A entender de los abogados patrocinantes existen pruebas de un «tratamiento ilegítima e injustificadamente discriminatorio en perjuicio de nuestra cliente».

Desde el estudio Morales, Calabria y Antúnez, que lleva el caso, se expresó que «el único motivo visible que explique el comportamiento ilícito por parte de la administración parece ser la filiación política de la funcionaria, la cual quedó expuesta en la pasada instancia electoral de 2009 cuando M.V. participó en publicidades y actos de la fórmula Lacalle – Larrañaga”.

La demanda se presentará el lunes 5 de diciembre.

A comienzos del anterior período de gobierno el Directorio del Partido Nacional creó una comisión de seguimiento ante denuncias de militantes blancos que se sentían perseguidos por el nuevo gobierno.

El mencionado estudio también tiene la representación de funcionarios del Banco de Seguros del Estado (BSE), pertenecientes a reparticiones de Montevideo y del interior del país, que también se sienten perseguidos políticamente.

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