El seminario se realiza los días 6 y 7 de setiembre de 2022.

Ejes temáticos: Libertad física y personal, Protesta social y transparencia, Acceso a la información.

Modalidad a distancia y presencial

Programa

Martes 6 de setiembre de 2022.

Sala Bauzá, Universidad Católica del Uruguay | Edificio Central (Av. 8 de Octubre 2738).

9:30 am – 10:00 am Inauguración.

Hartmut Rank, Director del Programa Estado de Derecho para  Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Martín Risso, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.

10:00 am – 10:30 am Ponencia virtual “Garantías de la libertad física en la jurisprudencia internacional”.

Sofía Sagúes, Universidad Austral (Argentina).

10:30 am – 11:00 am Ponencia “Garantías constitucionales de la libertad física en Uruguay”.

Eduardo Esteva, Asociación Uruguaya de Derecho Constitucional.

11:00 am – 11:30 am Ponencia “Desafíos actuales de la libertad física”. Miriam Henríquez, Universidad Alberto Hurtado (Chile).

11:30 am – 12:00 pm Comentarios y preguntas de los participantes.

Receso

7:00 pm – 7:30 pm Ponencia “Casos críticos sobre garantías a la libertad física”.

Jesús María Casal, Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)

7:30 pm – 8:00 pm Ponencia “Casos críticos sobre libertad física en Uruguay”.

Diego Gamarra y Alicia Rodríguez, Universidad Católica del Uruguay.

8:00 pm – 8:30 pm Comentarios y preguntas de los participantes.

Miercoles 7 de setiembre de 2022.

9:00 am – 9:30 am Presentación de Diálogo Político y del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

9:30 am – 10:00 am Ponencia virtual “¿Qué es el derecho a la protesta o a la protesta en nuestros tiempos? La experiencia chilena”. Claudio Nash, Universidad de Chile (Chile)

10:00 am – 10:30 am Ponencia virtual “Protesta social, derechos humanos y el discurso de las manzanas podridas en Colombia”.

José Reynel Cristancho Díaz (Colombia)

10:30 am – 11:00 am Ponencia “¿Cómo se resuelven los conflictos entre el derecho a la protesta y otros derechos humanos?”

Martín Risso, Universidad Católica del Uruguay.

11:00 am – 11:30 am Comentarios y preguntas de los participantes

11:30 am – 12:30 am Presentación del libro Redes sociales, control judicial y Estado de Derecho  Jesús María Casal, Universidad Católica Andrés Bello.

Martín Risso, Universidad Católica del Uruguay.

Receso

Auditorio Semprún | Edificio Semprún (Estero Bellaco 2771).

7:00 pm – 7:30 pm Ponencia “Redes sociales, demandas ciudadanas y decisiones judiciales“.

Javier Mazza, Universidad Católica del Uruguay

7:30 pm – 8:00 pm Ponencia “Transparencia y acceso a la información pública: el debate de los límites”

Paula Garat, Universidad Católica del Uruguay

8:00 pm – 8:30 pm Comentarios de los participantes y cierre del seminario.

Costo: Actividad sin costo con inscripción previa

Contacto: departamentos@ucu.edu.uy

Fuente Imagen: https://podtail.com/

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Los disertantes coincidieron en señalar que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) es inconstitucional y centraron su argumentación en la violación de dos artículos de la carta magna. En ese sentido, indicaron que el gravamen incumple el artículo 298, que prohíbe la superposición impositiva, y el artículo 297, que consagra la autonomía de las intendencias.

Ruben Correa Freitas recordó que “el inciso 2º del artículo 297 dice con claridad que los impuestos sobre los inmuebles rurales serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de lo producido corresponderá a los gobiernos departamentales”.

En el caso del ICIR, “los gobiernos departamentales ni recaudan ni administran, pasan a ser meros receptores de lo producido por el impuesto”, destacó el abogado.

Asimismo, sostuvo que el gravamen no constituye una verdadera fuente de ingreso para las intendencias, ya que la ley “dispone preceptivamente el empleo y el destino de lo producido, en una nueva y clara violación de la autonomía de los gobiernos departamentales”.

“Confiamos en que la Suprema Corte de Justicia sea realmente el garante de las libertades públicas y de la plena vigencia de la Constitución de la República”, dijo Correa Freitas al finalizar su presentación.

En tanto, Augusto Durán Martínez afirmó que la norma que creó el ICIR es “groseramente” inconstitucional, refiriéndose también a la falta de autonomía que la ley establece para los gobiernos departamentales.

También argumentó que con la actual concepción del derecho, es “insostenible” que sólo las intendencias puedan presentar recursos de inconstitucionalidad por la violación de la autonomía. “La Suprema Corte de Justicia, como guardiana del bloque de constitucionalidad, no puede entrar a distinguir, debe analizar todos los cuestionamientos planteados”, afirmó Durán Martínez.

A su vez, explicó que se está desconociendo el artículo 298 de la Constitución, ya que “la superposición impositiva es evidente”, aludiendo a la contribución inmobiliaria. “Si bien el hecho generador del ICIR no es exactamente igual, el sujeto pasivo también está gravado por la contribución inmobiliaria”, por lo cual, “el núcleo central del hecho generador coincide”, opinó.

Más adelante expuso Eduardo Esteva, quien coincidió en señalar que este tipo de gravámenes deben ser administrados y recaudados por los gobiernos departamentales, hacia donde debe dirigirse el producido del impuesto.

Adicionalmente, remarcó lo difuso de la ley en cuanto el establecimiento del sujeto pasivo a partir de equivalencias con el índice Coneat que no se establecen claramente.

Por su parte, Daniel Hugo Martins también centró sus análisis en los argumentos jurídicos presentados por sus colegas para afirmar que el ICIR “es insanablemente inconstitucional”. Dijo, además, que su aprobación se inscribe en el marco de una “avasallamiento sistemático de la autonomía departamental” que se viene registrando en el país.

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