contingencia que permita dar fluidez al sistema, minimizando los inconvenientes para los usuarios.

5- Las Instituciones agrupadas en CIES y PLENARIO y Médica Uruguaya vuelven a manifestar su máxima disposición para implementar las soluciones que las autoridades determinen, a fin de garantizar el derecho a la libre elección de cada usuario del Sistema Nacional Integrado de Salud, insistiendo en la necesidad de poner en funcionamiento rápidamente soluciones que cubran las insuficiencias del MORE.

Integrantes

Los miembros de la Cámara de Instituciones y Empresas de la Salud (CIES) son: Hospital Evangélico, Círculo Católico, COSEM, CASMU, COMERI (Rivera) y CRAME-Sanatorio Mautone.

Los miembros del Plenario son: SMI-Impasa, Universal y CUDAM.

Por su parte, Médica Uruguaya no forma parte de ninguno de los colectivos mencionados, pero también forma parte del grupo de redactores del presente comunicado.

Propuesta

El próximo martes se evaluará por parte de este grupo de Instituciones si se solicita formalmente a las autoridades competentes la eventualidad de una extensión de diez o quince días en el plazo de vigencia de la Movilidad Regulada.

El motivo de esta eventual solicitud se relaciona con nuevas estimaciones sobre la creciente cantidad de usuarios que harían uso de su derecho a la libre elección de prestador, muchos más que los estimados previamente por el Ministerio de Salud Pública.

Fuente Imagen: smu.org.uy

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Rivera, 9 de diciembre de 2018.

Corrupción, “corralito” mutual y los “antecedentes” del Ministro.

«Hoy es el Día Internacional de lucha contra la Corrupción. Un día ideal para renovar el compromiso de lucha contra la corrupción, para reclamar hechos y no más palabras, pero por sobre todas las cosas, para una profunda y colectiva reflexión sobre la importancia de combatir la corrupción actuando con firmeza y con absoluta independencia política partidaria.

Muchas veces decimos que en nuestro país casi no existe corrupción, que es mínima, que casi no nos afecta a la mayoría de los uruguayos y por ende no le damos la importancia que debe tener el necesario combate frontal a la corrupción de parte de todos los actores sociales y políticos.

La estafa al FONASA y la no apertura del “corralito” mutual dejan en evidencia que ello no debería ser así.

A principios de 2017 la justicia uruguaya procesaba a algo más de 30 personas por la llamada estafa al FONASA. Sorpresivamente, hasta la fecha, la justicia no ha logrado responsabilizar a ningún jerarca público que, por su acción u omisión, pudieran haber contribuido a que tal maniobra pudiera ocurrir.

Han pasado casi dos años desde que se detectó la estafa y los uruguayos aún no sabemos si existió o no una auditoria en el BPS. No se conoce a fondo el alcance de la estafa, ni las posibles fallas en los controles y ni que hablar si existieron o no responsabilidades de los jerarcas públicos.

Eso sí, hace ya casi dos años que la corrupción de unos pocos viene coartando la libertad de muchos uruguayos que prácticamente no pueden cambiarse de mutualista pues el gobierno decidió suspender la apertura del “corralito” mutual.

El pasado 26/11/2018 el Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez dijo en Rivera que el corralito mutual no se abrió “porque no están dadas las condiciones y porque hay, como dijo un querido ex Presidente, una manga de sinvergüenzas metidos en el medio”.

De eso nadie tiene dudas que es así Sr. Presidente

“Sinvergüenzas metidos en el medio” siempre existieron y lamentablemente seguirán existiendo.

Lo fundamental es la actitud que adoptamos frente a ellos, pues a veces, como dice el refrán: “la culpa no es del chancho, sino de quién le rasca el lomo”…

Los “antecedentes” del Ministro:

En 05/2006, cumpliendo mi obligación como funcionario público denuncié, entre otras cosas, presuntas irregularidades con las afiliaciones mutuales en el BPS. El Directorio del organismo (presidido en aquel entonces por el actual Ministro de Trabajo) además de permitir realizar una auditoria interna “trucha” y tapar la corrupción, me terminó suspendiendo por supuestas denuncias infundadas.

Nadie puede considerar válida una auditoria interna en la cuál es la propia parte denunciada que estudia los casos denunciados por nosotros y que en muchos la involucraban directamente. Más bien podemos hablar de una auditoria “trucha”.

Nadie puede considerar “infundado” denunciar que hace años existen muchos uruguayos que aparecen afiliados en tal o cuál mutualista sin haber concurrido a la misma a afiliarse. No solo que todos los uruguayos conocemos a alguien que le pasó, sino que además los denunciantes aportamos un testigo que apareció afiliado sin haber realizado trámite alguno, en el medio del período “auditado”.

Nadie puede considerar “infundado” que existen afiliaciones mutuales irregulares, cuando se aporta un testigo que fue operado en una mutualista y estaba afiliado a otra, cuando lo denuncia la propia persona y por encima de todo ello ocurrió durante el periodo “auditado”.

Solamente quiénes “le rascan el lomo al chancho” puede considerar que se realizó una verdadera auditoria interna y que nuestras denuncias eran infundadas.

Tapando la corrupción, realizando una auditoria “trucha” y persiguiendo a los denunciantes, sin focalizarse en investigar a fondo lo denunciado, varios jerarcas y Directores del BPS, además de violar varios artículos del Decreto Nº 30/003 de Normas de Conductas en la Función Pública y la Ley Nº 17008 (Convención Interamericana contra la corrupción), son los responsables de crear un campo fértil para que maniobras como la de la estafa al FONASA se pudieran realizar.

Lo denuncié y está a estudio del Sr. Fiscal de la Nación Dr. Jorge Díaz lo que considero una incorrecta actuación de la justicia ante nuestras denuncias.

La justicia no solo nunca accedió a levantarnos el secreto tributario, ni a solicitar el asesoramiento de la actual JUTEP, ni a adoptar ningún tipo de medida de protección a los denunciantes, sino que además “casualmente” el mismo día que el Dpto. de Investigaciones de Rivera envió el oficio al Juzgado con las declaraciones de nuestros testigos (08/04/2010), se dispuso el archivo de nuestro expediente principal (IUE 327-109/2006), lo que determinó el posterior archivo del oficio con las declaraciones de los testigos.

Parece más que claro que la culpa no la tiene el chancho sino quién o quiénes les han rascado el lomo…

Parece más que claro el escaso o nulo compromiso de varias autoridades con el combate a la corrupción.

En lo personal considero extremadamente grave que un organismo público realicé una auditoria interna “trucha”, que no se investiguen a fondo denuncias de presuntos casos de corrupción, que se persiga y sancione a los denunciantes que son funcionarios públicos y por ende, están obligados a denunciar.

Por todo lo antes expuesto y mucho más, es imprescindible la intervención del Sr. Presidente para que de una vez por todas se realice “dentro de la Constitución y las leyes todo, fuera nada” como él acostumbra a decir y yo comparto en absoluto.

Es imprescindible disponer en forma urgente la realización de una auditoria externa al FONASA.

Esa es la única forma de determinar con exactitud lo que sucedió, los controles que fallaron y las responsabilidades por acción u por omisión de los jerarcas públicos.

Solo así, la corrupción de unos pocos no continuará coartando la libertad de todos.

Solo así podremos eliminar gradualmente el nefasto “corralito” mutual, asegurándole a todos los uruguayos la libertad de elegir el prestador de salud que deseen, otorgándoles las máximas garantías de que el Estado combatirá frontalmente la “intermediación lucrativa” buscando eliminar ese montón de “sinvergüenzas metidos en el medio” que tanto daño le han hecho a nuestro sistema de salud».

Luis Lisboa.

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Formalmente el período de cambio de institución se abriría el 1° de febrero, pero, dado que esa fecha cae en domingo, los trámites en realidad podrán iniciarse al día siguiente. El plazo se extenderá hasta el 28 de ese mismo mes, comenzó explicando la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, en entrevista concedida a la Secretaría de Comunicación para brindar detalles de esta apertura anual.

Se estima que poco más de 1,5 millones de usuarios del sistema están habilitadas para cambiar de prestador, dado que cuentan con el requisito de la antigüedad necesaria para realizarlo.

Ya el año pasado se habían presentado una serie de indicadores para toda la población, para que los usuarios pudieran tomar la decisión con mayor conocimiento de la realidad de cada institución de salud, sea pública o privada.

Los indicadores que se van a presentar tiene que ver con la calidad asistencial, la accesibilidad, con el manejo económico-financiero de las entidades y con la calidad de la atención vinculada a aspectos sanitarios, como las tasas de mortalidad e infecciones hospitalarias. Toda esa información estará disponible a partir de la última semana de este mes en la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Muñiz dijo que, por suerte, no hay demasiadas diferencias en el país entre los distintos prestadores integrales, pero entiende que de todas formas es importante que la gente conozca los datos.

Asimismo, informó que cada año vienen disminuyendo las personas que se mueven de un prestador a otro. En 2009 comenzó esta medida con 9 % de los usuarios habilitados haciendo lugar a la opción de cambio, en 2010 esa cifra bajó a 6,8 %, en 2011 a 6,4 %, en 2012 a 4,64 %, en 2013 a 4,6 % y el año pasado solo 4,1 % lo hicieron.

“No esperamos para esta vez grandes variaciones, aunque capaz la vida nos demuestra otra cosa”, sostuvo la ministra. “Se presume que la caída es porque la gente viene aumentando su confianza en el sistema de salud y no encuentra grandes diferencias entre los prestadores”, apuntó.

“Los primeros años, lo que pasó fue que se afiliaban a prestadores que no estaban en su departamento”, por ejemplo, explicó Muñiz, quien entiende que esa baja movilidad se explica por la conformidad con el sistema, con las instituciones y con los equipos de salud.

El cambio y por qué el cambio

Quienes deseen emigrar de mutualista u otro tipo de entidad de salud a la cual estén afiliados deberán concurrir a la institución que elijan y allí realizar un único trámite”, explicó la ministra.

“Lo que se quiere evitar así es la intermediación lucrativa, por lo tanto ninguna persona extra debe hacer ningún trámite. “Elijo la mutualista X, voy a la mutualista X y digo que quiero hacer el trámite, nada más”, ejemplificó Muñiz.

“Cada vez se cambian menos”, insistió la ministra, quien dijo que una de las cosas que las personas deben tener en cuenta al momento de optar por una institución de salud es la accesibilidad geográfica.

“Hemos visto algunos usuarios que reclaman que su mutualista no le presta servicio en el departamento en el que vive, y eso es lógico porque en realidad se afiliaron a una mutualista que no está en ese departamento”, indicó.

Se afiliaron por una eventual internación, que puede no llegar a tener en el año, pero además si la tuviera es un período muy corto. En realidad lo que debe tener en cuenta son los servicios de salud a los que accede a lo largo de todo el año, y por lo tanto tienen que ser en el departamento donde viven, explicó.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es cuál es el médico de confianza de la persona, con el que se quiere controlar a lo largo del año y en qué institución trabaja. En caso de que una persona tenga determinada enfermedad que requiere el manejo de un especialista, debe asegurarse que en la mutualista que elige tenga accesibilidad.

En cuanto a los tiempos de espera, que es otro tema que interesa a los usuarios, la ministra de Salud Pública aclaró que en el interior del país a veces pasa que algunas especialidades son escasas, pero eso no es culpa de la institución porque no lo contrate, sino porque no hay.

“La situación más sensata sería afiliarse al prestador que tiene el primer nivel de atención más cercano al barrio donde vive la persona”, agregó.

Fuente Contenido e Imagen: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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Hasta el momento, los afiliados ex Disse que habían elegido un prestador privado sólo podían cambiarse a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a través de una solicitud de excepción por motivos económicos, geográficos o asistenciales, previa autorización de la Junta Nacional de la Salud (Junasa).
A partir del 1º de julio estas personas podrán optar por el cambio en el momento que lo deseen.
Para hacerlo, deberán concurrir a los centros asistenciales que realicen trámites de afiliación de ASSE con Cédula de identidad.
Podrán, además, obtener información gratuitamente a través del 0800 – 2773.
En marzo de había llevado adelante el primer período de apertura del «corralito mutual», apertura que se prolongó por un mes.
Las autoridades señalaron que en esa oportunidad hubo menos cambios de lo esperado: de unas 165.000 personas habilitadas, sólo se cambiaron 20.000. Esto permitió elaborar la hipótesis de que no habría consecuencias drásticas en el sistema mutual.

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El director general de la Salud, el doctor Jorge Basso, dijo que aproximadamente unas 18 mil personas se cambiaron de institución médica privada. Basso calificó como «baja» la cantidad de usuarios que optaron por cambiarse, basándose en la cifra original de referencia e informó que un 40% de los cambios corresponden a afiliados de oficio a ASSE.
El lunes 2 de marzo las historias clínicas de los usuarios que se cambiaron ya estarán en su nueva mutualista.
En tanto, este lunes la ministra de Salud Pública María Julia Muñoz realizará un balance final del proceso que duró durante todo el mes de febrero.

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Según la jerarca, la apertura del corralito no ha afectado al Casmu, institución que fue recientemente asistida por el Estado a través de un préstamo puente.

«Ha habido movilidad en varias, también lo vamos a dar a conocer al terminar el período, pero ha tenido más dificultades por las declaraciones de sus propias autoridades que por la gente en si. No hay una pérdida que diga institución en peligro por que se han ido socios, 10.000 en total, han sido pocos, si se le adjudican los 10.000 a una, igual no le da desequilibrio», afirmó la titular del MSP.

El presidente de la Junta Directiva del Casmu, Gerardo Eguren, dijo que el resultado neto, diferencia entre los usuarios que abandonaron la mutualista y los que se inscribieron, hasta el pasado miércoles 11 de febrero, arroja una pérdida de 700 socios desde la apertura del corralito.

En 232.000 socios, que se pierdan 700 no es un cifra alarmante», afirmó Eguren.

La ministra Muñoz sostuvo que en febrero de 2010 se podría ampliar el tiempo otorgado a los usuarios para cambiarse de mutualista, dado los resultados positivos de la apertura del corralito mutual.

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El Director General de Salud, Jorge Basso aclaró el martes 10 de febrero que el 50% de los que efectivizaron el cambio de mutualista se encontraba en ASSE por no haber optado por alguna institución médica privada en su momento y que, de oficio, fueron destinados a los servicios de salud del Estado.

Agregó que las instituciones médicas están realizando fuertes campañas para captar afiliados FONASA, pero que desde el Ministerio de Salud Pública se entiende que el escenario de competencia entre las instituciones debe compensarse con un escenario de complementación. En ese aspecto, dijo que el MSP concretó 81 convenios de complementación entre las instituciones que promueva el mejor aprovechamiento de los recursos y eficiencia del sistema. Basso expresó que esto se debe a que el concepto de un sistema integrado de salud implica intentar por todos los medios evitar la superposición de los recursos y falta de coordinación. En tal sentido, dijo que gran parte de estos convenios se realizaron en el interior del país, tanto entre instituciones público-privadas, como entre públicas (Intendencias, el Hospital Militar, los servicios del BPS) y de instituciones privadas entre sí. El objetivo es la articulación como herramienta para el mejor funcionamiento del SNIS. Los convenios apuntan a la complementación de locales, para que en un mismo lugar funcionen más de una institución, complementación de equipos tecnológicos y complementación en materia de recursos humanos, dado que en el interior del país existen dificultades para contar con especialistas médicos.

Aseguró que el escenario de competencia por la captación de afiliados, se compensa entonces con un nuevo escenario de apoyo para la mejor coordinación de los servicios que tiene como objetivo principal evitar el despilfarro e ineficiencias que, a la postre, paga la población. Basso agregó que el MSP promueve la firma de este tipo de convenio, para lo cual se cuenta con el apoyo de los distintos directores departamentales de salud de todo el país, quienes promueven a las instituciones locales a acceder a los convenios para mejorar su infraestructura o incorporar tecnología.

Asimismo, resaltó que el Ministerio no promueve que las personas se cambien de institución médica, ya que apuesta a que a través del SNIS todas las instituciones médicas brinden servicios de calidad y se superen día a día. Explicó que muchas de las personas que se cambiaron de centro médico lo hicieron por ser nuevos usuarios en la institución de origen, sin embargo, aquellos que utilizan más los servicios de las mutualistas tienden a ser más «fieles» y no optaron por el cambio. En caso en que las personas sientan disconformidad con la mutualista, el Director General de la Salud instó a que lo expresen a través de las respectivas oficinas de atención al usuario que cada institución tiene o en los consejos consultivos -que se crearon en el marco de la reforma sanitaria- que cuentan con la participación de funcionarios y usuarios. Éstos son ámbitos donde se comparten desde inquietudes hasta denuncias tratando de superar aquellas ineficiencias que puedan tener y fidelizar a sus usuarios. Basso informó que, por su parte, el MSP cuenta en su sitio Web con la información sobre algunos indicadores discriminados por institución entre los que se encuentran el tiempo de espera y el costo de los copagos (tickets). Afirmó que se continuará colgando información acerca de los distintos prestadores.

En otro orden, Basso dijo que por primera vez en Uruguay el MSP controla a las instituciones exigiendo la habilitación de los locales, de los equipos tecnológicos, así como de los títulos de todos los técnicos. También se controla la calidad en materia de historias clínicas y registros técnicos. Asimismo, periódicamente se realiza una devolución a los directores técnicos de cada una de las instituciones, sobre cuál es la visión del Ministerio para que puedan ser corregidos. Es un trabajo que tiene que ver con la responsabilidad del Ministerio para asegurar la calidad de los prestadores y sobre todo brindándoles a los ciudadanos más elementos sobre cómo orientarse en caso de necesitar información acerca de la institución en la que se atienden, aseguró el Director General de la Salud.

Para ello, se montó una estructura de control que no existía en el Ministerio y que recorre todo el país controlando, por ejemplo, el cumplimiento de los programas de atención del niño y de la mujer. Basso aseguró que este tipo de indicadores son elementos sustantivos a la hora de medir la calidad en la atención. Por su parte, las instituciones envían trimestralmente un informe al MSP en donde se expresa cuál fue el desempeño en relación a los principales indicadores para estos grupos. En los informes se describe en número de niños vacunados, mujeres que se realizaron el Papanicolaou, cómo es el control del embarazo y el control en el crecimiento del niño. A su vez, el MSP verifica estos datos recorriendo el país y visitando institución por institución. Se está en un proceso constante de monitoreo, control y a su vez de estímulos y desestímulos para las instituciones.

En relación a la permanencia de las personas en las instituciones médicas, Basso indicó que se aspira a tener un sistema en el una vez que los usuarios ingresan a una institución a través del BPS, permanezcan un mínimo de tres años afiliados. Explicó que esto tiene que ver con la necesidad de contar con cierta estabilidad en las instituciones a la hora de ajustar su infraestructura y sus recursos al número de usuarios. Por ello, se estableció un período mínimo de tres años antes que la persona cambie de institución.

Basso recordó que esta modificación se realizará progresivamente, por lo que, en el mes de febrero de cada año se abrirán espacios para que nuevas personas puedan cambiarse de institución, llegando a los tres años de antigüedad. Al mismo tiempo, indicó que este mecanismo progresivo se realiza dado que aún persiste la intermediación lucrativa -compra y venta de afiliados- lo cual está penalizado y que ya tiene procesados e instituciones sancionadas.

En este marco, el MSP promovió un acuerdo y un compromiso con las instituciones para no continuar efectuándolo y que estipula que las instituciones se comprometen a no colocar funcionarios en los alrededores del BPS y a elevar periódicamente la plantilla de todo el personal de cada una de las instituciones que se dedican a la promoción de la institución para la captación de afiliados. Afirmó que estos acuerdos fueron firmados por gran parte de las instituciones y se está supervisando y controlando el cumplimiento junto con el Ministerio del Interior.

Fuente: Presidencia de la República. http://www.presidencia.gub.uy

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