La URCDP es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales creada por la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (LPDP), con autonomía técnica, cuya competencia es custodiar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales y asegurar el respeto de sus principios.

Durante el encuentro, se abordarán los alcances de los sistemas biométricos, cómo funcionan y cuáles son los usos legítimos permitidos por la legislación uruguaya, así como aquellos casos que quedan fuera de la ley.

También, se discutirán las obligaciones que deben cumplir las organizaciones que implementen estos sistemas y los derechos de las personas, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. Además, se presentarán experiencias prácticas de uso de datos biométricos.

Detalles de la actividad

• Fecha: 7 de octubre.
• Horario: 15:00 h a 16:30 h.
• Ubicación: sala 2AB del Edificio Anexo Torre Ejecutiva, Liniers 1280.
• Plazo de inscripción: hasta el 6 de octubre.
• Por consultas escribir a infourcdp@datospersonales.gub.uy

Conciencia ciudadana

Sin ninguna duda, el asunto a abordar tiene una gran importancia si se toma en cuenta los rápidos cambios tecnológicos que son necesarios atender a la hora de proteger los derechos ciudadanos.

Seguramente, el encuentro se analizarán los riesgos vinculados a la recopilación y almacenamiento de información sensible, así como las tendencias internacionales en materia de regulación.

En ese sentido, es de esperar que expertos en derecho y tecnología subrayarán que los datos biométricos —huellas digitales, reconocimiento facial, iris, voz, entre otros— constituyen información única e irremplazable, lo que exige normas más estrictas para su tratamiento.

Por tanto, este evento puede contribuir a promover la conciencia ciudadana sobre la importancia de la privacidad y contribuir a la agenda legislativa nacional, en un contexto donde Uruguay avanza en su transformación digital y debe garantizar que el progreso tecnológico vaya de la mano con la protección de los derechos fundamentales.

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Para Patricia Díaz Charquero, coordinadora de DATYSOC, resulta especialmente preocupante la amplia discrecionalidad otorgada al Ministerio del Interior en cuanto a los posibles usos de esta base de identificación facial, dado que incluye cualquier tipo de uso con fines de seguridad pública. El concepto de “seguridad pública” es tan amplio que no define los límites de las autoridades públicas para hacer uso de datos personales.

Hacia finales de 2020, más de 20 organizaciones de Uruguay hicieron llegar una carta a la Cámara de Senadores para pedir que se retire del proyecto de Ley de Presupuesto el sistema de reconocimiento facial, destacando que organismos internacionales de Derechos Humanos han advertido sobre los potenciales riesgos de abuso sobre las garantías individuales de las y los ciudadanos.

El Ministerio del Interior ya ha contratado un software de reconocimiento facial automatizado y cuenta hoy con un sistema de 8433 cámaras distribuidas en los 19 departamentos del país, además de los sistemas de vigilancia privada. Cabe señalar que cualquier sistema de reconocimiento facial implica importantes tasas de error, la revisión de datos e imágenes de ciudadanos que no han cometido delitos y un ejercicio de vigilancia pública masiva. Estos sesgos son alarmantes porque los errores podrían dar lugar a acusaciones falsas, arrestos injustificados y un claro quebrantamiento de los derechos humanos.

El uso de esta tecnología implica otros riesgos, por ejemplo: puede ser utilizada para encontrar y arrestar manifestantes u organizadores de protestas, o puede usarse para rastrear a personas a distancia sin su conocimiento, afectando directamente la privacidad de las personas y de la sociedad de manera permanente.

En este sentido, DATYSOC ha decidido impulsar la inclusión de este tema dentro del 5to Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021-2025 con el objetivo de generar un compromiso por parte del Ministerio del Interior que permita, al menos, la posibilidad de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas previo a su reglamentación.

DATYSOC planifica realizar un informe de seguimiento procurando una mayor transparencia en cuanto al manejo del tema por parte del Ministerio del Interior y la creación de insumos para una mayor discusión pública. Así, el proyecto buscará generar incidencia a nivel legislativo y de políticas públicas para la protección de los derechos digitales. Cabe subrayar que DATYSOC fue seleccionado por el fondo Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) como uno de los 6 proyectos ganadores para recibir financiamiento y acompañamiento que le facilite alcanzar sus objetivos en 2021.

Sobre Indela

Indela promueve los derechos digitales en Latinoamérica y fortalece el ecosistema que los defiende mediante financiamiento, capacitación y apoyo a organizaciones que los promueven. La iniciativa está conformada por la Fundación Avina, Luminate y Open Society Foundations (OSF), con el apoyo de Fundación Ford y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). Mantente informado sobre los avances en derechos digitales a través de las redes sociales de Indela: Facebook (/fondoIndela) y Twitter (@fondo_Indela).

Fuente Imagen: indela.fund

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¿Cuáles son estas nuevas obligaciones? ¿Cómo impactan en las empresas? ¿Cómo deben prepararse y qué hacer para cumplirlas?

Participará la Dra. Laura Nahabetián Brunet, representante de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y los abogados de FERRERE, expertos del área de Privacidad y Tecnologías de la Información, Martín Pesce y Cecilia Alberti.

Miércoles 13 de marzo, de 9.00 a 10.30 horas.

Auditorio del edificio FERRERE.

Juncal 1392.

-Confirmar asistencia-

Por consultas, escríbanos a inscripciones@ferrere.com o llámenos al 29001000 interno 1436.

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El derecho a la protección de datos personales es fundamental, y es en ese espíritu que la Consejo de la Unión Europea adoptó hace más de 30 años el Convenio 108 para garantizar dicha protección. La finalidad está en resguardar contra la intromisión en la vida privada, datos tales como nombre, dirección, teléfono, datos bancarios, expedientes médicos etc, y el uso incorrecto y automatizado de los mismos.

El Embajador uruguayo en París Omar Mesa entregó, al Secretario General del Consejo de Europa Torbjon Jagland, el documento que torna a nuestro país como el primer país fuera de la Unión Europea que concluye con todo el proceso de adhesión al mencionado Convenio y su Protocolo Adicional.

Esta es la culminación de otro hito fundamental para el país, junto con la adecuación a la Directiva 95/46/CE, para garantizar la protección de los datos personales a nivel nacional e internacional y su transferencia.

Por más información: http://www.datospersonales.gub.uy/inicio

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Miércoles 4 de noviembre | 9:00 a 12:00 hs.

Plaza Business Center (Benito Blanco 780).

Dictado por el Dr. Fernando Vargas, asesor de Cuti.

Se trata de un taller interactivo que buscará actualizar a las empresas socias de Cuti sobre sus derechos y obligaciones de cara a la nueva normativa vigente.

En particular, la gran mayoría de las empresas del sector TI reúne la doble condición de responsables de sus propias bases de datos (clientes, proveedores, empleados, etc.) y encargados del tratamiento de las bases de datos de sus clientes. Ambas figuras están contempladas y fuertemente reguladas por la nueva normativa.

Se hará un análisis práctico de las diversas situaciones que pueden planteárseles a los participantes, disipar sus dudas y desarrollar capacidades en las empresas para poder afrontar las nuevas obligaciones legales.

El taller, por tanto, está dirigido a personas que toman decisiones en las empresas, tanto desde el punto de vista de la contratación de recursos humanos, organización de los puestos de trabajo o medios de seguridad para proteger la información, así como a quien decide sobre la creación y el tratamiento de las bases de datos personales, ya sean digitales o manuales.

Se brindará un conjunto de conocimientos que permitan a los empresarios adentrarse en el tema desde el punto de vista legal, económico y de la seguridad informática, cuestiones que se deberán tener en cuenta a la hora de adoptar futuras decisiones.

Inscripciones.

Socios Cuti: $ 200.

No socios: $ 400.

Los cupos son limitados.

Se solicita confirmar asistencia a: inscripciones@cuti.org.uy

Fuente: Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). www.cuti.org.uy

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