“A LA OPINIÓN PÚBLICA: Y ANTE EL LLAMADO A SALA DEL INTENDENTE COUTINHO

Ante el Llamado a Sala al Sr. Intendente Sr. Germán Coutinho del pasado miércoles 16 debido a compras irregulares a la empresa de un funcionario municipal, nombrado como cargo de Confianza Política y considerando que el Tribunal de Cuentas de la República por Oficio N. 1878/2014, de fecha 11 de marzo de 2014, observa las compras efectuadas durante los años 2011-2012-2013 ascendiendo el monto total de lo adquirido a $ 2.195.785,20, a Arlequín SRL por haber sido adquiridas a la empresa del funcionario municipal Sr. Enrique Torres, expresamos que:

Con las referidas compras se han vulnerado principios fundamentales referidos a compras estatales como lo son el principio de igualdad, en tanto tiene por finalidad excluir o dificultar toda colusión o connivencia entre un oferente y la administración, y el principio de imparcialidad, lo que significa conferir igualdad de tratamiento en igualdad de situaciones a todas las personas a las que se dirija su actividad pública.

De las declaraciones en sala del Sr. Intendente de Salto Sr. German Coutinho se concluye, que en las compras referidas se configuraron reiteradas violaciones a las normas y principios que regulan la conducta de los funcionarios públicos y las compras estatales. (Art. 8 de la Constitución de la República, Art. 43 del TOCAF, Ley 17.060, Decreto 30/2003, Ley 19.121).

Para nosotros existieron preferencias especiales, que violaron el principio de igualdad de oferentes y por ende el principio de igualdad de los hombres y mujeres ante la ley, en definitiva, en clara violación del artículo 8 de la Constitución de la República.

En el llamado a Sala constatamos además que el Intendente Coutinho escudando en el secreto de una investigación administrativa (que no era el caso) que supuestamente está en curso, no contesto 7 de las 10 preguntas que el Frente Amplio le realizó.

Una vez más el Intendente de Salto, pretendió menoscabar el rol de la oposición, con el agravante de burla a la institución Junta Departamental como organismo de contralor, lo que ha impedido a los Ediles departamentales ejercer su derecho y su deber constitucional y legal de controlar al Ejecutivo, para nosotros en definitiva se ha burlado del pueblo de Salto.

Por lo que rechazamos firmemente este tipo de actitudes que lejos de ser la de un buen ciudadano y las de un buen gobernante, vemos son las de un gobernante plagado de soberbia, errores, improvisaciones y desprolijidades, comportamientos que no son dignos de quien gobierna los destinos de este departamento”.

Por Agrupación Arerunguá Espacio 567:

Rossana López, Mónica Cabrera, y Daniel Cattani

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