En estas horas se dio a conocer que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y la Fiscalía de Corte formaron una comisión para la creación de delitos ambientales.

En Uruguay no existen en el Código Penal, ni tampoco hay normas de protección ambiental, y las sanciones son económicas por decisión administrativa.

Amarilla expresó su asombro “por el desconocimiento” de parte de las autoridades respecto a que en el ámbito legislativo ya se está trabajando en este tema, y consideró el Ministerio de Vivienda debe cumplir su rol en el cumplimiento de las leyes y la Fiscalía de Corte tiene funciones en diseñar y ejecutar una política de investigación y persecución penal de crímenes, y delitos, así como los parlamentarios “deben legislar”.

En el marco del análisis del nuevo Código del Proceso Penal, Amarilla, junto a los diputados nacionalistas José Andrés Arocena, Rodrigo Goñi, y Gustavo Penadés presentó en agosto de 2015, una iniciativa que establece penas de prisión y penitenciaría para la contaminación de agua, suelos o aire, la destrucción de flora o fauna y la degradación de áreas naturales protegidas en un capítulo propuesto para el nuevo Código Penal.

Amarilla explicó que “el proyecto de un capítulo con delitos ambientales es una necesidad ya que la contaminación y degradación es una realidad en todo el país y eso muestra que solo las medidas administrativas han sido insuficientes”.

El legislador señaló que el emprendimiento además de contar con la contribución de todos los firmantes tuvo la participación y aportes de la senadora Carol Aviaga, y los expertos Ricardo Gorosito, Enrique Sayagués, Rafael Seijas, Gastón Casaux, Mauricio Fioroni, Pablo Ligrone y Astrid Sánchez.

Asimismo, el proyecto de ley además de la protección especial de suelos, agua, aire, flora, fauna y áreas protegidas, incluye sanciones especiales para titulares o responsables de empresas y funcionarios públicos que participen en los controles o autorizaciones cuando esas acciones u omisiones causen daños al medio ambiente.

Para Amarilla “este proyecto dotará a la sociedad uruguaya de un herramienta eficaz para la protección penal del ambiente y coloca al país a la altura de los países más avanzados en la materia”.

El legislador entiende que el asunto debe ser estudiado en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

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