“La idea es poder escalar este laboratorio a los efectos de abordar la problemática del vaciamiento de los centros urbanos y promover el desarrollo del acceso al suelo en el marco de la estrategia definida en el Plan Quinquenal de Viviendas”, sostuvo Florio.

En un primer momento, el Laboratorio de Economía Circular Urbana se centrará en Minas (Lavalleja) y en Paso de los Toros (Tacuarembó) y permitirá detectar las variaciones que ha tenido la zona a lo largo de los años y en base a esa información, adaptar las normas a la situación actual. Posteriormente, la idea será trasladar esas experiencias a otras localidades.

Según informó la jerarca, la Dinot implementará otra herramienta piloto fundamental para supervisar el uso del suelo: la policía territorial, que mediante inteligencia artificial e imágenes aéreas, le permitirá ayudar a las intendencias a monitorear los territorios para asegurar el cumplimiento de las normas y el correcto uso del suelo, sobre todo en las áreas rurales en donde el acceso para realizar las tareas de supervisión es más complicado por tratarse de lugares sin circulación pública.

“Con esta herramienta, los gobiernos departamentales podrán evitar que se incumplan normas, con el objetivo de proteger el suelo”, indicó Florio.

La policía territorial funcionará, en un primer momento en la zona de Villa Serrana y en el área rural de Canelones. Allí, mediante drones que sobrevolarán esos lugares y a partir de imágenes aéreas que se procesan con inteligencia artificial, permitirá conocer el uso efectivo que tiene un determinado territorio. Asimismo, posibilitará detectar si hay explotación minera, actividades de construcción con dimensiones no previstas por las normas de ordenamiento y nuevos espejos de agua que pueden producirse por el movimiento del suelo, entre otros aspectos.

“La inteligencia artificial permitirá identificar la variación del suelo, es decir, cuánto varió de un vuelo a otro y detectar si esa variación es producto o no de la intervención humana y si significa un problema”, sostuvo.

De acuerdo a Florio, en Lavalleja, esta iniciativa permitirá avanzar y dotar de herramientas para el cumplimiento de los objetivos de los procesos de planificación, atendiendo los desarrollos turísticos de la zona de Villa Serrana, de manera de asegurar que se cumplan con las previsiones en relación a las cualidades urbanísticas y paisajísticas. También se implementará en las zonas rurales de Canelones, en donde el acceso para realizar las tareas de supervisión, es más difícil.

Informó que el monitoreo con drones ya se está implementando, pero es necesario que desarrollen varios vuelos para comparar las imágenes y detectar los cambios. Asimismo, explicó que la información recolectada se incluirá dentro del sistema de información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para poder trabajar en conjunto. Anunció que en pocos meses estarán los primeros informes.

Fuente Imagen: MVOT.

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En primer lugar esa idea deberá tener su discusión y análisis legislativo ya que fue por ley N° 16112 de mayo de 1990 que se creó el Ministerio de Vivienda y además de la materia habitacional se le otorgaron competencias en las materias de ambiente y territorio. Además de esta norma se han sancionado diversas leyes que regulan temas ambientales y territoriales en las que se le otorgan competencias específicas al ministerio que hoy se pretende descuartizar.

Respecto al argumento de que los temas de la Secretaría no están muy relacionados y esta debería vincularse independientemente con otras Secretarías, entendemos por una parte, que el tema ambiental tiene que ver prácticamente con todas, no solamente con Industria y Ganadería como lo afirma el Señor Presidente, sino pensemos en Turismo, Relaciones

Exteriores, Defensa Nacional, Educación y Cultura por nombrar los más directamente relacionados con la temática ambiental. Ello no constituye un argumento para trasladarlo a OPP sino que justamente debe ser un desafío el coordinar políticas interinstitucionalmente como debería hacerse a través de la Comisión Técnico Asesora en materia de Medio Ambiente, que preside el MVOTMA pero integran todos los Ministerios, Entes, Servicios Descentralizados entre otros organismos.

Por otra parte, nos parece errático el anuncio si tomamos en cuenta que por la ley de presupuesto nacional se transfiere (por ahora suspendida) la Dirección Nacional de Meteorología a la órbita del MVOTMA también por su clara vinculación a los temas ambientales. Y ¿qué diremos de la Dirección Nacional de agua y saneamiento, creada en la administración anterior y estrechamente relacionada tanto con Vivienda como con Medio Ambiente?

Nos preocupa especialmente el argumento utilizado como fundamento de tal iniciativa respecto a que la modificación obedece a los “trancazos” de la DINAMA a los diversos proyectos. Esto se podría traducir como que el Poder Ejecutivo quiere flexibilizar los requisitos y controles ambientales y sobreponer a ellos otros intereses. Rechazamos de plano tal posición

y reafirmamos los principios de protección ambiental establecidos en la Constitución y las leyes, los que no debemos abandonar para defender nuestro “Uruguay Natural”.

Por último y no menos importante es la consecuencia que traería esta decisión en cuanto le quita el control parlamentario a una de las áreas más sensibles en la conducción política de un Estado que regula y gestiona nada menos que la calidad de los recursos naturales y por ende del hábitat en el que se desarrolla nuestra sociedad.

Dr. Gerardo Amarilla.

Representante Nacional.

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