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COMUNICADO AL CUERPO MEDICO Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL

Considerando la situación de expectativa de la opinión pública ante los sucesos de pública notoriedad vinculados a la presentación de Objeción de Conciencia en relación con el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo contemplado en la Ley Nº 18987, el Colegio Médico del Uruguay, en cumplimiento de su deber de “vigilar que el ejercicio de la profesión médica se cumpla dentro de los valores y reglas del Código de Ética Médica” (artículo 4, numeral 2 de la Ley de Colegiación Médica), realiza al respecto las consideraciones preliminares insertas a continuación.

La Objeción de Conciencia es un derecho humano fundamental cuya plena vigencia expresa la salud democrática de un país y cuyo ejercicio debiera llevarse a cabo con plenitud pero sin lesionar otros derechos humanos fundamentales, para el caso, los correspondientes a la mujer gestante que ha solicitado la interrupción de su embarazo. Lo precedente equivale a afirmar que la Objeción de Conciencia no es un derecho absoluto, sino que encuentra sus limitaciones toda vez que pueda vulnerar los derechos de otras personas y que ante la presentación de Objeción de Conciencia por determinado profesional, la paciente tiene el derecho de llevar adelante su decisión y el sistema la obligación de asegurárselo.

Entendemos que en la conciencia, la última autoridad moral es uno mismo, un reducto racional que es necesario defender con responsabilidad y dando razones a uno mismo y a los otros en coherencia con las propias convicciones.

Es que, ajustándonos al texto de la Ley de interrupción del embarazo y su posterior Decreto interpretativo, habremos de utilizar como insoslayable marco referencial el Proyecto de Código de Ética Médica aprobado recientemente en Plebiscito por sus Colegiados, recordando aquellos Artículos del mismo que hacen referencia al tema en cuestión.

Art. 32.1

¨El médico tiene derecho a ejercer su profesión con autonomía de manera digna y libre de toda coacción¨.

Art. 36

¨El médico tiene derecho a abstenerse de hacer prácticas contrarias a su conciencia ética aunque estén autorizadas por la Ley. En ese caso tiene la obligación de derivar al paciente a otro médico¨.

Art. 40

¨Si el médico, en razón de sus convicciones personales considera que no debe practicar un aborto aun cuando esté legalmente amparado, podrá retirarse de la asistencia, debiendo derivar la paciente a otro médico¨.

Así mismo:

Art 3.8

¨Es deber del médico ser veraz en todos los momentos de su labor profesional, para que los pacientes y la sociedad tomen las decisiones que les competen¨.

Art. 10

¨El médico debe propiciar que el paciente conozca sus derechos y sus obligaciones hacia las instituciones y los equipos de salud¨.

Art. 13.1

¨Todo médico tiene el deber de dar una información completa, veraz y oportuna sobre las conductas diagnósticas o terapéuticas que se le propongan al paciente, incluyendo las alternativas disponibles en el medio¨.

En este contexto, el Colegio Médico del Uruguay llama a sus colegiados, a las autoridades de salud y a la población en general a preservar el correcto equilibrio en el pleno logro de estos derechos.

Además de estas consideraciones preliminares, el CMU seguirá profundizando en el tema y acompañando al cuerpo médico y a la población en su clarificación conceptual.

Consejo Nacional y Consejos Regionales

Colegio Médico del Uruguay

Montevideo, 17 de enero de 2013

http://www.colegiomedico.org.uy/node/101

Fuente Imagen: boaconsulta.com

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“El cruce de acusaciones entre profesionales de la salud y el subsecretario de la Cartera afín, es la consecuencia de una mala ley.

Los republicanos repetimos siempre que las formas son tan importantes como el fondo de los asuntos. Cuando reclamamos ello, a muchos les parece menor y secundario el reclamo. Pero no lo es. La forma en cómo se estableció la comisión parlamentaria que estudió el tema, tuvo un comienzo complicado. Es bueno recordar que las iniciativas -porque no había sólo una- estaban radicadas en la comisión de Salud de la Cámara de Representantes. En ella, la oposición tiene mayoría. A su vez, el miembro del Partido Independiente, el diputado Daniel Radío -médico él- estaba en contra de cualquier norma despenalizadora. Por lo tanto, los proyectos no iban a tener los votos suficientes en comisión para ser considerados. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Se asoció con el otro diputado del Partido Independiente, el contador Iván Posada, para conseguir el voto 50 que necesitaba. ¿Cómo hacerlo si la comisión de Salud no tenía las mayorías necesarias? Creando una comisión especial. La tradición parlamentaria indica que las comisiones especiales se votan por unanimidad. Esa tradición se rompió. Y en la madrugada de una larga sesión, el FA y Posada, cumplieron su objetivo.

Pero además con un plazo irrisorio, que luego tuvo que ser extendido. En 60 días la comisión debía recibir las delegaciones que pedían audiencias, que eran decenas; convocar a las cátedras para recibir asesoramiento; estudiar; intercambiar y discutir; considerar el articulado que tenía media sanción del senado; votar el articulado de Posada, que modificó el 100% de lo votado en la Cámara Alta; y elaborar los informes. Maratónico para un tema sumamente delicado.

Aún aquellas organizaciones a favor de la despenalización, llamaron la atención respecto a la imposibilidad de aplicar la norma, tal como estaba propuesta y como en definitiva quedó sancionada.

Objeción de conciencia

Claramente, la ley establece la posibilidad del personal médico, de declarar la objeción de conciencia.

También estableció la “objeción de ideario” para aquellas instituciones que se nieguen a realizar el aborto en sus instalaciones. No ya con los alcances del personal médico, sino derivando a las mujeres a otras instituciones y asumiendo los costos que implique el acto.

Ni el señor subsecretario -que en el caso de Briozzo está claramente excedido de las facultades que tienen los ciudadanos que ocupan ese cargo- ni el señor ministro, ni el presidente de la República, pueden obligar a nadie a realizar lo que la ley no obliga. Ni aún actuando en Consejo de Ministros. La Constitución es clara. Sería buena cosa que las autoridades sanitarias la leyeran.

Leyes y reglamentaciones

En esta polémica desatada hay responsabilidades compartidas.

La primera son las fallas de la propia ley. En el debate parlamentario expusimos los problemas que la redacción de la norma iba a ocasionar. Algunos de ellos ya se están percibiendo (lamentablemente otras leyes de reciente votación van por el mismo camino). Quedaron algunos aspectos importantes librados a la reglamentación, cuando ello ocurre, se corre el riesgo de que la misma se aparte no ya del espíritu, sino de los términos literales de la ley. Es lo que está sucediendo en este caso.

Hay fallas que se sabían de antemano que estaban presentes y que sería difícil corregir. Sucedió entonces que la propuesta contaba con la mínima mayoría requerida y cada uno de los 50 diputados, tenía un poder de veto muy grande, lo que produjo que cualquier modificación sustancial, hiciera peligrar la aprobación de la ley. Estos extremos fueron argumentados por algunos legisladores que alzaron su mano para despenalizar esta práctica.

La segunda -solamente por un tema cronológico, no por prioridades de gravedad- es la responsabilidad de la reglamentación. Demasiada libertad para reglamentar genera estas situaciones. Se interpreta en la ley lo que no es.

La tercera es la aplicación de la ley (con peculiar interpretación) y la reglamentación bajo presión. Como señalé más arriba, ningún jerarca le puede exigir a un médico -ni a cualquier hijo de vecino- que haga lo que la ley no obliga. Y la ley no dice que se deben fundamentar por escrito, las razones por las cuales se ampara en la objeción de conciencia. Mucho menos que esos médicos sean amenazados. Desde el gobierno se persigue a quienes no ejecuten lo que un subsecretario quiere. Es el Leviatán en todo su esplendor. Es raro no es escuchar por estas horas a los que utilizan el terrorismo de Estado como muletilla alzando su voz contra el atropello.

Llama la atención a su vez, la militancia del señor Briozzo en este tema. No lo vemos preocupado ni con el mismo ímpetu, por explicarle a la ciudadanía cuáles son las mejores instituciones médicas, según los indicadores del ministerio, ante la inminente apertura del corralito mutual, por ejemplo.

Más allá de lo expresado y al igual que la ignorancia de las leyes, las omisiones e irresponsabilidades, no pueden ser excusas para hacer decir a la ley lo que la ley no dice.

Reacciones

Hay médicos que señalan que se trata de una ley que hicieron los “políticos” y que ellos no fueron consultados. Ante un par de puntualizaciones. La primera, si no son los políticos quienes hacen las leyes ¿quiénes son? Yo quiero un país que continúe, por siempre, con políticos que hagan las leyes, en el acierto o en el error, en la discrepancia o en la coincidencia. No quiero a algunos “sabiondos” legislando por el pueblo. No creo en el Rey Filósofo.

La segunda, el político que escribe estas líneas insistió en la comisión parlamentaria especial, para que se recibieran a todos los que desearan expresar su opinión e inquietudes sobre el asunto. Así se hizo. Nadie puede decir que pidió una audiencia y no se lo escuchó. Que se haya escuchado y luego se votó contrario a lo que uno quería, eso es un tema aparte. A los legisladores de la oposición nos sucede a diario. Así es la democracia. Y así debe ser. La opinión de la mayoría es la que debe prevalecer, escuchando siempre a las minorías.

Ante todo las formas

Esta ley, que comenzó de manera accidentada, es mala. Su reglamentación también lo es. Su forma de aplicación no es la adecuada.

Cuando se adulteran los procesos y se relativizan las voces de alerta, se llega a estos extremos.

Quizás la polémica sirva para comprender la importancia del respeto a ley, de su fiel cumplimiento, de los riesgos que representan las interpretaciones tendenciosas y las reglamentaciones similares. Y sobre todo, el peligro de no cuidar las formas, que cual cambalache, pone todo en el mismo lodo y da lo mismo esto que aquello”.

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Nosotros le decimos :

«El Vice Ministro Briozzo, está ejerciendo una presión indebida sobre los médicos ginecólogos, al visitarlos y presionarlos para que revean su posición y practiquen abortos».

«Si tantas ganas tiene de recorrer el País, que lo haga, pero para ocuparse de los verdaderos problemas de atención que tiene la Salud Pública en el interior del País, ausencia de profesionales, medicamentos, ambulancias, etc»

«Sale a recorrer el País, por éste tema, por qué ? no será que

APARECIÓ EL VERDADERO BRIOZZO, UNO DE LOS PRINCIPALES PROMOTORES DEL ABORTO EN EL URUGUAY, EL GESTOR DE LAS INICIATIVAS SANITARIAS DEL PEREIRA ROSELL, QUE TANTOS ABORTOS ENCUBIERTOS PROMOVIO »

» Está queriendo IMPONER EL ABORTO DE CUALQUIER MANERA, no le basta la OBJECION DE CONCIENCIA, NO LE BASTA LA VOLUNTAD EXPRESA DE LOS GINECÓLOGOS DICIENDO QUE NO VAN A PRACTICAR ABORTOS, SALE A PRESIONAR INDEBIDAMENTE, QUIERE SACAR LOS ABORTOS DE PESADO, DE CUALQUIER MANERA»

» EL BRIOZZO SUB SRIO DE SALUD , LE ESTA DANDO PASO AL VERDADERO BRIOZZO, MILITANTE PRO ABORTO EN EL URUGUAY «. » Ojo que hoy representa a TODOS como Sub Srio de Salud del país y NO a un colectivo militante Pro Aborto «.

» El Parlamento debería intervenir, llamando a sala al Ministro y Vice de Salud Pública, a que den explicaciones sobre ÉSTA PRESION INDEBIDA QUE ESTAN HACIENDO SOBRE MEDICOS E INSTITUCIONES, PARA QUE PRACTIQUEN ABORTOS DE CUALQUIER MANERA «. » Nosotros vamos a pedir y promover ese llamado a la Comisión permanente que funciona en el receso parlamentario».

Edil Carlos Iafigliola

Coordinador Gral

Com.Nac x Derogación.

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Días atrás, hicieron lo propio, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga y el senador del mismo sector, Carlos Moreira.

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La misma tendrá lugar en la sala 15 del Edificio Anexo del Poder Legislativo.

El Senado, con los votos del Frente Amplio y el legislador nacionalista Jorge Saravia, aprobó por 17 votos en 31 los cambios introducidos por Diputados en el proyecto que habilita la despenalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación.

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Al argumento de que el Partido no ha declarado nunca asunto político, le decimos que no es así, en 1985 así sucedió, para la Ley de Amnistía. Acaba de salir una declaración de la Comisión de Derechos Humanos del P.N. que se expide claramente en contra de la Ley y la eleva al Directorio. Repito, seguiremos trabajando, con respeto, pero trabajando, para que NO SEA APROBADA ESTA LEY INFAME Y PARA QUE NO HAYA NI UN SOLO LEGISLADOR BLANCO QUE LA VOTE «.

A continuación, la Declaración de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Nacional.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL PARTIDO NACIONAL

Montevideo, 26 de setiembre de 2012

Señor Presidente del Honorable

Directorio del Partido Nacional,

Senador Luis Alberto HEBER

Presente

En el día 25 de setiembre próximo pasado, la Cámara de Representantes aprobó el llamado “Proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo”.

Por dicho proyecto se admite la interrupción del embarazo cuando este es menor de doce semanas, con lo que consagra, en ese período, el derecho a abortar.

No hay duda alguna, desde el punto de vista científico, que la vida comienza desde la concepción. Por tanto, desde ese momento el concebido y no nacido tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida conforme a lo establecido, tanto por el Derecho Internacional como por el Derecho Interno.

Por esas razones, la Comisión de Derecho Humanos del Partido Nacional considera que el proyecto en cuestión configura un inadmisible atentado contra la vida humana y por tanto violatorio de la Constitución de la República y del derecho internacional de los derechos humanos.

En efecto, la solución propiciada colide abiertamente con:

a) el artículo 7 de la Constitución de la República, en cuanto consagra el derecho a la protección en el goce de la vida;

b) el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto reconoce a toda persona (todo ser humano, según el artículo 1.1. de esa Convención) el derecho a que se respete su vida desde el momento de la concepción;

c) el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, porque la legalización del aborto implica la supresión de un derecho humano ya reconocido en el derecho interno y en el derecho internacional.

Quiera el señor Presidente hacer llegar nuestra opinión al Honorable Directorio de su digna presidencia.

MATILDE RODRÍGUEZ LARRETA

GLORIA RODRÍGUEZ

AUGUSTO DURÁN MARTÍNEZ/

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“Quiero dejarles en claro a todos los seguidores de esta página que el Partido Independiente no apoya ningún proyecto de despenalización del aborto. El PI tiene diferencias de opinión sobre este tema internamente, como las tienen todos los partidos. Quiero recordarles que en el FA la inmensa mayoría de los legisladores esá a favor y, sin embargo, nada menos que Tabaré Vázquez está en contra y varios diputados también, aunque algunos decidieron, lamentablemente, dejar su lugar a suplentes que votaron a favor. En el Partido Colorado el Dr. Sanguinetti está a favor y votó a favor en la legislatura pasada; también están a favor Fernando Amado y Ope Pasquet, aunque no votaron por mandato de su líder. En el Partido Nacional el Senador Saravia votó a favor en diciembre pasado en el Senado.

Nosotros dejamos en libertad de acción que es la única opción que correspondía tomar cuando existen diferencias de opinión en un tema que atraviesa a toda la sociedad.

En función de ello, ayer un diputado votó a favor y el otro en contra. Quiero decirles que yo también estoy en contra y que si se aprueba el proyecto acompañaré un recurso de referéndum para que la ciudadanía decida en definitiva. Les mando un abrazo a todos”.

Pablo Mieres.

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Compartimos las palabras del diputado nacionalista Gerardo Amarilla.

“Sobre el Proyecto incorrectamente llamado de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Estamos frente a un proyecto cuyo núcleo fundamental está marcado por la característica de establecer un procedimiento que legaliza, despenaliza y – entendemos- promueve la realización de abortos en nuestro país.

Este proyecto supone la desprotección del derecho a la vida de los seres humanos concebidos, desde la concepción misma hasta las 12 semanas o 14 semanas, según las condiciones, y aún después en determinadas circunstancias.

La ciencia nos revela que existe vida humana en la etapa de gestación y desde el momento mismo de la concepción.

Los avances de la investigación científica en el campo de la biología, como la fecundación in Vitro y la secuenciación del genoma humano (ADN), nos confirman lo afirmado anteriormente.

Este nuevo ser se individualiza de tal manera que no cabe duda que estamos frente a un nuevo individuo de la especie humana ya que constituye en sí mismo una novedad biológica, como una unidad, con continuidad y con autonomía.

En consecuencia, ese ser tiene desde el momento mismo en que se funden los núcleos de las células germinales, una información genética única, y distinta a cualquier otra existente.

En esa individualidad biológica tenemos claramente una unidad, un todo compuesto de partes organizadas, con un centro coordinador que es el genoma y que va dirigiendo las sucesivas fases en forma armónica.

Tenemos otro elemento marcado por la continuidad, ya que todo su desarrollo está previsto en el genoma, no existiendo ningún salto cualitativo desde la fecundación misma y hasta la muerte de ese individuo. Desde la fecundación existe un individuo que se va desarrollando de manera continua y como lo afirma el filósofo Julián Marías, es una “realidad viniente” desde la concepción y que no se acaba con el nacimiento sino que “el hombre es siempre una realidad viniente, que se va haciendo y realizando, alguien siempre inconcluso”.

Otro elemento característico es la autonomía, ya que todo ese proceso biológico se desarrolla en forma autónoma a partir que, en su genoma, está incluída toda la información necesaria para dirigir los procesos de ese embrión, estableciendo ese “diálogo químico” con su madre y requiriéndole lo que necesita para su desarrollo en cada etapa.

Desde el ámbito científico, tenemos entonces los elementos para reconocer que desde el momento de la fecundación, el cigoto combina los cromosomas del óvulo con el espermatozoide, creando una realidad completamente distinta, nueva, donde comienza una intensa actividad celular de especialización, que permite determinar que parte de esa microscópica realidad terminará convirtiéndose en cerebro, en corazón, en columna vertebral y en músculos de ese nuevo ser.

Esa realidad microscópica ya es un nuevo ser humano, único, irrepetible, independiente, que posee toda la información genética para desarrollarse hasta que llegue a ser una persona adulta.

Como lo expresamos en el informe en minoría que presentamos junto al diputado Javier García, ya existen normas en nuestro ordenamiento jurídico que claramente establecen protecciones a derechos del ser humano desde la concepción misma.

En nuestro Código Civil, el artículo 21 establece que “son personas todos los individuos de la especie humana….” y luego en el Titulo IV del Libro Primero, al regular la Paternidad y la Filiación, en los artículos 215 a 220 se establecen diferentes plazos en los que se tiene en cuenta el momento de la concepción, calificando la misma a los efectos de establecer la legitimidad, filiación y acciones judiciales que se pueden o no iniciar según esos plazos.

En esa misma dirección y a la hora de establecer los derechos sucesorios, el mismo cuerpo normativo en su art, 835 establece la incapacidad para adquirir por testamento de los no concebidos así como para los que concebidos no nacieren viables, concluyéndose claramente la legitimidad sucesoria del concebido en su carácter de individuo de la especie humana tal como se determina en el art. 21 antes mencionado.

En otra norma recientemente consagrada, la ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004, denominado Código de la Niñez y la Adolescencia, se reconocen también derechos del concebido y el art. 1º, donde se establece el ámbito de aplicación de la propia ley a los seres humanos menores de 18 años de edad.

En su artículo 46, incluido en el capítulo que regula las prestaciones alimentarias, se garantiza el derecho a alimentos desde la concepción misma, mientas se encuentre en el vientre materno y obviamente después.

También el Código de la Niñez establece el derecho para el concebido en relación a la investigación de la paternidad ya que el art. 198 establece que desde que se constata la gravidez se puede iniciar la acción judicial correspondiente.

La ley número 15.977 de 14 de setiembre de 1988, por la que se crea el Instituto Nacional del Menor, luego denominado INAU por la ley 17.823, establece los cometidos del Instituto incluyendo en su artículo 2 que debe “Asistir y proteger a los menores moral o materialmente abandonados, desde su concepción hasta la mayoría de edad”.

Por otra parte, existen una serie de normas originadas en compromisos internacionales en las que se protegen o reconocen derechos desde la concepción misma, tal como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley 16.137 de 28/9/1990, particularmente sus artículos 6 y 24; el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por ley 16.519 de 22 de julio de 1994, especialmente en su art. 15.

Y por supuesto que una mención especial nos merece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica,, ratificado por nuestro país por ley 15.737 de 8 de marzo de 1985.

Esta Convención establece en su artículo 4 que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

Estamos frente a la consagración de normas que garantizan la protección de los Derechos Humanos y del “Primer Derecho”, el derecho a la vida, sin el cuál, carece de sentido la protección de todos los demás, y sobretodo en los seres Humanos de mayor vulnerabilidad, de los más indefensos, aquellos que aun se encuentran en el vientre materno, aquellos que no tienen voz.

Partimos de la base que nuestra Constitución no consagra el derecho a la vida de todo ser humano porque él no depende de la voluntad del constituyente ni de la Nación ni mucho menos del Estado, sino que es inherente a la personalidad humana. Lo que si nuestra Constitución hace es reconocer ese derecho y a través de la legislación debemos garantizar – y este proyecto va en sentido contrario- los elementos necesarios para que el goce de ese derecho sea efectivo desde el momento mismo de la concepción.

No voy a referirme a los argumentos expresados por los Doctores Gross Espiel y Martín Risso con los que estoy plenamente de acuerdo dado que ya se ha referido a los mismos el Diputado Javier Garcia y en consecuencia seria redundante reiterar esos argumentos

Con la aprobación de ésta norma entonces, estaríamos violando la Constitución de la República, desconociendo compromisos internacionales asumidos por el país en relación a Derechos Humanos y derechos del niño, pero por sobre todo, estaríamos cruzando un límite en relación a la valoración que le damos como sociedad a la protección de la vida humana, introduciendo un cambio cualitativo de gran trascendencia.

Esta discusión que damos hoy aquí, es reconocida por todos, que tiene sus motivaciones internacionales.

Aunque el artículo 1° de la ley quiere subrayar que “la presente norma no constituye un control de nacimientos” resulta más que evidente que es una herramienta de control poblacional y más concretamente de los sectores más vulnerables.

No es por casualidad que el Fondo de Población de Naciones Unidas es el gran propulsor y financiador de estas estrategias que intentan garantizar como derecho el acceder a servicios seguros de aborto brindados con calidad y respeto.

En 1974, el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU promulgó “El Informe Kissinger” que, presentó de forma explícita y detallada una estrategia, para que se promoviera a toda máquina el control demográfico en los países en desarrollo, con el objeto de acceder con mayor facilidad a los recursos naturales de esos países.

Según dicho Informe los elementos para implementar los programas de control demográfico podrían incluir entre otros la legalización del aborto y los incentivos económicos para que los países aumentasen sus índices de práctica de abortos y esterilizaciones.

Asimismo el Informe Kissinger estableció que EEUU encubriría sus actividades anti-natalistas, para evitar acusaciones de imperialismo, induciendo a la ONU para que a través de varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) realizaran esta labor. Corroborando el cumplimiento de esta estrategia, vemos que en los “Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU” se plasman medidas de contención demográfica como la despenalización del aborto.

Rechazamos enérgicamente esta ideología neo-maltusiana que – como dice el Dr. Yuri Mantilla, jurista internacional comprometido con la defensa de la vida- “pretende resolver problemas sociales y económicos disminuyendo la población de las naciones. Estos argumentos son especialmente dirigidos a reducir poblaciones de países que son considerados “sub-desarrollados” y que tienen poblaciones “atrasadas.” Entonces se pretende disminuir el número de personas Latino Americanas para resolver problemas socio-económicos y –en ese contexto- Uruguay se ofrece como plataforma de promoción e influencia en el resto del continente.

Esta perspectiva no solamente es racista, sino también que es contraria a la evidencia sociológica que demuestra la importancia del capital humano para el desarrollo socio-económico de las naciones.

Un tema no menor y permanente en toda la discusión ha sido lo referente a las posiciones éticas, filosóficas o religiosas que están presente irremediablemente en éste debate y que en oportunidades percibimos como incomodan a algunos, que pretenden quitarlas de la discusión.

Lo dijimos en el ámbito de la Comisión y lo reiteramos aquí: es un tema de tanta trascendencia no podemos desconocer las concepciones, principios filosóficos o religiosos que nos inspiran como individuos y en la suma como sociedad, sino precisamente debemos sumarlos e integrarlos a lo que serán las normas que nos han de regir en nuestra convivencia.

Me parece discriminatorio cuando se intentan desacreditar las posiciones y fundamentos de temas tan trascendentales como estos en relación a su origen en posiciones religiosas o filosóficas. Yo que me identifico como cristiano tengo una fuerte influencia de esa posición, y al margen del dogma, doctrina o liturgia, tengo una cosmovisión cristiana de la vida que no puedo ni debo tratar de ocultar o maquillarla. Me parecería deshonesto hacerlo e injusto y discriminatorio ser obligado a ello.

En esa concepción de la vida, rescato el poema que escribiera hace unos 3000 años, un pastor que luego fue gobernante, hijo de Isaí de la tribu de Judá, el rey David escribió a su Creador: Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre… No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas,

sin faltar una de ellas.

Entre paréntesis debemos decir que cualquier similitud de ese último párrafo con el ADN o la secuenciación del Genoma, debemos decir que no es “mera” sino que es absoluta y ajustada coincidencia.

Resalto, rescato y defiendo esa posición de entender que allí hay un ser humano y debemos protegerlo como sociedad; pero también defiendo el derecho del resto de las posiciones religiosas o filosóficas creyendo que son la suma de todas y sin exclusiones por donde debemos transitar para darle fundamentos a nuestro ordenamiento.

Porque como también lo dice Yuri Mantilla: Las leyes de las naciones reflejan perspectivas filosóficas de la realidad. Es por esto que no son neutrales. No son simplemente un conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de los individuos en un país. El Derecho es también un lenguaje que refleja conceptos filosóficos y por esto, las leyes acerca del derecho a la vida son de especial importancia.

No podemos compartir la afirmación realizada en el propio informe en mayoría sobre que lo ideal – como en otros países se ha hecho -es buscar soluciones pragmáticas que dejen de lado las cuestiones de índole filosófico, religioso o científico.

Aquí se está claramente adoptando una posición cargada de fundamentos de una nueva ética, que se quiere imponer, y donde se relativiza el valor de la vida humana (la del concebido), dejándolo librado a la voluntad de otro ser humano (la madre, el juez o eventualmente los abuelos).

Según el propio informe en mayoría señala, el proyecto en discusión “Acepta por ello el valor del concebido, sin ahondar en los matices -o incluso las diferencias profundas-, con que cada tradición ética o religiosa lo defiende, pero complementa la mirada atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales que obligan al Estado a velar también por los derechos de la mujer”.

Discrepamos radicalmente con esa afirmación. Aquí el concebido pierde toda posibilidad de protección en su derecho más fundamental que es su propia vida y además el padre, que contribuyó a la gestación de esa criatura, no tiene ningún tipo de participación en la decisión que puede terminar con esa vida.

En tiempos de globalización (cuando se toman decisiones de importancia histórica y estratégica en un país) acerca de temas tan importantes como el respeto a la vida humana, estas tienen una influencia en otras naciones. Este es especialmente el caso cuando en el contexto regional se toman decisiones que cambian la cultura, leyes y normas morales de una nación.

En el contexto de América Latina, la posible legalización del aborto en Uruguay tendría influencias muy negativas en la región. Este es el caso porque Uruguay podría ser uno de los primeros países en legalizar el aborto contrariamente al consenso histórico, cultural y legal de los países de América Latina que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Un capítulo especial merece la situación del ser humano que teóricamente se pretende fortalecer con esta norma y estos principios que se pregonan en ella: la mujer.

Nosotros no dudamos en afirmar que la posición de víctima de la mujer lejos de mejorar se torna más difícil y más vulnerable con ésta norma.

En su art. 5 dice los servicios de salud deberán: promover la formación permanente del equipo profesional interdisciplinario especializado en salud sexual y reproductiva para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo,

Dice más adelante que el equipo deberá abstenerse de autorizar o denegar. Pero si debe estar preparado para apoyar la decisión de interrumpir.

Frente al dilema, la soledad, el desamparo que enfrenta la mujer. El Estado se prepara y mandata a los profesionales o los servicios de salud a apoyar la idea de interrupción, la idea de aborto. La mujer que se coloca en la zona de duda se va a estar colocando en la boca de un embudo que la va a estar dirigiendo y apoyando a introducirse en él hacia ese acontecimiento trágico que marcará su vida.

La mujer como víctima luego de aborto. La soledad, el desamparo, el trauma posterior no es tenido en cuenta para nada en la ley. Luego del aborto, esa mujer con mil dudas, dilemas y debilidades, se transformará en el mejor de los casos en una cifra en el registro que prevee la ley, pero no está previsto el apoyo necesario la contención para ella. Incluso se llegó a desconocer en el seno de la comisión la existencia del llamado Síndrome Post Aborto.

Investigadores plantean que para la mayoría de las mujeres destruir una vida no es simplemente un asalto a su matriz, sino un asalto a su psiquis.

La Real Academia de Obstetricia de Inglaterra informa que las posibilidades de problemas psiquiátricos graves y permanentes después de un aborto pueden alcanzar hasta el 59 % de las madres.

En las consultas psicoterapéuticas de mujeres que han provocado un aborto, sí se manifiestan consecuencias negativas. Estas se conocen con el nombre de “Síndrome Post Aborto”, y consisten en: Depresión, Intento de Autoeliminación, gran ansiedad, sentimiento muy fuerte de culpa, incapacidad de perdonarse, empeoramiento de dificultades psiquiátricas- si ya las tenían-, abuso de alcohol y drogas, insomnio, pesadillas, separación de su pareja y divorcio, sobreprotección o rechazo de los hijos, fobias, problemas académicos y laborales y dificultades en general con las relaciones de todo tipo.

La mujer luego de pasar por el aborto y con la gran posibilidad de todas o algunas de estas terribles secuelas como se encuentra: la respuesta de este proyecto es : SOLA.

La mujer como víctima no sólo se circunscribe a la madre, la mujer como víctima de un proceso de selección. Hay estudios en Europa que revelan un descenso grave de la tasa de natalidad y en aquellos países donde se ha despenalizado, legalizado y posteriormente promovido el aborto, se registra un alarmante descenso de natalidad pero acentuado en las mujeres. Nacen menos mujeres que hombres contrariando las leyes naturales y concluyendo que hay un proceso de selección de abortos que tiene como víctima – vaya paradoja- a la mujer.

Se vienen promoviendo desde hace algún tiempo- como lo dijimos anteriormente las políticas sexuales y reproductivas que luego derivan en los llamados derechos sexuales y reproductivos.

Promocionados en todo el mundo y hasta aquí en nuestros despachos en costosas impresiones financiadas todas por el Fondo de Población de Naciones Unidas, la PNUD, la Fundación Ford.

Se establece en esas publicaciones la premisa que promueven como “derecho a servicios seguros de aborto brindados con calidad y con respeto”.

El mensaje que se propaga es en consonancia con una nueva cultura, con una nueva escala de valores que deja por el camino la responsabilidad. “Haga lo que quiera con la mayor y absoluta libertad y luego puede incluso- si quiere- deshacerse de las consecuencias, aunque ésta sea una vida humana”.

Claro que en muchas circunstancias, el seguir adelante con un embarazo no deseado, no planificado, genera dificultades y penurias. Y ahí decimos con mayor firmeza, como sociedad tenemos que hacernos responsables. Esto no se termina ni empieza con el No al Aborto. Debemos tener políticas serias de contención y apoyo a la maternidad.

Recibí hace algunas horas un mensaje privado por redes sociales de una abuela que me cuenta la dificultad que vivió con su hija, de 17 años, quien quedó embarazada y a pesar de todas las dificultades y rechazos siguió adelante con el mismo. La falta de planificación derivó en que esa adolescente tuvo que dejar sus estudios, su vida se tornó muy difícil y después de 3 años esa joven se encuentra frente a una sociedad que no le permite seguir estudiando, le cuesta trabajar sin convertirse en una madre ausente, cuestionada por la misma sociedad que no le da auxilio.

La situación actual no está bien. Debemos hacer cambios. Tal vez en la legislación. Está en el parlamento el proyecto impulsado por el diputado Trobo y presentado por legisladores de varios partidos de Promoción Solidaria de la Vida. La Mujer, el Niño y la Familia. Sería estratégico y fundamental para el futuro mismo de nuestra Nación que estudiáramos y aprobáramos ese proyecto.

Pero no sólo con cambio de leyes se arreglan las cosas. Debemos tener como Estado políticas decididas en apoyo a la maternidad y a la niñez vulnerable.

Por la comisión desfilaron varias organizaciones, pero yo voy a mencionar apenas tres Cemur, Ceproidh y Madrinas por la Vida. Tres organizaciones que trabajan en contención, en apoyo, asesoramiento profesional, amparo físico, en auxilio de todo tipo para aquellas madres embarazadas en situación de desamparo. Saben que reciben del Estado estas organizaciones: NADA.

Voy a señalar aquí algo que seguramente será la experiencia de muchos aquí mismo en esta Sala. El 27 de mayo de 1998 me convertí por primera vez en padre. Esa misma noche mientras mi esposa descansaba y yo sostenía a esa pequeña e indefensa criatura, experimenté por primera vez unos de los sentimientos más puros que un ser humano puede sentir, el amor de padre. Si en ese momento me hubieran pedido un órgano vital, sin él cuál yo no hubiera podido seguir viviendo, se lo hubiera dado.

Me pregunto y les pido que reflexionemos, que diferencia podría haber entre esa niña que tenía en brazos y la misma criatura unas horas antes, unos días antes, unas semanas antes, La respuesta es Ninguna.

Como dice el texto del veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2008 “el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta sino el valor que resulta de su mera existencia”.

Quisiera terminar con las palabras a las que ya aludió el diputado Javier García de una canción de nuestro canto popular “se precisan niños para amanecer” y voy a agregar aquellas estrofas que dicen “por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, Uruguayos nunca más…” Nunca más aborto, nunca más desprotección de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos”.

Gerardo Amarilla.

Representante Nacional.

Fuente Imagen: conoquinto.blogspot.com

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En los últimos días, Iafigliola estuvo de gira en varias ciudades: Carmelo, Dolores, Mercedes, y Fray Bentos.

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