1). Que dichas operaciones y procedimientos realizados desde el poder punitivo del Estado y acompañadas de la violencia institucional, limitan garantías establecidas en las normas constitucionales y violan derechos establecidos en normas del derecho internacional.

2). Que esos hechos en que claramente se visualiza la eventual instalación de un estado policial fuera de control, no se corresponde con un Estado de derecho.

3). Que esa escalada represiva también vivida en instituciones de reclusión, refuerzan y amenazan instalar en el Uruguay, políticas del miedo.

4). Reafirma que para la construcción de una sociedad, basada en el pleno acceso a los derechos, se deber aplicar políticas de inclusión y derechos, donde el Estado Policial no se siga expandiendo.

Comisión de Derechos Humanos y Políticas Sociales.

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