Artículo 1º.- Enriquecimiento ilícito. El que debidamente requerido por la autoridad judicial, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta cinco años después de haber cesado su desempeño, siempre que el hecho no constituya otro delito más grave, será castigado con dieciocho meses de prisión a seis años de penitenciaría, con multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 20.000 UR (veinte mil unidades reajustables), e inhabilitación especial de dos a cinco años.

Con la misma pena será castigada la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilícito.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiere incrementado con dinero, bienes muebles o inmuebles u otros valores, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.

Artículo 2º.- Agravante especial. La pena será de dos a diez años de penitenciaría, con multa de 300 UR (trescientas unidades reajustables) a 30.000 UR (treinta mil unidades reajustables), e inhabilitación especial de cinco a diez años, cuando se tratare de agente que ocupe un cargo electivo o de particular confianza, o hubiere sido designado previa venia parlamentaria.

Montevideo,  15 de agosto de 2011.

ANIBAL GLOODTDOFSKY.

Representante por Montevideo.

The post Gloodtdofsky presentó un proyecto de ley mediante el cual se agudizan las sanciones en caso de enriquecimiento ilícito appeared first on Sociedad Uruguaya.