El Premio Uruguay Circular surgió en 2019 con el objetivo de reconocer y visibilizar públicamente iniciativas que promuevan la transición hacia un desarrollo sostenible a partir de los principios de la economía circular.

En el evento participarán la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, entre otras autoridades.

El Premio Uruguay Circular es organizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MA); el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE); la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII); el Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular (CTBC); el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP); la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

En 2025, el premio reconocerá iniciativas en las siguientes categorías:

• Grandes empresas.
• Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
• Mipymes que desarrollen actividades comprendidas dentro de la bioeconomía circular.
• Grupos de investigación y estudiantes de educación terciaria.

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El planteo fue efectuado el pasado miércoles 5 de noviembre en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, ocasión en que la delegación del MA estuvo integrada por el Ministro, profesor Edgardo Ortuño; Directora General, doctora Alejandra Varela; Directora Nacional de Aguas, la ingeniera Teresa Sastre; el Director Nacional de Dinacea, el ingeniero Alejandro Nario; la Directora Nacional de Dinabise licenciada Estela Delgado; la Gerenta de Financiero Contable, contadora Lorena Laceró; la Gerenta de Dinacc, ingeniera química Andrea Denigris; la Gerenta de Dinacea, ingeniera química Marisol Mallo; los Adscriptos al Ministro, Romina Machado y Agustín Araigas y la Secretaria del Ministro, Soledad Olivera.

MINISTRO. A continuación, comentaremos el artículo 471 del proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo. Los señores senadores no lo encontrarán en el repartido porque fue suprimido o enviado a comisión por la Cámara de Representes. Entrando en el último capítulo, que es el de las solicitudes a esta cámara y a esta comisión, nos gustaría pedir su reincorporación y su aprobación, ya que reviste una importancia particular en el impulso de una política muy necesaria para el país y que tiene que ver con la regulación de la caza. Queremos promover el impulso de la caza responsable y mejorar la gestión, con controles y con un relacionamiento fluido y regulado con los cientos, o miles –me animaría a decir–, de uruguayos que se dedican a esta actividad. Hemos entablado un ámbito de diálogo y de trabajo con la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay y hemos coincidido –nos congratulamos por la contundencia con la que nos plantearon la coincidencia con nosotros– en la necesidad de regular la actividad para promover la caza responsable en el país. Nos pusimos de acuerdo en una hoja de ruta para actualizar la normativa relativa a la caza, ya que tanto quienes la gestionamos como los ciudadanos que utilizan y ejercen los derechos establecidos por esa normativa, coincidimos en que es dispersa –hay numerosos decretos–, por momentos contradictoria, y que genera algunos vacíos legales.

Por lo tanto, debe actualizarse y modernizarse con una perspectiva más integral, para que podamos cumplir con los lineamientos de la política pública que el Gobierno, el Estado, ha establecido al respecto, pero que también permita a los cazadores simplificar los trámites de acceso a los permisos de caza y a los permisos de los propietarios de los campos donde se pretende cazar que –como ustedes saben– es condición sine qua non, por lo que requiere la intervención y regulación estatales. Todo esto se facilitaría, entre otras medidas, con la creación de un registro nacional de cazadores.

Unificar la normativa

En ese ámbito de trabajo conjunto, naturalmente, acordamos también intercambiar puntos de vista sobre este marco normativo disperso con un objetivo que para mí es muy importante: unificar la normativa de caza, y ojalá podamos concretar la aprobación de un decreto único que regule el sector que tome en cuenta los planteos que está haciendo la Administración y las necesidades que están expresando los cazadores.

En ese contexto, hoy muchas de las cuestiones ‒diría que la inmensa mayoría‒ serán objeto de regulación mediante ese decreto, que nos comprometimos a no firmar sin antes estudiarlo con los distintos actores involucrados, que vale decir que son los cazadores y las organizaciones que velan por el cuidado del ambiente y la protección de nuestra fauna, que tienen planteos muy proactivos sobre estos temas. No obstante, de acuerdo con los informes legales que tenemos –y que compartimos–, algunas cuestiones requieren disposición legislativa.

Registro

En tal sentido, uno de los puntos en los que encontramos coincidencias, que significaría un instrumento importante y positivo en esa nueva regulación y mejoraría la gestión de la caza en el país, es en el establecimiento de un registro que, entre otras cosas, permita – como nos decían los propios cazadores– separar la paja del trigo, identificando claramente quiénes quieren desarrollar la actividad con una lógica responsable y, por lo tanto, sujeto a regulación –como lo vienen haciendo con el régimen actual–, de quienes, lamentablemente, desarrollan prácticas de caza ilegales que, por supuesto, debemos combatir y eliminar. Huelga aclarar que quienes practican la actividad en forma responsable están comprometidos a hacerlo. Entonces, proponemos la reincorporación del artículo que originalmente fue remitido como 471. Y como estos ámbitos de intercambio parlamentario y social, además de exponer acuerdos y muchas veces diferencias, nos permiten mejorar las normas, proponemos una modificación que no llegó a considerarse en la Cámara de Representantes y que creo que puede ser la llave del consenso para la aprobación del artículo, en la medida en que se criticaba, se planteaba como duda, como objeción o como preocupación, que esto podría estar encareciendo la actividad de la caza por el cobro de una tasa que hoy los cazadores pagan para obtener los permisos.

Por lo tanto, presentamos una redacción que clarifica y explicita lo que manifestamos –y que hoy reiteramos–: la voluntad del Poder Ejecutivo no es recaudar más ni cobrarles más a los cazadores, sino, simplemente, sustituir el régimen que tenemos actualmente –que es bastante anárquico y desordenado– por otro nuevo, en el marco de este registro, que facilite tanto a la Administración como a quienes gestionan, tramitan y pagan los permisos de caza poder obtenerlos. Entonces, le agregamos un párrafo que no estaba en el artículo remitido por el Poder Ejecutivo, que dice que una vez implementado el registro al que refiere este artículo, la tasa prevista en el inciso anterior sustituirá la establecida en el artículo 275 de la Ley n.º 16736, de 5 de enero de 1996, que es la fecha desde que los cazadores pagan esta tasa. Esa es la que pagan actualmente, que nosotros no planteamos modificar sino simplemente, en el marco de este nuevo régimen de gestión, que los cazadores se inscriban en el registro que estamos planteando. En suma, el objetivo es la creación de este registro obligatorio de cazadores a cargo del Ministerio de Ambiente, con fines de habilitación, con el objetivo de modernizar y de facilitar el control de la caza, y fomentar prácticas responsables y legales.

Con esto esperamos obtener como resultado, la disminución de la casa ilegal, el fortalecimiento de la fiscalización y la mejor gestión de la fauna silvestre.

Sobre este tema, que es sensible e importante, porque hablamos del cuidado de la naturaleza, de nuestros ecosistemas, de nuestra fauna, le solicitaría al señor presidente autorización para ceder el uso de la palabra a la doctora Estela Delgado, directora de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

DELGADO. Como señaló el señor ministro, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, desde que asumimos la dirección viene desarrollando una revisión de la normativa de caza que está dispersa en distintas leyes y decretos. Muchos de ellos entran en contradicciones y eso genera inconvenientes, tanto en el control, como en la regulación de la caza. Incluso alguno de los decretos y las leyes no cuentan con los insumos técnicos básicos que permitan decidir sobre el uso, la extracción de determinada cantidad de individuos y cómo afectaría la viabilidad de esas poblaciones, tal como hace la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos cuando tiene que autorizar permisos de pesca. Una de las cuestiones que tenemos entre manos es empezar a tener esas líneas temporales de información biológica que permitan establecer, no solo cuáles son las especies habilitadas para cazar, sino los lugares y los cupos que es otra característica fundamental. Dentro de los decretos que hoy son habilitantes, se encuentra el Decreto n.º 138/022 que eliminó, por ejemplo, la presentación por escrito del consentimiento del propietario de donde se realiza la caza y eso ha generado grandes conflictos y dificultades a la hora de la regulación. Incluso, ha habido denuncias de propietarios de predios que han manifestado que no otorgaron el permiso correspondiente y también hubo denuncias de los propios funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, una dirección con la que el Ministerio de Ambiente y, en particular, la Dinabise trabaja muy estrechamente para la inspección y regulación de esta actividad.

Abigeato y caza furtiva

Por otra parte, el Decreto n.º 198/024 habilita la caza libre de jabalí como especie exótica invasora y que ésta se realice en el horario nocturno. De la forma en que está reglamentada esta práctica –no nos oponemos a la caza nocturna, pero sí apostamos al mejoramiento de esta reglamentación– ha generado grandes dificultades y problemas de seguridad a nivel rural, como es el aumento del abigeato y la caza furtiva.

Caza deportiva

Por otra parte, no existe una planificación real de la caza deportiva que tiene que ver, justamente, con los territorios donde se realiza y lleva a cabo. Hasta la fecha, más del 58 % de los padrones otorgados en los permisos de caza se encuentran en sitios de alta importancia para la conservación; el 12 % de los padrones autorizados en el 2024 para caza deportiva se encuentran en áreas de alta prioridad para su conservación, etcétera. Podría seguir enumerando distintos porcentajes que afectan a la biodiversidad e incluso a lo que estamos intentando proteger a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estamos planteando una revisión integral de todos estos decretos en un trabajo conjunto, como decía el ministro, donde ya hemos iniciado conversaciones con la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, con la Asociación de Pro Fauna Cinegética del Uruguay, también con asociaciones sociales como Coendu y también con la Dirección Nacional de Seguridad Rural que son de gran apoyo en el territorio.

En este marco de revisión integrada, pero también de diálogo con los distintos actores involucrados, es que estamos proponiendo este registro de cazadores –sería el primer paso– que va a ser diseñado y acordado con los actores involucrados en una serie de talleres que ellos mismos han decidido que será la modalidad para intercambiar sobre estos aspectos.

Como mencionaba el ministro, ésta no es una tasa nueva, sino una modificación o sustitución de los permisos de caza actuales e, incluso, también se mantienen los montos y el rango de los mismos.

MINISTRO. Como decíamos, con esta solicitud a la comisión de reincorporar el artículo, con el agregado de ese inciso final, se despeja una de las objeciones a la iniciativa que tenía que ver con el aumento de los costos que tienen que afrontar los cazadores. Otra de las objeciones que se planteó en el trámite, dentro y fuera del Parlamento, tenía que ver con la restricción o la afectación que este artículo podría suponer en lo que tiene que ver con la disponibilidad de armamentos que tienen los cazadores. Esta es otra incertidumbre o inquietud que queremos despejar claramente al proponer la reincorporación del artículo al presupuesto.

Además, queremos compartir con la comisión y, a través de la versión taquigráfica, con todos los actores vinculados a la temática, que hemos hablado en una reunión bilateral de los equipos del Ministerio de Ambiente con los del Ministerio del Interior y su ministro, Negro, y reafirmamos que este artículo no busca ni tiene como objetivo la reducción o afectación de las armas utilizadas para la caza en el régimen actual, por lo que creemos que, por toda la fundamentación aportada, sería positivo que la Ley de Presupuesto reincorporara este artículo y lo aprobara.

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Esta iniciativa “busca racionalizar el uso del agua y los recursos económicos propendiendo a la sostenibilidad del sistema de abastecimiento de Montevideo, con un mejor desempeño económico y ambiental”.

Carta Abierta

Sr. Ministro de Ambiente

Prof. Edgardo Ortuño

Sr. Presidente de OSE

Cr. Pablo Ferreri

PRESENTE

Montevideo 7 de Octubre de 2025

Agua para Montevideo. Una propuesta que racionaliza el uso de recursos apuntando a la sostenibilidad del sistema de abastecimiento de agua con un mejor desempeño económico y ambiental.

Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a ustedes para proponer y solicitar la implementación inmediata de medidas que ajusten la demanda de agua del sistema metropolitano al consumo real de la población, priorizando así la seguridad del

abastecimiento.

Nuestra propuesta se fundamenta en un análisis de costos, beneficios y eficiencia, contrastando las medidas anunciadas con la solución más racional y económica: la reducción del Agua No Contabilizada.

Ahora se ha anunciado la adjudicación, sin licitación, de obras para aumentar, sin necesidad real ni ventaja para OSE y los consumidores, la capacidad de potabilización de agua. También se propone la realización de obras gigantescas para incrementar las reservas del sistema, todas acciones que demandarán al menos 3 años para completarse.

Se presenta como justificación de estas medidas, cuyo costo supera largamente los 800 millones de dólares, la demanda de agua que se hace al río Santa Lucía a la que se confunde con consumo.

Diariamente se demanda al río Santa Lucía para Montevideo 600.000 metros cúbicos de agua y de ellos OSE “pierde”, deja de facturar, casi 400.000 m3. Eso por las pérdidas reales del sistema y el uso no medido o mal medido de múltiples conexiones.

OSE ha declarado que el costo de las obras para reducir esas “perdidas” sería del orden de los 400 millones de dólares en 10 años, menos de la mitad del costo de las obras que se anuncian. Ese monto podría incluso autofinanciarse en pocos años con los ahorros derivados de potabilizar menos agua y el incremento en la de facturación.

La propuesta tiene además un fuerte componente ambiental positivo por la racionalización del uso de agua, reduciendo el impacto ambiental del sistema al disminuir el uso de productos químicos y la generación de lodos contaminados y contribuyendo a la preservación del Río Santa Lucía y su cuenca.

Reiteramos que el enfoque debe dejar de ser desde la demanda y debe centrarse en las necesidades reales del consumo. Estas necesidades no justifican las obras propuestas de una nueva potabilizadora y una nueva reserva de agua que son extremadamente caras, con importantes problemas ambientales y que serían innecesarias si como se propone se toman serias medidas para reducir las pérdidas reales del sistema y el uso de agua sin medición y así prevenir lo que es un delito en nuestro Código Penal.

Se adjunta información pertinente en apoyo y justificación de esta propuesta.

Firmas:

MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable)

Colectivo de Guichon por los Bienes Naturales

RAPAL Uruguay

Paysandu soberano UPM 2 NO

Militantes de izquierda contra UPM

ACAS (Asociación Civil Ambientalista de Salto)

Colectivo Ecofeminista Dafnias

RUC (Red Unión de la Costa)

Partido de la Armonía

Organización Charrúa Oipik Udimar

Colectivo La Campana Verde

Ecofeminismo Río Negro

Red Nacional No Hidrógeno Verde – Uruguay

Electromagnetismo Uruguay

APATROVI (Arroyo Pando y Tropa Vieja)

Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba

Red Nacional en Defensa de los Humedales

Guardianes de las Cuencas Arroyo Pando y Laguna del Cisne

Movimiento de Vecinos de Empalme Olmos.

Fuente Imagen: OSE.

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Bajo la consigna “Porque a Urupanel lo abrimos entre todos”, han recorrido diversas calles del centro de la ciudad, cuando se cumple un mes de la suspensión de las actividades productivas de la fábrica de tableros contrachapados.

La marcha que culminó frente a la Plaza 19 de abril, fue acompañada por diversas autoridades departamentales y nacionales.

Cabe recordar que la empresa de capitales ecuatorianos, suspendió sus actividades el pasado 29 de julio sin previo aviso y en forma súbita, dejando la Planta de producción de paneles contrachapados, sin responsables directos.

De forma inmediata, los trabajadores de dicha empresa, han asumido la custodia, el mantenimiento y preservación de los bienes, en un acto de responsabilidad y salvaguarda de las maquinas e instalaciones de la empresa maderera.

El secretario general del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera (SOIMA), Fernando Oyanarte, hizo un pormenorizado informe de todo lo actuado desde el mismo día en que se paralizan las faenas en Urupanel. El dirigente sindical y trabajador de esta empresa, agradeció las infinitas muestras de solidaridad de la ciudadanía local, de autoridades, de organizaciones sindicales, sociales y políticas, que día a día hacen llegar muestras de apoyo a los trabajadores afectados por la paralización de esta En su intervención, Oyanarte, subrayo el sentido de responsabilidad de los trabajadores que, ante la salida de los propietarios de la empresa, no dudaron un instante en asumir de inmediato las tareas de preservación y custodia de las maquinas y bienes de la fábrica.

Mensaje de optimismo.

En la oratoria, el dirigente sindical, confirmó el interés de inversores finlandeses, por reactivar las operaciones de la Planta Urupanel. Esta información fue trasladada ayer, a los trabajadores, por el Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, durante una reunión sostenida en la ciudad de Tacuarembó.

Esta posibilidad de ingreso de inversores se suma a otras que ya han mostrado interés por volver a reactivar a esta industria maderera.

Al concluir su intervención, el secretario general del SOIMA, hizo un llamado a la unidad de lucha de todos los actores de la sociedad, tanto a nivel departamental como nacional, por la defensa de los puestos de trabajo que suponen un gasto en la economía local de más de 600.000 dólares de salarios de trabajadores.

Esta es marcha es el inicio de otras tantas movilizaciones que se seguirán dando para preservar la memoria colectiva y no dejar que la lucha de los trabajadores vaya decayendo con el tiempo.

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El acto se realizará el martes 22 de julio, a la hora 16.00, en la sede de MIEM-Dinatel (Edificio Ciudadela, Sarandí 690, segundo entrepiso). Asistirán el subsecretario del MIEM, Edgardo Ortuño, y el director de Dinatel, Sergio De Cola.

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Lo hacemos con enorme alegría! Esta nueva etapa que se abre es el resultado de un largo esfuerzo de organización y recuperación edilicia tras una larga, trabajosa y costosa obra

para recuperar nuestro patrimonio transformado en este espacio de encuentro…

Un importante esfuerzo económico que ha sido posible por la cooperación y el trabajo de muchos, pero fundamentalmente un gran esfuerzo humano movido por el compromiso y la pasión por lo nuestro.

Agradecemos su participación en las mismas y su difusión. Bienvenid@s!!!!

Edgardo Ortuño, Presidente.

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El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y Ancap organizan el I Encuentro de la Industria Naval, Petróleo y Gas Uruguay-Brasil. Integración productiva y oportunidades de negocios, cuya apertura se desarrolló este jueves en el Hotel Sheraton Montevideo.

Participan, por Uruguay, representantes del MIEM, Ancap, la Asociación Clúster de la Industria Naval de Uruguay y la Cámara de la Industria Naval; y, por Brasil, del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el Ministerio de Minas y Energía, Petrobras, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y el Sindicato Nacional de la Construcción y Reparación de Buques e Industria de Extracción (Sinaval). Asimismo, asisten integrantes de la Embajada de Brasil en Uruguay y la Embajada de Uruguay en Brasil.

Al cierre de la apertura, se firmó el Acuerdo de integración productiva de la industria naval y off-shore Uruguay-Brasil. A través de él, los bienes y servicios del sector producidos en Brasil y en Uruguay serán considerados contenido local o insumo nacional, respectivamente. De esta forma, se promueve la integración de las cadenas productivas del sector naval y off-shore y el acceso recíproco de bienes y servicios de empresas de los dos países en el sector. Se adjunta el resumen ejecutivo del acuerdo.

El documento se enmarca en el Grupo de Alto Nivel (GAN) Uruguay-Brasil, establecido por los presidentes José Mujica y Dilma Rousseff en 2012. Su trabajo incluye una agenda con acciones concretas para la promoción de la integración productiva y el desarrollo del sector naval de ambos países, y avances en las áreas de capacitación, certificación e intercambio público-privado en las cadena naval, de petróleo y gas.

Hito para el desarrollo

Durante la apertura, el ministro (I) de Industria, Energía y Minería (MIEM), Edgardo Ortuño, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Afirmó que con él –resultado del “compromiso y la voluntad política” de ambos países- se abrirá una nueva etapa de desarrollo industrial, generador de trabajo.

El jerarca manifestó que los sectores naval, de petróleo y gas son importantes en sí mismos, y más aún porque están concebidos como integrantes de cadenas de valor para potenciarse, generando crecimiento. Asimismo, señaló que la cadena naval crecerá a impulso del sector de los hidrocarburos en toda la región.

Por otra parte, el ministro (I) remarcó la importancia de estas áreas para el conjunto de la economía, por los desarrollos logísticos que traen aparejados (por ejemplo, en el caso del transporte fluvial) y por la disponibilidad de petróleo y gas que se generarán para ambos países, a través de Ancap y Petrobras.

Además de destacar las políticas estratégicas de impulso a estos sectores y el trabajo desarrollado por diversos actores públicos de forma transversal, Ortuño elogió la labor de los privados.

Recuperar la fuerte tradición uruguaya en la industria, destacada por las autoridades brasileñas (los buques de Petrobras se repararan en nuestro país), supone tres aspectos, explicó Ortuño. El primero de ello es adaptar esa tradición a las nuevas tecnologías y mejorar las capacidades de prestación de servicios, de la mano de inversiones extranjeras, como ha ocurrido recientemente en la construcción de barcazas para empresas locales. Por otro lado, se necesita la ampliación de infraestructuras, un ámbito en el que el “gran proyecto insignia” es el Polo Naval Industrial que se encuentra en proceso de construcción y que albergará empresas nacionales y extranjeras. Asimismo, se refaccionarán y ampliarán los diques del Estado donde se está viviendo esta etapa de desarrollo del sector.

Finalmente, se requiere ampliar la demanda y los mercados, tanto a nivel nacional –ámbito en el que Ancap y la Administración Nacional de Puertos han hecho esfuerzos- como internacional. Para ello es imprescindible apostar al mercado regional, algo para lo que el acuerdo suscripto este jueves resulta esencial.

Ortuño repasó acciones del GAN y sostuvo que con la firma de este jueves se cumple con lo acordado por los presidentes Mujica y Rousseff, quienes determinaron que existe una “oportunidad histórica” para dar impulso a un “nuevo paradigma en las relaciones bilaterales”, basado en la “integración profunda”. Al respecto, la secretaria de Desarrollo de la Producción del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior brasileño, Heloisa Menezes, recordó que este acuerdo de integración es el segundo del Mercosur, luego del relativo a la cadena automotriz, que ha generado resultados positivos.

Menezes destacó la labor realizada para lograr el nuevo acuerdo, que surge después de ocho años de esfuerzos de negociaciones. Subrayó el trabajo “decisivo” de las instituciones uruguayas –liderado por el ministro (I) Ortuño- y brasileñas, y las características del documento, basado en “reciprocidades comerciales y metodológicas”.

La jerarca enfatizó el potencial de complementación que existe entre Brasil y Uruguay, y remarcó la explosión del crecimiento de las áreas naval y de hidrocarburos que vive el país vecino, así como su enorme volumen de inversiones.

Por su parte, el secretario de Petróleo, Gas Natural y Combustibles Renovables del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, Marco A. Martins de Almeida, recordó que su país desarrolla una política de impulso al contenido local desde 2003. A partir del acuerdo suscripto este jueves, la producción de la industria naval uruguaya será considerada bajo los mismos términos en el vecino país.

Asimismo, Martins remarcó la enorme demanda que el sector registra hoy en Brasil, y afirmó que esta continuará durante los próximos 20 años, con inversiones millonarias. Por ello, se requerirán más barcos, sondas y equipamiento.

Martins auguró además que el éxito de las rondas Uruguay I y II de Ancap traerá aparejado un “gran retorno para la industria”, como ha ocurrido en Brasil. Asimismo, añadió que el nuevo acuerdo, junto a otras medidas –como la interconexión energética- constituye un gran paso para la integración efectiva, y lo calificó como “extremadamente provechoso” para las empresas y las poblaciones de ambos países.

Durante la apertura también hicieron uso de la palabra el presidente de Ancap, José Coya, quien subrayó que la empresa pública vive un ciclo de desarrollo que incluirá la Ronda Uruguay III desde diciembre de este año, y otras autoridades uruguayas y brasileñas de las instituciones invitadas.

Las presentaciones de este encuentro continuarán durante el jueves y el viernes en el Hotel Sheraton Montevideo y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El cierre de las actividades será el viernes 16 a la hora 16.00.

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El taller Impacto macroeconómico de la explotación minera a gran escala, organizado por la Cepal, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y el Centro de Estudios Fiscales (CEF), se desarrolló este martes.

El acto de apertura, realizado en el Centro de Formación de Aecid, contó con la participación del subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño; el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller; la directora de Cepal Montevideo, Verónica Amarante; la directora ejecutiva del CEF, Rosa Grosskoff, y el coordinador de Aecid en Uruguay, Manuel de la Iglesia-Caruncho.

En su exposición, Ortuño dijo que resulta importante pensar en los escenarios mineros que presentan mayores ventajas para la sociedad uruguaya, teniendo en cuenta que se trata de una actividad con tradición en nuestro país que, no obstante, “ingresará en una nueva etapa” con la minería de gran porte.

Añadió que, para realizar este análisis a corto, mediano y largo plazo se cuenta con el apoyo de Cepal, el CEF y Aecid. El objetivo no es otro que apuntar a un cambio estructural para el país, que conduzca a su vez al “desarrollo con igualdad”.

El subsecretario indicó que, desde el Gobierno, con una visión transversal, se hace un continuo esfuerzo de “aprendizaje, elaboración y prospección de políticas” para que la minería de gran porte resulte un avance para el país. “Estamos convencidos de que lo será”, afirmó el jerarca, quien destacó que la actividad debe realizarse en armonía con otras actividades de la economía, para que redunde en beneficio de toda la sociedad.

Por ello, se ha interactuado con diversos actores, entre ellos las autoridades locales, con el objetivo de que la minería se convierta en un “motor de desarrollo para el país”. “Es necesario enmarcar la visión de la minería y la macroeconomía en una más amplia, la de la actividad económica en perspectiva de desarrollo”, profundizó.

Ortuño agregó que Uruguay tiene el desafío de avanzar en el desarrollo sostenible, para aprovechar una década de crecimiento económico, transformar la estructura económica del país, agregar valor y mejorar las capacidades del país, tanto en lo que refiere a la infraestructura (energía, telecomunicaciones, transporte), como a los recursos humanos.

Más desarrollo

En este marco, la minería ingresará a una etapa sumamente importante con las explotaciones a gran escala, lo que impactará “significativamente” en el Producto Bruto Interno y posibilitará la creación de empleos calificados. A su vez, generará inversiones y capacidades adicionales, como el fortalecimiento de la energía para la zona donde se desarrolle el emprendimiento, o la creación de una terminal portuaria de aguas profundas. Asimismo, la actividad será “un motor de desarrollo local”.

Para lograr esta realidad, el Estado cumplirá un rol clave –aseveró el jerarca- a través de sus políticas, incluyendo las fiscales. Por ello, se impulsó una nueva legislación (la ley de minería de gran porte 19.126 y las modificaciones al Código de Minería) que otorgará un crecimiento significativo de los ingresos para el Estado y apuntalará la creación de una cadena de valor vinculada a esta actividad.

Además de incluir un impuesto adicional, la normativa define el destino de los recursos extraordinarios que generará el sector. El 30% irán a las arcas fiscales, destinados a proyectos productivos, de desarrollo local y educativos, lo que impulsará la descentralización y la creación de capacidades.

En tanto, el restante 70% se destinará a un Fondo Intergeneracional que apunta al largo plazo, con una mirada “estratégica” y “de desarrollo”, dijo Ortuño.

Para finalizar, el subsecretario afirmó que se requiere “rigor” y “visión de futuro” por parte del Estado para que esta actividad traiga consigo “beneficios inéditos” para la sociedad, en un contexto estratégico de diversificación productiva.

Por su parte, Masoller destacó los insumos sobre minería –y otros ámbitos- que aportan instituciones como el CEF al Gobierno.

En tanto, la representante del CEF dijo que el taller de este martes busca contribuir al conocimiento de la realidad nacional y el desarrollo del país. Afirmó que, mientras dure la explotación minera a gran escala, se prevé un crecimiento del PBI del 2%. No obstante, afirmó que es importante tomar las previsiones necesarias para evitar que este crecimiento ocasione efectos negativos en la macroeconomía. Para ello, se realiza una investigación junto con el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

Verónica Amarante dijo que Cepal presentará un documento que abordará la explotación de recursos naturales en la región. Las prioridades para el organismo son la distribución de la renta, la gobernanza de estos recursos y la gestión de los conflictos que se derive de ella.

En tanto, el coordinador de Aecid en Uruguay afirmó que el área fiscal, tributaria y presupuestaria –eje del taller de este martes- “está en el corazón de los procesos de desarrollo”.

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Para llega a esa conclusión, Uruguay Libre cotejó la declaración del vice-ministro con los datos públicos disponibles y con la legislación vigente, en particular con la Ley de Minería de Gran Porte. Fue con este mismo método que mostramos la semana pasada que contenía «gruesos errores» un informe del FMI sobre el mismo tema, que estimaba una recaudación de 1.000 millones de dólares anuales.

La principal diferencia con los números del gobierno es que no tiene en consideración las deducciones del impuesto a la renta, tanto las que hacen todas las empresas como las que habilitó la Ley de Minería de Gran Porte.

Otra diferencia significativa coincide con la que señalamos del referido informe del FMI. Es que para determinar la facturación del proyecto se toman los precios del mineral puesto en China, sin descontar el flete y el seguro de la carga, lo que trae como consecuencia una reducción del 30% en la facturación.

Por otra parte, en el documento de Ortuño se toma como ingreso fiscal la totalidad del Canon de Producción, el 5% del valor del mineral exportado según la dispuesto por el Código de Minería, cuando la porción correspondiente al estado es de 3%. Todo lo antedicho justifica ampliamente las diferencias encontradas en el análisis.

Cabe agregar que, si tomáramos como buenos los números del gobierno, Aratirí solo estaría pagando 29 millones de dólares anuales más de lo que paga cualquier explotación minera. Esto porque la Ley de Minería de Gran Porte, que insumió tantos debates, habilitó a la empresa a descontar el Canon del impuesto adicional al IRAE.

En consecuencia, no solo estamos ante un proyecto minero cuyos impactos sociales y ambientales no han sido aceptados por la Dinama -puesto que no cuenta con la autorización ambiental requerida-, sino que las cifras sobre el aporte económico del proyecto, utilizadas para justificar la firma del contrato, no cierran.

¿Cuáles son los motivos del apuro para firmar el contrato con Aratirí? Insistimos, una decisión de esta envergadura debe ser tomada por el pueblo.

Llamamos a los uruguayos a firmar las papeletas para habilitar un plebiscito nacional que posibilite el acceso a la población de una información confiable sobre estos proyectos, que habilite al más amplio debate sobre sus implicaciones y que, en última instancia, sea la ciudadanía la que decida si queremos esto para el país”.

Movimiento Uruguay Libre de Megaminería.

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El MVOTMA realizó la entrega del Premio Nacional Ambiental que reconoce y recompensa el esfuerzo de empresas y centros educativos públicos y privados por sus acciones de cuidado del medioambiente a través de proyectos de reciclaje, clasificación de residuos, desarrollo de huertas y trabajo conjunto con la comunidad.

El concurso se lanzó el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y se presentaron 33 propuestas. En el evento estuvieron presentes el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame; el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño; el subsecretario de Educación y Cultura, Oscar Gómez; el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks; y el presidente de OSE, Milton Machado.

En la categoría “Centros educativos” se identificaron proyectos que brindan soluciones innovadoras para promover la conciencia ambiental de todo el país y el uso de prácticas amigables con el ambiente. Se presentaron 17 propuestas de las que se seleccionaron 5, que obtuvieron un premio de 2.000 dólares, cada una, para continuar profundizando su tarea. En esta categoría los premiados fueron la Escuela N° 31 de Colonia 18 de Julio, Salto, por su proyecto de construcción de herramientas didácticas para abordar temáticas complejas como el agua subterránea, acuíferos, a través de la búsqueda activa de la información que promueve la mayor conciencia ambiental. Se incorporará una línea de trabajo para el cuidado del acuífero en Salto.

Otro de los premiados fue el Liceo Rodó de Soriano, con el proyecto reciclaje de residuos que promueve el involucramiento de instituciones públicas y privadas. También el Liceo N°2 de Soriano fue premiado por su proyecto de recuperación forestal de un parque del departamento, a través de una propuesta que incluye una estrategia de trabajo en conjunto con otras instituciones educativas, con una dinámica innovadora.

Asimismo el Instituto Santa Elena, Ciudad de la Costa, Canelones, recibió un premio por su proyecto de reciclaje de residuos con una metodología de trabajo realizada por docentes y alumnos, con la evaluación del sistema de clasificación de residuos, incorporando la participación de toda la comunidad educativa y la coordinación con organizaciones de la sociedad civil.

Más información sobre el programa: http://www.fagro.edu.uy/~huertas/

Fuente; Universidad de la República. www.universidad.edu.uy

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