La decisión se tomó ante una solicitud de información del periodista David Rabinovich y es abiertamente contraria al derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos en un sistema democrático.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido recientemente los principios para la asignación de publicidad oficial y uno de ellos establece que la misma debe realizarse en forma transparente y bajo criterios objetivos.

Antel es el principal avisador del Estado y sus decisiones respecto a los medios influyen directa e indirectamente en la libertad de expresión. Distintos medios han informado que gastará U$S 19 millones en publicidad durante 2011, una cifra significativa para el sistema de medios de comunicación, cuya asignación debería ser transparente y bajo criterios objetivos.

Antel sostiene que divulgar esa información le puede reportar «pérdida de ventajas competitivas» (excepción prevista en el artículo 9 de la ley 18.381).

En ningún momento se le solicitó a Antel que revele las estrategias de marketing que desarrolla, simplemente que informe con qué criterios y qué montos total es asignado a cada medio de comunicación en todo el país en los últimos años (ni siquiera se le solicitó el presente año).

Recordamos que la Ley de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario exigen a los organismos públicos demostrar que el daño que puede sufrir (en este caso una pérdida de ventajas competitivas) el organismo público, es mayor al daño que recibe la ciudadanía al verse privada de información de interés público.

No se entiende cuál es el daño que puede provocar al ente que se conozcan los criterios que utilizó para asignar publicidad oficial, por qué eligió a determinados medios y cuánto asignó a cada uno, dado que otras empresas públicas y otros organismos del Estado informan con exactitud los montos y espacios que contratan con los mismos medios de comunicación que lo hace Antel. Esto es, los parámetros de precios y la cobertura de los distintos medios son ampliamente conocidos.

El periodista que se ha visto privado de información ha denunciado la violación de su derecho de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y junto a CAinfo estudia llevar el caso a la Justicia competente.

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Dr. Edison Lanza

edison.lanza@gmail.com

Montevideo – Uruguay

99108230

Skype: edison.lanza

Twitter: edison.lanza

Fuente Imagen: tanconectados.com

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Uno de ellos se presentó ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de turno por parte del abogado Ope Pasquet, en representación de un cliente que requería información sobre la autorización de construcciones en la costa al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Tras celebrarse la audiencia que indica la ley, esa secretaría de Estado aceptó entregar la información requerida en un plazo determinado.

Otro caso se presentó en San José, por parte del periodista David Rabinovich contra la Intendencia Municipal de San José por información relativa a donaciones de balasto. En este caso, el periodista actúo asistido por el CAinfo y la abogada Leticia Mora, y también el organismo estatal se avino a entregar la información requerida en un plazo razonable.

Con estos dos casos se constata que la Ley de Acceso a la Información es un mecanismo clave para la transparencia y la rendición de cuentas y sus procedimientos están comenzando a ser probados con éxito en la práctica.

Secretaria CAinfo.

E-mail: cainfouy@gmail.com

Sitio web: http://www.cainfouy.org

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