En primer lugar esa idea deberá tener su discusión y análisis legislativo ya que fue por ley N° 16112 de mayo de 1990 que se creó el Ministerio de Vivienda y además de la materia habitacional se le otorgaron competencias en las materias de ambiente y territorio. Además de esta norma se han sancionado diversas leyes que regulan temas ambientales y territoriales en las que se le otorgan competencias específicas al ministerio que hoy se pretende descuartizar.

Respecto al argumento de que los temas de la Secretaría no están muy relacionados y esta debería vincularse independientemente con otras Secretarías, entendemos por una parte, que el tema ambiental tiene que ver prácticamente con todas, no solamente con Industria y Ganadería como lo afirma el Señor Presidente, sino pensemos en Turismo, Relaciones

Exteriores, Defensa Nacional, Educación y Cultura por nombrar los más directamente relacionados con la temática ambiental. Ello no constituye un argumento para trasladarlo a OPP sino que justamente debe ser un desafío el coordinar políticas interinstitucionalmente como debería hacerse a través de la Comisión Técnico Asesora en materia de Medio Ambiente, que preside el MVOTMA pero integran todos los Ministerios, Entes, Servicios Descentralizados entre otros organismos.

Por otra parte, nos parece errático el anuncio si tomamos en cuenta que por la ley de presupuesto nacional se transfiere (por ahora suspendida) la Dirección Nacional de Meteorología a la órbita del MVOTMA también por su clara vinculación a los temas ambientales. Y ¿qué diremos de la Dirección Nacional de agua y saneamiento, creada en la administración anterior y estrechamente relacionada tanto con Vivienda como con Medio Ambiente?

Nos preocupa especialmente el argumento utilizado como fundamento de tal iniciativa respecto a que la modificación obedece a los “trancazos” de la DINAMA a los diversos proyectos. Esto se podría traducir como que el Poder Ejecutivo quiere flexibilizar los requisitos y controles ambientales y sobreponer a ellos otros intereses. Rechazamos de plano tal posición

y reafirmamos los principios de protección ambiental establecidos en la Constitución y las leyes, los que no debemos abandonar para defender nuestro “Uruguay Natural”.

Por último y no menos importante es la consecuencia que traería esta decisión en cuanto le quita el control parlamentario a una de las áreas más sensibles en la conducción política de un Estado que regula y gestiona nada menos que la calidad de los recursos naturales y por ende del hábitat en el que se desarrolla nuestra sociedad.

Dr. Gerardo Amarilla.

Representante Nacional.

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